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Paramilitares y brigada XVII actúan conjuntamente en una Comunidad de Paz
Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 12 de Julio, 2000. Col - Los paramilitares y la brigada XVII actúan conjuntamente en una Comunidad de Paz.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Solidaridad Urgente.
DENUNCIAN LA ACTUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL AUC CON EL APOYO LOGÍSTICO DE
LA BRIGADA XVII DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA EN UNA COMUNIDAD DE PAZ.
Reciban un respetuoso saludo.
Mientras nos encontrábamos en nuestra Comisión redactando una nueva constancia
histórica y censura moral por hechos recientes que involucran nuevamente actos
de intimidación y de terror contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
por parte de los grupos paramilitares e integrantes de la Brigada XVII, se
producía hoy un nuevo daño irreparable contra la vida y la integridad física,
personal y la libertad de sus integrantes que decidieron desde hace 40 meses
mantenerse neutrales ante los actores armados. Nuevamente dejamos nuestra
Constancia Histórica y nuestra Censura Moral.
Hoy sábado 8 de julio en los alrededores de la vereda de "La Unión", Comunidad
de Paz de San José de Apartadó, varios integrantes del ejército estuvieron en
sus alrededores. A las 3: 00 p.m., aproximadamente 20 encapuchados ingresaron por
el mismo lugar en que se encontraban los integrantes de las Fuerzas Militares
mientras un helicóptero de la Brigada XVII sobrevolaba por el caserío.
Los encapuchados entraron a la casa misionera destruyendo el teléfono de la
comunidad. Luego ingresaron casa por casa y llevaron a sus habitantes al centro
de la vereda. Allí les preguntaron por los líderes, la comunidad les respondió
que todos eran líderes. Ustedes tienen tienda, preguntaron los encapuchados. La
comunidad les respondió, no. Insistieron entonces en
preguntar por los líderes. La comunidad afirmó que todos eran líderes, que su
experiencia en Comunidad de Paz era la de ser neutrales y mantenían sus
principios para defender la vida. Ante esto, los encapuchados expresaron que esa
era "una comunidad de guerrilleros y no una Comunidad de Paz".
Una de las religiosas de la iglesia católica les expresó a los encapuchados que
ella era la acompañante y cuando daba testimonio de la neutralidad de la
comunidad, algunos de ellos la tomaron por la fuerza y la arrojaron a un lado.
Los victimarios entonces ordenaron a las mujeres y niños hacerse aun lado porque
"si no vamos a matarlos". Los encapuchados procedieron
entonces a fusilar el grupo de hombres con sus fusiles AK. Posteriormente
amenazaron a toda la comunidad expresando: "tienen 20 días para desalojar toda
la zona, porque esto lo vamos a acabar". Antes de salir de la vereda prendieron
con fuego la casa comunitaria donde estaba el teléfono.
Inicialmente podemos afirmar que seis campesinos de la vereda "La Unión",
integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre ellos varios
de los coordinadores, fueron asesinados. Los campesinos sonRIGOBERTO GUZMÁN,
ELODINO RIVERA, DIOFANOR CORREA, HUMBERTO SEPULVEDA, PEDRO ZAPATA, JAIME GUZMÁN.
De otros campesinos se desconoce su paradero.
Mientras esto ocurría en "La Unión", en el camino que conduce de Apartadó a San
José, algunos campesinos, fueron retenidos por el ejército. A dos de ellos los
amenazaron y les dijeron: "vamos juntos y vamos a terminar con todo". Otro
campesino WILLIAM ORTIZ fue detenido por el ejército mientras se dirigía en el
camino que de Apartadó conduce a San José. En el operativo participó un hombre
de civil de los grupos paramilitares. Horas más tarde el campesino fue puesto en
libertad.
Las unidades militares que se encuentran en los alrededores del casco urbano San
José de Apartadó manifestaron en varias ocasiones en la tarde de hoy que en el
corregimiento se encuentra la guerrilla.
Dos días antes de la masacre, a las 11: 00 a.m. en una cacaotera de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó unidades militares dejaron dos granadas de
fragmentación. Los campesinos que observaron esta actuación les solicitaron
explicación por el hecho, a lo que estos respondieron manifestando que: "la
Comunidad de Paz es una comunidad de guerrilleros. Vamos a ingresar con los
paramilitares".
Ante este nuevo hecho de dolor vivido por la Comunidad de Paz de San José, las
63 familias de la vereda "La Unión" iniciarán un éxodo forzoso hacia el casco
urbano del corregimiento. A esta hora existe preocupación por los habitantes de
las veredas "La Esperanza" y "Arenas Altas" que son parte de la Comunidad de Paz.
Dejamos ante la conciencia de la humanidad nuestra Constancia de lo sucedido y
expresamos nuestra profunda censura moral ante la evidente consolidación de las
estructuras paraestatales que han martirizado esta experiencia de vida en medio
de la guerra.
Nuestros llamados desde febrero de 1.997, nuestras denuncias cuando las
realizábamos, no fueron suficientes para que los organismos de control y las
entidades de justicia actuaran con eficacia para hacer justicia, sancionar y
castigar. La impunidad frente a los responsables del desplazamiento hace 40
meses, frente a los más de 70 torturados, asesinados y desaparecidos se
convirtieron en causa profunda para que esta nueva masacre se produjera.
La aquiescencia, la complicidad, las omisiones en la actuación de la Brigada
XVII nos permiten seguir expresando con profunda convicción que lo que existe
son estructuras paraestatales, y que nadie, absolutamente nadie hizo lo que
correspondía para prevenir estos nuevos atentados.
Como en la masacre del 19 de febrero pasado, los organismos de control y de
justicia iniciarán "exhaustivas investigaciones" e indicarán que no hubo avances
suficientes porque la comunidad no colaboró, porque los testigos de los hechos
no declararon, porque nuestra Comisión no aportó las pruebas. Tal vez se olvida
que en 12 años de nuestra existencia, muchos de los
testigos de violaciones de derechos humanos fueron asesinados o se encuentran en
el exilio; tal vez se olvida que la justicia se encubre en el manto de la
justicia penal militar para evitar sus responsabilidades; tal vez se olvida que
ni siquiera las Comisiones de Esclarecimiento creadas a instancias de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no han logrado romper los
grandes obstáculos para que exista justicia en nuestro país.
Dejamos constancia que en sus despachos reposan numerosas Constancias y Censuras
Morales antes de la masacre que vivió la Comunidad de Paz el 19 de febrero de
este año. En estos escritos, como los que hemos redactado con posterioridad a la
masacre del 19 de febrero les expresamos a ustedes, que todos los testimonios y
experiencias vividas por pobladores del
corregimiento entre febrero y junio, indicaban que se realizarían nuevos
atentados contra la comunidad por parte de los paramilitares de las
"Autodefensas Campesinas" en complicidad y apoyo de la Brigada XVII; que se
iniciaron acciones psicológicas y amenazas contra la Comunidad de Paz anunciando
la terminación de la experiencia cuando cumplieron sus tres años; que se estaban
reclutando civiles en las filas paramilitares para acabar con la experiencia de
la Comunidad de Paz y que para ella contaban con el apoyo logístico y médico de
la Brigada XVII; que esta experiencia de neutralidad seguía siendo señalada por
militares y paramilitares como experiencia de la insurgencia armada.
Dejamos constancia que las investigaciones adelantadas por los organismos de
control y de justicia han argumentado sus nefastos resultados por falta de
colaboración de la Comunidad de Paz y de nuestra Comisión, desconociendo que los
testimonios en su momento brindados sobre otros hechos, no llevaron a ninguna
sanción o castigo, dejando de lado que pueden acudir a otros procedimientos y
técnicas, no basadas en el testimonio humano que se usa según convenga como
elemento probatorio, olvidando que los responsables de este y otros hechos son
visitados por periodistas nacionales e
internacionales y personalidades de la vida nacional, quiénes seguramente pueden
indicar, si es que falta ubicación, en que lugares se encuentran los
responsables de estos hechos; que la Comunidad de Paz desde el 23 de marzo ha
solicitado con carácter perentorio una cita con el alto gobierno, con el Vice
Presidente de la República para dejar en su conocimiento las
propuestas de protección de la Comunidad, enmarcadas en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, y la Política de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, cita que no ha sido concedida; que las
medidas cautelares solicitadas al gobierno colombiano por parte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos no han sido atendidas.
A todas y todos los colombianos, a los pueblos del mundo, a la comunidad
internacional solo nos resta decir, que lo que está aquí dicho es lo que hemos
visto, es lo que hemos vivido y de esto hemos sido testigos religiosos y
religiosas de la iglesia colombiana y de la iglesia del mundo.
Esperamos que la verdad aquí escrita permita alguna vez allanar caminos para la
justicia. Ante la evidencia de los hechos, la verdad de las víctimas y de
quiénes hemos sido testigos de estas nuevas actuaciones, solo nos resta advertir
que la mentira querrá ahora mostrarse como la verdad, que los victimarios y los
responsables no fueron ellos, que fueron sus opositores armados; que lo aquí
escrito son calumnias y mentiras contra las instituciones legítimamente
constituidas.
Por todo lo hoy acontecido y todo lo que le antecedió, ante ustedes expresamos
nuestra profunda Censura Moral.
Con profundo dolor ante el nuevo signo de la erosión de nuestro Estado de
Derecho,
COMISIÓN INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ
Santa Fe de Bogotá, 8 de julio de 2000
FUNDAMENTACIÓN DEL EQUIPO NIZKOR
Los paramilitares están efectuando un exterminio planificado de población civil.
1) Según el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg y las sentencias
posteriores reafirmadas por el Tribunal ad doc de la Ex Yugoslavia en julio de
1999 en el caso TADIC, la responsabilidad de los comandantes militares y
dirigentes civiles que controlan la zona donde actuaron los paramilitares son
responsables de no impedir la actuación de los paramilitares con las mismas
responsabilidades penales individuales que si hubieran dirigido las operaciones
en la zona de su comando.
Los comandantes de la zonas militares que son responsables en la cadena de mando
de la que dependen los batallones y los jefes de los batallones son responsables
de no impedir la actuación de las organizaciones criminales que componen los
grupos paramilitares, no es suficiente las alegaciones de subordinación
territorial ante la comisión de delitos de esta naturaleza. Estas
responsabilidades deben ser depuradas ante un tribunal bajo el criterio de que
"no sólo deben saber, sino que están obligados a saber" lo que ocurre en sus
zonas de comando, como ha reafirmado en sentencia de 3 de marzo de 1999, en el
caso TIHOMIR BLASKIC, el Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoslavia. En
este caso están los responsables de la Brigada XVII, así como sus jefes
superiores.
2) La actuación de los paramilitares en Colombia recoge un patrón de
instrumentación de operaciones militares encubiertas que hacen responsables a
los cuerpos militares y al estado mayor del ejército de Colombia de crímenes de
guerra, secuestros, desapariciones forzosas y demás delitos constituidos en la
figura de crímenes graves contra la humanidad. Estos delitos ni prescriben, ni
son amnistiables tal cual ha dictaminado la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en los informes que afectan al Batallón Atlacatl en El Salvador. Lo
mismo ocurriría si sus responsabilidades fueran depuradas con los parámetros
utilizados por los Tribunales Penales Internacionales y la doctrina actual sobre
el Derecho Internacional Humanitario.
3) Los paramilitares deben saber que según los convenios de Ginebra los
mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de
guerra y que además serán juzgados por ser integrantes de una organización.
4) Es evidente que se están utilizando forma de exterminio de población civil
que siguen perfiles de modelos de análisis y control social con la utilización
de técnicas de simulación por ordenador que determinan las listas de personas
que son "nodos" de activismo civil político, social y cultural y que son: a)
son fijadas como blanco; b) son amenazadas como forma de determinación del blanco
a las unidades paramilitares; c) son despejadas las áreas geográficas de
actuación paramilitar en zonas rurales o fijadas zonas de cobertura de seguridad
en zonas urbanas; d) son otorgadas facilidades de comunicaciones y coordinación
y finalmente se determina el momento de la ejecución.
Estos hechos son constitutivos de la figura de organización criminal y
planificación sistemática de exterminación de población civil. Según la Comisión
Colombiana de Juristas, durante 998 de un total de 1656 incidentes registrados
el 81, 8 por ciento fueron cometidos por paramilitares y por las fuerzas de
seguridad del estado. Entre 1994 y 1998 las violaciones graves de paramilitares
y militares se han más que doblado.
5) El exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible bajo
el Derecho Internacional. El exterminio es reconocido como crimen contra la
humanidad en el artículo 6(c) del Estatuto de Nuremberg; artículo II(1) (c) de
la Ley Núm. 10 del Consejo Aliado de Control, órgano supremo de los aliados en
Alemania, ocupada después de la II G.M.; artículo 5(c) del Estatuto de Tokio y
Principio IV(c) de los Principios de Nuremberg. Se incluyó también en los
estatutos de los tribunales penales internacionales para la Antigua Yugoslavia
(artículo 5) y Ruanda (artículo 3), así como en el Proyecto de Código de
Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad [1954: artículo 2, párr.
11 y 1996: artículo 18(b)].
6) Tomamos nota y apoyamos en todos sus términos, la Declaración Pública del
Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del
Parlamento Canadiense de 16oct99 que dice expresamente "Hace un llamado al
Gobierno de Colombia a intensificar tanto la investigación de la masacre de
Barrancabermeja como también todas las actividades orientadas a reducir y
prevenir la violencia, la violación de los derechos humanos en el país y a que
ponga fin a la impunidad especialmente respecto a los crímenes de lesa
Humanidad".
En concordancia con esta Declaración solicitamos a otros gobiernos que adopten
similares posturas y que revisen las relaciones diplomáticas y económicas con
el gobierno Colombiano que ha demostrado ser insensible a sus obligaciones
frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, para ello creemos se debe utilizar como cláusula de
condicionalidad el cumplimiento irrestricto de la doctrina emergente de los
dictámenes e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo
incumplimiento por parte del estado colombiano es evidente.
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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