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Se da un plazo al gobierno para terminar con el conflicto
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Bolivia, a 3 de Octubre, 2000. Bol - La Coordinadora del Agua y de la Vida da un plazo de 48 horas al Gobierno
para solucionar el conflicto.
Equipo Nizkor,
Derechos Human Rights,
Serpaj Europa,
Información,
3oct00
LA COORDINADORA DEL AGUA Y DE LA VIDA DA UN PLAZO DE 48 HORAS AL GOBIERNO
PARA ENCONTRAR SOLUCIÓN AL CONFLICTO.
En medio de fricciones internas, la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida
estableció ayer un plazo de 48 horas al gobierno para la solución de los
conflictos que soporta el país.
Durante una asamblea, el dirigente Oscar Olivera convocó a los pobladores del
área rural y la ciudad de Cochabamba a movilizarse a partir del día miércoles 4
del presente a las 10:00, en protesta "contra el modelo neoliberal y la crisis
política imperante".
La reunión sirvió de escaparate para nuevas expresiones de endurecimiento de la
postura de las organizaciones que conforman la Coordinadora. Se escucharon
intervenciones de distinta naturaleza, en las que se destacó la división en
torno al mantenimiento de los puntos de bloqueo.
Mientras algunos grupos abogaron por mantener las barricadas hasta que los demás
sectores en huelga (campesinos, cocaleros y maestros) consigan sus objetivos,
otros expusieron un panorama revelador. Algunos bloqueadores campesinos están
cansados, dijeron varios oradores. Día que pasa, explicaron, los campesinos
están perjudicándose más por la medida que adoptaron el mes pasado.
Los representantes de los distintos sectores de bloqueo, tanto del Valle Bajo,
Valle Alto y Cono Sur, admitieron ayer que sus bases están acatando la extrema
medida debido a dos convocatorias emitidas oportunamente, por una parte de la
Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida y, por otra, de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Grande fue la sorpresa de los presentes cuando un ciudadano que no quiso
identificarse empezó hablar del malestar existente en un gran número de padres
de familia de la región. Ellos habrían manifestado que están cansados de que sus
hijos no pasen clases, por la huelga general indefinida que sostienen los
maestros urbanos y rurales.
El supuesto representante del Comité Transitorio de Padres de Familia de
Cochabamba fue expulsado a empujones por los campesinos y dirigentes sindicales
del salón principal de la Federación de Trabajadores Fabriles del Departamento.
Éste fue el único incidente ocurrido ayer en la asamblea de la Coordinadora que
concluyó después del mediodía.
La asamblea ratificó su decisión de exigir la destitución del prefecto José
Orías Arredondo, al que acusaron de ser el causante de los muertos y heridos en
las jornadas de febrero, abril y septiembre, particularmente en las localidades
de Parotani y Vinto.
También aceptaron los términos del documento de preacuerdo expresado en 11
puntos en la ciudad de Santa Cruz entre representantes del gobierno y miembros
de la Coordinadora. Finalmente, dijeron que los bloqueos continúan.
PUNTOS DEL PREACUERDO
- Aprobación del Decreto Reglamentario de la Ley 2066.
- Archivo definitivo de la Ley de Aguas en el Congreso Nacional.
- Rescisión del contrato con Aguas del Tunari en condiciones favorables para los
intereses de Cochabamba y el país.
- Conformación de comisiones para tratar proyectos de sistemas de riego y agua
potable en el área rural, en particular Qhewiña Qhocha.
- Revisión y modificación de la Ley de Instituto de Reforma Agraria.
- Revisión de tarifas y facturas de Elfec.
- Evitar la contaminación del río Arque y otros debido a concesiones mineras.
- Establecer investigaciones y sancionar a los culpables de los malos manejos
económicos de donaciones nacionales e internacionales destinadas a las familias
damnificadas por el terremoto de mayo de 1998.
[Fuente: Diario Los Tiempos de Cochabamba, Bolivia, 3oct00]
DOS MILLONES DE CAMPESINOS POBRES SON PROPIETARIOS DE SOLO EL SIETE POR
CIENTO DE LA TIERRA Y REPRESENTAN EL 93 POR CIENTO DE LOS PROPIETARIOS DE
TIERRAS.
La Paz Econoticias.- Cerca de 2 millones de bolivianos sobreviven a duras penas
en el altiplano y valles, donde reina el minifundio, la extrema pobreza y una
creciente y explosiva frustración ante el centenario olvido y menosprecio de los
gobernantes y de los propios habitantes de las ciudades.
La inequitativa distribución de la tierra, la ausencia de apoyo gubernamental en
créditos y asesoramiento técnico, las escasas inversiones y el mal uso de los
recursos de la cooperación internacional son algunas de las causas que están
deteriorando las ya de por sí malísimas condiciones de vida y de trabajo en el
agro, asegura un reciente informe del Foro Jubileo 2000.
"Las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el desarrollo rural
constatamos que la mayoritaria población que habita los campos y los bosques de
Bolivia continúa viviendo en condiciones infrahumanas de extrema pobreza",
señala.
ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA
En el altiplano y los valles, hay un evidente deterioro de la base productiva,
la productividad está estancada en bajísimos niveles, hay altos costos de
producción mientras que los productos campesinos tienen bajos precios en los
mercados.
Pero por si esto fuera poco, existe un acelerado proceso de contaminación y
degradación de suelos, hay un evidente aislamiento de las comunidades respecto a
los mercados de consumo, y los minifundios son cada vez más pequeños
y numerosos.
LOS MINIFUNDIOS
Y este inequitativo acceso a la tierra, persiste a pesar de la reforma agraria
de 1953. Según un estudio del Ildis-Cedla, el 7 por ciento de los propietarios
rurales, que tienen acceso a capital y recursos tecnológicos, concentran el 93
por ciento de las tierras, especialmente en el oriente.
En cambio, el 93 por ciento de los propietarios, que son mayoritariamente
pequeños campesinos, poseen sólo el 7 por ciento de las tierras, que las
cultivan intensivamente. De esta producción se calcula que el 40 por ciento va
al autoconsumo campesino y el restante 60 por ciento al mercado.
Otro estudio de Tom O'omen, experto de la FAO, señala que en las últimas dos
décadas, "el fraccionamiento de la tierra en el altiplano habría alcanzado un
ritmo promedio de unos 16.000 minifundios nuevos por año", lo que ilustra la
magnitud del problema.
CAUSAS DE MISERIA Y VIOLENCIA
Extrema concentración de los mejores recursos naturales (tierra, agua y bosques)
en pocas manos. Hay enormes latifundios improductivos. Secular abandono del
Estado y ausencia de políticas públicas que protejan y favorezcan a los pequeños
productores agropecuarios.
Bajísima inversión en infraestructura productiva en el área rural. Persistencia
de una conducta de exclusión étnico-cultural que se traduce en formas
disfrazadas de racismo de sectores de la sociedad blanca y mestiza,
instituciones gubernamentales y sistema de partidos políticos, que segrega a los
pueblos indígenas y campesinos.
Virtual inexistencia de inversión pública municipal para infraestructura
productiva, de caminos, riego, red de energía eléctrica, almacenamiento y
mercados. Equivocada visión de los organismos de cooperación que no reconocen en
los campesinos la capacidad de producir riqueza.
[Fuente: Diario Los Tiempos, Cochabamba, Bolivia, 3oct00]
DIEZ MUERTOS Y 128 HERIDOS EN LOS COMBATES ENTRE CAMPESINOS Y FUERZAS
POLICIALES Y MILITARES.
LA PAZ, 2 de octubre (AFP y EFE).- Los enfrentamientos de las últimas dos
semanas entre campesinos y fuerzas combinadas
del Ejército y la Policía dejaron un saldo de 10 muertos, 128 heridos y un
número indeterminado de detenidos, informó hoy la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
El Gobierno aguarda para hoy la respuesta de los cultivadores de la hoja de coca
a su oferta de no construir tres cuarteles en el
Chapare y logró pacificar a los maestros rurales con la concesión de aumentos
salariales, tras ceder en sus posiciones iniciales
en ambos casos.
La Asamblea dijo que la última víctima fue reportada el sábado en la comarca de
Vinto, cerca de Cochabamba, después de
que cayera muerto de un balazo el campesino Benito Espinoza, de 15 años.
Las cifras coinciden con las divulgadas este lunes por el diputado opositor
Manuel Suárez, presidente de la Comisión de
Constitución.
La decisión del poderoso sindicato campesino de Bolivia, eje principal de las
protestas en este país andino, de reanudar las
negociaciones con el Gobierno del Presidente Hugo Bánzer abrió en las últimas
horas una posibilidad de solución al conflicto.
En tanto, en la mesa de negociación de los maestros, el Gobierno y el magisterio
rural acordaron normalizar las labores
escolares en el campo, a cambio de cumplir los 200 días de trabajo y el pago de
dos bonos: uno de 300 bolivianos (50
dólares) y otro de 1,200 (198 dólares), lo que da fin al conflicto en ese sector
que paralizó las clases desde el 13 de
septiembre.
El acuerdo suscrito el domingo entre los ministros de Educación, Tito Hoz de
Vila, y de Hacienda, Ronald MacLean, así como
el secretario ejecutivo del magisterio, Humberto Ortiz, establece que el bono de
300 bolivianos será cancelado a los maestros
que cumplan con los 200 días de clases, mientras que el de 1,200 bolivianos será
cancelado a todos los docentes que
aprueben cursos de actualización.
Como resultado del acuerdo, el Gobierno se comprometió a liberar a los maestros
del área rural que se encuentran presos por
su participación en las manifestaciones.
Por su parte, los campesinos demandan el archivo definitivo del proyecto de la
ley de aguas y modificaciones a la Ley de
Reforma Agraria, mientras que los cocaleros, el cese de la erradicación de los
cultivos ilegales de la hoja de coca y dejar sin
efecto la construcción de cuarteles en el trópico boliviano.
A cambio, el Gobierno mejoraría las instalaciones militares ya existentes en la
zona del Chapare.
El principal dirigente de los cocaleros y diputado de izquierda, Evo Morales,
anunció que entregará una respuesta a la nueva
propuesta del Gobierno en las próximas horas en el poblado de Chimore, en el
centro del país.
[Fuente: Diario Excelsior, México, 3oct00]
PIDEN AL ALTO COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU INVESTIGAR LA
MASACRE.
El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados,
Manuel Suárez, pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para Derechos Humanos, con sede en Nueva York, que envíe una misión al país para
investigar las muertes y excesos cometidos por el gobierno en este conflicto.
La nota fue cursada el 27 de septiembre pasado. En ese momento había tres
muertos, 40 detenidos y 23 heridos. Ahora las víctimas de la "Masacre de
Septiembre" suman más de 10 y los heridos 130.
"Estos hechos me llevan a pedirle que disponga usted una visita a Bolivia por
parte de esa Oficina del Alto Comisionado en el breve plazo posible", dice
Suárez, y arguyó que hay urgencia de vigilar la actitud represiva del Poder
Ejecutivo.
Los indicios recogidos por Suárez señalan que hay una política determinada para
que militares disparen a los civiles, inclusive mediante francotiradores. El
diputado exigió que sea el gobierno el que cancele la atención médica de los
heridos y que los parlamentarios titulares aporten de su sueldo 500 bolivianos y
los suplentes 250 para hacer un fondo de emergencia a ser administrado por la
Iglesia Católica.
También propondrá que el millón de dólares que se pretende gastar en compra de
vehículos para el Parlamento sirva para resarcir a las víctimas de la represión.
[Fuente: Diario Los Tiempos, Cochabamba, Bolivia, 3oct00]
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