 Política
y Derechos Humanos
Politique
et droits de la personne
Politics
and Human Rights
Tlahui-Politic No. 1, I/1996
Mario Rojas Alba
Presentación Montreal, Quebec, Canadá, mayo de 1995. Los derechos fundamentales han tenido una larga tradición de violaciones en la historia de México. Al interior de esta continuidad represiva en contra de los movimientos sociales y políticos, la tortura ha estado siempre presente como práctica corriente por parte de las diferentes policías constitucionales o anticonstitucionales que operan en México. En efecto, independientemente de la creencia política o religiosa, los policías han ejercido la tortura contra la mayor parte de los ciudadanos que desgraciadamente caen en sus manos. Las prisiones no cumplen con los señalamientos internacionales en materia de protección de los derechos humanos de los presos, las cárceles mexicanas están plagadas de prisioneros con procesos judiciales irregulares y violatorios tanto de los convenios internacionales como de las propias leyes mexicanas. Existe también la violación permanente y constante de los derechos fundamentales de los diferentes grupos étnicos, de las mujeres y de los niños. A partir del gran movimiento de insurgencia electoral de 1988, el panorama de la situación de los derechos humanos en México se ha modificado relativamente. En general la situación ha empeorado en la misma medida de la inconformidad popular ante los fraudes electorales y el fracaso de la política económica. En buena medida la política económica mexicana ha sido planificada desde Washington, el triunfo electoral de B. Clinton despertó la esperanza ante la posibilidad de un giro en favor de los derechos humanos y laborales, pronto la nueva administración americana decepcionó cuándo el gobierno californiano endureció su legislación contra los inmigrantes, alentó similares iniciativas en otros estados y a nivel federal, recortó drásticamente los programas sociales dejando en situación difícil las condiciones humanas de los inmigrantes y minorías étnicas. La postulación de que la privatización a ultranza de la actividad económica mexicana sería la única vía del progreso y la convicción de que la modernización apoyada en la inversión extranjera permitiría a los mexicanos entrar en mejores condiciones de competitividad en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), fueron en esencia los principios rectores que salinismo implantó a marchas forzadas, para ello tuvo que imponer radicales modificaciones a la Constitución y a la normatividad jurídica nacional. Algunos de los Artículos modificados, como el 27, habían sido el resultado de fuertes y tensas negociaciones entre los grupos revolucionarios de 1910, su modificación ha facilitado la irrupción de la violencia armada y ha puesto al país al borde de la guerra civil generalizada. El fraude electoral en las elecciones federales de 1994, así como el surgimiento y persistencia del Ejército Zapatista de Reconstrucción Nacional (EZLN), ponen de manifiesto la contradicción del movimiento popular que busca la mejor alternativa para el cambió democrático, la disyuntiva es entre la vía armada o la electoral, ambas han demostrado su ineficiencia, pero ninguna de las dos han sido tampoco agotadas. El PRI-gobierno no ha salido bien librado de la guerra sucia contra la oposición popular, inició combatiéndola a sangre y fuego, para terminar devorándose así mismo por el monstruo narcopolítico que generó en sus entrañas. La crisis política y económica produjo la devaluación y terminó por consolidar un clima de incertitud, de violencia, de desconfianza, y de inconformidad, ambiente nada favorable al respeto de los derechos fundamentales. La represión en todas sus formas crece cada día, como respuesta desesperada y metódica del partido de estado en contra de la población en general y en especial en contra de todo aquel ciudadano que se oponga a la política del grupo en el poder. Las listas de casos recopilados no son exhaustivas, ni logran presentar la totalidad de los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en México, es apenas una aproximación a la situación nacional en términos generales como particulares. La lista fue obtenida del Banco de Datos de Mario Rojas, quien a su vez la recopiló después de revisar numerosas fuentes documentales, hemerográficas, y testimonios. En tanto que juez y parte, el gobierno mexicano es culpable hasta no demostrar lo contrario. La recopilación de casos intenta mostrar a la opinión pública la situación actual de los derechos humanos, así como dar los principales elementos fundamentales que conforman el perfil de la represión durante el sexenio salinista. Criminalidad electoral Entre 1988 a 1994 se registraron 1252 actos de violencia relacionados con los procesos electorales y la militancia política, de los que resultaron muertos 332 personas. En la muestra, la cantidad de asesinatos y los casos de violencia manifiestan cierta sincronización, ambos crecieron en 1990 (85 asesinatos y 265 actos de violencia), descendieron en 1991, para crecer de manera sostenida entre 1992 (62 asesinatos y 312 actos de violencia) y 1993 (80 asesinatos y 290 actos de violencia). En el período de 1988-1994, según la muestra, cada año: 47 personas fueron asesinadas y 179 sufrieron diferentes tipos de violencia, a causa de las elecciones y la actividad política. Violencia contra los periodistas Durante el sexenio de Salinas Degortari 32 periodistas fueron asesinados, junto a las estadísticas del sexenio precedente, sumaron 70 periodistas muertos, es decir 5.8 asesinatos por año. De la lista total de 176 periodistas que sufrieron actos de violencia: hubo 56 casos de agresiones y o tortura; 55 sufrieron de atentados criminales con armas de fuego u otros medios; 54 sufrieron algún tipo de amenaza; 40 fueron víctimas de robos, daños a su propiedad o de juicios parciales; 20 fueron secuestrados o encarcelados de manera arbitraria; 15 padecieron el allanamiento de su morada y 7 fueron víctimas de accidentes sospechosos. Violencia en general Se recopiló la información correspondiente a 2260 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre los años de 1988 y 1994, entre ellos 702 asesinatos relacionados con la actividad política, la lucha social y con los conflictos de narcotráfico. La muestra de casos que aquí se presenta constituye apenas la punta del iceberg de la represión en México. Conclusión Las presiones que los gobiernos estadounidenses de Reagan y Bush realizaron para que el gobierno mexicano desarrollara el capitalismo salvaje y acelerara el proceso de integración económica y comercial con el Norte, generaron múltiples focos de tensión política y social. Para resolver las contradicciones, el PRI-gobierno ha implantado una verdadera guerra sucia en contra de los grupos e individuos que se oponen a la política del sistema. Por la cantidad de sangre derramada, destacan dos fuentes de conflicto: la lucha por la democracia y el narcotráfico. Es urgente el cambio de relaciones entre México y los EUA, con el establecimiento de un clima de respeto mutuo, de no injerencia en los asuntos internos y sobre todo de relación verdaderamente fraterna en el reconocimiento de las diferencias, Canadá debería colaborar en una iniciativa de ese tipo. Por otra parte, es indispensable proteger las luchas democráticas, tanto en lo electoral como en lo social hasta la disolución pacífica de la dictadura de partido único. La democracia no podrá desarrollarse sin el establecimiento de un sistema de partidos, con respeto a la libre asociación sindical, con alternancia pacífica del poder y con un régimen verdaderamente republicano fundamentado en la propia experiencia e idiosincrasia del pueblo mexicano. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte deja sin atención la protección de los derechos humanos, laborales y ecológicos. En los términos en que se ha aprobado tendrá un impacto negativo en los tres países, el crecimiento del desempleo y los conflictos de emigración-inmigración serán algunas de las constantes indeseables. Se reconoce que los acuerdos paralelos mejoran el contenido pero no corregirán el impacto negativo. No podrá haber un verdadero desarrollo económico y comercial, sin pasar primero por la democracia, los proyectos que no toman en cuenta los derechos políticos, sociales, ecológicos y humanos, no tienen por principio y no podrán de hecho aportar el bienestar para los pueblos. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, las cifras demuestran que la violencia es cada vez mayor al igual que el tráfico y el consumo. La realidad es contundente: la violencia del Estado no ha resuelto el problema, por el contrario lo ha empeorado, a la violencia se ha respondido con más violencia en un círculo vicioso que crece y parece no terminar. La cantidad de muertes y actos violentos entre policías, narcotraficantes y ciudadanos inocentes obliga a una reflexión profunda y serena. La solución a los problemas del narcotráfico y la drogadicción debe buscarse científica y políticamente, con respeto, pero sin prejuicios de carácter moral o religioso. La ideología puritana como política del Estado ha fraccionado al mundo en buenos y malos. El maniqueísmo de la sociedad occidental ha tansformado la lucha contra el narcotráfico en una guerra santa, en una verdadera cruzada que ha hecho de los policías los guerreros de la luz y de los narcotraficantes los infieles de la noche. En ese combate colosal entre los buenos y los malos, la sangre de los inocentes ha corrido a raudales. El gobierno de los Estados Unidos ha presionado terriblemente al de México para que combata el narcotráfico y en el afán de quedar bien con su vecino del norte, Salinas asesinó, torturó y encarceló legal o arbitrariamente a miles de campesinos, que por sus condiciones de miseria han aceptado las atractivas ofertas de trabajo con los narcotraficantes, quienes a su vez tienen un gran mercado de consumidores en crecimiento. La comunidad científica y la sociedad entera tendrán que tomar el problema en sus manos para encontrar una solución diferente a la del combate violento. Recomendaciones 1. Con el objeto de mejorar la situación de los Derechos Humanos, la Sociedad Mexicana, toda entera, y con la solidaridad de la canadiense, deberá involucrarse en un esfuerzo formidable de acción y de consciencia, en las tareas de promoción, vigilancia y defensa de los derechos fundamentales. Se deberá fortalecer y mejorar el trabajo de los organismos no gubernamentales, de las organizaciones sindicales, de los artistas e intelectuales, en materia de Derechos Humanos. 2. Como signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Gobierno Mexicano debe ser reconvenido para que los derechos y las libertades establecidos en esta Declaración se hagan plenamente efectivos en su territorio. En particular, el Gobierno Mexicano deberá restablecer la soberanía y respetar la voluntad del pueblo mediante la realización de elecciones auténticas, con respeto al sufragio universal y secreto, así como permitir que los organismos electorales funcionen de manera autónoma al partido del gobierno. 3. El Gobierno Mexicano deberá respetar el derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y a asociarse de manera libre. No obligará a los trabajadores a pertenecer a ningún partido, en todo momento deberá respetarse la libertad de asociación y de reunión. 4. El Gobierno Mexicano, en acuerdo con el Canadiense y Estadounidense, deberán incluir en el TLCAN, las cláusulas necesarias para garantizar la protección de los derechos laborales, humanos, ecológicos y culturales de los ciudadanos. El libre comercio del TLCAN deberá contener cierta dosis razonable de responsabilidad social y de proteccionismo entre los tres países. 5. El Gobierno Mexicano debería desarrollar un modelo agrícola de producción intensiva, que permita el aprovechamiento de la mano de obra abundante, de la gran variedad de microclimas y de las tecnologías tradicionales apropiadas. Para reducir la violencia en el campo, es urgente rescatar el espíritu original del artículo 27 de la Constitución, para restablecer la existencia bien definida de los dos tipos de propiedad: la propiedad privada y la colectiva. 6. Una reforma en el poder judicial es necesaria, la separación de los poderes republicanos debe ser de hecho y de derecho. El ejecutivo federal y su partido deberán alejar sus intereses políticos en el nombramiento y control de las funciones de los Magistrados, Jueces, y Ministerio Público. Las policías deben de delimitar claramente sus funciones y jurisdicción, la Policía Judicial Estatal o Federal, deberá depender y estar siempre bajo el control del Ministerio Público respectivo. 7. Gobierno y Sociedad deberán asumir e impulsar una nueva cultura de respeto a los Derechos Humanos, de combate a la impunidad a todos los niveles. El Gobierno deberá asumir la responsabilidad de la reparación del daño, en los casos de violencia cometidas por los miembros del gobierno y funcionarios públicos. Asimismo implementará un programa de rehabilitación de las víctimas y de protección a los testigos. 8. Para combatir la drogadicción y el narcotráfico nacional e internacional, se sugiere que el problema sea estudiado objetivamente y sin prejuicios de carácter religioso, por la comunidad científica y las sociedades implicadas en el problema, con el objeto de encontrar soluciones de control social no violentas. La legislación en materia de comercio y consumo podría aportar puntos de solución de primera importancia. 9. El Gobierno deberá reconocer y respetar los procedimientos internacionales para la protección de los Derechos Humanos. Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, asimismo deberá reconocer la competencia del Comité contra la Tortura de la ONU, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fuentes Las fuentes más utilizadas para la elaboración de las listas, tienen dos orígenes: los testimonios de las víctimas y las fuentes documentales que a su vez se subdividen en: expedientes judiciales, reportes de organismos especializados en Derechos Humanos y abundantes notas hemerográficas. Algunos de los reportes y fuentes hemerográficas consultados con mayor frecuencia, son los siguientes: [1] Comisión Nacional
de Derechos Humanos. Reportes anuales: 1992,93 y 94 . México.
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INTRODUCCIÓN A LA LISTA DE CASOS DE VIOLENCIA EN MÉXICO. 1988-1994
