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La Cámara Federal de Córdoba decide cerrar el proceso por la verdad histórica
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 29 de Julio, 2000. Arg - El fallo de la Cámara Federal de
Córdoba decide sobre la forma de cerrar el proceso
por la "verdad histórica".
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa. Información.
NO HABRÁ JUICIO POR LA "VERDAD HISTÓRICA"
La Cámara Federal de Córdoba decidió ayer que el proceso por la "verdad histórica", que se sustancia en la Justicia federal de esta provincia para dilucidar los crímenes de la dictadura, no finalizará bajo la forma de un juicio convencional, sino que concluirá con una resolución de la jueza a cargo, Cristina Garzón de Lascano.
Esta decisión ratifica lo que en primera instancia dispuso la magistrada. La Cámara desestimó un planteo del abogado querellante Rubén Arroyo para que sea elevada a juicio la parte de la causa que aborda los asesinatos de presos políticos ocurridos en la Unidad Penitenciaria número 1 de barrio San Martín. Entre abril y octubre de 1976, fueron asesinados 30 reclusos que estaban alojados en esa cárcel, dos de ellos en su interior y el resto en fraguados intentos de fuga.
Tiempo atrás, Arroyo le pidió a la jueza Garzón de Lascano que eleve a juicio ese capítulo de la causa, al considerar que, en un año y medio de instrucción, no se habían obtenido elementos adicionales de peso para lograr la verdad de lo ocurrido con los presos, entre otros argumentos.
Pero la magistrada se negó a cerrar su tarea y la apelación llegó a la Cámara. El cuerpo dedicó la primera parte de su resolución al tema de la elevación a juicio. Sostuvo que "resulta técnicamente imposible que se desarrolle un juicio oral y público sin imputado". Cabe recordar que en el capítulo de la "verdad histórica", al que pertenecen los asesinatos de la Penitenciaría, no será posible la asignación de condenas para los responsables de los delitos de lesa humanidad, ya que los represores fueron beneficiados con las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos presidenciales. "Compartimos plenamente con la señora jueza cuando considera que una vez finalizada la investigación se encontrará en condiciones de dictar un resolutorio jurisdiccional, en orden a la verdad de lo que ocurrió con las 30 muertes de internos", apuntó la resolución que firmaron Raúl Sánchez Freytes, Gustavo Becerra Ferrer, Humberto Aliaga y José Mosquera.
En el segundo tramo del escrito, los camaristas también rechazaron la posibilidad de cierre de la instrucción de esta parte del sumario. "El juez tiene la obligación de llevar adelante todas las diligencias que estime pertinente para lograr el descubrimiento de la verdad, es decir lo que históricamente aconteció", agregaron. "Resolver de otro modo, trabaría la marcha normal de la inédita investigación e impediría el fin inmediato que inspiró la reapertura de las causas, que no es otro que la búsqueda de la verdad", finaliza la disposición.
Al tomar conocimiento de la resolución de la Cámara, Arroyo consideró que el alto tribunal pretende evitar la realización de "audiencias orales y públicas abiertas a la sociedad" (ver "No me causó...").
INTIMACIÓN
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intimó ayer al Gobierno argentino para que, en el plazo de un mes, le informe sobre la situación de las causas judiciales vinculadas con la desaparición de personas ocurridas durante la última dictadura militar.
La intimación está relacionada con las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que reclamó expedientes en dos de las causas más importantes para decidir cuestiones de competencia.
De acuerdo con la información que proporcionó el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Corte Interamericana también "instó a la Argentina a garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas sobre la protección de los derechos humanos" en la Argentina.
Los organismos de derechos humanos habían puesto en conocimiento de la CIDH las medidas adoptadas por la Corte Argentina y habían denunciado que estas acciones violaban un acuerdo firmado por el Estado argentino ante ese organismo internacional en noviembre de 1999.
El organismo supranacional expresó su preocupación frente a la posibilidad de que, incumpliendo los términos del acuerdo, las causas por derecho a la verdad puedan ser sustraídas del conocimiento de la Justicia federal y las causas por apropiación de menores puedan ser transferidas a la justicia militar.
EL PROCESO.
* El 10 de junio de 1998, la Cámara Federal accedió al pedido del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y ordenó la reapertura de los procesos contra el terrorismo de Estado de la dictadura.
* Quedaron dos grandes líneas: el robo de los bebés de las madres desaparecidas, que podrá ser castigado con todo el peso de la ley, y la "verdad histórica" sobre el resto de los crímenes, que no aplicará condenas, en virtud de la vigencia de las leyes de punto final y obediencia debida.
*En el capítulo de la "verdad histórica", la jueza Cristina Garzón de Lascano desglosó la causa sobre los 30 asesinatos de presos políticos que estaban alojados en la cárcel de barrio San Martín.
* En ese sumario, el abogado Rubén Arroyo le solicitó a la jueza que eleve a juicio esa parte de la causa, al considerar que la etapa de la instrucción estaba agotada y que no se habían producido avances de significación en esta nueva etapa.
* La magiStrada rechazó el planteo, y en ese mismo sentido se pronunciaron la fiscal Graciela López de Filoñuk y María Elba Martínez, otra de los abogados querellantes.
* Arroyo planteó la apelación, y ayer la Cámara Federal decidió, en primer lugar, que en este proceso no habrá juicio, y, en segundo término, que la instrucción de Garzón de Lascano no está agotada y debe continuar.
"NO ME CAUSO SORPRESA"
El abogado querellante Rubén Arroyo manifestó su disconformidad con la negativa de la Cámara a concluir la instrucción y elevar a juicio la causa por los asesinatos de presos políticos de la cárcel de barrio San Martín durante la dictadura.
"Los argumentos jurídicos que la Cámara Federal ofreció para sostener la resolución de la jueza (Cristina Garzón de Lascano) intentan ocultar un hecho central: la Justicia de Córdoba se niega a debatir estos 30 homicidios de la cárcel en audiencias orales y públicas abiertas a la sociedad", afirmó.
El letrado formuló otros conceptos:
* "La resolución habla de desaparecidos y otras cuestiones referidas al terrorismo de Estado como si hablara de otro juicio. Acá se investiga la muerte de 30 presos políticos que fueron presentados como muertos en tentativas de fuga, y, a esta altura del proceso, nadie, salvo la jueza y ahora parece que también la Cámara, puede tener la menor duda de que fueron todos asesinados".
* "Estamos dispuestos a continuar la lucha por el honor de los asesinados y señalar la responsabilidad material de los autores y encubridores de estos crímenes. Entre estos últimos hay funcionarios de la Justicia federal".
* "Decidiremos los pasos a seguir junto con los hijos y familiares. Este proceso no es de los abogados sino de los familiares de las víctimas".
[Fuente: Diario La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, 27 jul 00]
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