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Reclaman se investiguen las amenazas contra abogados que defienden causas de dh
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 29 de Julio, 2000. Arg - Amenazan e intimidan gravemente a abogados defensores de derechos humanos en Rosario.
LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS (Rama Argentina) RECLAMA SE INVESTIGUE LA INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS CONTRA ABOGADOS QUE DEFIENDEN CAUSAS DE DDHH.
El jueves 20 de Julio de 2000 la Dra. Matilde Bruera, abogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Rosario, y de una actuación especialmente destacada en el impulso de los "juicios de la verdad", recibió en su estudio una encomienda en la que se escondía una bomba de trotyl de altísimo poder explosivo. La misma no estaba preparada para
explotar porque faltaba parte del mecanismo para tal fin, pero el pan de trotyl pesaba medio kilo y tenía todos los implementos salvo el detonante.
El esposo de la colega, el Dr. Rodolfo Shcoler anduvo con la bomba bajo el brazo casi toda la mañana en Tribunales y otras oficinas de gran concentración de público, haciendo trámites sin saber de que se trataba y nadie ha podido asegurar que por accidente no podía estallar. El hecho ocurrió dos semanas después del allanamiento realizado por la justicia a un regimiento del Ejercito, a solicitud de la Dra. Bruera, y con su presencia.
Es evidente que se trató de una intimidación que por su entidad tiene el objetivo de aterrorizar a quienes vienen luchando contra la impunidad del terrorismo de Estado, y al conjunto la población.
El 27 de julio de 1987, la Asociación Americana de Juristas se dirigió al entonces Presidente de la República, Dr. Raúl R.
Alfonsín, señalando que desde que había asumido el cargo se habían registrado más de 1000 casos de amenazas, atentados, torturas, secuestros y asesinatos, entre los que se contaban la colocación de artefactos explosivos en los aviones de Isabel Perón y del Presidente de Italia Sandro Pertini, en el Congreso Nacional y al paso del propio presidente dentro de
un cuartel del ejercito, y expresábamos nuestra preocupación porque que ninguna investigación había avanzado, ni se habían esclarecido los hechos.
Esa impunidad, acentuada por las leyes de punto final y obediencia debida, los indultos de Menem y la falta de depuración de las fuerzas armadas y de seguridad, son factores de estimulo para nuevos crímenes.
El atentado contra la Dra. Bruera se produce en el marco de cierto renacimiento del "poder militar", sólo explicable por la
debilidad del gobierno nacional demostrada en el ascenso de oficiales imputados de responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, su inacción ante las expresiones de solidaridad de la jefatura del Ejercito con los torturadores y asesinos detenidos por negarse a declarar en los juicios de la verdad, y ante la tentativa de sustraer de la justicia civil la causa por el robo de bebés por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, organismo administrativo dependiente del Presidente de la República, complementada por el requerimiento de remisión la causa integra por la Corte Suprema de Justicia, al Juez Bagnasco, que paralizaría su trámite.
A ello se agrega la actitud de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia ante el pedido de detención de militares formulado por el juez español Garzón, en la causa por genocidio y terrorismo de Estado, con la contribución del juez
interviniente Dr. Literas responsable directo de la falta de cumplimiento de la medida requerida.
Es por ello que reclamamos al Poder Ejecutivo Nacional, al gobierno de la Provincia de Santa Fe y al juez interviniente, que en el ámbito de sus respectivas competencias:
a) adopten todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la tranquilidad de la Dra. Matilde Bruera y su familia, la de todos los abogados que actúan en la defensa de los derechos humanos, especialmente de aquellos que lo hacen en los juicios de la verdad y en las causas por sustracción de menores y
por desaparición forzada;
b) investiguen a fondo el hecho delictivo, determinen sus autores, cómplices e instigadores, y les apliquen las máximas sanciones administrativas y penales;
c) eliminen los obstáculos puestos al trámite de las causas judiciales en los que se investiga el terrorismo de Estado;
d) presten colaboración en el cumplimiento de las medidas requeridas por el juez Baltazar Garzón.
Buenos Aires, Julio 24 de 2000.
Ricardo Molinas
PRESIDENTE
Elena Mendoza
SECRETARIA
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