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AI denuncia práctica sistemática de tortura generaliza en el país
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 15 de Julio, 2000. Arg - AI denuncia práctica sistemática de tortura
generaliza en todo el país.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA QUE EN ARGENTINA SE PRACTICA SISTEMÁTICAMENTE
LA TORTURA.
BUENOS AIRES, Jul 11 (AFP) - La práctica de la tortura es sistemática en
Argentina y se aplica en "grado muy elevado" como método represivo, denunció
este martes Marcelo Ávila, titular de la sección local de la organización no
gubernamental Amnistía Internacional, quien responsabilizó por ello al Estado.
Ávila aseguró, en declaraciones a la AFP al término de un seminario sobre
"Impunidad y Derechos Humanos", que la situación "tiende a retroceder y cada vez
hay más casos de tortura seguida de muerte" en Argentina.
Argentina es uno de los países -junto a Venezuela en América latina- elegidos
por Amnistía Internacional para lanzar el próximo 18 de octubre su campaña
internacional contra la tortura.
Ávila advirtió que en otros países de la región como Perú, Guatemala, Nicaragua,
Colombia y Brasil, la situación "es peor aún", ya que allí se aplica "la
doctrina de seguridad urbana" y hasta "campañas de limpieza social", bajo las
cuales se amparan las violaciones a los derechos humanos."Hay países donde el
aparato represivo está incontrolable, entonces se producen matanzas en masa".
Aunque "esto no ocurre en Argentina", reconoció Ávila. No obstante, dijo que en
los últimos meses hubo un aumento "considerable" en la aplicación de torturas en
las cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde la policía "siente que tiene
manos libres" para actuar.
Ávila recordó que el defensor de Casación de la provincia, Mario Coriolano,
vinculó esa situación con discursos preelectorales de octubre pasado -esgrimidos
por ejemplo por el ahora gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf- que
prometieron "mano dura" y tolerancia cero contra el delito.
En 1997, Amnistía Internacional ya había denunciado a Argentina ante el Comité
contra la Tortura de las Naciones Unidas, el que a su vez elevó una queja ante
el gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989/99), afirmando que "si bien las
leyes argentinas establecen la prohibición de la tortura, en la práctica esto se
da cotidianamente y hay un grado muy elevado" de empleo de la misma.
Ávila sostuvo que "la práctica de la tortura, así como las ejecuciones
extrajudiciales, son la consecuencia de un aparato ideológico que no se ha
desarticulado en Argentina. Estamos en una sociedad militarizada por la cual la
represión consiste en la eliminación del contrario", añadió.
Ávila responsabilizó por la situación al Estado argentino que -dijo- "no ha
establecido ninguna pauta y no ha hecho absolutamente nada para evitarlo".
"Cuando decimos que hay práctica sistemática de la tortura por parte de agencias
del Estado, como lo es la Policía, se dice que hay
complicidad del Estado. Es el Estado que debe evitar que esto ocurra", insistió
al considerarlo "responsable o, por lo menos, cómplice".
Reclamó a Argentina que debe "depurar de sus cuadros de seguridad a personas
vinculadas con graves violaciones de derechos humanos", y deploró que la
respuesta de los gobiernos haya sido, en cambio, "ascender a militares
implicados" en la última dictadura militar (1976/83).
Con el lanzamiento de la campaña, Amnistía pretende "eliminar torturas y tratos
crueles a los presos, que es una práctica sistemática que genera daños físicos y
psíquicos y que no se castiga".
[Fuente: Agencia France Press por Liliana Samuel, Buenos Aires, 11jul00]
VOLVIERON A PROCESAR A 8 POLICÍAS POR TORTURAR Y MATAR A UN PRESO EN LA
PROVINCIA DE CORRIENTES.
La Cámara revocó una medida del juez del caso por temas técnicos Pero el juez
insistió y evitó que los acusados quedaran libres.
Un juez de Instrucción de Corrientes insistió ayer en procesar a ocho policías
acusados de torturar y matar a un joven. El viernes, un tribunal superior la
Cámara del Crimen provincial le había revocado esa medida.
La decisión fue del juez de Instrucción N 4, Eduardo Panseri, quien apenas unas
horas después de que la Cámara dejo sin efecto su primer procesamiento volvió a
interpretar que los policías acusados están involucrados en la detención ilegal
y el crimen de Juan Carlos "Chicharra" Sánchez, de 26 anos, cuyo cuerpo hasta
ahora no pudo ser hallado. La medida evito que los policías acusados
recuperaran su libertad.
La probable muerte de Sánchez fue la primera ocurrida este ano en una
dependencia policial correntina. Después le seguirían dos mas: Germán Morales y
Marcelo Jorge González, ambos fusilados de un balazo en la nuca.
Esa seguidilla de crímenes provoco la decisión de la intervención provincial de
pasar a retiro a mas de 70 oficiales y suboficiales, entre ellos el subjefe de
la Fuerza. Ahora esos retirados anticiparon que harán juicios al estado
provincial por considerar que fueron separados por una ley que aun no entro en
vigencia.
En el caso Sánchez, la Cámara argumento que revocaba el procesamiento a los
policías por una falla técnica. Decía que en la resolución judicial no había un
relato concreto de los hechos por parte del juez.
Esto obligo a Panseri a rever su fallo en cuanto a lo formal. Pero no en el
fondo: la suma de elementos que, según su visión, involucran a los oficiales
Osvaldo Quiñonez y Santiago Vargas Barrios; y a los suboficiales Nicanor
Paredes, Alfredo Blanco, Antonio Delgado, Alfredo Molina, Ramón Pablo Rodríguez
y Ramón Fabián Carballo, todos pertenecientes a la ex Brigada de Investigaciones
provincial.
Sánchez fue detenido el 10 de enero por el suboficial Carballo. Le atribuían una
supuesta participación en una pelea ocurrida dos días antes, en la que había
sido fusilado un cabo. Pero el autor de aquel hecho ya estaba identificado.
Sin embargo, detuvieron a Sánchez y lo llevaron a la sede de la Brigada de
Investigaciones. Su ingreso quedo asentado en el libro de guardia con una frase
insólita, por su imprecisión: "Imputado en un hecho".
GRITOS
Nunca mas se supo de el. Después de que entro a la Brigada, unos albañiles que
trabajaban en el Instituto de Criminalística, pegado a la ex Brigada, escucharon
gritos. Horas mas tarde, una mujer vio cuando policías retiraban en una
camioneta la moto en la que andaba Sánchez cuando fue detenido.
Aunque su salida no se asentó en el libro de guardia, la Policía aseguro que fue
liberado. Pero testigos dijeron que, horas mas tarde de su detención, una de las
camionetas de la Brigada fue vista entrar a un camino de tierra solitario, en
las afueras de la ciudad. En esa camioneta fueron hallados restos de sangre seca
y cabellos.
Para procesar a los policías, el juez Panseri también tomo en cuenta el
testimonio de un policía que pregunto por Sánchez y al que le respondieron: "No
aguanto", en obvia alusión a que no resistió las torturas a las que habría sido
sometido.
También se considero el relato de otro policía, que aseguro que las esposas que
le pusieron al joven le fueron devueltas torcidas y con manchas de sangre.
La causa, caratulada como "privación ilegitima de la libertad seguida de
muerte", pasara ahora al juez de Instrucción de feria. Mientras tanto, y debido
al rápido procesamiento después de la decisión de la Cámara, los policías
seguirán presos.
Su abogado defensor dijo ayer que el juez "tiene animosidad" contra los
acusados. Se descuenta que volverá a apelar el nuevo procesamiento.
[Fuente:, Alfredo Zacarías, corresponsal en Corrientes del Diario Clarín,
Argentina, 11 jul 00]
UN ALBAÑIL DENUNCIA HABER SUFRIDO TORTURAS EN LA SEDE DE LA JEFATURA DE
POLICÍA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Un albañil asegura que mas de diez policías lo sacaron de su casa y lo
torturaron en el edificio de la Jefatura La Policía reconoce la detención, pero
no la tortura
Un humilde albañil santiagueño denuncio que fue secuestrado durante tres días y
torturado por un grupo de oficiales y suboficiales de la Brigada de
Investigaciones dentro de la Jefatura de Policía de Santiago del Estero.
Ahora la Justicia investiga la actuación de entre 10 y 14 policías que habrían
participado de la detención del albañil. El expediente esta caratulado como
"posible comisión de ilícito penal".
El albañil Aldo Bravo aseguro que todo empezó el viernes, a la madrugada. Según
denuncio, estaba durmiendo junto a su familia cuando entre 10 y 14 personas
encapuchadas se metieron en su casa, ubicada en el barrio El Cruce. Esto queda
en la ciudad de La Banda, a siete kilómetros de la capital santiagueña.
De acuerdo con su declaración, los asaltantes tenían armas largas. Sin decirle
nada, lo atacaron en medio del llanto y los gritos de su esposa y sus hijos. El
hombre estaba en su habitación con su mujer y una de sus hijas, de tres anos. En
el cuarto de al lado estaban sus otros ocho hijos.
"Me sacaron de la cama prácticamente sin ropa y me tiraron en la caja de una
camioneta, mientras a mi hijo mayor, de 18 anos, lo golpeaban y le preguntaban
sobre una bicicleta", contó Bravo mas tarde. "Eran policías. Actuaron como en la
época de la dictadura militar. Me llevaron y después me empezaron a torturar. La
verdad, yo prefería un tiro en la cabeza a que me siguieran torturando", aseguro
el albañil.
Una vez que los desconocidos se llevaron a Bravo de su casa, su familia llamo al
abogado Raúl Romero. Antes que nada, le aclararon que no tenían plata para
pagarle por su trabajo.
"El viernes, apenas me llamaron, presente un recurso de habeas corpus en el
juzgado de La Banda y el juez, muy preocupado, libro un oficio intimando a la
Policía de la provincia a que le informara si había hecho un procedimiento",
explico Romero.
El abogado agrego que recién tuvo respuestas el lunes siguiente a la detención.
"Apareció un escueto informe de no mas de cinco líneas, donde la Policía
reconocía que había sido la Brigada de Investigaciones la que había detenido a
Bravo y que lo había levantado de la calle porque existía un pedido de captura.
Esto es mentira, porque Bravo no tiene ningún antecedente", aseguro Romero a
Clarín.
El martes, luego de estar mas de tres días detenido en la Jefatura de Policía,
Bravo fue dejado en libertad. "Lo fui a buscar y, cuando lo llevaba a su casa en
mi auto, vi que le salía sangre del oído, tenia la frente amoratada, el ojo
cerrado por los golpes y estaba todo sucio. En un momento le pusieron una bolsa
de plástico en la cabeza para asfixiarlo, según me contó", recordó el abogado.
Un forense constato las heridas de Bravo.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que ahora el juez de La Banda, Mario
Castillo Sola, esta interrogando a todo el personal del Departamento de
Investigaciones, que funciona en la Jefatura
de Policía de Santiago del Estero. Por ahora, no hay detenidos y el caso no
tiene imputados.
[Fuente: Julio Rodríguez, Santiago del Estero. Especial para el Diario Clarín,
Buenos Aires, 13 jul 00]
UNA AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL DENUNCIA TORTURAS EN LA PROVINCIA DE MISIONES.
Acompañamos a los 2 estudiantes del Albergue de UDPM en su denuncia por apremios
ilegales cometidos por la Policía de la Provincia en sus efectivos del comando
radioeléctrico y personal de la comisaría 4° ubicada en la Av. Madariaga cerca
de la Estación de trenes.
Marcelo Burchinski estudiante de locución del Montoya, 2° año y José Luis
Gherardi 3° año carrera de enfermería y 1° año de la carrera de Antropología
Social (UNaM), fueron detenidos en la madrugada del 2 de junio cuando se
dirigían a su albergue estudiantil por un patrullero del comando radioeléctrico,
con golpes y patadas los subieron al móvil y los arrojaron en la comisaría 4°
donde fueron sometidos a sesiones de golpes con objetos especiales que provocan
graves lesiones internas, además de desnudarlos y tirarles baldes de agua fría
al tiempo de propinarles todo tipo de golpes y patadas.
Este trato verdaderamente inhumano y detestable es el que utiliza la Policía de
la Provincia, trato que nos recuerda al que usaban durante la dictadura militar,
más cuando esa misma comisaría fue convertida en un centro clandestino de
detención durante ese negro período, según consta en innumerables denuncias de
ex-detenidos.
Consideramos que los responsables de que sigan en vigencia estas prácticas
aberrantes por parte de una institución del Estado son los gobernantes que no
tienen una decisión política de terminar con esta seguidilla de apremios,
gatillo fácil y corrupción policial. Nos llama poderosamente la atención que
estas prácticas se hayan convertido en sistemáticas al tiempo que recrudece la
total desatención de las demandas sociales de una gran franja de la población
que esta totalmente desamparada. El "Estado Punitivo" se edifica sobre las
ruinas del "Estado de Bienestar", y en este cuadro los mecanismos represivos
descargan su violencia sobre una sociedad inerme y desatendida.
Llamamos a las autoridades constitucionales a poner fin a esta política
represiva y a dar un gesto democrático castigando a aquellos que abusan del
uniforme y de la autoridad que la sociedad le ha confiado.
G.A.R. (grupo de apoyo a la resistencia: grupo de defensa de los derechos
humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UnaM), Misiones,
21 jun 00]
EN SANTIAGO DEL ESTERO ACTÚA UNA BRIGADA DE POLICÍAS ENCAPUCHADOS
Dos hombres secuestrados el jueves por un grupo de encapuchados en un barrio de
Santiago del Estero aparecieron detenidos en la Jefatura de Policía. El caso se
suma a una serie de abusos policiales bajo la administración de Carlos Juárez.
Gustavo Morales y Aldo Bravo, dos santiagueños que el Miércoles pasado fueron
arrancados de sus viviendas por una banda de encapuchados y dados por
desaparecidos, fueron blanqueados como detenidos por la policía de Santiago del
Estero. "No ordene procedimientos, no sabemos nada de ellos", había asegurado
Nestor Mario Godoy, jefe de la policía local. Pero, dos días después, el mismo
Godoy reconoció que Morales y Bravo se encontraban detenidos nada menos que en
el Departamento de Investigaciones, ubicado en el cuartel central, a pocos
metros de su despacho. "No necesitamos usar capuchas. El personal policial va de
frente", defendió el comisario. Por las dudas, Godoy abrió un sumario de
resultado incierto: busca capuchas en el Departamento Central de Policía.
El caso amenaza con otra tormenta política en el ya cuestionado gobierno del
eterno Carlos "Tata" Juárez. El jueves pasado, alrededor de las 5.30 de la
madrugada, Gustavo Fabián Morales, de 27 anos, changarin del Mercado Norte, fue
arrancado de su vivienda, en el barrio La Isla Oeste, localidad de La Banda, a
siete kilómetros del centro de Santiago. Entre diez y doce hombres, con sus
rostros cubiertos por pasamontañas y armas en la mano, abrieron a patadas la
puerta de la casa, esposaron y arrastraron de los pelos a Morales, hasta
introducirlo en una camioneta sin patente que se esfumo en la oscuridad junto a
otros vehículos. "No tenían uniformes ni identificaciones", aseguro Carmen del
Rosario Díaz, pareja del detenido.
Una hora mas tarde, la misma escena se desarrollaba en el barrio Avenida,
también de La Banda: Aldo Bravo, albañil de 44 anos, que dormía junto a su
esposa Maria Barraza y sus nueve hijos, era también arrancado de los pelos por
un grupo de entre diez y doce encapuchados. "Me hicieron acordar de los peores
momentos de la dictadura", aseguro a Pagina/12 el abogado Raúl Romero,
contactado por la familia de los hasta entonces desaparecidos. El mismo jueves,
a las 11.30, el letrado presento un recurso de habeas corpus ante el juez del
Crimen con jurisdicción en La Banda, Mario Castillo Sola. "De mi juzgado no
salió orden de captura", aseguro el magistrado, antes de enviar oficios a la
jefatura del comisario Godoy, a las unidades regionales I y II, y al juez de
turno en la capital, Cesar Turk. El resultado fue desalentador. Nadie había
ordenado los operativos ni existían pedidos de captura. Nadie sabia quienes eran
Morales ni Bravo.
La pista que recibieron los familiares fue dada por un menor, apodado "Tego",
detenido junto a Morales y que, según el diario El Liberal, apunto a la Brigada
de Investigaciones, también conocida como D-6, y ubicada en la jefatura de
policía. La D-6 hizo causa común con Godoy y salió a desmentir la acusación.
Pero las evidencias reproducidas por los medios amenazaban con un tembladeral
político. Todavía sensibilizado por otro escándalo la censura sobre la obra de
teatro El Cartero y sin tiempo para reponerse de las denuncias de pinchaduras
telefónicas al diario El Liberal, el gobierno decidió cambiar su imagen. El
viernes, Godoy anuncio que, en realidad, conocía el paradero de Morales y Bravo.
Estaban detenidos en el D-6.
"Se aclararon 16 hechos delictivos. El robo de 16 ciclomotores y bicicletas. Son
16 familias que habían quedado sin sus elementos de trabajo", aclaro Godoy,
después de cargar la responsabilidad del robo sobre Morales. El jefe policial
desmintió a los testigos de las detenciones y a la larga lista de casos
semejantes (ver aparte): "No tenemos necesidad de trabajar con capuchas. Las
detenciones se realizaron en la calle". Después agrego: "Investigaciones tenia
conocimiento de un pedido de captura sobre Bravo por un hecho cometido en el
98". El hecho pareció extinguido porque ese mismo día Bravo salió en libertad.
Con lesiones a la vista, el albañil fue conducido ante el juez Castillo Sola a
quien aseguro que había recibido "un buen trato". "Cuando salió en libertad dijo
Romero a este diario, me confeso: Creía que iba a seguir preso, por eso dije que
me habían tratado bien. Tenia miedo de que me molieran a palos'. Pero dijo que
lo torturaron, le hicieron el submarino seco, lo golpearon". Por su parte, el
otro reaparecido, Morales, continua detenido, ahora en la seccional 2 de
Santiago y a disposición del juez Turk. "De sus declaraciones se aclaro el robo
de los 16 ciclomotores. La policía no es quien para juzgar a estos delincuentes
-afirmo Godoy, pero seria bueno que se escuchara la opinión de los
damnificados", sin dejar en claro si se refería a los dueños de las bicicletas o
a los detenidos.
De todos modos, y para calmar los reclamos, el jefe policial aseguro que
"aquellos que se excedan no tendrán cabida dentro de la institución. Si hay
irregularidades, serán sancionados con el máximo rigor".
"ACUSADO EN EL NUNCA MÁS"
"No es la primera vez que ocurre. Desde que se formo la agrupación, se nos
acercaron alrededor de 50 familias a denunciar torturas y muertes a manos
policiales", dijo a Pagina/12 Teresa Prola de Vidal, presidenta de las Madres
del Dolor y madre de un joven muerto por los uniformados santiagueños. Junto a
las Madres y a las comisiones de Derechos Humanos, el Obispado de Santiago del
Estero tiene en su poder 150 denuncias. En muchos casos se trata de detenidos
que luego aparecieron muertos a balazos: un joven arrestado por una
contravención apareció media hora después ahorcado en su celda y otros
resultaron muertos a tiros en la calle. A mediados de junio, el Obispado recibió
la denuncia de ocho personas, vecinos de La Banda. El relato describió el mismo
procedimiento: encapuchados, desapariciones y blanqueo posterior a las
denuncias. "Esto no es nuevo aseguro Juan Carlos Storniolo, asesor jurídico de
la Secretaria Diocesana para los Derechos Humanos. El jefe de policía depende
del subsecretario de Informaciones, el comisario retirado Antonio Musa Azar. En
el libro Nunca Mas esta acusado por varias desapariciones. Y sigue estando en el
poder."
[Fuente: Diario Pag12 por Horacio Cecchi, Buenos Aires, 10 jul 00]
ANTE EL RECLAMO POR UNA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL HAY DIEZ POLICÍAS DE LA
FEDERAL DETENIDOS EN LA PROVINCIA DE JUJUY
Era un comerciante, pero lo acusaron de narco Lo mataron de un disparo a
quemarropa en la nuca
Bajo una llovizna helada, familiares y vecinos del almacenero asesinado de un
tiro en la nuca colocaron ayer una cruz en el lugar donde el hombre murio.
Por este hecho hay diez policías de la delegación jujena de la Federal
detenidos. Dos son oficiales y los restantes ocho suboficiales.
Los diez policías federales están detenidos desde el viernes por la noche,
cuando lo ordeno el juez Mariano Wenceslao Cardozo, que hoy comenzara a
indagarlos.
El comerciante Manuel Fernández, de 40 anos, murió en un confuso episodio la
madrugada del lunes 3 de julio. En un principio, la Delegación de la Policía
Federal sostuvo que la victima era un narcotraficante que había sido "abatido en
un procedimiento antidrogas". La reacción de los
familiares y amigos de Fernández, un hombre de trabajo que no tenia antecedentes
penales, hizo caer la versión de los policías, que de acusadores pasaron a ser
acusados.
Al parecer, los federales habrían confundido a Fernández con un narco que
manejaba una camioneta similar a la del almacenero.
La situación de los federales se complico aun mas con la aparición de un
testigo, de quien se mantiene en reserva su identidad. Se trataría de un vecino
del barrio donde se produjo el hecho.
Según fuentes judiciales, el hombre habría escuchado tiros y vio como los
policías, que al parecer no se identificaron, bajaron de la camioneta a
Fernández que "estaba desarmado" y preguntaba que pasaba.
Eran las 7 de la mañana del lunes pasado cuando Fernández venia solo en su
camioneta roja desde Tiraxi, un poblado rural cercano a la ciudad de Jujuy,
donde había dejado a su cuñado y a un amigo que se iban de caza.
En el barrio Chijra fue detenido por los federales, y recibió un balazo en la
nuca que lo mato. La autopsia determino que el disparo fue hecho desde una
distancia de 30 centímetros. En el cráneo se descubrieron otras lesiones, lo que
hace pensar que antes, además fue golpeado.
"Saber que los policías están presos nos trae alivio, pero me gustaría que el
nombre de mi marido se limpie ya", le dijo ayer a Clarín Rosario, la esposa del
almacenero.
Es que los federales que intervinieron en el procedimiento que le costo la vida
al comerciante, informaron que a Fernández le habían secuestrado 200 gramos de
cocaína y una pistola calibre 22. "Imagínese el daño que nos hicieron con eso y
yo me pregunto si esto no queda aclarado cual será el futuro de nosotros, de mis
hijas, cuando vayan a la escuela y le digan algo de su papá, que era un hombre
honesto", se quejo la mujer.
Manuel Fernández llevaba 16 anos de casado con Rosario y tenia tres hijas, Maria
Belén (15), Natalia del Rosario (14) y Noelia (13). "Manuel era un hombre
honesto y generoso. Siempre nos ayudaba como podía y hasta nos fiaba con la
libreta", comento a Clarín Sergio Rodríguez, un cliente de la despensa de
Fernández que participo en la movilización de ayer.
[Fuente: Diario Clarín por Laura Ballatore, corresponsal en Jujuy, 10 jul 00]
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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