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Presiones a la Juez Guzmán para que se aplique la amnistía a militares
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 5 de Octubre, 2000. Chl - Las presiones sobre el Juez Guzmán para
conseguir que se aplique la amnistía a militares
aumentan.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
ABOGADOS DE DERECHOS HUMANOS ASEGURAN QUE EL JUEZ JUAN GUZMÁN ESTÁ SIENDO
SOMETIDO A PRESIONES.
Casos de Claudio Lavín y Pablo Vera
Guzmán amnistiará a militares por "desaparecidos" hallados
por Jorge Molina Sanhueza
La decisión del ministro de fuero podría implicar que, una vez encontrados los
restos de las víctimas, la aplicación de la ley de amnistía se producirá
inmediatamente después de que se dicten los autos de procesamiento respectivos.
El pasado viernes 29 de septiembre, el ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia,
quien instruye el caso Caravana de la Muerte, se reunió -en dependencias de
Investigaciones- con un grupo de abogados de derechos humanos. Los juristas
aprovecharon la ocasión para plantear sus puntos de vista sobre los nuevos
escenarios que se abren para el caso Pinochet.
Al encuentro concurrieron los profesionales José Galeano, Carmen Hertz, Hernán
Montealegre, Alfonso Insunza, Eduardo Contreras, Alberto Espinoza, José
Subercaseux, Julia Urquieta, Fabiola Letelier y Francisco Bravo.
Sin embargo, se llevaron una sorpresa cuando el ministro les aseguró que
aplicaría la Ley de Amnistía al general (R) Sergio Arellano Stark, al brigadier
(R) Pedro Espinoza Bravo y al coronel (R) Marcelo Moren Brito, por las muertes
de Claudio Lavín Loyola y Pablo Vera. Ambos fueron asesinados por la Caravana de
la Muerte durante su paso por la ciudad de Cauquenes, Séptima Región, los días
posteriores al golpe militar del '73. La información fue confirmada a El
Mostrador por los abogados Francisco Bravo y Hernán Montealegre.
Los cuerpos de Lavín y Vera fueron recientemente identificados por el Servicio
Médico Legal (SML) y se acreditó que fueron asesinados. Por esas muertes, el
ministro Guzmán procesó inicialmente a los tres oficiales, además del delito de
secuestro calificado -por el cual ya estaban encausados- por el ilícito de
"homicidio calificado", aunque según sus defensores se trata de un nuevo ilícito
que anula el anterior.
La decisión es una fuerte señal para los militares y una noticia positiva para
el éxito de la mesa de diálogo. Hace algunos días el almirante Jorge Arancibia
insistió -tal como lo ha venido haciendo desde el desafuero de Pinochet- en que
la recolección de información sobre el paradero de los desaparecidos no estaba
funcionando por la resolución de los tribunales de no aplicar la amnistía.
Los militares han accedido a reconstruir la información que poseen a través de
fuentes cuyas identidades se mantendrán en reserva, pero entienden que el
compromiso es que una vez que ella se entregue y se establezca el destino de los
desaparecidos, se aplicará la amnistía.
La decisión de Guzmán indica que esto se producirá inmediatamente después de que
se dicten los autos de procesamiento respectivos.
ABOGADOS SE NIEGAN
Durante la reunión, Hernán Montealegre expuso largamente sus argumentos en
derecho, respecto de por qué la aplicación de la Amnistía no correspondía en los
casos de los tres ex uniformados.
El resto de los abogados se plegó a la exposición de Montealegre, que apuntó que
la amnistía debía resolverse al final del proceso, cuando éste se encuentre en
la etapa de plenario.
Además, le hizo presente al magistrado que debía aplicar los Convenios de
Ginebra, ya que la Junta Militar, durante los primeros meses del régimen, aplicó
las leyes para un estado de guerra interna.
[Fuente: Diario El Mostrador, Santiago de Chile, 4oct00]
ACUSAN A PAMELA PEREIRA DE PROMOVER LA AMNISTÍA DE LOS MILITARES.
Los abogados de derechos humanos le atribuyen a la jurista gran poder de
convencimiento, porque habría sido en parte responsable de que el ministro
Guzmán decidiera aplicar la amnistía.
La abogada Pamela Pereira recibió la crítica de los abogados vinculados al mundo
de los derechos humanos por haber intentado -aseguran éstos- convencer al
ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, quien instruye las casi 200 querellas
contra el desaforado senador vitalicio, Augusto Pinochet, de que no procese por
el delito de homicidio calificado a los oficiales involucrados en el caso
Caravana de la Muerte -incluido Pinochet- y aplique de inmediato la Ley de
Amnistía, señalándole que lo contrario es "poco conveniente" para los objetivos
de la Mesa de Diálogo.
La información fue obtenida por El Mostrador de abogados de derechos humanos que
son parte en el proceso y confirmada por el abogado Hernán Montealegre quien,
sin embargo, admite que la versión la obtuvo de oídas, aunque advierte que la
supo de una fuente que le merece absoluta confianza.
"Una fuente que me es de absoluta confianza me informó que la abogada Pamela
Pereira ha ido a conversar con el ministro Juan Guzmán para presionarlo, para
que no se encause ni se encargue reo al señor Augusto Pinochet, porque ello
afectaría los resultados de la mesa de diálogo", aseguró.
Según antecedentes recopilados por este medio, la "proposición" hecha por
Pereira se produjo a principios de septiembre, cuando ella visitó al magistrado
en su despacho, cosa que -según varias fuentes- hace regularmente, pues la
abogada mantendría un fluido contacto con Guzmán.
Días más tarde, cuando los abogados Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz y Juan Bustos
concurrieron a la oficina del magistrado a pedirle que encausara a altos
oficiales (R) por el delito de homicidio calificado en el caso Caravana, el
ministro les comentó de la visita de Pereira y el contenido de la conversación.
Indignados
La visita de Pereira a Guzmán provocó sorpresa e indignación entre los
presentes, porque Pereira ya no es parte en el caso. La abogada Carmen Hertz le
revocó el patrocinio de poder cuando integró la mesa de diálogo, el año pasado,
, 2000. ARGENTINA: PL: Ní Nazis ní n?* (sic)acuerdo con los militares para recabar
información sobre el paradero de los desaparecidos, escudándose en una ley que
ofrece reserva de las fuentes.
En ese sentido, los querellantes opinan que Pereira sería una suerte de
"operadora política" del gobierno para evitar que el juez Guzmán avance en los
procesamientos de otros militares, justo en momentos en que los antecedentes que
obran en el proceso permitirían aplicar los Convenios de Ginebra, que hacen
inamnistiables e imprescriptibles los crímenes al ser delitos contra la
humanidad.
"La gestión de la abogada Pamela Pereira no me sorprende en absoluto, porque
desde 1995 ha hecho declaraciones públicas, en el sentido de que en Chile nunca
ha habido y nunca habrá justicia en materia de derechos humanos", afirma
Montealegre.
Por esta versión, que conoce de oídas, Montealegre propone que Pereira sea
denunciada ante la comisión de ética del Colegio de Abogados, "porque no es
legal ni ético presionar a un juez, sobre todo en un juicio de tanta
trascedencia en la historia de Chile".
[Fuente: Diario El Mostrador, Santiago de Chile, 4oct00]
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