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La policía de Corrientes continúa actuando en forma ilegal
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 22 de Julio, 2000. Arg - La policía provincial en Corrientes continúa
actuando en forma ilegal y con graves violaciones a los derechos
individuales.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE MARCELO JORGE GONZÁLEZ.
El 30 de Junio del 2000, en horas del mediodía, fue muerto por un disparo de
arma reglamentaria el joven MARCELO JORGE GONZÁLEZ, de 27 años, en sede de
Investigaciones Técnico-Periciales, Ex-División de Delitos y Leyes Especiales
(Ex- Brigada de Investigaciones). González, oriundo de la provincia de Buenos
Aires, era un preso que cumplía condena en la Penitenciaría derivado por la
Cámara Criminal de Goya por un ilícito cometido en esa ciudad.- Cómo ya estaba
próximo a cumplir su condena disfrutaba de un régimen de libertad transitoria de
12 hs diarias para salir a trabajar. Fue detenido el día anterior en el
Hipermercado TIA, por "actitud sospechosa" y supuesta adulteración de
documentos. En la madrugada del 30/6 fue llevado a esta Dirección de
Investigaciones Técnico-Periciales.
No se conocen exactamente las circunstancias de su muerte, según la información
oficial policial había en el salón de reconocimiento un arma, supuestamente
descargada, con la cual un cabo 1ro, disparó "accidentalmente" un tiro, con el
que perdió la vida Marcelo González., según la versión oficial dada por el Jefe
de Policía Comisario General Julio Ángel Fernández.
Inmediatamente inició actuaciones el Juzgado de Instrucción N. 6 de la Dra.
María Noel Costa, y han sido aprendidos y puestos a disposición de la jueza
hasta el momento 5 policías. En la seccional primera está detenido e
incomunicado el comisario inspector Santiago Ramón Ramírez, el Jefe de Delitos y
Leyes Especiales. Hay tres oficiales más detenidos, los oficiales ayudantes
Fernández, Correa y Sneider, y un cabo primero, de apellido Aguirre.
Además, el jefe de policía Fernández dispuso el pase a disponibilidad del
titular y subjefe de la Dirección de Investigaciones Técnico Periciales,
comisario mayor Miguel Zaracho y comisario inspector Tránsito Ramírez.
Recordemos que a raíz de las muertes de Juan Carlos "Chicharra" Sánchez, (Enero
del 2000) y de Germán Morales (Febrero del 2000), el Jefe de Policía Julio Ángel
Fernández y el Ministro de Gobierno y Justicia Raúl Ripa disolvieron el 9 de
febrero pasado, la tristemente célebre División de Delitos y Leyes Especiales
trasladando su función a la jurisdicción de Investigaciones técnico-periciales
bajo la dependencia directa del jefe de policía. Ya en la audiencia que
sostuviéramos ( Comisión de DDHH y familiares de víctimas de la represión
policial) con los funcionarios de turno, puestos por la Intervención Federal de
Ramón Mestre, le pedimos precisiones sobre su publicitada "reestructuración "
policial, "con mayores elementos técnicos-periciales" y mayor control
político-institucional(¿¿??),
demandado que estos cambios no fueran una mera maniobra de traslados distractiva
y cosmética, en el marco del manipuleo político con el que históricamente se ha
manejado a la institución, como forma de respuesta a la fuerte demanda social
contra esta policía brava; que se lleven adelante las investigaciones, se
esclarezcan todos los casos donde la policía está involucrada y/o sospechada, se
determinen responsabilidades y se castigue
severamente a los culpables.
Hoy comprobamos que mas allá de los sucesivos cambios de nombre y de domicilio,
sigue en pie la misma maquinaria asesina de la vieja Brigada de Investigaciones.
Corrientes, 15 jul 00
ANTE LA REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DE LA POLICÍA PROVINCIAL (I)
El Gobierno de la Intervención Federal mediante el Decreto-Ley No. 33 ha resuelto
"la reestructuración orgánica de la Policía Provincial" a la vez que la remoción
- pase a retiro- de un importante número de efectivos de la fuerza de seguridad
provincial.
Para que se tome esta medida, previamente tuvo que suceder otro hecho trágico,
el crimen de una persona por parte de personal policial dentro de las
dependencias de la misma, lo que por su reiteración causa pánico en la
población, alejando cada vez mas la necesaria confianza que debe generarse
entre la sociedad y su policía.
De hecho que la gravísima crisis institucional, de formación profesional y
humana, de oficio policial, que sufre la Policía de Corrientes, no es en
absoluto responsabilidad de este gobierno actual, ya que la misma viene de muy
lejos en el tiempo y sin solución de continuidad.
La misma es fruto de la degradación a que fue sometida sistemáticamente por el
poder político de turno que la hizo su apéndice, quitándole toda posibilidad de
llegar a tener una verdadera jerarquía institucional, ni siquiera a tomar plena
conciencia de ello.
Hasta la mitad del siglo XX sus dueños fueron los caudillos de cada lugar, que
de acuerdo al color del pañuelo del cuello que lucían demostraban su pertenencia
política. Luego los sucesivos gobiernos de facto le fueron dando otra
connotación, siempre dentro de la misma tónica de la subversión institucional,
hasta llegar a hacerla eficaz brazo armado de la "doctrina de seguridad
nacional", impuesta por los gobiernos militares como cobertura al genocidio de
la década del setenta, y de la que la Provincia de Corrientes también tiene
amarga experiencia.
A partir de 1984 los gobiernos electos por el voto, no cambiaron el fondo del
sometimiento partidario de la institución policial. Sí las formas, que se
hicieron más sutiles pero no por ello menos degradantes institucionalmente
hablando. La muerte violenta, crímenes o suicidios nunca esclarecidos, de
efectivos de la propia policía, dejaron la clara sensación de luchas internas
por el favor de personajes políticos del gobierno, antes que por otras
cuestiones de la propia fuerza.
Dentro de este esquema se creó hace varias décadas un tenebroso organismo
policial, La Brigada de Investigaciones, que fue "perfeccionando" su accionar
hasta constituirse en una funesta escuela de torturas, vejaciones,
intimidaciones, desapariciones, crímenes, impunidades, dejando como aciago saldo
un incontable número de víctimas. Esta situación solo parece posible si una vez
acreditada la comisión del delito, no sobreviene indefectiblemente el condigno
castigo a los funcionarios responsables, cerrándose así, con un engranaje
judicial a veces perverso, el círculo de la IMPUNIDAD: Espíritu de cuerpo de
quienes preconstituyen los elementos probatorios en la etapa instructoria, vale
decir encubrimientos, complicidades mas o menos manifiesta de los auxiliares de
la justicia, ineficiencias oportunas de peritos y jueces, lo que permite la
manipulación desembozada de pruebas, morosidad de la justicia,
desprocesamientos, etc.
Este organismo fue "disuelto" en las formas, varias veces. En el fondo y en la
realidad siempre fue un mero cambio de nombre, de denominación, ya que su
estructura funcional, los funcionarios policiales que allí se formaban y
actuaban consustanciados con el crimen organizado, siguió intacta, mas allá
incluso de sucesivos cambios de "lugar de trabajo".
Así de "Brigada de Investigaciones" pasó a llamarse "División de Delitos y Leyes
Especiales" precisamente en el momento en que el poder político de turno sufría
fuertes enfrentamientos internos y el organismo del terror policial - Brigada o
División- era tironeado mas por el seguimiento personal al hombre fuerte,
también de turno, que a la propia estructura partidaria.
También el Gobierno de la Intervención Federal recurrió al trámite de disolución
del organismo, cambiándole tanto el nombre como la sede de su funcionamiento.
Hoy se produce esta nueva reestructuración, con modificaciones sustanciales
planteadas en términos de funcionalidad y de profesionalismo, que han
desplazado de la fuerza a más de 70 efectivos. Pero no se han producido aún las
debidas aclaraciones respecto a las razones de cada remoción, lo que permitiría
determinar si estos alejamientos permitirán conducir al procesamiento de quienes
cometieron hechos delictivos, si se van a reubicar a quienes han quedado fuera
de este nuevo esquema organizativo por razones meramente administrativas o si se
van a producir las pertinentes reparaciones ante eventuales remociones
equívocas. Solo estas actitudes de transparencia en las acciones de gobierno
garantizaran la confianza que necesitamos para demostrar que las últimas
medidas no tienen un fin economicista enmarcado en la política del perpetuo
ajuste y que se va a desterrar definitivamente la impunidad en nuestra sufrida
provincia.
COMISIÓN PROVINCIAL DE DERECHOS HUMANOS
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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