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III. Informe Hinchey: Las actividades de la CIA en Chile
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 6 de Octubre, 2000. Chl/Usa - 3/3 Traducción al
español del Informe Hinchey sobre las actividades de
la CIA en Chile.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información 3/3.
NUEVO DOCUMENTO EDITADO POR EL EQUIPO NIZKOR
INFORME HINCHEY SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA CIA EN CHILE.
http://www.derechos.org/nizkor/Chile/doc/hinchey-e.html
/Cont. 2/3
La implicación de las empresas estadounidenses.
Ya en las elecciones a la presidencia de Chile de 1964, los empresarios
estadounidenses con intereses en Chile se habían ofrecido a aportar fondos a la
CIA para impedir que Allende resultara elegido. Todas estas ofertas tempranas
fueron rechazadas.
Un empresario estadounidense que trabajaba para la International Telephone and
Telegraph (ITT), contactó con un agente de la Central a principios de 1970 para
urgir al Gobierno de los Estados Unidos que suministrara ayuda financiera a uno
de los oponentes de Allende, Jorge Alessandri. La Central suministró al
empresario el nombre de un individuo que podría canalizar, de manera segura, los
fondos de la ITT a Alessandri.
Varios meses después, otro representante de la ITT se dirigió a la CIA en
Washington para sondear si la Agencia estaba dispuesta a aceptar fondos de su
compañía y canalizarlos a la campaña de Alessandri. Se le respondió que la CIA
no podía recibir ni transferir fondos a Alessandri en nombre de una empresa
privada. La CIA también le dijo que, si bien al Gobierno de los Estados Unidos
le perturbaba bastante una eventual victoria de Allende, no estaba apoyando a
ningún candidato específico a las elecciones. No obstante, igual que sucediera
varios meses antes, la Central aconsejó a estos empresarios cómo hacer llegar
los fondos de la ITT a Alessandri de manera segura.
Tras la elección de Allende y antes de su investidura, la CIA, bajo la dirección
de la Comisión 40, realizó un esfuerzo -en coordinación con la Embajada en
Santiago- para alentar a las empresas chilenas a poner en marcha un programa de
desestabilización de la economía.
Llegada del General Augusto Pinochet a la Presidencia.
La nueva Junta Militar chilena -el General del Ejército Augusto Pinochet, el
General de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, el Almirante de la Armada, José
Merino y el Jefe de Carabineros, General Caesar Mendoza- fue investida bajo
juramento la noche del 11 de septiembre de 1973. Al día siguiente, los cuatro
integrantes redactaron un documento oficial por el que la Junta se constituía en
el poder supremo de Chile. Pinochet fue nombrado su primer Presidente y los
cuatro acordaron verbalmente que el cargo sería rotativo. Poco después, la Junta
estableció un comité asesor que Pinochet logró estuviera compuesto por oficiales
del ejército que le eran leales. Una de sus primeras recomendaciones consistió
en descartar la idea de un presidencia rotativa, arguyendo que generaría
demasiados problemas administrativos y daría lugar a confusión.
En marzo de 1974, en el aniversario de los seis meses del establecimiento de la
Junta, Pinochet atacó verbalmente al Partido Demócrata Cristiano y declaró que
no existía un calendario para el retorno al poder civil. El 18 de diciembre de
1974 Pinochet fue declarado Jefe Supremo de la nación.
Durante este tiempo, la CIA, en coordinación con el Departamento de Estado,
determinó que no se llevarían a cabo acciones encubiertas nuevas ni se
extenderían las existentes hasta que la Comisión 40 concediera una nueva
autorización. Si bien el gasto en operaciones encubiertas para cubrir los
compromisos y obligados desembolsos en los programas descritos más arriba
contaba con autorización, no se dio luz verde a nuevas iniciativas. Los planes
de acción encubierta de la CIA en Chile se dieron por oficialmente terminados en
junio de 1974, cesando los desembolsos.
Si bien alguna de estas campañas residuales de propaganda pudo haber beneficiado
a Pinochet y a los golpistas indirectamente, los agentes de la CIA y de la
Comunidad de Inteligencia no estuvieron involucrados en facilitar la llegada de
Pinochet a la presidencia ni tampoco en la consolidación de su poder como Jefe
Supremo. La CIA no contó con autorización para actividades encubiertas en Chile
durante la mayor parte del período. Si bien la CIA mantuvo enlaces y relaciones
con varios servicios de seguridad a lo largo de los años, no hay nada que
permita indicar que un determinado servicio solicitara, o que la CIA ofreciera,
ningún tipo de ayuda para promover a Pinochet como Presidente.
Violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios o agentes secretos
y empleados de la CIA.
En enero de 1974 la CIA emitió una directiva a todo su personal para que
recabara información clandestina sobre tortura en Chile; mediante esta directiva
se daba instrucciones al personal de la CIA para que a través de todos los
agentes y canales de influencia disponibles se indujera al Gobierno chileno a
modificar las medidas represivas y especialmente a eliminar la tortura. La CIA
se sirvió activamente de sus informantes -especialmente los que tenía con
aquellos miembros de los servicios que destacaban por sus abusos a los derechos
humanos- para insistir en que los abusos a los derechos humanos iban en
detrimento del la credibilidad del Gobierno en su propio país, dañaban su
reputación internacional y no podían ser aceptados por el Gobierno de los
Estados Unidos. En algunos casos, estos informantes permitieron a la CIA obtener
información secreta sobre abusos a los derechos humanos que, de no haber sido
así, no podría haberse conseguido.
Dadas la enorme variedad y naturaleza de los contactos de la CIA en Chile, la
cuestión de los derechos humanos se manejó de diferentes maneras a lo largo de
los años. Como ejemplo:
Con anterioridad al golpe de 1973, el asunto de los derechos humanos no era
abordado en los contactos de enlace ni en los informes de inteligencia.
Se sabe que un informante de la CIA estaba involucrado en el intento fallido de
golpe que hubo el 29 de junio de 1973, y que otro estaba implicado en el golpe
que resultó con éxito el 11 de septiembre de 1973.
En octubre de 1973 la CIA contaba con información fidedigna de que un informante
de alto nivel estaba involucrado en abusos concretos a los derechos humanos; se
cortó toda relación con el mismo.
Aunque la CIA estaba informada de que un informante a alto nivel suscribía una
línea dura y que por tanto era bastante probable que cometiera abusos, se
permitió que continuara el contacto con él en ausencia de información específica
sobre abusos a los derechos humanos.
La CIA mantuvo contacto indirecto con una fuente relacionada estrechamente con
violadores de los derechos humanos. No existen pruebas de que la fuente se
hubiera involucrado en los abusos, pero sin duda él estaba al corriente de tal
práctica. El valor a efectos de inteligencia del informante era lo
suficientemente importante como para no prescindir de él.
En el caso de un individuo respecto del cual la CIA disponía de información
relativa a un asunto de corrupción que podía estar relacionado con abusos a los
derechos humanos, se decidió mantener el contacto dada su posición y potencial
valor de inteligencia.
En más de un caso, en vista de la posición de los informantes y su fidelidad al
servicio, parecía probable que estuvieran involucrados en, conocieran de/o
encubrieran abusos a los derechos humanos. Sin embargo, como tales informantes
permitían a la CIA cumplir con su misión de rendir informes de inteligencia y
mantener una vía mediante la cual hacer llegar sus preocupaciones sobre los
abusos a los derechos humanos, el contacto no fue interrumpido.
En unos pocos casos, aunque la CIA tenía conocimiento de que el informante
representaba a un servicio con un conocido historial de abusos a los derechos
humanos, el contacto fue mantenido porque el renunciar a él hubiera repercutido
negativamente en la obtención de información de inteligencia de la CIA.
En algunos casos no se realizaron verificaciones cuidadosas sobre el historial
de derechos humanos de los informantes, y no se tomaban decisiones que tuvieran
en cuenta el riesgo. En tales casos, si se estimaba que un informante tenía
valor informativo, se autorizaba la continuidad del mismo.
La información relativa a los abusos a los derechos humanos de los informantes
de la CIA tanto antiguos como activos por aquel entonces, se distribuía a la
comunidad política y de inteligencia.
La relación con Contreras.
Durante un período entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto con Manuel
Contreras Sepúlveda, quien después sería conocido por sus abusos a los derechos
humanos. La comunidad política del Gobierno de los Estados Unidos dio el visto
bueno a la relación de la CIA con Contreras dada su posición como jefe de la
principal organización de inteligencia en Chile y veía esta relación como
necesaria para el cumplimiento de la misión de la Agencia, a pesar de ciertas
reservas en el sentido de que esta relación podría abrir la puerta a que la CIA
se viera acusada de apoyar la represión política interna. Desde el principio la
CIA le dejó claro a Contreras que no apoyaría ninguna de sus actividades o de
las actividades de su servicio que tuvieran el carácter de "represión política
interna". En sus contactos con Contreras la CIA le instó a que se adhiriera a
una circular de 17 de enero de 1974, emitida por el Ministerio de Defensa
Chileno, en la que se exponían las directrices para tratar a los prisioneros de
conformidad con la Convención de Ginebra de 1949.
La relación, si bien correcta, no era cordial ni fluida, especialmente una vez
que surgieron pruebas del papel de Contreras en el abuso a los derechos humanos.
En diciembre de 1974, la CIA concluyó que Contreras no iba a mejorar en el
respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la intervención de Contreras en el
primer trimestre de 1975 de cara a la liberación de algunos miembros del PDC que
habían sido arrestados y maltratados por otro servicio ofrecía una pequeña
esperanza de que iba a usar su influencia para poner término a los abusos. Visto
retrospectivamente, sin embargo, este esfuerzo de Contreras reflejaba
probablemente la rivalidad entre los distintos servicios y su esfuerzo personal
por hacerse con el control de la totalidad del aparato de inteligencia chileno.
En abril de 1975 los informes de inteligencia revelaban que Contreras era el
obstáculo principal para que se adoptara una política razonable de derechos
humanos dentro de la Junta, pero un comité inter agencias instruyó a la CIA para
que continuara su relación con Contreras. El Embajador de los Estados Unidos en
Chile urgió al Director de la Agencia, Walters, que recibiera a Contreras en
Washington en aras del mantenimiento de las buenas relaciones con Pinochet. En
agosto de 1975, con la aprobación de las inter agencias, esta reunión tuvo
lugar.
En mayo y junio de 1975, elementos de la CIA recomendaron el establecimiento de
una relación contractual con Contreras para obtener información basada en su
valiosa posición y acceso a Pinochet. Esta propuesta fue denegada, invocando la
política del Gobierno de los Estados Unidos en lo referido a relaciones
clandestinas con el jefe de un servicio de inteligencia conocido por sus abusos
a los derechos humanos. Sin embargo, un malentendido en la planificación
temporal de este intercambio hizo que llegara a Contreras un pago.
Además de la información relativa a amenazas extranjeras, la CIA quería de
Contreras información acerca de las pruebas aparecidas en 1975 sobre la
existencia de una cooperación formal en materia de inteligencia a nivel del Cono
Sur -la "Operación Cóndor"- basada en la cooperación para hacer el seguimiento
de, y al menos en unos pocos casos asesinar, opositores políticos. En octubre de
1976 había información suficiente revelatoria de que la CIA decidió acercarse a
Contreras para tratar este asunto. Contreras confirmó la existencia de Cóndor
como una red de intercambio en materia de inteligencia pero negó que tuviera
nada que ver con ejecuciones extrajudiciales.
El antiguo miembro del equipo de Allende y Embajador en Washington, Orlando
Letelier, y su secretaria estadounidense, Ronni Moffit, fueron asesinados en un
coche bomba en Washington el 21 de septiembre de 1976. Casi inmediatamente
después del asesinato empezaron a circular rumores de que el responsable era el
Gobierno chileno. El primer informe de la CIA que contenía esta alegación era de
fecha 6 de octubre de 1976. Durante octubre de 1976 el Departamento de Justicia
y la CIA estudiaron cuál sería la contribución de la CIA a los aspectos de la
investigación judicial relacionados con su labor de inteligencia en el
extranjero. En ese momento, se abordó el posible papel de Contreras en el
asesinato de Letelier.
A finales de 1976 los contactos con Contreras fueron muy poco frecuentes.
Durante 1977 la CIA se reunió con Contreras una media docena de veces; tres de
esos contactos tenían por finalidad solicitar información sobre el asesinato de
Letelier. El 3 de noviembre de 1977 Contreras fue trasladado a un servicio no
relacionado con inteligencia, con lo que la CIA cortó relaciones con él.
No obstante, los informes de inteligencia de la CIA continuaron haciendo un
estrecho seguimiento de las actividades de Contreras. Tras una corta pugna por
mantener el poder, Contreras abandonó el ejército en 1978. En el ínterin, la CIA
reunió información de inteligencia específica y detallada acerca de la
implicación de Contreras en la disposición del asesinato de Letelier. Si bien
parte de este material ha sido desclasificado, otra parte continúa siendo
secreta y una tercera ha sido retenida a solicitud del Departamento de Justicia,
que continúa con la investigación.
Informes de Inteligencia.
A lo largo del período posterior al golpe, la CIA recabó y distribuyó entre las
comunidades política y de inteligencia amplios informes relativos a cuestiones
de derechos humanos en Chile. Parte de esta información provenía de informantes
con una confusa reputación. La información de inteligencia era de una gran
variedad, incluyendo:
Debates desde 1973 hasta 1988 en el seno del ejército chileno y los servicios de
seguridad sobre el nivel adecuado de fuerza que había que usar para combatir lo
que ellos veían como la amenaza subversiva de los grupos políticos de izquierda
y las organizaciones terroristas que eran facciones escindidas de otros grupos.
La identidad y actividades de las subunidades en el seno de las fuerzas de
seguridad chilenas encargadas de llevar a cabo actividades políticas especiales
o actividades contra la izquierda y cuya asociación con grupos extremistas de
tendencia violenta les hacía más proclives a los abusos sistemáticos;
Debates en el seno de los grupos políticos de izquierda y organizaciones
terroristas que eran facciones escindidas de otros grupos acerca del uso de la
violencia para combatir al Gobierno; y
Entrenamiento, capacidad, estado de preparación y despliegue de los diversos
grupos de "autodefensa" en el seno de los Partidos Socialista y Comunista de
Chile y las organizaciones terroristas que eran facciones escindidas del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
y, la Juventud Lautaro y las facciones de obreros y agricultores del Movimiento
de Acción Popular Unitaria.
En los días y meses inmediatamente posteriores al golpe de 1973, la CIA
suministró amplios informes sobre lo que el Gobierno caracterizaba como
actividades necesarias para restaurar el orden. Había informes enormemente
discordantes acerca del número de personas asesinadas y arrestadas. Los informes
de la CIA confirmaron que los militares no estaban revelando las cifras exactas
de manera deliberada y detallaban las opiniones divergentes en el seno de la
Junta Militar sobre si había que ejecutar sumariamente a los extremistas y
subversivos o permitirles ser sometidos a juicio y sentencia. Había también
extensos informes acerca de:
La aplicación de la "justicia militar" a los detenidos civiles y los tipos de
castigo que podrían enfrentar;
La ubicación de los campos de detención y los nombres de las personas
específicas que estaban en ellos, incluyendo el hecho de que algunas de estas
ubicaciones eran secretas;
Acciones de los militantes de izquierda para abandonar el país u obtener asilo
en embajadas extranjeras; y
Evaluaciones del efecto que la represión gubernamental estaba teniendo sobre la
capacidad y acciones de la izquierda para reagruparse.
La CIA recibió también información sobre el "Plan Z", supuestamente elaborado
por la coalición de la Unidad Popular de Allende a fines del Gobierno de éste
para asesinar a figuras importantes del medio político y militar opuestas a su
agenda de izquierda. Cuando afloraron por primera vez las alegaciones de la
existencia del "Plan Z", la CIA señaló que probablemente se trataba de una
desinformación manipulada por la Junta para mejorar su imagen y ofrecer una
justificación de sus actividades. Las acusaciones de que los informes sobre el
"Plan Z" formaban parte de una operación conjunta entre la CIA y Chile no son
ciertas, si bien oficiales del ejército con quienes la CIA tenía contacto antes
del golpe de 1973 participaron en la redacción del "Libro Blanco", en el que las
alegaciones de la existencia del "Plan Z" constituían una pieza central.
La CIA informó por primera vez de los abusos a los derechos humanos por parte de
la Junta el 15 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe. La CIA
informó de que las unidades de interrogación de la seguridad chilena estaban
tratando a los supuestos oponentes de una forma extremadamente dura. Un informe
de 22 de septiembre señalaba que los prisioneros del Estadio Nacional eran
tratados cruelmente en los primeros días después del golpe. El 28 de septiembre,
la Cia informó de que se habían encontrado en el Río Mapocho 27 cadáveres,
algunos de ellos con signos de tortura y mutilaciones. El 9 de octubre la CIA
informó de que técnicos soviéticos no diplomáticos que se hallaban en Chile
habían sido amenazados e insultados en repetidas ocasiones; algunos de los
juzgados con posterioridad fueron golpeados o resultaron heridos. El 25 de
octubre la CIA informó de que el General Sergio Arellano Starck había ordenado
la ejecución sumaria de 21 prisioneros políticos. El 3 de noviembre la Cia
informó de que, a pesar de un decreto gubernamental para poner fin a las
ejecuciones sumarias, en el Canal de San Carlos se hallaron 20 cuerpos
asesinados a tiros. El 12 de noviembre la CIA informó de la preocupación en el
PDC por os abusos a los derechos humanos. El 18 de enero de 1974 la CIA informó
de que determinados políticos chilenos a lo largo del espectro político estaban
sopesando la posibilidad de elevar la cuestión de los abusos a los derechos
humanos a la atención de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Era evidente que la circular del Gobierno chileno de 17 de enero de 1974
prohibiendo la tortura y dando instrucciones para el trato a los prisioneros era
un ardid de cara a las relaciones públicas. La información de la CIA indicaba
que las fuerzas de seguridad chilenas no observaban, y probablemente no lo
harían, la declarada política. Aunque la rendición de informes sobre derechos
humanos correspondía principalmente al Departamento de Estado y la Embajada, la
naturaleza clandestina de las prácticas en materia de derechos humanos de los
servicios de seguridad chilenos requería de la actuación de la CIA para recabar
información. A finales de enero de 1974, la CIA dio instrucciones a todos sus
funcionarios concernidos para que recabaran informes sobre tortura en Chile a
través de sus informantes clandestinos.
Durante los 17 años siguientes, la CIA suministró información sobre abusos a los
derechos humanos en Chile proveniente de sus contactos. A medida que la
izquierda fue retomando fuerzas después, la información de inteligencia incluía
los planes, intenciones, capacidades y actos terroristas de la izquierda.
Durante la transición del gobierno militar al civil, los informes de
inteligencia siguieron el asunto político de cómo se abordarían las
investigaciones y procesamientos en materia de derechos humanos.
Una revisión de los archivos de la CIA no ha arrojado evidencia de que sus
funcionarios y empleados estuvieran inmersos en abusos a los derechos humanos o
en el encubrimiento de tales abusos en Chile.
Muerte/Desaparición de ciudadanos estadounidenses.
Las alegaciones sobre complicidad de la CIA en la muerte del ciudadano
estadounidense Charles Horman, Jr. -expatriado que apoyó a Allende y que fue
asesinado tras el golpe de 1973- carecen de fundamento. De igual modo, la CIA no
tenía conocimiento a priori de las circunstancias conducentes a la muerte en
1973, en Chile, del ciudadano estadounidense Frank Teruggi o sobre la
desaparición del también ciudadano estadounidense Boris Weisfeiler en 1985.
No obstante, algunos informantes clandestinos de la CIA estuvieron involucrados
en abusos a los derechos humanos. La CIA, bajo las órdenes de, y en concurrencia
plena con, políticos estadounidenses de alto nivel, mantuvo contactos oficiales
con varios servicios de seguridad. Al mismo tiempo, la CIA mantuvo contactos
secretos con miembros selectos del ejército, la inteligencia y las fuerzas de
seguridad chilenas, tanto para recabar información de inteligencia como para
llevar a cabo las acciones encubiertas descritas más arriba. No hay duda de que
algunos de los informantes de la CIA estuvieron activamente involucrados en la
comisión y encubrimiento de graves abusos a los derechos humanos.
Como resultado de las lecciones aprendidas en Chile, Centroamérica y otros
lugares, la CIA supervisa hoy cuidadosamente todos sus informantes en relación
con su eventual implicación en abusos contra los derechos humanos y decide en
función del equilibrio entre la naturaleza y gravedad del abuso a los derechos
humanos y el potencial valor en términos de inteligencia de continuar con la
relación. Estas normas mínimas, establecidas a mediados de los '90, habrían
alterado probablemente la cantidad de contactos que teníamos con perpetradores
de violaciones a los derechos humanos en Chile de haber estado en vigor en aquel
entonces.
[Traducción al español de la versión original en inglés realizada por el Equipo
Nizkor].
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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