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Ante la falsedad documental en Roma, AI pide extradición de Olivera a Francia
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 22 de Septiembre, 2000. Arg - Ante la falsedad documental en Roma la Secc Arg de AI solicita que
se conceda la extradición de Olivera a Francia.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
LA SECC ARGENTINA DE AI SOLICITA QUE EL GOBIERNO ARGENTINO CONCEDA LA
EXTRADICIÓN DE OLIVERA A FRANCIA, CUANDO ESTA LO SOLICITE.
Señor Dr. Fernando de la Rúa - Presidente de la Nación
Su despacho
Señor Presidente:
Nos dirigimos a Usted para manifestarle nuestra profunda preocupación ante la
reciente liberación en Italia del abogado Jorge Olivera, mayor retirado del
Ejército Argentino.
Amnesty International ha visto con agrado el pedido de captura internacional
cursado contra el Sr. Olivera por la justicia francesa, acusado de los delitos
de secuestro, tortura y desaparición forzada de la ciudadana franco-Argentina
Marianne Erize, "detenida-desaparecida" el 15 de octubre de 1976 en la provincia
de San Juan.
En este sentido le solicitamos, Señor Presidente, que respete y haga cumplir los
tratados que libre y voluntariamente el Estado Argentino se ha comprometido en
respetar; y que, si la extradición del Sr. Olivera fuera solicitada por parte de
la República Francesa, el gobierno argentino la facilite.
Marianne Erize fue secuestrada por un grupo de tareas integrado por oficiales
del Regimiento de
Montaña 22 (RIM22), en el cual el Sr. Olivera revistaba como teniente y jefe de
inteligencia. Según las denuncias, Olivera junto a otras personas habrían sido
responsables por los delitos cometidos la ciudadana Erize.
La desaparición de personas es un crimen de lesa humanidad y por ello
imprescriptible, y tal como
lo sostiene la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) "es
una afrenta a
la conciencia del Hemisferio".
El 28 de febrero de 1996 el Estado Argentino ratificó la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que tiene rango
constitucional. Por ésta el Estado Argentino asume el compromiso, entre otros,
de sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y
encubridores del delito de desaparición forzada de personas, tomar medidas de
carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole
necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención.
La Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, con rango constitucional,
establece que todo Estado parte, en cuyo territorio se encuentre la persona de
la que se supone que ha cometido delito de tortura, de acuerdo a la información
de que dispone, procederá a la detención de dicha persona, medida que se
mantendrá a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de
extradición.
La impunidad posibilita que las violaciones de derechos humanos se sigan
perpetrando, y constituye una violación a la obligación estatal de investigar,
juzgar y condenar a los responsables de tales actos. La impunidad de los
crímenes del ayer no sólo es la semilla de los del mañana, sino que representa
una abierta denegación de justicia y vulnera gravemente el derecho a la verdad
que asiste a las víctimas, sus familiares y la sociedad en general.
Agradeciendo su atención y esperando una acción expeditiva al respecto de lo
solicitado, lo saludamos atentamente,
Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2000
Marcelo Antonio Ávila, Presidente
Amnesty Argentina
DICEN QUE ES FALSO EL PAPEL CLAVE QUE PERMITIÓ LIBERAR AL MAYOR JORGE OLIVERA DE
SU DETENCIÓN EN ROMA.
Lo denunció el Gobierno porteño · El certificado que presentó en Roma la defensa
del militar había sido pedido en el Registro Civil local · Pero el secretario de
Gobierno dice que tiene muchas "irregularidades"
El Gobierno porteño determinó ayer que fue "adulterado" el documento clave
-revelado ayer por Clarín- que permitió la liberación del ex mayor Jorge
Olivera, detenido en una cárcel de Roma hasta el lunes pasado por la
desaparición de la joven francoargentina Marianne Erize en 1976.
Esto originaría en la Argentina una denuncia por "complicidad y falsedad
ideológica" de la familia Erize contra Olivera, según adelantaron sus abogados.
Libre y de vuelta en su casa de Olivos, Olivera no se calla. En su segundo día
en el país, opinó sin vueltas que "no hubo represión en la Argentina," y aseguró
que tampoco "hubo 30 mil desaparecidos, sino 8 mil".
El ex militar insiste en que la documentación presentada por sus defensores en
Italia surgió de las cámaras federales de San Juan y Mendoza. Pero sus abogados
habrían presentado como prueba del fallecimiento de Marianne la fotocopia de una
solicitud de partida de defunción tramitada ante el Gobierno de la Ciudad y
aparentemente legalizada por el Ministerio del Interior y la Cancillería.
"Primero, las solicitudes no se legalizan y además, el talón que acredita el
trámite está plagado de irregularidades", reveló ayer el secretario de Gobierno
porteño, Raúl Fernández.
En una carta a la que accedió Clarín, la directora del Archivo General de la
Ciudad, Beatriz Letro, informó que "el trámite de pedido de partida de defunción
de Marianne Eriza ingresó el 12 de septiembre como trámite urgente", pero que la
solicitud dio resultado "negativo", porque no se encontró el certificado de
fallecimiento. No hay datos sobre quién gestionó el pedido. La funcionaria
además afirma que sus colaboradores realizaron ayer una búsqueda y que "desde el
año 1976 a 1999 no surge inscripción de partida de defunción de Marianne".
"Ese fotomontaje falso es lo único que presentaron los abogados de Olivera para
que lo liberen", denunció a Clarín desde París la abogada de la familia Erize en
Europa, Sophie Thonon. La prueba de que ése fue el certificado que utilizaron
los defensores del ex represor ante el tribunal italiano sería la sentencia
escrita por la Cámara de Apelaciones romana. Ahí figura como principal argumento
la constatación de que Marianne había fallecido el 11 de noviembre de 1976, es
decir, menos de un mes después de su secuestro en San Juan por parte de un
"comando de tareas" del Regimiento N° 22 de Infantería de Montaña, donde por
entonces Olivera revistaba como teniente
primero.
Sin embargo, el secretario de Gobierno porteño aseguró ayer que el lugar de la
fecha había sido dejado en blanco cuando se pidió la solicitud en el registro
civil de la ciudad. Y ya con el talón en la mano, fue completada "con una fecha
falsa de defunción (11/11/76), y un número de tomo, folio e inscripción
inexistentes". La legalización también habría sido "armada" por los defensores
de
Olivera. El Gobierno porteño detectó que:
- no existe una firma oficial en la solicitud, porque ese tipo de talones no se
firman;
- el sello del Ministerio del Interior -que certifica la firma inexistente de la
funcionaria Susana Morgenstern del Registro Civil- no corresponde a la solicitud
superior. Y además carece de fecha;
- el sello internacional de legalización de la Cancillería (Apostille) no se
utiliza desde hace casi un año en documentos oficia les. Tampoco tiene fecha;
- el funcionario que aparece en la copia del documento dejó de prestar funciones
en el Departamento Legalizaciones de la Cancillería en abril de 1999;
- el modelo de constancia de pago del arancel consular que aparece en la copia
dejó de usarse en diciembre de 1998;
- el valor actual del trámite en Cancillería es de 30 pesos desde el 26 de mayo,
y no de 34 pesos como figura en el documento.
En Roma, tres diputados de la izquierda italiana presentaron ayer un pedido de
interpelación al ministro de Justicia, Piero Fassino, a raíz de la controvertida
liberación de Olivera. Los parlamentarios Luigi Saraceni, Giuliano Pisapia y
Ramón Mantovani cuestionan que la decisión del tribunal romano se haya basado en
un certificado "producido sólo por una de las partes, o sea por la defensa de
Olivera, sin que se haya realizado un control sobre la veracidad de ese
documento".
Además, la organización Amnesty Argentina le solicitó ayer al presidente
Fernando de la Rúa que facilite la extradición del mayor retirado, "si ese
trámite fuera solicitado por la Justicia de Francia".
Olivera aseguró ayer desafiante que no le teme a la orden de captura
internacional con su nombre en la central de Interpol. "Por supuesto voy a
volver a salir del país", dijo sonriente. Su única queja son las pintadas con
las que despertó el frente de su casa en Olivos. Dicen con letras grandes:
"Asesino".
[Fuente: Diario Clarín, Buenos Aires, Argentina, 22 sep 00]
PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE COMUNICADO
AI Sección Argentina
Av. Rivadavia 2206 - P4A
C1034ACO - Buenos Aires
Tel. (54 11) 4954 5599
Maitlo: info@amnesty.org.ar - URL: http://www.amnesty.org.ar
LA SECC. ARGENTINA DE AI SOLICITA QUE EL GOBIERNO ARGENTINO CONCEDA LA EXTRADICIÓN DE OLIVERA A FRANCIA, CUANDO ESTA LO SOLICITE.
Señor Dr. Fernando de la Rúa - Presidente de la Nación
Su despacho
Señor Presidente:
Nos dirigimos a Usted para manifestarle nuestra profunda preocupación ante la reciente liberación en Italia del abogado Jorge Olivera, mayor retirado del Ejército Argentino.
Amnesty International ha visto con agrado el pedido de captura internacional cursado contra el Sr. Olivera por la justicia francesa, acusado de los delitos de secuestro, tortura y desaparición forzada de la ciudadana franco-Argentina Marianne Erize, "detenida-desaparecida" el 15 de octubre de 1976 en la provincia de San Juan.
En este sentido le solicitamos, Señor Presidente, que respete y haga cumplir los tratados que libre y voluntariamente el Estado Argentino se ha comprometido en respetar; y que, si la extradición del Sr. Olivera fuera solicitada por parte de la República Francesa, el gobierno argentino la facilite.
Marianne Erize fue secuestrada por un grupo de tareas integrado por oficiales del Regimiento de
Montaña 22 (RIM22), en el cual el Sr. Olivera revistaba como teniente y jefe de inteligencia. Según las denuncias, Olivera junto a otras personas habrían sido responsables por los delitos cometidos la ciudadana Erize.
La desaparición de personas es un crimen de lesa humanidad y por ello imprescriptible, y tal como
lo sostiene la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) "es una afrenta a
la conciencia del Hemisferio".
El 28 de febrero de 1996 el Estado Argentino ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que tiene rango constitucional. Por ésta el Estado Argentino asume el compromiso, entre otros, de sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, tomar medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención.
La Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, con rango constitucional, establece que todo Estado parte, en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido delito de tortura, de acuerdo a la información de que dispone, procederá a la detención de dicha persona, medida que se mantendrá a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.
La impunidad posibilita que las violaciones de derechos humanos se sigan perpetrando, y constituye una violación a la obligación estatal de investigar, juzgar y condenar a los responsables de tales actos. La impunidad de los crímenes del ayer no sólo es la semilla de los del mañana, sino que representa una abierta denegación de justicia y vulnera gravemente el derecho a la verdad que asiste a las víctimas, sus familiares y la sociedad en general.
Agradeciendo su atención y esperando una acción expeditiva al respecto de lo solicitado, lo saludamos atentamente,
Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2000
Marcelo Antonio Ávila, Presidente
Amnesty Argentina
DICEN QUE ES FALSO EL PAPEL CLAVE QUE PERMITIÓ LIBERAR AL MAYOR JORGE OLIVERA DE SU DETENCIÓN EN ROMA.
Lo denunció el Gobierno porteño · El certificado que presentó en Roma la defensa del militar había sido pedido en el Registro Civil local · Pero el secretario de Gobierno dice que tiene muchas "irregularidades"
El Gobierno porteño determinó ayer que fue "adulterado" el documento clave -revelado ayer por Clarín- que permitió la liberación del ex mayor Jorge Olivera, detenido en una cárcel de Roma hasta el lunes pasado por la desaparición de la joven francoargentina Marianne Erize en 1976.
Esto originaría en la Argentina una denuncia por "complicidad y falsedad ideológica" de la familia Erize contra Olivera, según adelantaron sus abogados.
Libre y de vuelta en su casa de Olivos, Olivera no se calla. En su segundo día en el país, opinó sin vueltas que "no hubo represión en la Argentina," y aseguró que tampoco "hubo 30 mil desaparecidos, sino 8 mil".
El ex militar insiste en que la documentación presentada por sus defensores en Italia surgió de las cámaras federales de San Juan y Mendoza. Pero sus abogados habrían presentado como prueba del fallecimiento de Marianne la fotocopia de una solicitud de partida de defunción tramitada ante el Gobierno de la Ciudad y aparentemente legalizada por el Ministerio del Interior y la Cancillería.
"Primero, las solicitudes no se legalizan y además, el talón que acredita el trámite está plagado de irregularidades", reveló ayer el secretario de Gobierno porteño, Raúl Fernández.
En una carta a la que accedió Clarín, la directora del Archivo General de la Ciudad, Beatriz Letro, informó que "el trámite de pedido de partida de defunción de Marianne Eriza ingresó el 12 de septiembre como trámite urgente", pero que la solicitud dio resultado "negativo", porque no se encontró el certificado de fallecimiento. No hay datos sobre quién gestionó el pedido. La funcionaria además afirma que sus colaboradores realizaron ayer una búsqueda y que "desde el año 1976 a 1999 no surge inscripción de partida de defunción de Marianne".
"Ese fotomontaje falso es lo único que presentaron los abogados de Olivera para que lo liberen", denunció a Clarín desde París la abogada de la familia Erize en Europa, Sophie Thonon. La prueba de que ése fue el certificado que utilizaron los defensores del ex represor ante el tribunal italiano sería la sentencia escrita por la Cámara de Apelaciones romana. Ahí figura como principal argumento la constatación de que Marianne había fallecido el 11 de noviembre de 1976, es decir, menos de un mes después de su secuestro en San Juan por parte de un "comando de tareas" del Regimiento No. 22 de Infantería de Montaña, donde por entonces Olivera revistaba como teniente
primero.
Sin embargo, el secretario de Gobierno porteño aseguró ayer que el lugar de la fecha había sido dejado en blanco cuando se pidió la solicitud en el registro civil de la ciudad. Y ya con el talón en la mano, fue completada "con una fecha falsa de defunción (11/11/76), y un número de tomo, folio e inscripción inexistentes". La legalización también habría sido "armada" por los defensores de
Olivera. El Gobierno porteño detectó que:
- no existe una firma oficial en la solicitud, porque ese tipo de talones no se firman;
- el sello del Ministerio del Interior -que certifica la firma inexistente de la funcionaria Susana Morgenstern del Registro Civil- no corresponde a la solicitud superior. Y además carece de fecha;
- el sello internacional de legalización de la Cancillería (Apostille) no se utiliza desde hace casi un año en documentos oficia les. Tampoco tiene fecha;
- el funcionario que aparece en la copia del documento dejó de prestar funciones en el Departamento Legalizaciones de la Cancillería en abril de 1999;
- el modelo de constancia de pago del arancel consular que aparece en la copia dejó de usarse en diciembre de 1998;
- el valor actual del trámite en Cancillería es de 30 pesos desde el 26 de mayo, y no de 34 pesos como figura en el documento.
En Roma, tres diputados de la izquierda italiana presentaron ayer un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Piero Fassino, a raíz de la controvertida liberación de Olivera. Los parlamentarios Luigi Saraceni, Giuliano Pisapia y Ramón Mantovani cuestionan que la decisión del tribunal romano se haya basado en un certificado "producido sólo por una de las partes, o sea por la defensa de Olivera, sin que se haya realizado un control sobre la veracidad de ese documento".
Además, la organización Amnesty Argentina le solicitó ayer al presidente Fernando de la Rúa que facilite la extradición del mayor retirado, "si ese trámite fuera solicitado por la Justicia de Francia".
Olivera aseguró ayer desafiante que no le teme a la orden de captura internacional con su nombre en la central de Interpol. "Por supuesto voy a volver a salir del país", dijo sonriente. Su única queja son las pintadas con las que despertó el frente de su casa en Olivos. Dicen con letras grandes: "Asesino".
[Fuente: Diario Clarín, Buenos Aires, Argentina, 22 sep 00]
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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