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Impunidad a los Asesinos y Traición a Allende
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 3 de Julio, 2000.
Impunidad a los Asesinos y Traición a Allende,
por Sergio Ramírez
Los acuerdo de la Mesa de diálogo y la Ley Lagos de "Secreto Profesional"
conceden impunidad absoluta a los violadores de los DD.HH. Sus autores
olvidaron que sobre el crimen y las matanzas no se construye nada. El
tercer gobierno de la concertación asume la responsabilidad histórica de
negar justicia y de proteger a asesinos. Para ello denigran el pensamiento
y obra de Allende en el instante de inaugurar una estatua en su memoria.
¿Por qué y cómo Lagos e Izurieta concordaron en poner punto final a las
violaciones de los DD.H?. La explicación es una cuestión estratégica: a
ambos les conviene (mucho más que a las duplas Aylwin-Pinochet y
Frei-Izurieta) terminar de una vez por todas con este "problema". Nadie
duda de que ese pacto se logró gracias a la intervención directa del
Presidente. Lagos no vaciló, a diferencia de Frei, en apuntalar a su
ministro y a la mesa. Y operó personalmente para sacar el acuerdo. La forma
en que actuó y sus resultados se debieron, sin embargo, al diseño que el
propio Lagos había establecido antes de su entrada a La Moneda. No quería
repetir los "errores" de los dos ex presidentes de la Concertación. Tanto
la posición a veces litigante de Aylwin hacia Pinochet, como la actitud
prescindente de Frei -que dejaba todo en manos de Edmundo Pérez Yoma-
terminaron por fracasar. La subordinación e inconsecuencia de Lagos es
mayor. Designó a Mario Fernández (DC) en Defensa. Lo quería en su equipo
para que "manejara la máquina", mientras él se reservaba para los momentos
decisivos. Este fue el 20 de mayo, en el avión que los llevó a Arica para
las celebraciones del 21 de Mayo. En una hora de vuelo se selló el
compromiso de los acuerdos que adoptaría posteriormente la Mesa de Diálogo.
Después de ese encuentro, Lagos dijo: "No hubo turbulencias en el avión".
Lo que no dijo fue que a bordo se habían definido las reglas del juego.
Ahora, Izurieta espera que Lagos abandone su política de "dejar hacer a los
tribunales" y adopte una decisión de Estado en el tema Pinochet. Lagos le
cree a Izurieta cuando le dice que el Ejército está por encontrar una
salida que permita la unidad en Chile. La relativa confianza que se tienen
dependerá, ahora, de cómo evolucione el desafuero de Pinochet y de los
resultados que, en seis meses más, entregue el acuerdo de la mesa.
Los acuerdos de la "mesa de Diálogo" y la Ley de "Secreto Profesional" que
se aprobaran, a iniciativa de Lagos, pretenden la impunidad total de los
asesinos del período dictatorial, incluído Pinochet. "La solución" la ha
adoptado la clase política para satisfacer los intereses de las FF.AA. En
Chile, como en el resto de los países que han sido sometidos a esta
política de exterminio, no existe la llamada "solución política". La única
solución para tener un futuro decente y una sociedad de la cual todos se
sientan parte, es la verdad y la justicia. No hay otro tránsito
posible. En la una mesa se negociaron los restos de los desaparecidos,
ejecutados a quienes destriparon, cortaron con corvos, a cuchillazos, les
arrancaron las uñas, las manos, a cambio de qué: ¿la paz, la transición, el
futuro? Sobre el crimen y la matanza no se construye nada. El tercer
gobierno de la Concertación asume una responsabilidad histórica por este acto.
Tales espúreas determinaciones encierran una señal para la justicia. El
presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, aceptó la imposición.
Después de conocida la declaración, dijo que era "una luz de esperanza en
medio del túnel en que estábamos". Tal afirmación es señal de que se
orienta a revocar el desafuero de Pinochet. Ese es uno de los objetivo de
la Mesa de Diálogo, determinado por todo el poder político del sistema. En
efecto, la Mesa de Diálogo surge como iniciativa en el momento en que
estaban siendo sometidos a proceso 70 oficiales y Pinochet preso en
Londres. Y hoy, cuando el sentimiento ciudadano está acompañando el
accionar de los tribunales de justicia -todas las encuestas sobre el tema
han señalado que el 70% de la población quiere justicia-, se impone la
maniobra política del acuerdo de punto final. Es muy sintomática la alegría
de la derecha y del pinochetismo, de fuera y dentro de la Concertación,
frente al acuerdo y la aprobación de la Ley de Secreto Profesional.
BUSCAR OSAMENTAS Y PROTEGER A LOS ASESINOS
Es indudable que la nueva forma de punto final influirá en el destino de
otros procesos. El objetivo de la Mesa de Diálogo es -como Pamela Pereira y
los otros abogados de la Concertación lo han dicho- poner fin al tema de
los DD.HH. Ahora, ¿cuál es su solución?: terminar con la figura del
secuestro. Para asesinos y cómplices, ellos están muertos, y lo único que
corresponde es la aplicación de la amnistía. Así, la tarea de la clase
política, de las cúpulas castrenses y demás poderes fácticos es buscar
osamentas, para sepultar la tesis del secuestro. Los ministros en visita
tendrán una labor arqueológica. Van a recoger testimonios de sus propios
asesinos, hora amparados amparados en el secreto profesional. No se tendrá
ninguna posibilidad de conocer quiénes son esos criminales. Los jueces se
va a dedicar a constatar (incluso existe la posibilidad que determinen
también presunciones de muerte). Se hacen los entierros correspondientes, y
no va a haber a quién investigar, porque no se va a saber la identidad de
nadie.
El contenido de la declaración de la mesa está lleno de eufemismos y frases
rebuscadas. Detrás de todo eso se esconde el punto final. No habrá
justicia, y se satisfacen, además, los fines de los que han llamado a "la
necesidad de mirar hacia el futuro". ¿Cómo se va a mirar hacia el futuro,
poniendo término a la transición mediante una ley de punto final que
consagra la impunidad? Es una vergüenza. El Chile del futuro, que se desea
legar a las nuevas generaciones, exige que se esclarezcan los crímenes, se
sancione a los culpables, no va ser realidad por la inconsecuencia de
quienes traicionan a sus propios muertos.
El proyecto de ley sobre "secreto profesional" es la expresión política del
gobierno de Lagos de aplicar la ley de amnistía. El localizar el paradero
de los restos de detenidos desaparecidos, incluso se relativiza y se rebaja
el rango de la exigencia. En efecto, es posible que la tesis del secuestro
permanente se revierta y se aplique a todos los casos de detenidos
desaparecidos, como se hizo hasta hace dos años. Lo más grave es que se
revierta en los casos de homicidio calificado, ejecuciones políticas, en
que los cuerpos fueron entregados. Con la nueva ley Lagos, se anula la
tesis del secuestro y se establece la impunidad total. En efecto, con el
acuerdo y la ley Lagos del secreto profesional se reduce el tema de los
DD.HH a la aparición de osamentas. No se habla de los ejecutados, de los
presos políticos, de la tortura. No sólo se restringen las exigencias al
rango mínimo. Hay, también, siniestras maniobras de personeros de la mesa,
como es el caso de la abogada Pamela Pereira (PS), de manipular a
familiares que están fuera de la Agrupación para mostrarlos como
legitimadores de las falaces conclusiones de punto final. Eso demuestra que
no tiene límite la mentira sincronizada de los negociadores y defensores de
la impunidad. Además, es de enorme gravedad que se reduzca el tema de las
violaciones de los DD.HH., porque en dictadura se cometieron crímenes que
no fueron sólo desapariciones. Hubo ejecuciones, trato inhumano a los
presos políticos, detenciones ilegales, allanamientos, exilio,
exoneraciones, etc.
AL IGUAL QUE EN DICTADURA
Después de tantos años, se inaugura un monumento al Presidente Salvador
Allende, frente al edificio donde entregó su vida por fidelidad, valor y
amor al pueblo. Es un hecho digno de destacar y valorar, aunque el acto
haya sido empañado por la actitud excluyente que dejó fuera tanto al PC
como a ex ministros del Gobierno Popular. Así se retrocede a tiempos de la
dictadura. Allende y sus más consecuentes partidarios fueron
permanentemente denigrados (Plan Z , Libro Blanco, bandos militares,
montajes televisivos, etc.. Durante 17 años de dictadura se hizo la más
falaz y grotesca tergiversación de la historia y de la figura de Allende.
En el presente, con el acuerdo de la llamada mesa de diálogo y el discurso
del Presidente Lagos se pretendió nuevamente imponer una visión grotesca de
lo sucedido a contar del 11 de septiembre. En efecto, por una parte, se
niega el carácter del golpe militar y se lo reduce a "hechos del 11 de
septiembre". Pero son millones los seres humanos que recuerdan que fue en
es fecha, cuando las FF.AA, mediante una conspiración financiada desde
EE.UU., consumaron el golpe de Estado contra un gobierno constitucional.
Sin embargo, Lagos pretende que "no hay historia oficial", con lo cual
intenta negar la capacidad de conocer, analizar y concluir sobre hechos
reales: el genocidio iniciado con el golpe militar del 73. Esta censura de
la realidad histórica trata de ocultar las resoluciones de organismos
internacionales, las 16 condenas a la dictadura por la Asamblea General de
la ONU. Lagos niega lo sucedido en Chile: un golpe militar, sucedido por
genocidio, terrorismo de Estado, tortura, secuestro que conforman crímenes
de lesa humanidad. En cambio, establecer que fue "la espiral de violencia
de los años 60" la que creó las condiciones para el golpe militar es una
falacia que sólo pretende justificar que la dictadura era inevitable por la
"espiral" de violencia. Además, Lagos afirma que el "extravío" de todos
llevó "al hecho" del 11 de septiembre y, por lo tanto, que el gobierno de
Allende fue parte de ese "extravío". O sea, que Pinochet tenía razón. Ante
esa mentira callan los renovados de hoy, integrantes del gobierno del
gobierno de Allende en el ayer. Una gran mentira e hipocresía para
blanquear a los golpistas y criminales Por eso han aprobado una ley que
impone el llamado "secreto profesional", asunto que debilita la vía
jurídica, protege a los culpables y fortalece la ley de amnistía impuesta
por Pinochet. El gobierno y el parlamento, salvo muy honrosas excepciones,
asumen toda la responsabilidad de este paso antidemocrático.
Pese a las maniobras publicitarias, el gobierno no pudo dejar totalmente al
margen de la inauguración del monumento a quienes continúan defendiendo las
ideas que postuló Allende ni tampoco logró imponer la nueva imagen a los
responsables de las violaciones a los DD.HH, que la Mesa de Diálogo y la
Ley Lagos han diseñado para los criminales. Los intentos del gobierno y de
Isabel Allende por minimizar la protesta ocurridas en el transcurso de la
inauguración del monumento a Allende y la exclusión de los dirigentes del
PC, han fracasado. Las manifestaciones, de no sólo comunistas, fueron de
rechazo a los negociados y a su ley del secreto profesional, como también
por las falacias que sobre Allende que expresaron los oradores a excepción
de José Bono ( presidente de la Junta de Castilla de la Mancha), que
homenajeó a Víctor Jara, Neruda, Orlando Letelier y Prats, aseverando que
Alllende "es ejemplo, es valladar de coraje, de dignidad, en el que se
estrellan todos los políticos corruptos del mundo. En Allende se estrellan
todos los golpistas con uniforme o sin él, que invocan vergonzosamente la
patria para enriquecerse a costa de sus compatriotas". En efecto, los
discursos, que nadie escuchó por las pifias, se centraron en el "nuevo
clima de reconciliación" alcanzado tras los acuerdos de la mesa,
especialmente en los discursos de Ricardo Núñez (presidente del PS), que
pidió perdón por los "errores" de la Unidad Popular, y de Lagos que
insistió en que la justicia la ven sólo los tribunales, sin hacer alusión a
"los mensajes" de la mesa de diálogo, de su ley de secreto y de los
parlamentarios del oficialismo y de la derecha para asegurar la impunidad a
los criminales. Mientras que la hija de Allende, Isabel, recordó a su padre
como un "idealista" y afirmó que los "errores" de su gobierno, "influyeron
sin duda en el golpe de Estado". Con razón, el reciente fallecido Mario
Palestro afirmó en una oportunidad que ella nunca había sido socialista y
sí contraria al gobierno de la Unidad Popular.
Pero continúa desarrollándose la lucha contra la impunidad. Miles de
correos electrónicos desde todo el mundo, han desatado la solidaridad
internacional, mientras en Chile diversas acciones de rechazo a la ley de
impunidad comienzan a realizarse. En tribunales, en tanto, siguen
acumulándose querellas contra el dictador, mientras sigue avanzando el Caso
Prats, con la presencia de la jueza Argentina María Servini de Cubría en
los interrogatorios a Raúl y Jorge Iturriaga Neumann y José Zará, al que
también concurrió en forma "voluntaria" Sergio Arellano Stark. Finalmente,
se han iniciado los alegatos por el desafuero de Pinochet en la Corte
Suprema. La relatora de Pleno, Gloria Ana Chevesich, da cuenta del
expediente del proceso. La relación podría durar uno o dos días, y acto
seguido comenzarán los alegatos, y que de seguir los propios lineamientos
de la Corte Suprema sobre la ley de amnistía y el secuestro permanente
deberían concluir con la ratificación del desafuero, siempre que la
justicia no toma en cuenta los "mensajes" del gobierno y los militares,
obviando la interpretación actual de las leyes y desconociendo los tratados
internacionales que ha firmado Chile. Si triunfa la impunidad y los
intentos por torcer la historia reciente de Chile, es seguro es que, junto a
los familiares de las víctimas, seguirá la lucha de los consecuentes
sectores populares para imponer sanciones a los asesinos del período
dictatorial y a todos sus cómplices.
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
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