|
Abogados protestan contra las interferencias del ejecutivo en el caso Pinochet
Argi pide extradición de Pinochet
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 31 de Octubre, 2000. Chl - Abogados de DDHH protestan contra las interferencias del ejecutivo
en el caso Pinochet y argi pide extradición.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
i) ABOGADOS DE DERECHOS HUMANOS PROTESTAN CONTRA LAS INTERFERENCIAS DEL
EJECUTIVO.
Los abogados de Derechos Humanos frente a la situación de los procesos
judiciales seguidos en contra del querellado Pinochet y sus oficiales
procesados, que ejecutaron sus órdenes, declaramos:
1.- Nuestra profunda preocupación por la postura que ha adoptado el Gobierno de
Chile de interferir en el proceso judicial seguido contra Pinochet con el
declarado propósito de liberarlo del proceso penal por razones de salud o de
aplicarle el decreto-ley de Amnistía que el propio Pinochet dictó y firmó en su
propio beneficio.
2.- Se busca un privilegio unipersonal, contrario a la igualdad ante la ley y
ante el tribunal, que pone en duda la independencia del Gobierno ante el General
Pinochet y las Fuerzas Armadas, y muestra hasta qué punto ha fracasado en asumir
la tarea de democratizar el país y proteger los derechos humanos.
3. -Ya bajo la administración Freí, sus ministros, en concertación con la
inteligencia militar y grandes empresarios, lograron burlar la justicia
rescatando al perseguido Internacional de ser extraditado, juzgado y condenado
por gravísimos delitos contra la humanidad, o evitar ser apresado en virtud de
otras órdenes de captura internacionales dictadas en su contra.
4.- Estando Pinochet detenido en Londres, el Gobierno de Frei implemento la Mesa
de Diálogo, que se desarrolló bajo auspicio militar y cuya única finalidad fue
liberar a Pínochet y permutar los cuerpos de los torturados y asesinados por la
impunidad de sus victimarios. Desde esa instancia, hasta líderes religiosos
perdieron la fe en la moralidad de la justicia y optaron por el pragmatismo de
la política.
5.- El ministro Insulza, que ha mostrado insensibilidad por el dolor de las
víctimas y desconocimiento de la lucha librada por el movimiento de los derechos
humanos en contra de la dictadura; y que fue un puntal de la liberación
administrativa en Londres del poderoso Pinochet, ahora libra esfuerzos por
engañar a la opinión pública de que tampoco puede ser procesado en
Chile por razones de salud física.
6.- Del mismo tenor son las declaraciones del ex presidente Patricio Aylwin y
del influyente hombre de negocios Jorge Schaulson, que apareciendo ayer
contrarios a Pinochet, hoy buscan en forma vergonzante su exención procesal.
7.- Otro tanto ocurre con el repentino cambio de Opinión que tuvo la Presidenta
del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, quien después de abogar
con elocuencia, por el desafuero de Pinochet, ahora quiere liberarlo por razones
médicas, haciendo suyas los alegatos del abogado contrario, que antes había
impugnado con vehemencia.
8. -Por último, el Presidente Lagos, que dio recientes seguridades al Secretario
General de "Amnistía Internacional", Pierre Sané, de que el gobierno de Chile,
no interferirá en el proceso judicial, aparece ahora tranquilizando a los
grandes empresarios, que el caso Pinochet tendrá "una pronta solución",
afirmándolo con la seguridad propia de quien tiene el dominio de la
situación, todo en abierto desprestigio de la administración de justicia y en
estrecha coherencia con lo obrado por personeros de su administración.
9.- Si llegara a cumplirse tal fatídica promesa, con desprecio del principio de
independencia y autonomía del poder judicial, se consumará el mas grave crimen
de impunidad, que aborrecerá la comunidad internacional. Dicho crimen de
impunidad no traerá la paz, sino que como lo prueba la experiencia de "Amnistía
Internacional", confirmará la tesis de que la impunidad está
indisolublemente vinculada al crimen sistemático y que si no se le juzga y
castiga, vuelve a reproducir nuevas escaladas de violencia criminal.
10.- Advertimos al gobierno, que el Estado de Chile ya ha sido condenado dos
veces, bajo administraciones post Pinochet, por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, OEA, por
denegacíon de justicia y aplicación del Decreto-Ley de Amnistía y que, en
consecuencia, lo instamos a que no intervenga en el proceso
judicial en favor de Pinochet, que no propenda a concederle privilegios
personales de impunidad y que reasuma su deber de restablecer la democracia y
proteger los derechos de las víctimas, gravemente violentados por el estado; que
reasuma su deber humanitario de proteger a los débiles, hambrientos de justicia
y no se incline ante los poderosos, ya colmados de privilegios.
El texto está respaldado por los abogados:
Hugo Gutiérrez; Fabiola Letelier; Alberto Espinoza; Boris Paredes; Hyram
Villagra; Eduardo Contreras; Graciela Álvarez;
Ramón Vargas; Santiago Cavieres; Juan Subercaseaux; Juan Pavín; Alejandro
Guzmán; Miriam Contreras; Julia Urquieta;
Juan Enrique Prieto; René Farías; Pedro Aravena.
Desde los Tribunales de Justicia en Santiago de Chile,
27 de octubre de 2000
ARGENTINA PIDE DETENER Y EXTRADITAR A PINOCHET Y OTROS OFICIALES DE LA DINA
POR EL CASO PRATS.
El pedido incluye también a otros ex agentes de la desaparecida DINA,
entre ellos los generales (R) Manuel Contreras y Raúl Iturriaga Neumann.
La justicia de ese país ya dio órdenes de proceder a Policía
Internacional.
En una sorpresiva decisión, el juez argentino Juan José Galeano, quien
subroga a la magistrada María Servini de Cubría en la instrucción del
proceso por el homicidio del ex comandante en jefe del Ejército Carlos
Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, solicitó a la Corte Suprema de Chile
la extradición del desaforado senador vitalicio, Augusto Pinochet, para
ser investigado por su responsabilidad en el crimen cometido en Buenos
Aires, en 1974.
"Hemos emitido un pedido de detención de Pinochet y otros miembros de la
DINA. Hay un pedido de captura internacional y un requerimiento formal
de extradición por parte de la justicia Argentina", señaló una fuente
judicial.
Añadió que "ya se ha adelantado (la solicitud de la justicia Argentina)
a la policía en el ámbito nacional y en el ámbito internacional a través
de Interpol, para que proceda a las detenciones".
LOS OTROS REQUERIDOS
Más tarde, el fiscal argentino Jorge Álvarez Berlanda confirmó a que "el
juez federal Juan José Galeano ordenó la medida y también pidió a
Interpol el arresto preventivo de Pinochet con fines de extradición".
Dijo que los cinco ex miembros de la DINA cuya captura y extradición
también se pide son el ex director del organismo de seguridad, general
(R) Manuel Contreras; su segundo, el ex brigadier Pedro Espinoza; el
brigadier (R) José Zara; el general (R) Raúl Iturriaga Neumann, y los
civiles adscritos a la DINA, Jorge Iturriaga Neumann y Mariana Callejas,
ex esposa de Michael Townley.
El fiscal explicó que a Pinochet, Contreras y Espinoza se les acusa en
calidad de jefes u organizadores de una asociación ilícita y coautores
de doble homicidio agravado. A Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, ex jefe
del departamento exterior de la DINA; su hermano Jorge, agente de la
DINA en Buenos Aires, y al brigadier (R) José Zara Holger, como
partícipes necesarios en el doble homicidio agravado; y a Callejas como
coautora del doble homicidio agravado.
DECISIÓN SORPRESIVA
La decisión del juez Galeano fue considerada una sorpresa, dado que él
está subrogando a Servini de Cubría mientras ella se recupera de una
enfermedad, y es poco usual que cuando un juez subroga a otro tome
decisiones fundamentales en el proceso.
Galeano acoge así una petición formulada por las hijas de Carlos Prats,
en el marco del proceso que se sigue en Argentina y cuyo único inculpado
hasta el momento es el ex agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel,
acusado de participar en la fase pre-operativa del atentado.
LO QUE VIENE
El pedido de la justicia Argentina llega primero al Departamento
Jurídico de la Cancillería chilena, que a su vez lo envía al presidente
de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, quien actúa para estos efectos como
tribunal de primera instancia. Lo primero que debe resolver Álvarez es
si dicta o no la orden de detención preventiva contra Pinochet.
Una vez resuelto ese punto, el titular del máximo, tribunal debe enviar
el exhorto al fiscal Enrique Paillás. Este analizará los antecedentes y
emitirá un informe recomendando acoger o rechazar la petición de
extradición.
Cuando el informe esté en manos de Álvarez, éste recién estará en
condiciones de emitir un fallo que, como se dijo, es de primera
instancia, ya que dicha resolución puede ser apelada por los
querellantes ante la Segunda Sala (Penal), quien sanciona
definitivamente la petición jurídica.
El Código de Derecho Internacional Privado, conocido también como Código
Bustamante, no obliga a los países a extraditar a sus conacionales; sin
embargo, entre Chile y Argentina existe un tratado de extradición que
fue firmado en 1933 en Montevideo y que permite dar curso a este pedido.
La preeminencia de uno u otro está abierta a las interpretaciones de los
juristas.
[Fuente: Diario El Mostrador por Marcos Salgado desde Buenos Aires, Viernes, 27
de Octubre de 2000]
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
Más información - Further information - Plus d'information
|