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Inteligencia naval pretende lograr la extradición de Cavallo
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 23 de Octubre, 2000. Arg - La inteligencia naval pretende lograr la
extradición de Cavallo a argi mediante un
procedimiento simulado.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
LA JUSTICIA Y EL GOBIERNO ARGENTINOS BUSCARÍAN OPONER UN PEDIDO DE
EXTRADICIÓN AL DEL JUEZ GARZÓN PARA TRASLADARLO A SU PAÍS.
Por JOSÉ VALES/ Grupo Reforma
Buenos Aires, Argentina.-22/Oct/00.- Ricardo Miguel Cavallo podría ser reclamado
por la Justicia Argentina si prospera una estrategia montada por la inteligencia
y el Gobierno argentinos con el fin de evitar que el ex director del Renave
viaje a España en calidad de procesado por el Juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón.
El camino para lograr la extradición hacia su país aparece en la causa que se
tramita en el juzgado del "enemigo judicial número uno" del Magistrado español,
Gustavo Literas.
Así lo confirmaron voceros judiciales y fuentes de inteligencia consultadas por
REFORMA en los últimos días y que dan cuenta de una estrategia urdida desde los
despachos oficiales para evitar que Cavallo se convierta en el primer represor
extraditado a España por delitos de lesa humanidad.
La causa le fue enviada al Juez Gustavo Literas -el mismo que rechazó el pedido
de extradición de 48 militares represores reclamados por Garzón en enero último-
el pasado 4 de mayo por la Cámara Federal porteña compuesta por los jueces
Martín Irurzún, Eduardo Luraschi y Horacio Catani, por la que ordena reabrir el
expediente No. 16.071 "Astiz, Alfredo s/ nulidad". La notificación lleva la
firma de los camaristas y del prosecretario de la Cámara Pablo Herbón (de la que
REFORMA posee una copia) y, según las fuentes, fue la elegida para intentar la
extradición.
Esa causa es una querella presentada por Federico Gómez Miranda, hijo del
empresario desaparecido y torturado en la ESMA Conrado Higinio Gómez, para
tratar de dar con los autores del crimen de su padre y el destino de la fortuna
que le robaron los represores, después de su secuestro el 10 de enero de 1977.
Es de ese expediente de donde el Gobierno se aferra para tratar de lograr la
extradición de Cavallo, según uno de los miembros del cuerpo de fiscales y un
conspicuo miembro del aparato de inteligencia que, por razones obvias,
reclamaron la reserva de su nombre al ser consultados por este periódico.
LA ESTRATEGIA
"En el juzgado de Literas buscan una mínima declaración para tratar de atar a
Cavallo a la causa y así poder reclamar la extradición", asegura el integrante
del Ministerio Público conocedor de los vericuetos de cada uno de los juzgados
federales.
Un miembro de inteligencia aseguró que "desde unos días después de la detención
de Cavallo en México (24 de agosto de 2000) en la Casa (como se conoce a la
SIDE) y en el Gobierno están movilizados buscando la alternativa para que
regrese como imputado hacia Argentina". Por esos días el Presidente De la Rúa
aseguraba en una conferencia de prensa durante su estadía en México que su
administración sólo le prestaría asistencia consular "como a cualquier argentino
en una situación similar".
El periodista Horacio Verbitsky da cuenta de la jugada en un artículo publicado
en la edición de ayer del matutino Página/12 y en el que asegura que fue la
integrante de la Sala Uno de la Cámara Federal, Luisa Riva Aramayo y el ex Juez
Fernando Archimbal -quien desde la época menemista funge como asesor en la SIDE-
los que recomendaron utilizar la causa de la familia Gómez para iniciar la
"operación retorno de Cavallo a Argentina".
Verbistky, uno de los periodistas que mejor conoce los vericuetos de la cada vez
menos independiente justicia Argentina, sostiene que mediante "esa sofisticada
estrategia" lo que se busca es "oponer un pedido de extradición al del Juez
Garzón y, una vez en Argentina, Cavallo sería puesto en libertad por
insuficiencia de pruebas" y así volver a estar tablas con el mayor retirado
Jorge Olivera, quien luego de permanecer detenido en Roma por 40 días logró la
libertad mediante documentos apócrifos, según determinaron luego la Cancillería
y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Archimbal, Riva Aramayo y Literas formaron parte de lo que aquí se conoció como
"aparato judicial menemista", por los favores que supieron realizar al poder
Ejecutivo cuando las denuncias o las evidencias picaban cerca del entonces
Presidente, Carlos Menem.
Hoy, sin embargo, aparecen ligados al Gobierno de Fernando de la Rúa, el cual,
según Página/12 citando declaraciones del ex Ministro de Justicia, Ricardo Gil
Lavedra, siguió otorgándoles los mismos beneficios (sobresueldos) a los jueces
federales.
Si desde la SIDE Archimbal se ocupó del caso acercando a Riva Aramayo para las
consultas pertinentes y definir la estrategia, las fuentes de inteligencia
señalan como "el gran preocupado en el caso Cavallo" al contralmirante retirado
Basilio Pertiné, cuñado de De la Rúa y ocupante de un despacho cercano al del
Jefe de Estado en la Casa Rosada (sede del Gobierno).
Pertiné era el candidato del mandatario en diciembre último para la Secretaría
de Inteligencia pero fue impugnado por el entonces Vicepresidente Carlos
"Chacho" Álvarez y su agrupación, el Frepaso, por su pasado como aviador naval
durante la dictadura.
El ex capitán Alfredo Scilingo, el primer torturador arrepentido en declarar
ante Garzón, señala a Pertiné en su testimonio como "piloto de los vuelos de la
muerte", desde los que se arrojaron al mar a cientos de desaparecidos. Pese a
ello, el cuñado pudo colocar a sus hombres en la estructura de la SIDE.
PREPARAN SOLICITUD DE EXTRADICIÓN
Lo que Literas busca afanosamente ahora es obtener "un testimonio o un indicio
cualquiera para tratar de pedir la extradición de Cavallo", sostiene el miembro
de la fiscalía consultado por REFORMA.
En un entrevista telefónica con este periódico, el Secretario del Juzgado
Federal 12 (a cargo de Literas) Pablo Bertucci, confirmó la existencia del
trámite judicial y aseguró que "la querella requirió la declaración testimonial
de Cavallo, pero lo que evaluó en su momento el doctor Literas es un poco el
tenor de nuestra investigación y si corresponde tomar ese tipo declaración u
otra declaración. En el caso de que fuera otra declaración es donde se abre la
puerta para solicitar la extradición".
Hasta el momento Literas y el fiscal del caso, Claudio Navas, carecen de
elementos para labrar el escrito reclamando al ex director del Renave. En los
testimonios sobre la desaparición de Conrado Higinio Gómez no aparece el nombre
de "Sérpico" en el operativo en que fue secuestrado ni en las numerosas
maniobras que los integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA realizaron
para quedarse con todos sus bienes. Según las fuentes judiciales como de
inteligencia consultadas, "los asesores del Gobierno eligieron esta causa porque
Cavallo no aparece vinculado al robo de bebés
ni en otras causas aún abiertas contra ex represores" que superaron las leyes de
punto final y obediencia debida.
"Si se eligió la que tiene Literas para este montaje, es porque él es un ´hombre
confiable´", coinciden las fuentes. Cabe recordar que Literas, además de
rechazarle a Garzón las extradiciones de militares, evitó la extradición de
Amira Yoma, cuñada de Menem y acusada de integrar una organización de lavado de
dinero proveniente del narcotráfico que también requería su colega español entre
otras sospechosas causas que pusieron a un mejor resguardo judicial a personajes
involucrados ligados al menemismo como el banquero Raúl Moneta, cuyos vínculos
económicos suelen cruzarse con los de Cavallo y sus socios en Mendoza.
[Fuente: Diario La Reforma, México, 23 oct 00]
LA INTELIGENCIA NAVAL LOGRA COMPROMETER AL PRESIDENTE DE ARGENTINA EN UNA
OPERACIÓN DE INTELIGENCIA PARA SALVAR A CAVALLO. LA DECLARACIÓN DE JUAN
GASPARINI PERMITIRÍA EL COMIENZO DE LA OPERACIÓN.
El Poder Ejecutivo Nacional elaboró una sofisticada estrategia tendiente a
impedir la extradición a España del marino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en
México. Para ello procura activar una causa en la Argentina por apropiación de
bienes de personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura militar, que
permitiría oponer otro pedido de extradición al que ya formuló por los delitos
de genocidio, torturas y terrorismo el juez español Baltasar Garzón. Una vez en
la Argentina, Cavallo sería puesto en libertad por insuficiencia de pruebas. Los
delegados oficiales son dos hombres de extrema confianza personal, en un caso
del renunciado Secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, y en otro del
propio presidente Fernando De la Rúa. Ambos discutieron los detalles del plan
con la camarista federal Luisa Riva Aramayo, quien a su vez identificó al juez
que considera más apropiado para llevarlo a cabo. Lo único que este diario aún
no está en condiciones de informar es la respuesta de Literas.
DEL DICHO
Cavallo fue detenido cuando intentaba abandonar México, luego de que el diario
Reforma lo identificara como uno de los integrantes del grupo de tareas que
actuó en la Escuela de Mecánica
de la Armada durante la guerra sucia militar contra la sociedad Argentina.
Recogió para ello testimonios de varias de sus víctimas y obtuvo copia de la
documentación que en la ESMA falsificó para Cavallo el ex detenido-desaparecido
Víctor Basterra. Garzón solicitó su extradición, que el gobierno del presidente
José María Aznar tramitó ante México.
Se estima que el proceso de extradición puede durar hasta un año. El gobierno
argentino declaró que sólo prestaría asistencia consular al detenido, sin
politizar el caso, a diferencia de lo que hizo Chile cuando a pedido de Garzón
el ReinoUnido detuvo al ex dictador Augusto Pinochet. Esa posición fue sostenida
sin matices diferenciales por el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra,
por el Canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y, durante una conferencia de
prensa ofrecida durante su visita a México, por el propio presidente Fernando De
la Rúa. Mientras el Ejército presionaba al gobierno por la simultánea detención
en Roma del mayor-abogado-torturador Jorge Olivera, la Armada no formuló
comentario alguno sobre el caso Cavallo, ni oficial ni oficioso. Continuó de
este modo la línea de sigilo adoptada a raíz de los juicios de la década del 80.
Esa decisión le permitió mantener sus cuadros intactos, mientras el Ejército se
desangró en las luchas internas desatadas a partir de la rebeliones
carapintadas.
AL HECHO
Sin estridencia, el Poder Ejecutivo organizó entonces la movida secreta para
rescatar a Cavallo bajo la apariencia de legalidad de la que tanto se precia la
Unión Cívica Radical, aunque para ello debiera calcar la maniobra que en la
década pasada salvó a la ex secretaría y cuñada presidencial Amira Yoma y
servirse para ello de la denostada servilleta menemista.
La relación con los jueces federales fue una de las líneas de desgaste que
erosionaron a Gil Lavedra. El ex camarista federal, que había sido uno de los
más obstinados denunciantes de la manipulación judicial durante el anterior
gobierno, objetó las pretensión de funcionarios y asesores personales de la
Presidencia, que reclamaban proseguir con las antiguas prácticas. El primer roce
se produjo cuando Gil Lavedra advirtió que renunciaría al ministerio si la
nueva administración no interrumpía el pago de sobresueldos a jueces federales.
De la Rúa pareció respetar la actitud de Gil Lavedra, pero esto puso al
ministro en otro brete. Suspendida la cadena de la felicidad, debía obtener
resultados por otros medios. Gil Lavedra tampoco recibió con entusiasmo el
desaprensivo reclamo de la Juventud Antoniana de presionar sobre los jueces por
un pronto enjuiciamiento y detención de notorios miembros del anterior gobierno.
El segundo choque se produjo por su reticencia o ineficacia para hacerlo, según
a quien se escuche.
El asesor presidencial Arnoldo Klainer se reveló como un operador con menos
remilgos. En el caso de la investigación por los supuestos sobornos en el
Senado, junto a Klainer el gobierno recurrió a los servicios del senador Carlos
Corach, uno de los principales operadores judiciales del anterior gobierno. Se
comprende, dado que las sospechas abarcan al Senado peronista y al Ejecutivo
radical. Esto no quiere decir que Gil Lavedra haya sido prescindente en todas
las cuestiones que interesaban al gobierno. La resolución de la Sala Militar de
la Cámara de Casación Penal, disponiendo que en los juicios de la verdad los
testigos militares no declaren bajo juramento ni sean detenidos por negarse a
hacerlo, es de su inspiración. Sus huellas se advierten en la erudición sobre
derechos y garantías individuales y tratados y convenciones de derechos humanos
que súbitamente aquejó a sus firmantes, Ana María Capolupo, Amelia Berraz y
Gustavo Hornos.
LA DOCTRINA YOMA
El grupo de tareas dispuesto para rescatar a Cavallo se integró de otra manera y
Gil Lavedra jura ni siquiera haber sido informado, con un énfasis que no pone en
desmentir la elaboración del libreto para la Cámara de Casación. El tráfico de
sobres, tan emblemáticos como la servilleta, estaba a cargo de la Secretaría de
Inteligencia, cuyo jefe durante casi toda la década menemista fue otro gran
articulador judicial, Hugo Anzorreguy, hijo y hermano de jueces. Para operar
sobre los magistrados la SIDE formó un núcleo de ex colegas que pudiera
desplazarse por Tribunales sin llamar la atención. Entre ellos, Fernando
Archimbal y José Alevato, cuyos servicios quedaron en evidencia cuando fueron
empleados para impedir la extradición a España de Amira Yoma.
Archimbal fue designado juez federal por el ex presidente Raúl Alfonsín y
reciclado como operador de la SIDE por su sucesor, Carlos Menem. El mismo juez
Garzón se proponía indagar a Amira Yoma por lavado de dinero proveniente de la
comercialización de sustancias narcóticas prohibidas por las autoridades
sanitarias. Este diario hasta describió la capa que Archimbal le trajo de regalo
a su esposa de uno de sus viajes a Madrid por esta causa. Archimbal y Riva
Aramayo procuran aplicar ahora el know how que desarrollaron entonces: la
apertura de una causa en el país, que pueda oponerse a la española, y que
garantice la impunidad, ya que el tratado de extradición entre ambas naciones
especifica que no será concedida cuando el hecho sea juzgado en el país de
origen del delincuente. La cuñada presidencial fue procesada aquí por los
mismos delitos que le reprochaba
Garzón, desprocesada por la sala de la Cámara Federal integrada ad hoc por Riva
Aramayo y Horacio Vigliani y sobreseída definitivamente por el amistoso ex juez
Nerio Bonifatti. Para ello
fue ascendido a un tribunal oral el camarista Mario Gustavo Costa, quien ya
había redactado el voto confirmatorio del procesamiento y en su lugar asumió
Riva Aramayo. Pocos casos hicieron más
que éste por aniquilar la confianza pública en la justicia. Desde entonces quedó
claro que en la Argentina, ni una absolución implica que el acusado sea inocente,
ni una condena debe tomarse como prueba de su culpabilidad. Una dificultad no
menor es que en este caso se trata de la misma persona pero de diferentes
crímenes y sería escandaloso que México diera prioridad a los de menor
entidad, sólo en atención al origen nacional del reclamo.
EL HOLDING DE LA SIDE
Archimbal no extrañó el cambio de gobierno y pasó a ser muy pronto persona de
confianza de Fernando de Santibañes. Tanto que el ex bancario le confió una de
las tareas más delicadas de su gestión: el manejo de los recursos clandestinos
de la SIDE. El jueves 19, en una entrevista sobre el informe de la SIGEN y la
crisis del Senado, Santibañes dijo a este diario que la SIDE sólo se financiaba
con los fondos girados por la Tesorería. No es así. Anzorreguy había creado la
sociedad anónima Osgra, como un holding que administraba no menos de 25
edificios de propiedad de la SIDE, con cuyo producido se financiaban operaciones
diversas. Su titular era el funcionario José Daniel Salinardi. A raíz de un
juicio privado de la ex esposa de Salinardi, se hizo notoria la existencia de
esos bienes. Ante una pregunta de Página/12 por el holding que administra las
inversiones clandestinas del organismo, Santibañes respondió que había terminado
con esa irregularidad y revertido al Estado la propiedad de esos bienes, por
razones de transparencia y porque era absurdo que la SIDE se dedicara al negocio
inmobiliario.
La resolución que firmó el 9 de marzo dice otra cosa: que al haber perdido esa
sociedad su carácter secreto estaba en peligro la seguridad nacional, por lo
cual debía reconstruirse la cobertura perdida, traspasándolos a otra sociedad
que se crearía para tal fin. Pero Salinardi se negó a devolverlos, por lo cual
la SIDE lo denunció ante la Justicia por extorsión. Al mismo tiempo, la SIDE
recurrió a un camino más expeditivo: la presentación de un poder firmado por el
ex agente que intentó privatizar por su cuenta los bienes de la SIDE. Salinardi
sostiene que su firma en ese poder fue falsificada por especialistas del
organismo. Pero en vez de inscribir los títulos de propiedad en el protocolo
secreto de la Escribanía General de Gobierno, el mismo 9 de marzo Santibañes
dispuso la creación de una nueva Sociedad Anónima, de objeto tan amplio que
incluye actividades inmobiliarias, financieras y económicas, en el país y en el
exterior.
El responsable de la administración de las finanzas de la SIDE, contador Juan
José Galea, y Gabriel Presa, otro funcionario político de la SIDE designado por
Santibañes, son los titulares de esta compañía, Tiumayum SA. Su acta de
constitución indica como domicilio el del estudio Bissoni, Carcavallo,
Archimbal, Vila y Asociados, en Reconquista 672 de la Capital Federal.
Mario Bissoni fue consultor laboral de Santibañes en el Banco de Crédito
Argentino. Santibañes le encomendó la defensa de la SIDE en los juicios
laborales que le siguen los 1.200 agentes cesanteados por el organismo. En los
albores del anterior gobierno, Bissoni participó junto con Ricardo Zinn y
Daniel Funes de Rioja en un seminario convocado bajo el inequívoco rótulo "La
responsabilidad sindical en la decadencia Argentina". Cuando Página/12 refutó la
afirmación de que los bienes habían vuelto a propiedad de la SIDE, Santibañes
adujo que Tiumayum SA era "un paso intermedio", pero no supo explicar su
necesidad. "Es cosa de los abogados", dijo. La SIDE se comprometió a sufragar
todos los gastos que demandara el pase de los bienes de una sociedad anónima a
otra.
EL CUÑADÍSIMO
Además de Archimbal, en la SIDE hay otros interesados en la suerte de Cavallo.
Uno de ellos es
el cuñadísimo almirante Basilio Pertiné, que se mueve sin designación formal, y
su delegado en la
Secretaría, el almirante Stanley Fisher. Archimbal contó con la colaboración de
otro viejo conocido de Fernando De La Rúa, tanto que fue durante años uno de los
adjuntos del ahora presidente en la cátedra de Derecho Procesal en la
Universidad Nacional de Buenos Aires. Otro de los adjuntos de esa cátedra,
Virgilio Loiácono, asumió como secretario legal y técnico de la presidencia en
la última reestructuración ministerial. Doce horas más tarde anunció surenuncia
el vicepresidente Carlos Álvarez. El abrazo a Loiácono fue su último acto de
gobierno. No obstante, varios diputados del Frepaso, encabezados por el
socialista democrático Alfredo Bravo reclamaron a De la Rúa su remoción,
alegando que formó parte de la Secretaría General de la Presidencia del ex
dictador Jorge Videla, cuando la desempeñaba el general José Rogelio Villarreal.
El acompañante de Archimbal en la gestión ante Riva Aramayo revista como asesor
del ministerio de Justicia. Consultado para esta nota, Gil Lavedra declaró que
él nunca le encargó semejante gestión y se remitió a sus declaraciones sobre la
mera asistencia consular a Cavallo.
DESVÍO DE PODER
Los emisarios analizaron con Riva Aramayo la posibilidad de abrir una causa
contra Cavallo en Buenos Aires, aprovechando la decisión que la otra Sala de la
Cámara Federal (integrada por Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio
Cattani) adoptó en el expediente por la desaparición
del contador Conrado Gómez y el saqueo de sus bienes iniciado por su hijo
Federico contra Alfredo Ignacio Astiz y los demás miembros del Grupo de Tareas
de la ESMA. La Cámara rechazó la aplicación automática de la ley de obediencia
debida y dijo que el despojo de bienes inmuebles, cuentas bancarias y hasta
caballos de carrera podía constituir un desvío de poder imposible de encubrir
tras el "alegado propósito de combatir al terrorismo subversivo", como
especificó el Código de Justicia Militar reformado al iniciarse el gobierno de
Alfonsín.
En un significativo obiter dictum, el tribunal también puso en duda la
aplicación de las leyes de impunidad a delitos que pudieran calificarse como de
lesa humanidad, por aplicación del ius cogens (derecho de gentes en la
tradición cultural reflejada desde 1853 en la Constitución Nacional o derecho
internacional público, en términos contemporáneos). Desde hace un siglo y medio,
la Constitución prioriza el derecho de gentes sobre la legislación positiva
interna y a partir de la reforma de 1994 asigna la misma prioridad a los
tratados internacionales de derechos humanos. Entre otros, aquellos que
consideran imprescriptibles y no sujetos a amnistía los crímenes contra la
humanidad. La jugada del gobierno no se basa en esta afirmación (que también
hizo la sala de Riva Aramayo en la causa por el robo de bebés y las Cámaras
Federales de Bahía Blanca y La Plata en los juicios por la verdad), sino en la
posibilidad de persecución penal por la apropiación de bienes de los
secuestrados, que quedó legalmente abierta en las leyes y decretos de impunidad.
Otras causas que involucran a los compañeros de Cavallo en la ESMA se siguen en
los juzgados federales a cargo de Adolfo Bagnasco, Gabriel Cavallo y María
Servini, en la Capital, y Luis Leiva, en Mendoza. Pero Riva Aramayo prefirió el
expediente de Conrado Gómez contra Astiz, que instruye Literas, porque está
mucho más cerca de ella que el de Leiva, cuenta con un fallo de la otra sala de
la Cámara habilitando la investigación y, además, puede incorporar el testimonio
del ex financista montonero Juan Gasparini, quien implicó a Cavallo entre los
responsables del destino de Conrado Gómez.
Sólo resta por saber qué poderoso beneficio podría derivar de tamaño golpe bajo
el juez Literas, sobrino político del ex presidente Héctor J. Cámpora y
militante hace un cuarto de siglo en la "Gloriosa Jotapé".
[Fuente: Horacio Verbitsky, Diario Pagina 12, Buenos Aires, 23oct00]
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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