Ejecuciones extrajudiciales y mafias policiales resultado de la impunidad
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 3 de Agosto, 2000. Arg - Actuaciones parapoliciales, ejecuciones extrajudiciales y mafias
policiales son el resultado de la impunidad generalizada.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
LA MUJER DE UN PERIODISTA QUE ORGANIZO ESCRACHE CONTRA EX REPRESOR FUE
SECUESTRADA Y VEJADA
CÓRDOBA (DYN) - La esposa de un periodista de Cosquin, uno de los
organizadores del "escrache" contra un ex represor de la ultima dictadura, fue
secuestrada durante varias horas, golpeada y vejada por varios hombres que le
advirtieron que le pidiera a su marido que deje de participar en actos contra
militares.
Así lo denuncio este lunes el periodista Miguel Hernández, al asegurar que su
esposa Elizabeth Ceballos, de 28 anos, fue secuestrada anoche por tres
encapuchados, que Además de pintarle la zona genital con una pintura roja le
hirieron los pechos con un vidrio, advirtiendole que si su pareja no la
"terminaba" con los "escraches", se "ocuparian" de la hija de la mujer, de 9
anos.
Hernández denuncio el hecho en la comisaría de Cosquin, mientras Ceballos presto
declaración durante mas de dos horas ante la fiscal de Instrucción Maria
Alejandra Hillman. Consultada sobre la denuncia de la pareja, la fiscal indico
que recién "estamos en la primera etapa. No puedo adelantar nada porque se trata
de un delito de instancia privada". Además, confirmo que la joven "será revisada
en Córdoba por Medicina forense y se le realizaran estudios de mayor
complejidad".
En tanto, fuentes policiales indicaron que en el marco de la investigación que
se inicio no se descarta ninguna hipotesis, dado que se analizan desde las
amenazas que la pareja dijo haber recibido cuando organizaba el escrache "hasta
una eventual cuestión pasional" entre ambos.
Hernández aseguro que días pasados, cuando junto a dirigentes del Circulo
Sindical de la Prensa de Córdoba y la regional de la agrupación HIJOS organizaba
un escrache al ex cabo Miguel Pérez, que vive en Cosquin, tanto el como su mujer
recibieron varias amenazas para que ese acto no se llevara a cabo. El escrache a
Pérez, dueño de una productora televisiva de Cosquin, fue planeado en repudio
porque en el juicio por la verdad histórica admitió haber matado, en junio de
1976, de un balazo en la cabeza, a Raúl Bauducco, un militante político y
estudiante de Ciencias de la Información. Pérez dijo en los Tribunales que mato
al joven "por orden de un superior, porque se resistió a realizar movimientos
vivos en el patio de la Penitenciaria" del barrio San Martín. Según lo
denunciado por Ceballos, ante la policía, y su esposo, ante la prensa, la joven
dijo haber sido interceptada cerca de las 22 de ayer en la calle "por tres
sujetos encapuchados y con camperas negras que se conducían en un automóvil
verde oscuro", quienes la llevaron a un terreno baldio donde la vejaron y la
golpearon. Emilio Avalos, amigo de la victima y de su marido,
dijo a los medios locales que Elizabeth fue dejada "pasadas las 23" frente a su
casa, donde estaban reunidos ex presos políticos y algunos de sus familiares.
Avalos afirmo que la joven "estaba con las manos atadas por su espalda y
amordazada con su propia bufanda". Asimismo, recordó que días pasados cuando
preparaban "el escrache al asesino de Bauducco", varios integrantes del grupo
recibieron amenazas telefónicas y la propia Elizabeth "fue advertida por un
sujeto que se le cruzo en un omnibus
cuando regresaba de Córdoba". Por su parte, Hernández sostuvo que el ataque
"refiere a las peores épocas de plomo del país" y recordó que en medio de las
amenazas que recibieron cuando organizaban el escrache "en una oportunidad, nos
apedrearon nuestro domicilio".
[Fuente: Agencia DYN, Argentina, 31 julio 00]
MAFIA PARAPOLICIAL EN MENDOZA: LOS ROBOS SE PLANEABAN EN LA SEDE DE LA
JEFATURA DE POLICÍA.
Rodeado por los siete cuerpos del expediente de la causa que investiga las
mafias policiales, el juez penal Rafael Escot presiente que sobre su escritorio
tiene la trama de 10 años de asaltos no resueltos, corrupción y encubrimiento en
las entrañas de la Policía de Mendoza.
Las pruebas y los testimonios de delincuentes arrepentidos confirmaron la
existencia de varias bandas mixtas de policías y civiles que habrían cometido 17
asaltos a mano armada, extorsiones y
asesinatos desde principios de los 90. Por esta investigación ya están presos 10
policías. Y hay otros 25 imputados, más 21 civiles. Según confirmó el juez
Escot, la complicidad por la acción de las
bandas alcanza "hasta los jefes máximos de la Dirección de Investigaciones", que
es el organismo encargado de resolver los delitos.
La mayoría de los policías involucrados en esta causa pertenecían a esa
Dirección -que funciona en la Jefatura de la policía provincial- o pasaron
alguna vez por esas oficinas. Entre los acusados aparecen tres comisarios, un
principal -señalado como uno de los líderes de las bandas-, sargentos y cabos.
Algunos aún están en actividad.
Según el juez, los policías se valían de la información que recibían al
custodiar entidades financieras y grandes empresas. Los asaltos se concretaban
en los días de pago o cuando había mayor flujo de dinero en las cajas. Y las
víctimas eran las mismas personas que los habían contratado para tener mayor
seguridad. La investigación tomó fuerza hace tres meses, cuando se descubrió que
eran policías los responsables de amenazar de muerte al juez penal Gonzalo
Guiñazú, el primero que investigó asaltos a mano armada con participación
policial.
Ese juez también investigó el asesinato del cabo Villalobos, quien estando de
custodia habría reconocido a un policía como autor de un robo. Pero la principal
fuente de información para desentrañar cómo operaban las bandas fueron los
mismos policías imputados. Entre ellos se cruzaron acusaciones y así dieron
datos al juez, que unificó las causas. El juez Escot -38 años-, sostiene que
ésta es la causa más importante que le tocó resolver durante su carrera. Aseguró
a Clarín que trabaja con absoluta independencia, y "con el apoyo de la Suprema
Corte de Justicia y el Gobierno provincial".
-¿Quiénes formaban estas bandas?
-Eran asociaciones mixtas entre policías y civiles. Pero son más los policías
que los civiles implicados.
-En los delitos que investiga, ¿qué grado de complicidad considera que existe en
la institución policial?
-Los robos se planeaban desde la Dirección de Investigaciones -que funciona en
la sede de la Jefatura- y muchos de los implicados pertenecían a esa
repartición.
-¿Están involucrados la cúpula policial y el Ministerio de Justicia y Seguridad?
-Mi investigación alcanza hasta donde llegan los testimonios. Es decir, hasta
los jefes de Investigaciones.
-¿Cómo se lleva con el gobernador Roberto Iglesias, de la Alianza?
-No tengo ninguna relación. Fui electo por el Consejo de la Magistratura, obtuve
el primer puesto para cubrir este cargo en la Justicia de Instrucción.
-¿Por qué la Justicia no pudo antes detectar a estos policías corruptos?
-Las pruebas aparecieron recién en los últimos meses a partir de las amenazas al
juez Gonzalo Guiñazú y las declaraciones de testigos. La figura del testigo
protegido ha sido sustancial para avanzar en la resolución del caso.
-¿Cree que estos son los mismos policías que habrían estado involucrados en la
desaparición de varios jóvenes desde que volvió la democracia?
-Hay muchos datos comprobados que me indican que podemos dar con los
responsables de las desapariciones de Guardati, Garrido y Baigorria.
Durante los últimos 10 años, la Policía de la provincia de Mendoza fue
denunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnesty
Internacional por la desaparición de Cristian Guardati -21 años-, y los
albañiles Adolfo Garrido (29) y Raúl Baigorria (31). Y acusada de los asesinatos
de Sebastián Bordón (19), José Zambrano (28) y Pablo Rodríguez (25).
Hace 2 años comenzaron las purgas en la Fuerza y fueron exonerados más de 150
policías. Muchos de ellos ahora se desempeñan en agencias de seguridad privada.
[Fuente: Roxana Badaloni, corresponsal en Mendoza del diario Clarín, Buenos
Aires, Argentina, 3 ago 00]
ACUSAN A LA POLICÍA DE SALTA DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE DOS
ACTIVISTAS SOCIALES EN GENERAL MOSCONI.
Oficialmente fue un accidente de transito. Pero las madres de las victimas
acusan a la policía salteña por la muerte de los dos piqueteros de General
Mosconi. Según un testigo, cinco policías los detuvieron horas antes del
"choque". La violenta represión en General Mosconi pudo ser apenas una cara del
accionar policial.
Los cuerpos de Alejandro Gómez y Orlando Justiniano fueron trasladados al corte
de ruta en una ambulancia. Llegaron un día antes que la policía salteña atacara
con palos, balas de goma y gases lacrimógenos a la población de General
Mosconi, que mantenía cortada la ruta 34. La versión policial, refrendada por
un contradictorio testigo, sostuvo que los jóvenes piqueteros habían muerto en
la localidad jujena de Yuto, al volcar la camioneta Toyota negra en la que se
trasladaban. A casi tres meses del hecho, en plena feria judicial y cuando se
aprestaba a cerrar la causa, los familiares de las victimas entregaron al juez,
Argentino Juárez, un videocasete, al que tuvo acceso Pagina/12 y en el que un
piquetero afirma que cinco policías, uno de ellos uniformado, los habían
detenido horas antes del supuesto accidente. El testimonio puede llevar al
magistrado a investigar a la policía provincial de Salta, sospechada desde un
primer momento por los pobladores de Mosconi, de estar involucrada en la muerte
de los jóvenes.
"Nosotros éramos cuatro. Habíamos ido mas allá del aeropuerto a juntar lena y
piedras para llevar al corte de ruta, cuando apareció la Trafic blanca", dice
mirando a la Cámara, con una sonrisa nerviosa y una dicción poco clara, producto
de que todavía tiene alojado en su cerebro una de las dos balas que penetraron
en su cabeza aquella tarde del 9 de mayo, el piquetero que acompañaba a los dos
jvenes muertos. "Nos trasladábamos en una camioneta negra que les prestaban a
los compañeros, cuando vimos la Trafic blanca en nuestro trayecto. No le dimos
importancia", continua
el piquetero. "La camioneta le da paso a la Trafic y entonces bajan el chofer y
el acompañante. Eran como cinco en total, uno tenia uniforme de la policía de
Salta. Yo lo he visto, cuando agarro el arma, una escopeta, y disparo un tiro al
aire; luego bajaron los otros. Me han corrido, pero meterse en el monte no
podían", dice.
Según el relato, el hecho sucedió entre las 15 y las 16 hs. del martes 9 de
mayo. Alejandro Gómez, de 19 anos y Orlando Justiniano, de 20, se trasladaban
en la camioneta Toyota negra identificada con la patente boliviana ZLU 732,
propiedad del ingeniero Winston Vaca quien, al no poder cruzar la frontera por
el corte de ruta, la dejo frente a la casa de la familia Gómez en Tartagal.
Un parte policial confeccionado por el comisario Vicente Giménez, titular de la
comisaría de Yuto, del departamento jujeno de Ledesma, y que forma parte del
expediente judicial, afirma que a las 23.40 del 9 de mayo los efectivos
policiales recibieron un alerta telefónica que informaba sobre un accidente
ocurrido unos minutos antes. La comisión policial despachada para verificar la
información encontró la camioneta Toyota en la localidad de Arroyo el Quemado.
El cuerpo de Gómez fue hallado en la banquina y el de Justiniano, sobre el
asfalto de la ruta, ambos estaban muertos. A escasos metros los policías
encontraron a Jorge Aguado, que se encontraba con vida y tenia una lesión
externa a la altura de la clavícula derecha. En horas del mediodía del 10 de
mayo, el instructor policial se dirigió al hospital Oscar Arias del barrio de
Ledesma, adonde había sido conducido Aguado. Allí, luego de afirmar que se
encontraba en estado normal de salud para realizar su declaración, Aguado dice
que viajaba en el asiento del acompañante delantero de la camioneta doble cabina
y que momentos antes del accidente se había quedado dormido. Minutos mas tarde
se despertó. Fue cuando los policías lo enfocaron con sus linternas y lo sacaron
del brazo. En ese primer testimonio, el oficial policial resalto que Aguado
"agrego que fue un accidente y que no desea realizar ninguna Acción legal contra
nadie".
Doce horas después de esta declaración, la policía jujena le toma a Aguado una
ampliación de su
testimonial anterior. En esta, el acompañante de los piqueteros modifica la
versión anterior.
Recuerda que habían tomado mucha cerveza, que compraron ginebra y whisky en una
estación de servicio y que a pesar de que salvo el ninguno de los ocupantes de
la camioneta tenia documentos de identidad, licencia de conducir, ni la cedula
verde de la Toyota negra, el puesto de control policial de ingreso a la
provincia, que los intercepto, les permitió continuar con su marcha. En esta
ocasión Aguado afirmo que, pese al sueno, se mantuvo despierto. "Ale...", dice
que grito antes de que comenzaran los vuelcos del vehículo. Mas allá de las
contradictorias afirmaciones del supuesto sobreviviente del accidente, la mayor
parte de los testimonios policiales remarcaron el fuerte olor a bebidas
alcohólicas que tenían los cuerpos de los accidentados, incluso sus cabellos. En
el folio 5 del expediente instruido por el juez Argentino Juárez y refoliado
con el numero 59, el bioquímico Miguel Martínez informa que las pruebas de
alcoholemia realizadas a Alejandro Gómez y a Orlando
Justiniano habían dado un dosaje de 0,01 grs por ciento. Menos del 0,05 grs por
ciento, el valor
mas bajo que figura en la planilla policial.
El primer informe del medico policial afirmo que la muerte de los dos piqueteros
de Mosconi se había producido por traumatismo de cráneo y que los cuerpos tenían
multiples traumatismos. En esa ocasión el forense sostuvo que no consideraba
necesario realizar la autopsia a los jóvenes piqueteros. Opinión que ratifico,
una semana después del hecho, en una ampliación de su informe
medico.
El 28 de junio, el magistrado acepto el pedido de los familiares de las victimas
y ordeno la necropsia de los cuerpos. Habían pasado 48 días, mucha agua había
corrido debajo del puente y muchos funcionarios y organismos fueron testigos de
los reclamos de Jacoba Olarte y Primitiva Ruiz, madres de Alejandro Gómez y
Orlando Justiniano, respectivamente. El magistrado jujeno deberá decidir si
cita al testigo que ofreció su testimonio en el video presentado por las madres
de los piqueteros salteños. La demora, dado su estado de salud, simplemente les
quitaría oportunidades a la Justicia y a la verdad. Claro que, de confirmarse
sus dichos, también todo lo actuado judicialmente podría quedar en un absurdo.
UN CASO QUE LLEGO A BUENOS AIRES
Desde un primer momento las dos madres de los piqueteros muertos de General
Mosconi no creyeron la versión policial. Viajaron a encontrarse con los cuerpos
de sus hijos, los reconocieron, los tocaron, los miraron atentamente. Por su
actitud, y como para demostrar que la historia se repite, fueron llamadas
"viejas locas" por el secretario de audiencias del gobernador salteño Juan
Carlos Romero. Luego comenzaron un largo peregrinar buscando la verdad de lo
sucedido. Parte de ese camino las condujo la semana pasada al Ministerio del
Interior y a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
"Pedían trabajo. No era necesario que los mataran", fue la respuesta que Jacoba
Olarte, madre de Alejandro Gómez, le dio al subsecretario del Interior, Cesar
Martucci, cuando el funcionario le recordó que sus hijos participaban de un
ilícito (el corte de ruta). El subsecretario fue uno de los dos hombres del
ministerio que participo, en mayo pasado, de la comitiva gubernamental que
negocio el levantamiento de la protesta. El otro fue el subsecretario de Asuntos
Institucionales, Lautaro García Batallan, quien en esa oportunidad había dicho
frente a los manifestantes que "luego de la represión (policial), no voy a ser
el mismo".
En la Subsecretaría de Derechos Humanos se les prometió la apertura de una
investigación propia. También se les informo de las respuestas giradas por el
gobierno salteño y la Secretaría de Derechos Humanos de esa provincia. Mas allá
de la gran cantidad de notas oficiales y discurso homogéneo que contiene la
respuesta de la Secretaría de la Gobernación de Salta, firmada por la abogada
Sonia
Escudero, se percibe claramente que muchos de esos informes tuvieron su origen
en el interés demostrado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados de la Nación y de su presidenta, la diputada Marcela Bordenave. A
Bordenave, precisamente, le fue dirigido un videocasete, en el que varios
pobladores de Mosconi denuncian gran cantidad de atropellos y violaciones a los
derechos humanos cometidos por la policía salteña durante el ultimo corte de
ruta. "Vamos a ir a la Policía, para denunciar a la policía?", se preguntan, en
un tramo del casete, un grupo de maestras de Mosconi.
[Fuente: Eduardo Tagliaferro, diario P12, Buenos Aires, Argentina, 31jul00]
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