No solo elimina opositores sin también a sus adláteres

Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 19 de Julio, 2000. CHILE: No solo elimina opositores sin también a sus adláteres, por Sergio Ramírez.

El carácter y sentido de la justicia chilena está reflejado en el proceso de desafuero a Pinochet, determinados por su caracter de clase, la responsabilidad de cómplices de las violaciones de los DD. HH durante el período dictatorial. En vísperas de una resolución ante las querellas contra el ex dictador se acentúan las presiones para que siga imperando la injusticia y la impunidad. A pesar de la responsabilidad confesa de crímenes que ordenara no sólo contra luchadores por la democracia sino también contra sus propios adláteres que representaban obstáculos para sus ambiciones de poder.

Según el abogado del ex dictador, Ricardo Rivadeneira, no sólo no existen antecedentes que acrediten participación de Pinochet en los delitos de secuestro calificado, sino que también la falta de jurisdicción de los tribunales para conocer de un desafuero por actos de administración de un ex Jefe de Estado son fundamentos para no desaforarlo. Tales argumentos se estrellan con la verdad. Son sospechas fundadas de la participación culpable del ex dictador el que haya designado al general (r) Sergio Arellano Stark como delegado oficial para "agilizar" procesos. Así, el mismo día que despegó el helicóptero para esa misión de exterminio, se modifica en el Código de Justicia Militar la facultad de Pinochet para delegar todas sus facultades en otro oficial. A ello suma el ascenso de los integrantes de la comitiva, después de sus cometidos criminales. Además, frente a la "incompetencia" de los tribunales, Rivadeneira en su alegato anterior se desdijo de esa argumentación. Sabía que en febrero de 1990 se dictó la ley orgánica del Congreso, en cuyo artículo 3 establece que no se puede hacer juicio político por hechos ocurridos antes de marzo de 1990. Existe además en su alegato una justificación insólita: pretende que los crímenes cometidos por la dictadura son "actos de administración". Ello es una aberración. Se ha establecido que jamás los crímenes pueden ser considerados actos de administración del Estado. Y menos aún los que cometieron Pinochet y sus agentes, calificados como "crímenes contra la humanidad". Sostener la tesis de los "actos de administración del Estado" constituye una perversión moral, coherente, en todo caso, con el discurso global de la derecha y de las cúpulas de la Concertación y su gobierno.

La argumentación de la defensa demuestra el verdadero carácter y sentido de la juridicidad chilena. Los hechos ocurridos en torno a Pinochet y algunos de sus adláteres son brutales atentados a una justicia real. Todos, sin excepción, conducen a la impunidad. Maniobras leguleyas, presiones indebidas, leyes dictadas a la medida de criminales, traiciones a principios y promesas electorales, acuerdos negociados tras espúreas compensaciones de disfrute de porciones de poder, etc., pavimentan la senda que conduce a la negación de justicia, a la impunidad de los criminales y de sus cómplices. En efecto, el proceso de desafuero es la falacia mayor que se ha tejido en torno al responsable directo de genocidio, de crímenes de lesa humanidad. Sus violaciones a los DD. HH son indesmentibles, sus asesinatos son innegables, las pruebas y huellas de sus delitos son imborrables. A pesar de ello, se habla de juicio justo, imperio de la ley, independencia de los tribunales, estado de derecho y otras expresiones de una fraseología hueca, para distorsionar la realidad indicada. Además, toda la historia de violaciones a los DD. HH en dictadura se trata de de comprimir en los desaparecidos de la acción de la Caravana de la Muerte, para dejar en el olvido eterno los actos criminales y brutales cometidos durante 17 años de dictadura. Para actuar así, tanto la Concertación como las cúpulas castrenses tiene diferentes motivaciones. Pero están hermanados por la común responsabilidad de proteger a los asesinos de sus propios militantes y de miembros de las FF. AA, respectivamente. De las primeras víctimas se ha hablado y escrito mucho. Las segundas permanecen en la penumbra. De éstas, algunas consideraciones.

ASÍ ELIMINO A DIRECTOS COLABORADORES

Los dictadores en su carrera por el poder o producto de sus obsesiones paranoicas, cometen espeluznantes crímenes que, luego de eliminar a sus opositores, se extienda a sus adláteres, en la medida que se convierten en testigos de la barbarie fascista o rivalizan por el poder. Así sucedió con Pinochet. Junto a los campos de concentración, allanamientos, persecución y asesinato de opositores dentro y fuera del país, o de los miles de detenidos desaparecidos y ejecutados, que estigmatizan su dictadurat como una de las más sangrientas de América Latina, surge otros hechos no menos escalofriantes: la forma sistemática en que elimina a quienes fueran sus directos colaboradores, por convertirse en obstáculos de sus ambiciones de poder.

La suerte corrida por el general Lutz, jefe del SIM (Servicio de Inteligencia Militar) al momento del golpe; por el general Oscar Bonilla (ministro del Interior de la Junta); del químico Eugenio Berríos, agente de la CNI y del jefe del Departamento Consular de la Cancillería Carlos Osorio, fallecido en un misterioso suicidio luego que se conociera el llamado "Caso de falsificación de pasaportes" en el asesinato de Letelier, entre otros, confirman la cadena de crímenes en la "guerra interna" entre servicios de inteligencia, los cambios de mando de éstos y al interior de la propia Junta. Mientras que en otra nómina están el general Carlos Prats; Orlando Letelier; el diplomático español Carmelo Soria; el general de la Fach Alberto Bachelet o el ex dirigente DC. Bernardo Leighton. Sus asesinatos indican los ilimitados alcances de la "guerra en todos los frentes" librada por el Chacal.

El 1 de julio de 1996, el diario La República Uruguay) publica una información con el titular "Yo sé quiénes mataron al agente Berríos". Quien declaraba era Francisco Fuentes Cicutti, ex integrante del "Comando 11 de septiembre", conformado por agentes de la CNI. En ellas señala que "a Berríos se le mandó matar", que fue el propio general Pinochet quien lo pidió. Este crimen fue cometido en el marco de la llamada Operación Cóndor, red criminal integrada por los organismos de seguridad de las dictaduras militares de la región. El artículo recuerda que Eugenio Berríos fue lugarteniente de Michael Townley en la DINA, y que su trabajo dió como resultado el letal gas sarín, utilizado para eliminar a prisioneros políticos. También Berríos aparece vinculado al asesinato de Carmelo Soria. Además, tenía antecedentes de los atentados contra Leighton y su esposa, de Letelier y de Carlos Prats y su esposa.

Berríos sabía demasiado. Fue sacado de Chile y trasladado a Uruguay. "Aquí era común ver pasar a Berríos por la Rambla de Montevideo, con el mayor Herrera Giménez, el "Bocacio"... (... )... A Berríos se le mandó matar. El propio general Pinochet pidió la muerte de Berríos. La orden se da en conocimiento de lo que estaba pasando. El general Pinochet no podía sufrir otra vejación, porque entra a tallar el problema de la seguridad nacional. La demora de la orden es porque el señor Berríos tenía que desarrollar unas fórmulas importantes y por eso no había que tocarlo. Estas son de interés para los servicios", denuncia Fuentes.

El destino del general Augusto Lutz, fallecido en circunstancias no aclaradas en el Hospital Militar, salieron a la opinión pública luego de la publicación del libro de su hija, la abogada Olga Lutz ("Tiempos de viento sucio"). Además, ella declaró como testigo ante el juez Garzón en el proceso contra Pinochet en España, donde señala que a su padre lo mató la DINA debido a su oposición a que Pinochet fuese proclamado Jefe Supremo del Estado. En efecto, afirma en esa oportunidad que había estado en Chile y había hablado con el general Odlanier Mena, quien sucedió a su padre en el SIM, y que "me dijo que había hablado con muchos generales en retiro, nadie sabe nada, pero me dijo: a tu padre lo mató la DINA". Los antecedentes son siniestros. En mayo de 1974 el general Lutz habría conversado con otros generales para bloquear las pretensiones de Pinochet de adueñarse del poder. Olga Lutz señaló al juez Garzón que su padre también habló el tema con el general César Benavides, contraviniendo la recomendación de su madre, quien le advirtió que en él no se podía confiar. "Pero mi padre sí confía. Como resultado de ello, a la semana fue destituido y enviado como intendente a Punta Arenas". También, el papel de Augusto Lutz es descrito en el libro del abogado norteamericano Thomas Hauser, basado en el caso del periodista norteamericano Charles Horman, ejecutado por militares chilenos el 20 de septiembre de 1973. El libro sirvió como base para la película "Missing" de Costa-Gavras, y recoge la versión del ex agente de inteligencia Rafael González, que desertó y pidió asilo en la embajada de Italia en 1975: "Me llamaron para hacer de intérprete, recuerda González. En la habitación de al lado había un norteamericano. Oí que se llamaba Charles Horman y que sabía muchas cosas del golpe". Según la versión, González observó que había una reunión donde estaban el general Lutz, el coronel Víctor Hugo Barría, (segundo jefe del SIM), y una tercera persona, que el ex agente supone de origen norteamericano. Lutz fue rápidamente al asunto. Charles Horman era "un caso especial". Acababa de llegar desde Valparaíso y "sabía demasiado". "Tiene que desaparecer", ordenó Lutz. Esta versión de Hauser confirma que, en el camino de Pinochet nadie estaba a salvo.

El general Joaquín Lagos, comandante de la Segunda División de Ejército de Antofagasta, confirmó ante la Comisión Rettig las aprensiones acerca de los misteriosos hechos que rodearon el accidente aéreo que, en 1974, terminó con la vida del general Bonilla. Luego de ratificar el papel del general Sergio Arellano Stark al mando de la "Caravana de la Muerte", que fusiló a 72 personas a su paso por La Serena, Calama, Copiapó y Antofagasta, el retirado general Lagos habría proporcionado nuevos antecedentes acerca de las reacciones al interior del Ejército por los crímenes citados. Uno de los oficiales crítico era el general Oscar Bonilla. Otra fuente que incide en el mismo sentido es el acta del Consejo de Gabinete del 16 de abril de 1974, donde las diferencias entre Bonilla y Pinochet quedan en evidencia y se relacionan con el poder que iba acumulando Pinochet, y con la represión que en esos días se incrementaban. El documento entrega una versión taquigráfica de la intervención del ministro del Interior Oscar Bonilla: "Es conveniente que los organismos que detienen lo hagan con las herramientas legales que están dispuestas para estos casos, y dada la situación especial que vive el país, una vez efectuada la detención se comunique al Ministerio del Interior... ". A estos argumentos, Pinochet respondió: "... Hay casos en que algunas personas se les ha detenido y encontrado tres, cuatro y cinco carnet de identidad distintos, lo cual como es lógico produce un grave trastorno para controlar este sistema y echa a perder las medidas que se tomen. Por otro lado hay gente también que en cuanto se detiene a alguien, hacen la consulta de inmediato y obteniendo información, limpian la zona del resto de los contactos extremistas... "

ASPECTO DE LA GUERRA INTERNA DE LA DICTADURA

Paralelamente a la DINA, cada rama de las FF. AA y de Orden tenía su propio aparato de inteligencia bajo la dirección directa de los Comandantes en Jefe respectivos. Estos servicio comenzaron a coordinarse en la llamada "Comunidad de Inteligencia". Los directores respectivos se reunían semanalmente y participaba también el jefe de la DINA (Manuel Contreras), con el fin de evaluar los "operativos". En septiembre de 1975, Pinochet dispuso que toda acción represiva estuviera a cargo de la DINA. En la práctica, el jefe de la DINA era Pinochet. El no permitía a nadie de nivel ejecutivo de ese organismo que tomara contacto con miembros de la Junta. El Director de la DINA pasaba a desayunar en la casa de Pinochet, lo que hacía que éste estuviera informado al segundo respecto del quehacer de la DINA, lo que se sumaba a la existencia de un circuito cerrado de televisión entre la oficina de Pinochet y la de Contreras aparte de teléfonos y radios que los comunicaban directamente.

Una de las "guerras internas" de la dictadura es la que se produce entre los servicios represivos de las diferentes ramas castrenses. El Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), bajo el mando del fiscal de Aviación "en tiempos de guerra" Coronel Horacio Otaíza intenta a principios de abril de 1974 una forma más "inteligente" de eliminar opositores que la ejercida por la DINA. El jefe del grupo operativo, comandante Edgar Ceballos Jones. asume como tarea desarticular al MIR. En esas actividades detuvieron, entre otros, a Víctor Toro y Arturo Villabela, y cuando se aprestaban a detener a José Bordaz, ("el coño Molina"), éste descubre el seguimiento y emprende la fuga en un automóvil. Al cerrarse el cerco intenta abrir fuego pero es muerto con ráfagas de metralleta por Roberto Fuentes Morrison ("el Wally"), muriendo instantáneamente. En esta cacería ocurre un incidente. Un Peugeot no responde a la orden de alto. Es asesinado su conductor, el teniente del Ejército Hugo Cerda Espinoza, hijo del coronel de Sanidad del Hospital Militar Hugo Cerda Pino, quien conducía el vehículo comprado poco antes al hijo de Pinochet.

Otro factor de la guerra interna fue la disputa por los "colaboradores". El "barba" Schneider, militante del MIR, es detenido y torturado por el Comando Conjunto de la SIFA, para que entregue a antecedentes sobre el aparato militar de esta organización. Acepta colaborar. Como forma de infiltrarlo, Ceballos idea una "ratonera" donde Schneider es el héroe de la huida que salva la vida de dirigentes miristas, lo que le da rápido ascenso hasta ser guardia de seguridad del "coño Molina", a quien posteriormente delata. En de julio de 1975, cuando Schneider sale del edificio de Juan Antonio Ríos N°6, donde funcionaba la Comunidad de Inteligencia, es detenido por agentes de la DINA. En esos mismos días la SIFA se había quedaba sin "jefe" tras la muerte de Otaíza, cuando el 31 de julio su avión se precipita a tierra en extrañas circunstancias, atribuidas por la FACH a la "gente de Contreras", que se sentía atropellada por su éxito represivos al MIR y al PC. Schneider es interrogado por Pedro Espinoza y Marcelo Morén Brito sobre los planes del coronel Ceballos para "asesinar a Contreras". Tras esta "batalla", Ceballos debe renunciar a la dirección del Comando Conjunto, que asume Roberto Fuentes Morrison, mientras Enrique Ruiz Bunguer toma el puesto del desaparecido coronel Otaíza. Así finaliza la primera parte de esta guerra, que terminaría por desarticular al Comando Conjunto. Pero proseguirá con las mismas características de los primeros años de la dictadura. En efecto, a fines de 1984, parte del Comando vuelve a reunirse bajo el alero de la DICOMCAR (organismo represivo de Carabineros). La finalidad era reconstruir el seguimiento al PC. Por ésto se recurre, entre otros, a Manuel Muñoz Gamboa ("El Lolo") y Miguel Estay Reino, ("El Fanta"". La represión se centra en José Manuel Parada y Manuel Guerrero. El operativo culmina con el degollamiento de ambos y del publicista Santiago Nattino a fines de marzo de 1985. Cuando la investigación sobre esos asesinatos avanza, gracias al juez José Cánovas Robles, Pinochet decide entregar a los autores, sacando del medio a esta nueva instancia operativa que no respondía directamente a su mandato. Obedeciendo esta orden, el director de la CNI Humberto Gordon (recientemente fallecido), entrega un informe al juez Cánovas en que implica directamente a la DICOMCAR, produciéndose la detención de los autores del triple degollamiento y la caída del General Director de Carabineros e integrante de la Junta Militar, César Mendoza, quien en su partida dirá: "comienza a desgranarse el choclo". La Concertación ha comenzado similar proceso por su protección a un asesino confeso.

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