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La Corte Suprema rechaza la jurisdición militar
Una juez denuncia un grupo parapolicial en Mendoza
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 3 de Agosto, 2000. Arg - La Corte Suprema rechaza la jurisdición militar
y un juez denuncia un grupo parapolicial en Mendoza.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RECHAZÓ LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
MILITARES EN EL CASO DE ROBO DE NIÑOS.
La Corte Suprema de Justicia decretó ayer que la causa por el robo sistemático
de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura "es competencia de la
justicia civil y no de los tribunales militares", con lo que se despejó el
camino para la pronta realización del juicio oral y público por uno de los
crímenes más aberrantes del terrorismo de Estado. Fuentes de la Corte indicaron
que seis de los nueve ministros de la Corte, votaron en favor de la continuidad
del juez federal Adolfo Bagnasco como instructor del expediente por robo de
bebés, que mantiene bajo arresto a los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo
Bignone, al ex almirante Emilio Massera, a los ex generales Cristino Nicolaides
y Carlos Suárez Mason y al ex capitán Jorge "Tigre" Acosta, entre otros.
El presidente de la Corte, Julio Nazareno, el vicepresidente Eduardo Moliné
O'Connor y los ministros Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Guillermo López y
Antonio Boggiano constituyeron la mayoría. Adolfo Vázquez dijo que el conflicto
de competencia entre Bagnasco y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
(Consufa) debe ser dirimido por la Cámara Nacional de Casación
Penal, y Augusto Belluscio y Gustavo Bossert entendieron que la cuestión debe
ser resuelta por la Cámara Federal porteña.
La mayoría de los jueces siguió la línea de razonamiento del procurador Nicolás
Becerra, que el martes dictaminó que "corresponde a la justicia federal
continuar" con la causa penal por el robo sistemático de bebés, ya que pactos
internacionales incorporados a la Constitución Nacional excluyen expresamente a
las Fuerzas Armadas de esas investigaciones.
En sus fundamentos, la Corte consideró que el reclamo del Consufa es
"extemporáneo" porque se produjo más de cuatro años después del inicio del
sumario, y delegar el complejo expediente a los tribunales castrenses
constituiría "una denegación de Justicia". Por ese motivo, los jueces
resolvieron mantener el caso en manos del juez Bagnasco, a los efectos de
"favorecer la buena marcha de la administración de justicia".
Ahora, Bagnasco se dispone a clausurar parte de la instrucción del caso, ya que
la sala I de la Cámara Federal porteña confirmó las resoluciones mediante la
cuales dictó el procesamiento de un grupo de militares que serán enjuiciados en
un proceso oral y público.
En marzo pasado, cuando el expediente llevaba más de tres años en trámite,
sorpresivamente el Consufa se arrogó la competencia de la causa por la
sustracción de decenas de chicos nacidos en cautiverio durante la dictadura. La
medida fue adoptada en virtud de un planteo efectuado por el ex comandante de
Institutos Militares, Santiago Omar Riveros.
Riveros fue el primero y único de los militares imputados que recurrió
directamente al Consufa.
La decisión de la Corte allanó ahora el camino a un juicio oral en el que
Videla, Massera y otros comandantes podrían ser condenados por los delitos
cometidos contra niños cuyo paradero se ignora desde que fueron víctimas de la
represión ilegal.
[Fuente: La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, 3 jul 00]
COMUNICADO DEL GRUPO DE ALMIRANTES RETIRADOS EN CONTRA DE LA CONTINUIDAD DE
LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.
El Grupo de Almirantes Retirados emitió una enérgica declaración para negar que
haya existido un plan sistemático de
apropiación de menores, hijos de detenidos-desaparecidos, durante el último
gobierno militar (1976-1983). Esta es la
versión completa:
"DE VIENTOS Y TEMPESTADES"
Cuatro décadas atrás la República comenzó a padecer las consecuencias del
delirio de ciertos ideólogos, que creían
que el poder político sólo es alcanzable mediante el uso de las armas.
Derrotados que fueron por las fuerzas
legales, rápidamente pasaron a desarrollar una nueva fase de carácter
gramsciano, aprovechándose de la
democracia.
Las Fuerzas Armadas de la Nación han protagonizado, desde 1983, el mayor de los
esfuerzos a que han sido
sometidos los distintos sectores de la sociedad. Pero el reconocimiento ha sido
reemplazado por la persecución
sistemática y la agresión recurrente, hasta el límite de la humillación, con y
sin aquiescencia oficial. Un presupuesto
siete veces menor y su personal reducido a menos de la mitad, son los jalones -
hoy jirones - de esa contribución
histórica. El último esfuerzo ha visto a sus hombres y mujeres, dentro del
subsector mayoritario - más del 70% son
uniformados - de quienes han sido afectados por el reciente ajuste de sus
ingresos.
Todo ello no ha sido suficiente. Imposición de nombres reinvindicatorios de
personajes del terrorismo a
numerosos lugares públicos; creación, aceptación y/o utilización de cátedras,
programas de estudio, monumentos,
subsidios, actividades culturales, medios de comunicación oficiales,
discriminación de servidores públicos,
negación de ascensos militares, desplantes diplomáticos extranjeros, parcialidad
de jueces y fiscales, intentos
solapados de indulto a los terroristas de La Tablada y numerosas expresiones,
casi cotidianas, de rechazo y hasta
de odio a instituciones fundamentales de la Nación, son solo algunas de las
manifestaciones de aquel accionar.
Se ha llegado así al dictado de leyes atentatorias de la patria potestad, las
que unidas al persistente procesamiento
de oficiales y suboficiales por un inexistente plan sistemático de apropiación
de menores, nos indican que estamos
soportando la ya indisimulada complicidad ideológica de numerosos integrantes de
los poderes del Estado, en
algunos casos a favor de mayorías circunstanciales de vida efímera.
Creemos que se han sembrado demasiados vientos. Rogamos a Dios para que no se
cosechen tempestades.
Buenos Aires, 20 de julio del 2000
Alberto César Barbich - Secretario y Carlos Torlaschi - Presidente
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