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Piden exámenes médicos a Pinoche
El juez Guzmán procesa a varios integrantes de la DINA
Pasan a retiro a 12 generales
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 4 de Noviembre, 2000. Chl - Piden exámenes médicos a Pinoche, mientras
el juez Guzmán procesa a varios integrantes de la
DINA y pasan a retiro a 12 generales.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
PASO DECISIVO PARA CERRAR EL CASO PINOCHET
Con la decisión de ayer de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones, que
resolvió ampliar los exámenes mentales a Augusto Pinochet también a pericias
neurológicas, los jueces abrieron una posibilidad cierta de cerrar el caso del
desaforado senador vitalicio, tal cual ya lo había hecho el ministro Juan Guzmán
Tapia el 25 de septiembre pasado.
Esto, porque en el fallo los jueces Raimundo Díaz, Sonia Araneda y Amanda
Valdovinos junto con confirmar lo que había decretado Guzmán -que suspendió el
interrogatorio y ordenó test mentales- también acogió en parte la solicitud de
los abogados de Pinochet y le concedió una de las cuatro pericias que habían
pedido en su apelación: exámenes neurológicos, lo que implica un eventual salida
al caso que podría significar que, sin que el general (R) sea declarado loco o
demente, pueda ser sobreseído por tener disminuidas sus capacidades mentales y
ser incapaz de emfrentar un juicio.
La decisión llega exactamente tres semanas después de que el presidente Ricardo
Lagos adelantara a un grupo de dirigentes empresariales, en una cena en su casa,
que el caso terminaría "bien y pronto". Y cuando el Ejército y las Fuerzas
Armadas había recompuesto su relación con el Ejecutivo y guardado silencio
respecto del general (R) Pinochet, al igual que la oposición.
En la resolución, los magistrados estimaron que "para una mejor decisión sobre
la materia, atendida la edad del querellado, se hace necesaria una evaluación
neurológica, tendiente a determinar si en éste se ha producido un cambio
orgánico apreciable, agravado por alguna enfermedad intercurrente, que
condicionen su estado de salud mental".
Tras la resolución, tanto la defensa como los querellantes se mostraron
satisfechos. Todos ganaron un poco a la vez: Pinochet, porque sigue suspendido
por ahora el interrogatorio y el juicio en su contra y se logró en parte ampliar
los exámenes; los querellantes, porque los test siguen en el ámbito de lo mental
y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), porque su tesis de que las pericias
siquiátricas podían extenderse a otras que tuvieran incidencia en la salud
mental fue ratificada.
LOS ESCENARIOS
La defensa está de acuerdo con la decisión de la Sexta Sala. Según explicó el
jefe del equipo jurídico, Pablo Rodríguez, en la decisión unánime de los jueces
puede verse "sin duda, una salida al caso". Sus razones: que tras los exámenes,
y si se determina que el desaforado senador no está mentalmente capacitado para
enfrentar un proceso, Guzmán puede sobreseer la causa respecto del general (R).
Ese escenario servirían también como base para que no se le extradite a
Argentina por el caso Prats. "Sobreseerlo en Chile sería resorte para evitar el
juicio de la magistrada María Servini", asegura la defensa.
Ahora Guzmán Tapia tendrá a la vista no sólo las pruebas estrictamente
siquiátricas ordenadas al SML, sino también los resultados de los test
neurológicos. Estos deberán ser realizados por dos facultativos del Departamento
de Medicina Legal de la Universidad de Chile, como había pedido la defensa.
En ese escenario, el juez nuevamente tiene el caso en sus manos. Tras los
resultados de los peritajes médicos, podría sobreseer la causa aún antes de
interrogarlo. Pero también podría decretar la declaración indagatoria por el
caso Caravana de la Muerte para formarse su propia convicción del estado de
salud del general (R).
La familia y los abogados de Pinochet se negaron durante todo el primer semestre
a exámenes puramente mentales, como los decretó Guzmán de acuerdo al artículo
349 del Código de Procedimiento Penal. ¿la razón? nunca estuvieron dispuestos a
que se le exonere por locura o demencia, la única eximente de responsabilidad
penal en Chile.
Esta vez, sin embargo, la defensa y la familia parecen estar llanos a que de ser
sobreseído. Sin que se lo declare "demente", están dispuestos a aceptar que su
salud mental pueda haber sufrido un deterioro o a causa de diversas dolencias,
sobre todo tratándose de una persona de 85 años. Ayer, en una primera
evaluación, Marco Antonio Pinochet dijo que decretarse exámenes neurológicos "es
una decisión mucho mejor y más justa".
LA POSTURA DE LOS QUERELLANTES
Los querellantes también están satisfechos con la decisión de la Corte, porque
se ratificó la decisión del juez y se harán los exámenes mentales a Pinochet de
acuerdo al artículo 349. Pero el abogado Hugo Gutiérrez discrepa totalmente con
Rodríguez y sostiene que la estrategia de la defensa ha sido derrotada por
cuanto aspiraban a que a Pinochet sólo se le hicieran exámenes físicos.
"Ahora queda claro que los exámenes son mentales y uno neurológico, pero que
dice relación con su salud mental. No se aceptó ni medicina interna ni
gerontología, como pedían ellos. La única alternativa para Pinochet es que se le
declare loco o demente".
ALGUNAS SEÑALES ANTERIORES
Antes del fallo de ayer se habían acumulado una serie de señales que apuntaban
al pronto cierre del caso Pinochet, que comenzó a producirse ayer tras el fallo
de la Corte de Apelaciones.
El pasado 29 de agosto, y después de una serie de desencuentros entre el
Ejército y La Moneda surgidos por la asistencia del jefe de la Guarnición de
Santiago a un acto de homenaje al senador vitalicio, el Presidente invitó a
cenar a su casa al comandante en jefe del Ejército. Tras el encuentro, la
institución guardó estricto silencio en torno al caso y realizó una impecable
parada militar. A la moderación castrense se sumó la oposición, que dejó de lado
sus fuertes críticas a los tribunales y el Ejecutivo en ese tema.
Otra serie de señales se produjeron en los tribunales. El lunes 25 de septiembre
el juez Juan Guzmán aceptó someter a exámenes médicos al general (R), a pesar de
que el viernes anterior le había asegurado a los querellantes que los
rechazaría. Desde el Gobierno le enviaron mensajes para que cambiara su decisión
y finalmente Guzmán optó por aceptar los test mentales y dejar en manos del
Servicio Médico Legal la decisión de ampliarlos si es que podían repercutir en
la salud mental de
Pinochet.
Antes de eso, el 21 de septiembre, el CDE -que durante el desafuero se negó a
test físicos- había abierto la puerta posibilidad, cuando entregó su opinión
sobre el tema al juez Guzmán. Las autoridades de Gobierno siempre habían
apostado al cierre del proceso por la vía de la salud.
Hace tres semanas vino la señal más concreta. El presidente Lagos invitó a los
dirigentes de la CPC a una cena en su casa. Allí, tras analizar junto a ellos
una serie de inquietudes, el mandatario tomó la iniciativa de referirse a un
tema que los empresarios no le habían tocado. Tras decirles que sabía que a
ellos les preocupaba el futuro del general (R), les anunció que el caso
terminaría "bien y pronto".
[Fuente: Diario La Tercer, Santiago de Chile, 3nov00]
UN MAYOR (R) CONFIESA LA AUTORÍA DEL ASESINATO DE UN CARPINTERO QUE USARON
PARA ENCUBRIR EL CRÍMEN DE TUCAPEL JIMENEZ.
El ex agente de la CNI y la Dina afirmó que la instrucción de asesinar al
carpintero en 1983 provino del ex jefe de la CNI, el fallecido general (R)
Humberto Gordon, y de Álvaro Corbalán. Ellos, dijo, le pidieron que buscara a un
hombre pobre, solitario y marginal para inculparlo del homicidio de
Tucapel tras simular un suicidio.
El mea culpa interno del mayor (R) de Ejército Carlos Herrera Jiménez y sus
aspiraciones de obtener justicia con clemencia a la hora de que se dicten sus
condenas llevaron a este ex agente de la CNI y la Dine a confesar, en menos de
una semana, la autoría de dos delitos que son investigados desde hace 17 y 18
años: a su reconocimiento del homicidio de Tucapel Jiménez, se sumó ayer su
confesión directa en el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, cometido
para encubrir la muerte del ex presidente de la Anef. Herrera también involucró
al ahora fallecido ex director de la
CNI, general (R) Humberto Gordon, y al jefe operativo de ese organismo, el mayor
(R) Álvaro
Corbalán, como quienes dieron la orden.
La confesión de Herrera -que se materializó el lunes de manera espontánea ante
el juez Sergio Muñoz- se hizo pública ayer en los alegatos por el recurso de
casación ante la Corte Suprema presentado en su favor luego de que la Séptima
Sala de la Corte de Apelaciones, al revocar la sentencia absolutoria dictada por
Sergio Valenzuela Patiño lo condenara -junto a Corbalán y al ex suboficial de
Carabineros Armando Cabrera- a pena perpetua por el crimen de Alegría.
Herrera Jiménez, aquejado de un cáncer renal con compromiso linfático, comenzó
en 1999 a entregar poco a poco señales que sólo ahora se transformaron en
confesiones. El año pasado pidió
perdón "por mi fanatizado proceder", pero se declaró inocente. Y en septiembre
de este año, un mes antes de asumir su participación, afirmó que nunca un agente
actuó de motu propio Sus dichos provocaron un efecto dominó en causas como
Operación Albania y José Carrasco, donde otros ex agentes de decidieron a
colaborar con la justicia.
Imputaciones a Gordon
Culminada la relación del caso en la Sala Penal -la causa quedó en acuerdo-, el
abogado de Herrera, Roberto Puelma, dijo en estrados que su defendido había
reconocido la autoría del crimen y pidió
clemencia para su pena. La estrategia se basa en la tesis planteada hace unas
semanas por el ex integrante de la mesa de diálogo José Zalaquett, quien habló
de hacer "justicia con clemencia" para los mandos medios que acepten colaborar
en los casos en que se encuentren involucrados.
El querellante Jorge Mario Saavedra se mostró llano a esta opción. Pero la
jurista del CDE, María Inés Horvitz, solicitó la confirmación de la cadena
perpetua, estimando que la confesión debió ocurrir hace 17 años.
La casación del ex agente fue la única acogida a trámite por la Suprema, en lo
que fue interpretado como una clara señal en favor de Herrera. El mayor (R)
estaba reconociendo la autoría del crimen
de Tucapel, donde habría vinculado como quienes dieron la orden a los altos
mandos de la Dirección de Inteligencia del Ejército y entre ellos a su ex
director, el general (R) Arturo Álvarez.
Y ahora su confesión del crimen de Alegría fue en el mismo sentido. Herrera dijo
que quienes dieron la orden de matar al carpintero fueron el fallecido ex
miembro de la Junta Militar y ex director de la CNI, general (R) Humberto Gordon
y el jefe del cuartel Borgoño de ese organismo, Álvaro Corbalán, cuya perpetua
fue confirmada por la Suprema.
La vinculación de Gordon -quien estaba procesado en el caso Tucapel como
encubridor- fue mencionada por la Séptima Sala que condenó a Herrera, Corbalán y
Cabrera a perpetua y al hipnotizador Osvaldo Pincetti a 10 años de cárcel,
cuando estableció en su resolución que había antecedentes para investigar al
general (R) en el caso Alegría, además de mencionar que se podía reabrir la
causa e indagar al brigadier (R) Roberto Schmied y a quien fuera el chofer de
Corbalán, Hugo Alarcón.
En sus dichos Herrera habría mencionado al general (R) Augusto Pinochet de
manera indirecta, cuando luego de afirmar que la orden del crimen de Alegría
provino de Gordon, se le preguntó si sabía quien le dio, a su vez, la
instrucción al general (R). Aunque dijo no saberlo, habría sostenido que suponía
que debía haber venido de su superior.
El perfil de la víctima
En su confesión Herrera manifestó cruentos detalles del crimen. Detalló que
Gordon y Corbalán le habrían ordenado encubrir el crimen de Tucapel, ya que
había sido asumido como un error del Ejército (se vincula a la Dine). Así, el ex
agente fue destinado a Viña del Mar como jefe operativo y se le encargó buscar a
alguien a quien responsabilizar del homicidio del dirigente. El perfil debía ser
el de un hombre pobre, ebrio, solitario, sin familia y marginal.
Durante dos o tres noches el mayor (R) -disfrazado de carabinero junto al ex
agente Francisco Zúñiga (ya fallecido)- recorrió las calles hasta encontrar a
Alegría, quien calzó con esas características. Luego el carpintero fue
trasladado a Concón a una casa arrendada por la CNI hasta donde llegó, según
Herrera, el médico Osvaldo Pincetti. Este hombre -conocido como "doctor
tormento"- hipnotizó al obrero y le hizo escribir una carta en la que afirmaba
haberse suicidado ante la culpa que le provocaba el asesinato de Jiménez.
Posteriormente, Alegría fue llevado ebrio a su domicilio en Valparaíso y
asesinado. En el descarnado relato, Herrera habría afirmado que fue él junto a
Corbalán quienes los sostuvieron mientras Zúñiga, alias "el Gurka", procedía a
cortarle ambas muñecas.
EL JUEZ GUZMÁN TAPIA PROCESO A CINCO EX MIEMBROS DE LA DINA
El ministro Juan Guzmán Tapia procesó ayer a cinco ex miembros de la Dina,
entre ellos a su director, el general (R) Manuel Contreras, por la
desaparición en 1976 de ocho altos dirigentes del Partido Comunista en el marco
del denominado caso Calle Conferencia, ocurrido en 1976.
La resolución judicial afecta a Manuel Contreras, al coronel (R) Marcelo Moren
Brito, al oficial (R) Víctor Ricardo Lawrence y a los civiles Eduardo Garea y
Osvaldo Pincetti, quien también está condenado por la muerte de Juan Alegría.
Guzmán imputó les imputó delito de secuestro calificado por las desapariciones
del esposo de Gladys Marín -que motivó la primera querella contra Augusto
Pinochet- Jorge Muñoz, Mario Zamorano, Uldaricio Donarie, Elisa Escobar, Jaime
Donato, el matrimonio Bernardo Araya, Olga Flores y Víctor Díaz, padre de la
presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Viviana Díaz.
[Fuente: Diario La Tercera Ana María Sanhueza, Santiago de Chile, 1nov00]
PASAN A RETIRO DOCE GENERALES DEL EJÉRCITO Y ASCIENDE EL HERMANO DEL
PROCESADO POR LA MUERTE DEL GRAL. PRATS, ARANCIBIA CLAVEL.
Con el fuerte tiraje que se produjo en el proceso de calificación, tres nombres
quedan en inmejorable pié para transformarse el próximo año en el sucesor del
comandante en jefe: Juan Emilio Cheyre, Carlos Molina Johnson y Juan Carlos
Salgado.
Cecilia Izurieta
Tal como si fuera el partido de ajedrez de su vida, el comandante en jefe del
Ejército, general Ricardo Izurieta, movió las piezas del tablero apostando a
hacer jaque mate. La conformación del alto mando del 200, que el jefe castrense
hizo oficial ayer al terminar de informar las destinaciones, ascensos y pases a
retiro a sus oficiales, estuvo marcado por hombres que puedan sucederlo en el
mando de la institución, tomando en consideración las condiciones profesionales
de cada uno de ellos.
Así, una de las decisiones más drásticas en términos personales que debió asumir
fue aceptar la renuncia voluntaria y decirle adiós a su compañero de Escuela y
su brazo derecho: el mayor general Patricio Chacón. La única posibilidad de
mantener a su compañero de curso en la Escuela Militar era aplicarle la Ley
Canessa, pero Izurieta decidió no dar una señal que iría en contra de la
renovación institucional.
En el lugar de Chacón, el comandante en jefe designó a quien ostentaba la sexta
antigüedad, el mayor general Juan Emilio Cheyre. Esta decisión motivó que
pasaran a retiro las otras tres mayores antigüedades que estaban por encima del
nuevo jefe del Estado Mayor: los mayores generales Sergio Candía, Raúl Carvajal
y Sergio Espinoza.
Cheyre es considerado en términos intelectuales uno de los mejores oficiales que
ha producido el Ejército en el último tiempo, y era visto como uno de los
sucesores naturales de Izurieta. Durante 13 años ha estado al mando de
importantes unidades militares, como el Regimiento Rancagua, la Academia de
Guerra y el comando de Institutos Militares, entre otras.
La Moneda y el presidente Lagos mantienen simpatías hacia este general. Aún se
recuerda que Cheyre fue uno de los oficiales que participó en encuentro del El
Escorial, realizado en España en mayo de 1997 entre altos miembros del Ejército
y el entonces precandidato presidencial. Esa fue la primera vez desde el golpe
militar que oficiales de Ejército en servicio activo hablaban de temas políticos
con importantes dirigentes socialistas.
La única mancha en la carrera de este oficial -calificado por sus pares como un
hombre de carácter reservado y perfeccionista- son las versiones no confirmadas
de su posible vinculación con un episodio de la Caravana de la Muerte,
información que derivó de la filtración del cuaderno secreto del juez Juan
Guzmán. Ese escándalo indignó al mundo militar, que no deseaba que una mera
declaración sin ningún valor de prueba dañara la trayectoria del alto oficial.
El nuevo generalato
La nueva composición del generalato para el próximo año aumentó en un cupo: pasó
de 40 a 41 generales.
Dentro de los anuncios que se oficializaron ayer está el ascenso de brigadier a
mayor general de Carlos Molina Johnson, quién avanzó siete puestos. El oficial
quedó como décima antigüedad y en buen pié para suceder a Izurieta. Molina está
en la retina pública desde que fue designado como uno de los agentes de enlace
para coordinar el regreso del general (R) Augusto Pinochet desde Londres.
Asimismo, el representante del Ejército en la Mesa de Diálogo y actual director
del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, general Juan Carlos Salgado,
fue nombrado comandante de la Segunda División y quedó como décimo segunda
antigüedad. Hasta ayer estaba 21.
Para Salgado su designación le significará salir de las labores intelectuales a
las que ha estado abocado en los últimos años y pasar a lo que es su pasión:
dirigir las tropas. El es otro que queda bien perfilado para integrar la quina
de la cual saldrá el nuevo jefe castrense. Para ello, a Izurieta le bastaría con
pasar a retiro a siete generales.
Otro de los importantes anuncios fue la nominación de la séptima antigüedad, el
mayor general Hernán Reyes, como comandante de la Guarnición de la Región
Metropolitana, quien avanzó cinco puestos en el escalafón y quedó como tercera
antigüedad. También se mantuvieron como mayores generales Alejandro Martín, Hugo
Arias y Jorge Lazo.
Roberto Arancibia Clavel, el director de inteligencia y hermano de Enrique, el
único imputado en el caso Prats- ascendió de brigadier general a mayor general.
El general Adolfo Vásquez, en tanto, fue designado como comandante de institutos
militares; y el comandante del comando de Apoyo Logístico, Julio Cerda, es el
nuevo director de personal.
[Fuente: Diario La Tercera, Santiago de Chile, 1nov00]
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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