Política y Derechos Humanos
Politique et droits de la personne
Politics and Human Rights
Tlahui-Politic No. 1, I/1996 


LA MASACRE EN COYUCA DE BENÍTEZ. III/III 

Mario Rojas Alba

El gobernador Figueroa Alcocer culpó a los campesinos

Como era de esperarse, el mandatario guerrerense Rubén Figueroa Alcocer justificó el choque de policías con campesinos en Coyuca de Benítez diciendo que rea el resultado de una actitud violenta de los lugareños. En una entrevista difundida por el gobierno estatal, Figueroa explicó que las autoridades policiacas destacadas en el retén ubicado en el camino de Coyuca intentaban establecer el diálogo con gente que viajaba en un camión rumbo al ayuntamiento de Atoyac, con la intención de tomar el palacio municipal, pero del vehículo descendieron dos o tres personas, quienes con machete en mano agredieron a uno de los policías, que casi perdió un brazo, mientras otro fue herido con un puñal. Ante los hechos, el policía que había sido herido con machete disparó un tiro al piso y se generalizó la balacera [26].

Figueroa señaló al dirigente campesino Benigno Guzmán Cruz como uno de los responsables de los sucesos de Coyuca. Precisó que Guzmán tenía pendientes cerca de nueve órdenes de aprehensión por homicidio, secuestro y lesiones. "Es un delincuente conocido en la región, dijo Figueroa, además de secuestrador, y de que encabezaba el grupo que empezó el conflicto [27]. Asimismo informó que habían sido decomisadas cerca de 14 armas, "todas recién disparadas'', entre las cuales se encontraba un cuerno de chivo, una escopeta Thompson con cargador redondo de alta velocidad, pistolas 45 de uso exclusivo del Ejército, 38 super y 9 milímetros [28].

Gobernación federal apoyó las medidas del gobierno guerrerense

 En la víspera de la toma de posesión del nuevo secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, todavía Gobernador del Estado de México. El encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación, Arturo Núñez Jiménez, afirmó entonces que esa dependencia no había encontrado elementos que le permitieran intervenir en lo referente a la muerte de los 17 campesinos, en Coyuca, Guerrero. Precisó que como delito del orden común, era una asunto que competía exclusivamente a la autoridad estatal. Sobre la petición del PRD para que el gobernador Rubén Figueroa solicitara licencia, Núñez Jiménez aseguró que no había elementos para ello. Agregó además que las medidas tomadas por el gobierno de Guerrero son adecuadas y están apegadas a derecho, particularmente la creación de la fiscalía especial del caso, presidida por el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sobre el video que se había presentado en la televisión sobre los hechos de Coyuca, Núñez Jiménez negó que haya sido tomado por elementos de la dependencia a su cargo, y apuntó que, quizás las autoridades del estado habían previsto la posibilidad de un enfrentamiento y optaron por tomar el video [29].

En Coyuca y Atoyac: manifestaciones de protesta por la masacre

 El 30 de junio, para repudiar el asesinato de los 17 campesinos, los militantes del PRD tomaron el palacio municipal de Coyuca, ahí mismo demandaron la desaparición de poderes en la entidad; en tanto, en Atoyac de Alvarez, integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) realizaron un plantón en el que pidieron la salida del gobernador Rubén Figueroa Alcocer [30].

Por la tarde, en Atoyac de Alvarez, un grupo de integrantes de la OCSS realizaron un plantón para exigir la presentación de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido el 24 de mayo, y demandar el desafuero y destitución del gobernador Rubén Figueroa. Los representantes de la OCSS en Atoyac se reunieron con la edil perredista, María de la Luz Núñez Ramos, la representantes de la OCSS en ese municipio, Rocío Mesino, informó que después de una larga conversación con la alcaldesa se había acordado "hacer frente común para resolver problemas comunes'' y apoyarse mutuamente [31].

El 1o. de julio, en Coyuca, los campesinos de la sierra, apoyados por los militantes del PRD, realizaron un mitin para pedir la renuncia del gobernador. Las acciones de protesta empezaron con una marcha en la que participaron unos cuatro mil campesinos de la costa grande y de la sierra del sur. La dirigencia nacional perredista asistió al acto, en su representación habló Cuauhtémoc Cárdenas y en el de la OCSS, Benigno Guzmán Martínez. Después de un minuto de silencio y frente a lo que calificaron de "crimen de estado'' y "exceso desmesurado de abuso del poder'', las dirigencias del PRD anunció que realizaría una campaña de acciones en todo el país y en la entidad para exigir la destitución y el enjuiciamiento penal y político del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, la desaparición de los poderes en Guerrero y el castigo a los culpables de la "masacre'' [32]. Cárdenas le demandó a Zedillo, que dejara a un lado su amistad personal con Figueroa Alcocer, para que se aplicara la ley con honestidad. La OCSS pidió también castigo para Héctor Vicario, subsecretario de Finanzas; Rubén Robles Catalán, secretario de Gobierno; Rosendo Armijo de los Santos, subsecretario de Protección y Seguridad Pública; Gustavo Olea Godoy, de la Policía Judicial Estatal, y Artemio Alcocer Salazar, procurador del estado [33].

El palacio municipal estaba resguardado por los perredistas, desde el miércoles 27 cuando fue abandonado por el edil Jesús Herrera Vélez, un ex guerrillero de Lucio Cabañas, recuperado luego por el PRI y protegido por el ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa [34]. Horas después, luego de la comida, en una acción rápida e intempestiva, un grupo de campesinos de la sierra salieron a la calle principal con sus palos en las manos. Sin más líder que la indignación por el asesinato de sus compañeros, los campesinos de sombreros, gabanes y rostros curtidos por el frío de la sierra, causaron diferentes destrozos a la alcaldía al intentar incendiarla [35].

Al inicio de la investigación de la CNDH, Figueroa cambia de posición

 El 30 de junio, por la mañana Coyuca vivía un ambiente de intimidación militar, entonces sobrevolaban sobre Coyuca dos aviones de la Fuerza Aérea y la gente resentía la presencia, en el centro de esta ciudad, de un vehículo de la Armada con decenas de efectivos. Eso no impidió que la regidora perredista de Coyuca, Ernestina Rojas, apoyara a los enviados de la CNDH que iniciaban la investigación de la masacre de Aguas Blancas en el terreno de los hechos. Los enviados recibieron los testimonios y las denuncias de los testigos sobre los "tiros de gracia'' que recibieron por lo menos dos campesinos que sólo estaban heridos y uno ileso, los mismos que después aparecieron muertos porque habrían sido "rematados'' por policías [36].

El mismo día, en Acapulco se conoció el documento de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, en el que el presidente de la misma, Juan Alarcón Hernández, se dirigía al subsecretario de Seguridad Pública, Rosendo Armijo de los Santos, para informarle que había recibió la formal queja de cuatro miembros de la OCSS, entre ellos Marino Sánchez Flores, contra el comandante de esa corporación de seguridad, Ignacio Benítez Carbajal, a quien se le responsabilizaba de la provocación sangrienta de Aguas Blancas [37].

La tesis de la culpabilidad de los muertos no convencía ni a sus inventores. El aislamiento en su mentira obligó al gobernador Figueroa Alcocer a un cambio de posición, de tal forma, el 30 de junio, en Acapulco, se reunió con los familiares de las víctimas, para asegurarles que aplicaría la ley a los culpables (por favor sin ingenuidad... Figueroa no se aplicaría la ley así mismo). Los deudos de las 17 víctimas le demandaron una reparación del daño, le expusieron sus necesidades e inquietudes que surgían al quedarse sin cabeza de familia y sin sustento económico, es de referir que los muertos dejaron 90 niños y jóvenes en la orfandad. Al respecto, Figueroa ofreció su apoyo a las familias y "les aseguró que de ninguna manera quedarían desprotegidas'' [38].

El 1o. de julio fueron detenidos dos comandantes de la Policía del Estado y ocho agentes de esa corporación [N2], de inmediato se les consignó ante el juzgado tercero penal, en calidad de presuntos responsables del homicidio de los 17 campesinos de la sierra y de lesiones en agravio de 14 personas más y por abuso de autoridad en agravio de la sociedad [39]. En los separos de la Policía Judicial de Guerrero, el procurador general de Justicia del estado, Antonio Alcocer Salazar, presentó a los diez policías inculpados -los que portaban todavía sus uniformes- ante los medios de comunicación. El procurador insistió así mismo que se procedería a ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Se afirmó que hay pruebas suficientes para que el Ministerio Público consignara la averiguación contra los policías acusados, y para que el juez tercero obsequiara la orden de aprehensión en la causa penal 82/95 [40].

El procurador Alcocer Salazar había asegurado que las fotografías publicadas el 29 de junio, en las que se observan las armas de fuego en manos de los campesinos asesinados, constituían una pruebas pericial y testimonial que constaba en las actas ministeriales, y que demostraban que las armas habían sido los occisos durante los sucesos trágicos. Sobre los mismo hechos los periodistas le hicieron una serie de cuestionamientos en relación a otras fotografías publicadas el 1o. de julio, en El Sol de Acapulco y El Sol de México, donde las fotos del reportero gráfico Martín Gómez Piñón, el primero en llegar al lugar de la matanza, presentaban a los muertos sin armas, mientras que las fotos oficiales tomadas a los mismos campesinos muertos, minutos después, figuraban con pistolas en la mano. Atrapado en su mentira, el procurador dijo que las fotos con los muertos armados habían sido tomadas por peritos de la Procuraduría, antes que llegara cualquier fotógrafo de prensa, y sin dar mayores pruebas declaró que "es totalmente inexacto que exista algún truco o que se hayan plantado pistolas en los cuerpos'' [41].

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Los periodistas insinuaron también que los policías detenidos podrían ser "chivos expiatorios", a lo que el procurador se negó a responder. Tampoco respondió si se estaba investigando la responsabilidad de altos jefes policiacos, como el subsecretario de Seguridad Pública, Rosendo Armijo de los Santos, el máximo jefe directo de la policía motorizada. Otras preguntas más que quedo sin respuesta: "Si los de la OCSS dispararon primero; por qué no hubo algún policía herido de bala?; Cuántos miembros de la OCSS dispararon?; Quiénes son los policías heridos y cuántos son?" [42].

Los peritos habían confirmado ya las ejecuciones sumarias

 La masacre indignó a toda la sociedad mexicana, a las manifestaciones públicas les siguió toda una tormenta de cartas y de artículos de protesta que inundaron las planas de los diarios nacionales y extranjeros. Esta vez, las falsedades del gobierno quedaron al descubierto, en EUA tanto como en Canadá y Europa, los medios difundían la cruda verdad de la masacre, solo por dar un modesto ejemplo, el diario canadiense The Gazette, el 17 de agosto publicó un artículo en donde se informa abiertamente sobre la masacre de campesinos, lo mismo se publicaría en el Washintong Post de los EUA. Tomando como fuente las informaciones periodísticas, así como la recomendación de la CNDH, se concluyó, en ambos medios, que los campesinos habían sido víctimas de una ejecución sumaria (summary execution) [43] por parte de los miembros de la policía del estado de Guerrero.

Fue evidente que la CNDH recibió una presión formidable de parte de la opinión pública nacional e internacional, eso la obligó a actuar de manera más rápida que en otros casos. El 14 de agosto la CNDH emitió su recomendación para la investigación de la masacre de Aguas Blancas, particularmente de la hipótesis de que los campesinos pudieran haber sido rematados con un tiro de gracia, así mismo se sugería la reestructuración del aparato policíaco de Guerrero. El 15 de septiembre, sin que hubiera avances de importancia en la investigación, el gobierno nombró a Miguel Angel García Domínguez, como nuevo fiscal especial del caso de la matanza de Aguas Blancas. Durante su toma de posesión, García Domínguez declaró que la primer acción inmediata sería la exhumación de los cadáveres, a fin de probar si existieron tiros de gracia, así como para recuperar los proyectiles o los fragmentos dejados en la necropsia.

A fin de septiembre la revista Proceso comentó el resultado de los 15 dictámenes, no conocidos públicamente entonces, efectuados por los doctores Ricardo Berlanga Soria, Santos Galeana Hernández, Carlos Estrada Guerrero, Pedro Rodríguez Lozano y Alma Rosa Peña. De acuerdo a los dictámenes de la necropsia del 28 de junio, nueve de los 17 campesinos acribillados fueron rematados con el tiro de gracia [44]. Es decir que horas después de los hechos, los médicos habían ya firmado los dictámenes periciales que demostraban la ejecución sumaria de cuando menos nueve campesinos y a pesar de ello, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, su secretario de Gobernación y su procurador de justicia, ocultaron los dictámenes y mintieron a la opinión pública. En un Estado de Derecho, eso sería suficiente para fincarles responsabilidad por los delitos de homicidio y otros más que ameritan la cárcel y de penas severas, desgraciadamente en nuestro México lindo y querido, la ley no se hizo contra los poderosos.

Como siempre, la indignación social y la impunidad

 La sociedad mexicana ha insistido en el esclarecimiento del atentado, la indignación nacional ha recibido la solidaridad internacional. Entre otras, 30 ONGs de Francia manifestaron su protesta y demanda de justicia en un documento publicado en La Jornada. Las ONGs francesas le pedían al Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que dijera la verdad, que se castigara a los culpables, que se hiciera plena justicia. "No puede ser que la mentira y el silencio sepulten el crimen de Aguas Blancas como tantos otros en el pasado.

 ¿Quién osaría todavía, en México, hablar de Estado de derecho, de democracia? ¿Quién osaría todavía exigir de los mexicanos que repudien la violencia, que confíen en el Estado, en sus leyes y su justicia? ¿Qué sociedad puede vivir en paz si violan la ley los que deberían hacerla respetar? ¿Cómo puede haber democracia sin justicia ni respeto para los ciudadanos?. [45]

 El año llegó a su fin y el gobierno mexicano seguía escamoteando la justicia, el caso Aguas Blancas continuaba sin solución. La desconfianza de los familiares y amigos de los masacrados crecía en la misma medida que el Presidente Zedillo y su flamante procurador panista hacían caso omiso de las demandas de justicia de la sociedad nacional e internacional. La recomendación de la CNDH para exhumar lo más pronto posible los cadáveres de los 17 campesinos asesinados no se cumplió, primero por que se opusieron las autoridades judiciales del estado y después por la desconfianza de los familiares, que aseguraban que no existían garantías de imparcialidad en las investigaciones "viciadas" de origen. Los familiares aceptaron, pero solamente si la exhumación se realizaba bajo la observación de los representantes de la organización Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos), todo parece indicar que las exhumaciones, mediante las cuales se pretende probar que en Aguas Blancas hubo ejecuciones sumarias, se realizarán hasta marzo de 1996 [46].


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