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Gobierno y campesinos llegan a un acuerdo
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Bolivia, a 6 de Octubre, 2000. Bol - El gobierno y los campesinos llegan a un acuerdo para terminar con
el conflicto.
Equipo Nizkor,
Derechos Human Rights,
Serpaj Europa,
Información,
8oct00
EL GOBIERNO Y EL MOVIMIENTO CAMPESINO LLEGAN A UN ACUERDO.
El acuerdo con los campesinos contiene más de 50 puntos, de los cuales, tres son
de vital importancia para los campesinos: la anulación y reelaboración de la Ley
INRA, el archivo definitivo de la Ley del Recurso Agua -que estaba en trámite en
el Congreso Nacional- y la entrega de 3.8
millones de hectáreas de tierras fiscales a los campesinos, para que éstos
instalen nuevos asentamientos.
Los mediadores jugaron un rol fundamental en la firma del convenio. La defensora
del Pueblo, Ana María Romero de Campero, comentó que fue difícil llevar a cabo
el diálogo, ya que a ratos el encuentro entre campesinos y gobierno se convirtió
en una especie de asamblea; sin embargo, la
experiencia fue un gran aprendizaje.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Waldo Albarracín,
destacó que hizo un gran esfuerzo por no perder la paciencia ya que las
posiciones encontradas entre las partes en conflicto hacían perder la calma. El
sacerdote y secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Fernando
Rojas Tardío, pidió que vuelva la paz al país.
Rojas Tardío fue más allá e involucró a Estados Unidos, país que debería
colaborar a resolver las demandas sociales de esa región luego que Bolivia se
esforzó en la erradicación de cocales.
[Fuente: Diario Los Tiempos, Cochabamba, 8oct00]
ASPECTOS PRINCIPALES DEL CONVENIO DE 50 PUNTOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO Y
LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS ESTE SÁBADO 7 DE OCTUBRE DEL 2000.
* Levantamiento de los bloqueos y retiro de las fuerzas militares y policiales
de manera simultánea.
* Mientras se aprueba la Ley sustitutiva a la Ley INRA , los procesos de
saneamiento de oficio deben continuar.
* El gobierno promulgará un Decreto Supremo disponiendo que las tierras fiscales
y los 3,8 millones de hectáreas de tierras identificadas por el INRA sean para
asentamientos de campesinos, colonos e indígenas.
* Suspender cualquier acción de desalojo y legalización de nuevos asentamientos
de campesinos sin tierra en áreas no trabajadas en especial en Gran Chaco,
Ixiamas y otros.
* Archivo del proyecto de Ley de exportación de aguas para Potosí, hasta
consensar con campesinos.
* Gobierno se compromete a suspender los experimentos de campo en la producción
de alimentos transgénicos, en tanto no se establezca una reglamentación
consensuada.
* Las organizaciones campesinas presentarán un proyecto de modificación de la
Ley Forestal, Código Minero, Ley del Medio Ambiente y Código Civil para
garantizar el uso de recursos naturales y evitar la contaminación. Esto debe
hacerse en 60 días.
* Las organizaciones campesinas y colonizadoras participarán en los Consejos de
Administración de las Áreas Protegidas que serán creadas por el gobierno.
*El Ministerio de Agricultura debe elaborar un proyecto para producir abonos
orgánicos.
* El gobierno se compromete a no erradicar los cultivos de hoja de coca de las
zonas tradicionales, tal como lo establece el artículo 9 de la Ley 1008.
* Gobierno no construirá nuevos cuarteles en el Trópico de Cochabamba ni en Los
Yungas de La Paz.
DECRETOS Y RESOLUCIONES
* Decreto Supremo por el que se creó la Comisión Interinstitucional para la
revisión de la Ley INRA que en 60 días presentará el proyecto de la Ley
Sustitutiva.
* Decreto Supremo por el que se destina las áreas fiscales prioritariamente a
favor de los campesinos, colonizadores e indígenas.
* Por Decreto Supremo se creó una comisión que participará en la elaboración de
proyectos de Ley sobre biodiversidad.
* Decreto Supremo por el que se crea la comisión que elaborará un anteproyecto
de Ley de Modificación de las Normas sobre el Recurso Agua.
* Por Decreto Supremo que autoriza constitución de Consejos de Administración de
las áreas protegidas en el que participarán los campesinos, colonos e indígenas
en un 50 por ciento y el 50 por ciento por el gobierno.
* Por Decreto Supremo se autorizó al TGN utilizar el producto de las ventas de
las acciones del Estado a créditos para los pequeños productores.
* Decreto que constituye una comisión entre gobierno y productores campesinos
para identificar las trabajas que impiden las exportaciones y comercialización
de sus productos.
* Por Decreto Supremo una comisión se encargará de estudiar un mecanismo para
que los fertilizantes donados por el Japón lleguen a los productores.
* Se anuló a COBOLCA y se creó el Instituto del Café de Bolivia.
* La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) recibió la
autorización para la importación de vehículos de transporte comunitario.
* Se institucionaliza mediante Decreto Supremo el bono del gestión para el
magisterio boliviano.
* Resolución Ministerial determinó el archivo definitivo del proyecto de Ley del
Recurso Agua.
* Por Decreto Supremo se suspende el desalojo de comunitarios campesinos sin
Tierra en La Paz y Tarija.
* Modifican por Decreto Supremo el artículo 4 del Reglamento de la Ley General
de Aduanas.
[Fuente: Diario Los Tiempos, Cochabamba, Bolivia, 8oct00]
iii) EL GOBIERNO SE COMPROMETE A SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DE LAS MUERTES
El gobierno de Hugo Banzer instruirá a organismos pertinentes la identificación
de los responsables, materiales e intelectuales, de los ataques y de las 10
muertes en enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y campesinos.
Esta tarea se deberá realizar en los próximos 60 días bajo la directa vigilancia
de las organizaciones campesinas y de la comisión facilitadora.
La indemnización a los heridos se basará en los parámetros establecidos por la
Ley General del Trabajo (LGT), es decir, en el nivel de impedimento e invalidez
de las personas. Asimismo el poder Ejecutivo se comprometió a indemnizar a los
familiares de los muertos durante el conflicto, aunque no se conoce aún el monto
del pago.
En La Paz y Cochabamba murieron 10 personas, ocho a causa de balas que habrían
disparado los militares en Huarina y Guaqui (en el altiplano) y en Parotani y
Vinto (Cochabamba).
Se calcula que existen más de 129 heridos, la mayoría por armas de fuego, dos
niñas sufrieron el impacto de granadas de gas que les ocasionó heridas en la
nariz y boca.
Según el gobierno, varios de los heridos son atendidos en hospitales de
Cochabamba y La Paz.
[Fuente: Diario Los Tiempos, Cochabamba, Bolivia, 8oct00]
DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS SOBRE LOS SUCESOS EN
BOLIVIA
Las raíces de la situación en Bolivia se encuentran en las insoportables
condiciones de vida que provoca el plan de ajuste impuesto por las exigencias
del FMI y del Banco Mundial, y el programa de erradicación compulsiva del
cultivo de la coca ordenado por los Estados Unidos. La pobreza alcanza al 70% de
la población. El gobierno, fiel ejecutor de esas imposiciones, responde al
conflicto social con una violenta represión, con el resultado de numerosos
muertos y heridos, entre ellos mujeres y niños, y detenciones masivas. La AAJ
se ve obligada a señalar que la represión para impedir la protesta popular
frente al hambre y la miseria, es una práctica dictatorial que conspira contra
la construcción de sociedades democráticas, violando los derechos humanos y el
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
adoptado por la Asamblea General de la ONU (resolución 34/169, del 17 de
diciembre de 1979).
En consecuencia la AAJ reclama del gobierno boliviano:
1) El cese inmediato de la represión, la investigación de las muertes y lesiones
producidas, la indemnización a sus víctimas, y la sanción legal de los
responsables;
2) Suspensión en sus funciones de todos los oficiales, suboficiales y soldados
que intervinieron en la represión contra población civil, con uso de armas de
guerra (artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1951);
3) Cese de detenciones indebidas, allanamientos de domicilio, agresiones físicas
y psicológicas a los ciudadanos. Libertad inmediata de todos los detenidos.
4) Garantías para el personal médico y paramédico de los Hospìtales y Centros de
Salud que atienden a los heridos.
5) Respeto y garantía para los defensores de derechos humanos que se han
constituido en las zonas de conflicto.
4 de octubre del 2000
Asociación Americana de Juristas:
Dr. Álvaro Ramírez González - Presidente; Dra. Vanessa Ramos - Secretaria
General; Dr. Beinusz Szmukler - Presidente Consejo Consultivo.
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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