Tensión ante la espera del desafuero de Pinochet
Carta de protesta por el nombramiento del Embajador en Francia


Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 3 de Agosto, 2000. Chl - Tensión ante la espera del desafuero de Pinochet y carta de protesta por el nombramiento del Embajador en Francia. Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa. Información.

TENSIÓN POLÍTICA Y MILITAR A LA ESPERA DEL DESAFUERO "OFICIAL" DE PINOCHET

La Corte Suprema aplazó hasta el próximo martes el anuncio del fallo sobre Pinochet y advirtió que éste sólo existirá "cuando esté firmado". Pero distintos medios dan por hecho el fin de la inmunidad del ex dictador. Los militares se preparan para dar "fuertes" señales de disgusto.

Santiago de Chile (EFE-DPA-AR).- Políticos, militares , partidarios y detractores de Augusto Pinochet coincidieron ayer en criticar a la Corte Suprema de Chile por aplazar hasta el martes el fallo sobre el desafuero del senador , al considerar que provoca "tensiones innecesarias" en el país.

De confirmarse, Pinochet podrá ser enjuiciado por el juez Juan Guzmán Tapia, quien lleva sobre 150 querellas contra el ex dictador. Los veinte magistrados del máximo tribunal decidieron dejar "en acuerdo" (pendiente) el anuncio hasta que el fallo esté redactado y firmado, período en el que incluso los magistrados pueden cambiar de opinión. El presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, señaló ayer que recién el próximo martes se anunciará públicamente el fallo , ya que los magistrados están redactando sus argumentos. "El fallo va a existir cuando esté firmado por todos los ministros y solemnizado en la forma como señala la ley. Espero lo podamos tener listo el martes próximo", indicó Álvarez.

Según medios locales, Álvarez quería que el fallo se conociera antes, pero algunos jueces se opusieron para no dar una señal de que el caso Pinochet era "excepcional", ya que la normativa indica los fallos sólo se den a conocer firmados. También se dice que los magistrados quieren redactar con extremo cuidado la sentencia pues saben que será analizada en detalle por juristas nacionales e internacionales y marcará un precedente. El hermetismo del máximo tribunal sobre este fallo histórico desató una ola de especulaciones y filtraciones.

Aunque todas las versiones coincidieron en que la mayoría se pronunció por despojar a Pinochet de la inmunidad , varían respecto al resultado concreto de la votación, desde una mayoría abrumadora en contra del desafuero del ex dictador hasta resultados que bordean el empate.

El diario electrónico "El Mostrador", citando fuentes judiciales, afirmó que la votación a favor del desafuero fue contundente, con 14 votos a favor y 6 en contra, aunque el mismo diario consigna que el gobierno maneja cifras de 11 a favor y 9 en contra. También se señala que en fuentes militares circula la versión de una votación de 12 a favor y 8 en contra del desafuero.

En medio de este clima de especulaciones, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas tenían previsor visitar a Pinochet para manifestarle su respaldo. Aunque era un hecho que la institución daría una fuerte señal de apoyo -si no de molestia- ante la suerte del general (R), la falta de una resolución oficial impidió que ésta se produjese hasta ahora. El diario "La Tercera" dijo ayer citando a fuentes militares que desde el sector no se descartan enviar señales "más potentes" de malestar, ni otras manifestaciones por parte de las demás instituciones castrenses. Las fuentes agregaron En todo caso, para el mundo militar el traslado de Izurieta a la residencia del matrimonio Pinochet Hiriart es el "gesto mínimo esperable". Al parecer, la actitud de las autoridades castrenses son dar "señales de normalidad", que serán rotas cuando exista una versión oficial desde la Corte.

Pero el diario chileno agrega un dato: "si el gesto que prepara el Ejército sigue el cause habitual que han mantenido estas acciones respecto de Pinochet, La Moneda y el ministerio de Defensa estarán informados". Sostiene que "así lo definieron el propio Presidente Ricardo Lagos y el general Ricardo Izurieta el pasado 20 de mayo, donde sellaron la "nueva doctrina" de entendimiento desde La Moneda hacia los uniformados". Lagos consensó con el jefe castrense la forma en que se manejaría públicamente el caso Pinochet: el Ejército podía entregar muestras de "solidaridad" con previo aviso al gobierno.

Las condiciones: no se emitirían críticas políticas al Ejecutivo y, a su vez, éste mostraría su "comprensión" frente al sentir de la institución. Fuentes oficialistas dicen que el gobierno tiene que permitir que la institución tenga una "válvula de escape" para que sus miembros muestren su "dolor y molestia" frente a una situación perjudicial para quien fue su comandante en jefe y que, daña la imagen de la institución.

En medio de esta avalancha de pronósticos y apuestas, diputados y senadores oficialistas y opositores coinciden en que no conviene que el máximo tribunal dilate su resolución, porque provoca tensión y especulaciones sobre un tema sensible.

El presidente del Senado, el democristiano Andrés Zaldívar, señaló que el dictamen del máximo tribunal debería ser redactado lo más pronto posible, "porque no es bueno que pasen muchos días sin que se sepa lo que pasó". " Ya están haciéndose especulaciones y eso no es bueno. Ojalá que se sepa pronto por el bien del país", recalcó.

Desde las filas opositoras, el presidente del partido derechista Renovación Nacional, Alberto Cardemil, señaló que existe "un clima grave" para la paz social de Chile. El dirigente conservador sostuvo que el ambiente de confrontación se evidencia en que los ciudadanos apuestan a un resultado u otro, "como si no estuviera involucrada una persona a la cual el país debe mucho". Sin embargo, el presidente Ricardo Lagos, hizo ayer un llamado a todos los sectores políticos para respetar la autonomía de los tribunales, y reiteró que "no es adecuado intervenir en las decisiones del Poder Judicial".

EVANGÉLICOS ENTREGAN DATOS SOBRE DESAPARECIDOS

La iglesia evangélica chilena entregó el martes al gobierno antecedentes sobre 780 personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. La recopilación de los datos sobre las víctimas fue uno de los acuerdos de la llamada "mesa de diálogo", una instancia que busca resolver los temas pendientes en las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar.

El pastor Enrique Vilches Villar, de la iglesia Metodista Pentecostal, materializó de esta manera la primera entrega de datos concretos que recibe el Ejecutivo Sin embargo, recalcó que según sus informantes cerca del 60 por ciento de los cuerpos no podrían ser recuperados. Añadió que con ello no busca desalentar a los familiares de las víctimas, sino que apunta a establecer un marco de aspiraciones más real sobre lo ocurrido.

LA PRIMERA SEÑAL DE MALESTAR

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Mario Ríos, admitió que el desafuero de Pinochet podría influir en la entrega de información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, acordada en la Mesa de Diálogo "Lógicamente, las situaciones que pudieran producirse en el país pueden afectar esta suerte de confianza que estamos tratando de generar para que quienes tienen datos sobre los detenidos desaparecidos los entreguen", dijo el jefe de la Fuerza Aérea.

Pero la lectura que ayer hacían varios generales (R) consultados por el diario "La Tercera" es que cuando Pinochet está a un paso de ser sometido a proceso, las garantías para quienes quieran colaborar se acercan a cero. La tesis de un general (R) es la siguiente: "Si la máxima cabeza del Ejército es procesado por 19 secuestros calificados, la gente de menor graduación no se atreverá jamás a entregar información, porque ahora todo indica que seguirán la misma suerte que su comandante en jefe". (EFE-AR)
[Fuente: Diario Río Negro, Argentina, 3ago00]

CARTA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO COMO EMBAJADOR DE RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA CHILENA.

ASOCIACIÓN POR LA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE
c/o Asociación Relmu-Paris - 19, rue dEnghien 75010 París

Señor Jaques Chirac
Presidente de la República Francesa
París, 28 de junio
de 2000
Palacio del Elíseo
París

Señor Presidente,

Testigos directos, víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar o bajo los gobiernos de la transición a la democracia, estamos organizados en asociaciones francesas cuyo objetivo principal es la denuncia de estas violaciones y la obtención de justicia para las víctimas.

En esta calidad queremos llamar su atención acerca de la designación del nuevo embajador del gobierno chileno en Francia, señor Marcelo Schilling.

Desde hace diez años, bajo los gobiernos civiles de la transición, en Chile se han perpetrado graves violaciones a los derechos humanos. Estas han sido denunciadas en informes elaborados por Amnistía Internacional, el Comité de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Federación Internacional de Ligas por los Derechos del Hombre, como también por otras instituciones autorizadas.

Miembros de organizaciones sociales y políticas fueron asesinados por los servicios de seguridad durante este período argumentando falsos enfrentamientos. Arrestos arbitrarios, torturas y malos tratos se aplican a presos políticos en centros de detención y en los penales. Estos presos políticos son jóvenes militantes de organizaciones que resistieron a la dictadura y que han continuado luchando contra la impunidad, por la libertad de los prisioneros políticos y por denunciar el mantenimiento del modelo económico y de las instituciones políticas heredadas del régimen militar.

El organismo de inteligencia que entregó las informaciones necesarias para estas acciones represivas fue la Dirección de Seguridad Pública (llamada "La Oficina"), creada en 1991 bajo el gobierno de Patricio Aylwin, siendo Marcelo Schilling uno de sus responsables.

Consideramos que esta designación constituye una ofensa para Francia y para todas las víctimas chilenas de las violaciones a los derechos humanos que hoy son ciudadanos franceses, como también para el conjunto de chilenos que viven en Francia, entre los cuales puede provocar un clima de desconfianza y sospechas. Particularmente, para los actuales refugiados políticos chilenos y para todos quienes desean retornar a Chile, se sienten desde ya confrontados a un sentimiento de inseguridad e incertidumbre.

En consecuencia, visto estos antecedentes, consideramos que Marcelo Schilling no está a la altura del cargo que el gobierno chileno le asignó. Francia y Chile merecen mucho más que un jefe de inteligencia para desarrollar sus relaciones diplomáticas. También los chilenos que viven en Francia. Deseamos manifestarle nuestra decepción, inquietud y rechazo a esta designación y le solicitamos tener a bien considerar estas consideraciones sobre la nominación de Marcelo Schilling.

Reciba nuestros respetuosos saludos.
Asociaciones firmantes (Ley 1901 de Asociaciones)

Héctor Zavala, Colectivo por los Derechos Humanos en Chile - Francia; Marcelo Gauthier, Asociación RELMU - París; Arturo Palma, Asociación de ex presos políticos chilenos - Francia; Gerardo Alveal, Asociación XV Región de Chile - Francia; Elwyn Aymante, Asociación de chilenos de Fontenay sous Bois - Francia.

HABLA ÚNICO PRESO DEL FPMR: "NO SOY MONEDA DE CAMBIO"

Un tema recurrente luego del acuerdo logrado en la Mesa de Diálogo es la necesidad de terminar con los temas pendientes del proceso de transición. Uno de esos problemas es la existencia de 54 presos por delitos subversivos cometidos después del 11 de marzo de 1990, 33 de los cuales permanecen recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).

Al respecto, el senador de la UDI Carlos Bombal planteó en las últimas semanas la necesidad de cerrar los sumarios abiertos en exceso y "proceder con prudencia y sobre todo con justicia". Asimismo, el también senador opositor Hernán Larraín señaló que, en el marco del espíritu de reconciliación, "sería bueno darle una solución a quienes fueron arrastrados por la espiral de violencia que se generó en esos años".

Por su parte, la Iglesia Católica, en el marco de la celebración del Jubileo 2000, presentó a las autoridades de Gobierno una propuesta que busca extender el perdón a reos comunes y subversivos.

Rafael Escorza Enríquez (53 años) es el último prisionero del FPMR, luego de la fuga en helicóptero en diciembre de 1996. Se encuentra recluido en la CAS desde 1992, condenado a cadena perpetua por su participación en el secuestro de Cristián Edwards. Su esposa, María Cristina San Juan, también está condenada presidio perpetuo en el mismo caso, y padece de una enfermedad terminal denominada lupus sistémico diseminado.

Respecto al tema de una eventual transacción que posibilite su libertad, Escorza contestó un cuestionario enviado por El Metropolitano al interior del penal.

- ¿Cómo ha sido su reclusión en la Cárcel de Alta Seguridad, que es muy diferente a los otros penales del país?

- En el fondo no es muy distinto de lo que se vive en otro tipo de prisión. La CAS es un penal que fue diseñado para lograr el aniquilamiento del individuo, tanto físico como psíquico. El régimen interno es lo que hace de este papel, lo que nosotros hemos denominado un engendro de la Concertación. Hay un sistema de escucha de micrófonos y cámaras. El régimen interno apunta a actuar sobre el prisionero, degradándolo, llevándolo a su más mínima expresión como individuo. - ¿Qué opina del acuerdo logrado en la Mesa de Diálogo?

- Este acuerdo está inserto en la lógica de imponer la impunidad. Al no poder imponerla, dado que las coyunturas no se presentaban, se recurrió a esta fórmula. Se trata de un cóctel compuesto por heterogéneos grupos de personas, supuestamente representativas, en el cual lamentablemente la participación de los abogados Pamela Pereira y Héctor Salazar le otorgó una aparente legitimidad. Me pregunto: ¿puede un grupo representar a la sociedad y tomar acuerdos tan trascendentales como los que llegaron siendo que fueron convocados por el gobierno, y la sociedad en su conjunto no una mayor participación? Le resto toda calidad moral a esos ciudadanos para arrogarse esa representatividad y llegar a acuerdos que son inmorales. El tema de los derechos humanos no se cierra por simple decreto.

- ¿Cree que los militares entregarán la información respecto al paradero de los desaparecidos?

Es que esto no se trata de un problema de confianza o desconfianza. Ellos seguramente entregarán un número, no sé si significativo o no, de cuerpos de detenidos desaparecidos. No deberían demorar tanto tiempo en hacerlo, porque mi impresión es que, si bien es cierto que la información no está centralizada, naturalmente ellos conocen la situación. Hay militares en servicio activo que saben el destino de muchos restos. Así que no se trata de confianza o simplemente van a entregar la información de acuerdo a lo establecido en la negociación.

LA PROPUESTA

- Tras el acuerdo logrado en la mesa de diálogo se habla de buscar una solución a los presos por delitos subversivos después de 1990. ¿Cuál es su postura? - De partida, estoy en contra de la impunidad y no me prestaría para que se resuelva una amnistía general o Ley de Punto Final, en la que nos viésemos involucrados como supuesta moneda de cambio. Simplemente lo rechazo. Nuestra libertad la entiendo como consecuencia de una decisión política del gobierno y de lo que pueda aportar nuestro entrono en las constantes movilización por nuestra libertad, pero independiente de la problemática de la violación a los derechos humanos. En lo personal no puedo permitir que mi libertad signifique la impunidad para tantos hermanos que cayeron luchando. Una alternativa de ese tipo la catalogo como inmoral. No comulgo con eso. La lucha por mi libertad es totalmente ajena al tema de las violaciones a los derechos humanos.

- ¿Qué le parece la gestión que la Iglesia Católica estaría haciendo en ese sentido?

Depende de cómo y cuándo se hagan esas eventuales gestiones para posibilitar nuestra libertad. Sería valiosa si nuestra libertad como presos políticos no parece ligada a la solución de la problemática de los derechos humanos.

- ¿Qué piensa del planteamiento del parlamentario de la UDI tendiente a lograr que salgan libres?

- El hecho que la UDI esté impulsando iniciativas para lograr nuestra libertad, está relacionado con lo que yo me opongo y que ya he comentado. Ellos propugnan la impunidad para Pinochet y los militares. Y en ese contexto, como canto de sirena, ellos ponen la problemática nuestra, si bien es cierto no es un gran problema para los gobiernos concertacionistas, no deja de ser una piedrecita en el zapato. Estoy en contra de ser una moneda de cambio. Hay valores muy profundos que están en juego y está la dignidad de por medio. Por ningún motivo voy a aceptar un acuerdo político en el cual mi libertad signifique impunidad para los violadores de los derechos humanos.

- ¿Cuáles serían las condiciones para por lo menos un acercamiento?

- Vuelvo a insistir. Nuestra libertad va por un carril diferente a la problemática de los violadores de derechos humanos durante la dictadura. Ellos tienen que ser juzgados y castigados y en el caso de nuestra demanda de libertad no se puede aducir impunidad porque hemos sido apresados, torturados y llevamos más de 8 años en prisión con condenas excesivamente altas, con una aplicación de las normas legales antiterroristas que según su propio creador Francisco Cumplido, fueron mal aplicados. Por tanto, que nosotros accedamos a nuestra libertad no se puede tomar como impunidad sino simplemente como un acto de justicia. No permita que se nos ponga en un mismo saco con los violadores de los derechos humanos.

- También se habla de que les podrían otorgar beneficios ¿Cuáles estarían dispuestos a aceptar?

- No los llamaría beneficios. Simplemente apelamos al derecho de tener un justo proceso, que ninguno de nosotros hemos tenido. Por simples presunciones hemos sido condenados a penas altísimas, aberrantes, ejemplarizadoras, por jueces que tenían prejuicios hacia nosotros. Tengo derecho a un juicio justo.

- ¿Estaría de acuerdo en aceptar la conmutación de pena por extrañamiento, tal como se hizo con los presos políticos a fines del gobierno de Patricio Aylwin?

- En principio, estoy en contra, sin embargo si se impone un extrañamiento al carecer de capacidad de revertir esa situación habría que optar por este mal menor.

LOS RODRIGUISTAS

- ¿En qué está el FPMR?

- El Frente está sumido en un proceso de discusión interna que ha sido más extenso de lo que nosotros quisiéramos. Estamos efectuando un análisis del momento que vivió el FPMR y de nuestro accionar y estamos elaborando nuestro proyecto político, recuperando nuestra inserción en la masa. Ser rodriguista significa mucha entrega, dedicación, estudio y sacrificio. Ser un militante ejemplar y, en ese sentido, ser un soldado en esta dura lucha por la reconquista de los valores de todos los hermanos caídos y de todos los grandes hombres que han conformado esta organización que tanto amo.

- ¿Qué errores del Frente reconoce?

- Las organizaciones están constituidas por seres humanos y siempre estamos susceptibles a cometer errores. Se han cometido, y precisamente a ello obedece nuestro Proceso de Discusión Interna. Nuestra reformulación es para enmendar esos errores en virtud de ser una fuerza que tenga injerencia en la vida política nacional. Sin embargo, el hecho de asumir que hemos cometido errores no significa que reneguemos de nuestro pasado. Todo lo que hemos hecho es legítimo. En el Proceso de Discusión Interna analizamos nuestros errores y los vamos a enmendar, pero para nada está en cuestionamiento nuestro pasado.

- ¿Cuál es su análisis del escenario político actual?

- Uno de los hechos fundamentales es el establecimiento de una lucha política entre dos grandes bloques: la Concertación y la derecha, con la exclusión de sectores más progresistas y de la izquierda tradicional, producto del sistema binominal y de las propias deficiencias de estos sectores. De este modo, el pluralismo está totalmente ausente en este país. La agenda de la vida nacional la imponen estos dos grandes grupos de acuerdo a sus intereses, en decisiones adoptadas a nivel cupular. El interés popular es ignorado y la única participación que se le permite es expresarse a la hora de votar, pero enfrentando una disyuntiva en que hay que decidirse solamente por el mal menor, como la última elección presidencial.
[Fuente: Patricio Carrera Cid, Diario El Metropolitano, viernes 28 de julio de 2000, Santiago de Chile]

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