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Militares y paramilitares agravan la situación en el Sur de Bolívar
Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 21 de Julio, 2000. Col - La situación en el Sur de Bolívar se agrava
ante la actuación conjunta de militares y
paramilitares.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Solidaridad Urgente.
EN EL SUR DEL BOLÍVAR ACTÚAN CONJUNTAMENTE FUERZAS PARAMILITARES Y EL BATALLÓN
NARIÑO DEL EJÉRCITO Y CONTROLAN LA PRODUCCIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCA.
La Corporación CLEBER denuncia ante la comunidad nacional e internacional las
graves violaciones a los derechos humanos de que son víctimas los pobladores del
sur de Bolívar.
Los hechos que a continuación relatamos han sido informados por los pobladores
afectados y autoridades civiles de los municipios de Barranco de Loba, San
Martín de Loba y Río Viejo. Estos hechos hacen parte de una arremetida
paramilitar en la región iniciada el 26 de mayo del presente año, que también
afectó a la parte alta de La Cuchilla, los corregimientos de Micoahumado
(municipio de Morales) y San Pedro Frío (Santa Rosa del Sur); poblados que hacen
parte de la Serrranía de San Lucas.
HECHOS:
Un grupo de aproximadamente 250 hombres fuertemente armados y vestidos de
camuflado, llegaron en varias chalupas al corregimiento de La Pacha, municipio
de Altos del Rosario, región del sur de Bolívar; el día 26 de mayo de 2000.
Allí reunieron a los pobladores y les dijeron que llegaban para quedarse, que
no iban a hacer masacres, que lo que querían era que la gente trabajara.
Continuaron avanzando vía terrestre, pasaron la montaña por el sitio conocido
como Morro Rico y el día 28 de Mayo llegaron al corregimiento Pueblito Mejía,
jurisdicción del municipio de Barranco de Loba; poblado de alrededor de 350
viviendas y milquinientos (1.500) habitantes.
Llegaron por varios puntos disparando bombas y ráfagas de tiros, en esta primera
incursión hirieron a SONIA (habitante del corregimiento) con un tiro en el
brazo. Los pobladores del corregimiento, acosados por el temor que los
paramilitares les han causado desde la incursión realizada por estos mismos
grupos el seis de noviembre de 1998, donde quemaron varios poblados (710
viviendas) y asesinaron alrededor de 70 personas; huyeron del pueblo hacia las
zona montañosa y las fincas cercanas, encontrando los paramilitares solo
vientidos personas a las que tuvieron secuestradas por
doce días encerrados en la escuela y el colegio de la población.
El día 9 de junio (el doceavo día del secuestro masivo), enviaron al joven
DAVINSON URIETA MARTÍNEZ (que hacía parte del grupo de secuestrados) con la
tarea de buscar la gente que había huido hacia las montañas y convencerlos de
regresar al poblado; que si no lo lograba y no regresaba matarían a su hermano
JONAS URIETA MARTÍNEZ(también secuestrado). DAVINSON se asustó y huyó lo que
ocasionó que su hermano fuera asesinado. El mismo día también asesinaron a
SANTANDER N., comerciante y poblador de Pueblito Mejía, que hacía parte de los
secuestrados.
Días después, los paramilitares fueron a las fincas de los alrededores y
obligaron a la gente a regresar al pueblo diciéndoles que lo que querían
era hablar con ellos, que no les iban a hacer nada y que iban a repartir comida,
ante lo cual, una parte de la gente (en su mayoría mujeres, niños y ancianos)
acosada por el hambre optó por regresar al poblado.
Después de este hecho los paramilitares permitieron a algunas personas que
fueran por comida a la cabecera municipal de Barranco de Loba (sur de Bolívar),
para poder desplazarse era necesario portar un salvoconducto en el que debían
consignar datos personales como el número de la cédula, familiares en el pueblo,
tiempo de duración de su ausencia de la población (no mas de un día), y
actividad que iría a realizar. Este salvoconducto debía ser presentado ante el
comandante del ejército: un sargento apodado el Oso que está al mando de una
compañía especial del Batallón Nariño, adscrito a la segunda brigada con sede de
mando En Barranquilla, Capital del departamento del Atlántico en la costa norte
de Colombia. Al regresar a Pueblito Mejía debían reportarse nuevamente ante los
paramilitares y presentar el salvoconducto. Todas estas personas eran inscritas
en una planillas. En la actualidad para poder ingresar a la región es necesario
que las personas se presenten, en Barranco de Loba, ante el sargento del
ejército quien después de coordinar con los paramilitares permite o niega el
ingreso al sector rural del municipio.
En Pueblito Mejía retuvieron al señor ROGER SAMPAYO, que venía del corregimiento
La Pacha (Altos del Rosario), lo asesinaron y lo mandaron a enterrar en el
cementerio del pueblo, después subieron a la vereda Canta Gallo y se hicieron
pasar por guerrilleros, mandaron a un poblador traer gallinas, el señor les
obedeció y cuando regresó lo asesinaron delante de sus 4 hijos, acusándolo de
colaborador de la guerrilla.
Los paramilitares teniendo como base Pueblito Mejía, al mando de alias "ROBERT", instalados en la vivienda de Carlos Mejía, persona que se encuentra
desplazada, incursionaron en diferentes caseríos cercanos de la región donde han
torturado y asesinado a muchas personas y ocasionado el desplazamiento de
otras.
El 2 de junio, un grupo de paramilitares arribó a la Vereda Pueblo Nuevo Mejía,
jurisdicción del
corregimiento Papayal, Municipio San Martín de Loba, quemaron las viviendas de
los hermanos OMAR Y EDUAR LARIOS FERNÁNDEZ, y un establecimiento comercial del
que generaban el sustento para sus familias. Preguntaron por ellos y al no
encontrarlos se dirigieron a la casa de la señora ANA GALÁN DE VILLALOBOS,
madre de ANIDIS VILLALOBOS GALÁN, esposa de OMAR LARIOS; sacaron a las dos
mujeres y al hijo de ANIDIS y OMAR (YASER, menor de cuatro años de edad) y
contra su voluntad se los llevaron para la base de Pueblito Mejía. Ese mismo día
dejaron en libertad a la señora ANA y hasta el día de hoy mantienen
secuestrados al niño YASER y a su madre ANIDIS, a quienes han sometido a
tratos crueles y degradantes.
JONÁS URIETA MARTÍNEZ, de 26 años de edad, agricultor, nativo de la región,
contra su voluntad fue sacado de su finca ubicada en el corregimiento Mina Azul
(municipio Río Viejo) y luego asesinado.
El 10 de junio, en Mina Azul, fue asesinado KENEDY MARTÍNEZ, de 30 años de
edad, minero poblador de la región.
El 16 de junio en Mina Azul, fue sacado de su finca contra su voluntad el señor
CARLOS CAICEDO GUERRERO (32 años de edad, agricultor) y obligado, junto a su
hermano DEMETRIO CAICEDO, a trasladar 18 reces de su propiedad a Pueblito
Mejía. En el camino se encontraron con el señor DANIEL, vecino de la región, a
quien también obligaron a acompañarlos. A la mitad del camino, frente a la finca
de los hermanos AMADO Y EUCARIO BERMUDEZ obligaron a DANIEL y DEMETRIO a
devolverse diciéndoles que CARLOS se iba con ellos porque tenían unas cuentas
pendientes, al rato escucharon disparos con los que fue asesinado CARLOS
CAICEDO. Después se supo que obligaron a AMADO y EUCARIO a enterrarlo a orillas
de la carretera, lugar donde aún se encuentra su cadáver.
El 21 de junio un grupo de paramilitares incursionó nuevamente en el
corregimiento Mina Azul, quemaron 3 viviendas y una finca: una vivienda y la
finca de propiedad de DIOFANOR ZAYAS SANABRIA, la vivienda de MARINA MENESES,
profesora del lugar y la casa comunal que estaba habitada por FRAY ARROYO.
El 24 de junio, el señor MANUEL BOHORQUEZ, de 32 años, conductor, afiliado a
la empresa VIASUR (Empresa Vial del Municipio Barranco de Loba). fue contratado
por el señor ARMENTA para que le hiciera un viaje a Pueblito Mejía. En el
camino, en la vereda la Soledad, se encontraron con un retén paramilitar,
quienes amenazaron a MANUEL, diciéndole que no querían verlo en la zona y luego
los dejaron continuar. De regreso, lo bajaron de la moto, lo torturaron dándole
machetazos en diferentes partes del cuerpo y lo asesinaron. Este mismo día fue
asesinado el señor ELADIO PEREZ, de 35 años, quien se desempeñaba como arriero y
minero, además de ser un destacado líder comunitario. Lo sacaron de su finca y
lo asesinaron en la carretera por "no haber asistido a una reunión convocada por
los paramilitares". Al mismo tiempo otro grupo de paramilitares llegó a la
vivienda del señor TRINO, ubicada cerca de la vereda Canabate, lo sacaron de su
casa y se lo llevaron contra su voluntad. Hasta el día de hoy no ha aparecido.
Los familiares fueron a recoger los cadáveres (de MANUEL y ELADIO) en la
ambulancia del hospital de la cabecera municipal de BARRANCO DE LOBA, ésta
llevaba unas banderas blancas. En el camino fue parada por los paramilitares
quienes los acusaron de ser sapos de la guerrilla, después de confirmar que era
la ambulancia del pueblo los dejaron pasar y profirieron amenazas de muerte
contra la Cruz Roja Internacional: "que ahí los estaban esperando para cobrarles
unas cuentas por sapos". Dejaron que recogieran los dos cadáveres que
fueron enterrados en la cabecera municipal de Barranco de Loba.
Durante el entierro el sargento del Ejército (fuerzas especiales del Batallón
Nariño) apodado "El Oso", dijo públicamente que él no iba a permitir mas esa
vaina de estar enterrando estos muertos en el pueblo, porque eso los perjudicaba
a ellos, que ellos verían (los paramilitares y los familiares) donde iban a
enterrar los muertos.
El 26 de junio en la vereda La Rayita fue asesinado el señor ROLDAN, poblador
del municipio, de oficio domador de caballos.
El 28 de junio, a la entrada del corregimiento Mina Azul (Río Viejo), fueron
hallados dos cadáveres comidos por los animales, todavía se encuentran en ese
sitio y se desconoce su identidad por el estado de los cuerpos. Además de este
hecho, se reportaron 4 desaparecidos, jóvenes jornaleros de la región que
fueron sacados de una finca ubicada en la vereda Morro Rico, a veinte minutos
de Pueblito Mejía. Algunos pobladores manifiestan que fueron asesinados y están
enterrados en la vereda la Mocha (Barranco de Loba).
Los paramilitares tienen total control en el cultivo de la coca, han impuesto el
precio $1'800.000, oo (un millón ochocientos pesos M/cte.) por kilo de pasta
básica que antes estaba a $2'500.000, oo (dos millones quinientos mil pesos
M/cte). A los recolectores o raspachines $3.500, oo (tresmil quinientos pesos
M/cte) por arroba de hoja recogida, antes estaba a $6.000, oo (seismil pesos
M/cte); además tienen el control de la venta de los insumos y la
comercialización de la coca, para lo cual un helicóptero blanco con azul recoge
cada quince días la base de coca. Estas normas son de obligatorio cumplimiento
bajo pena de muerte. Anteriormente el impuesto tenían que pagárselo al
comandante del ejército de Barranco de Loba, consistente en $20.000, oo
(veintemil pesos M/cte) por cada tambor de gasolina que entraba a la región.
Los paramilitares, para este negocio, se han asociado con los comerciantes de la
región, entre ellos LUIS KENEDY y JUAN SALAZAR a quienes escoltan en sus
recorridos y cuidan de sus cultivos, uno ubicado en una loma a 45 minutos, a
pie, de Mina Azul; allí los paramilitares tienen un puesto móvil que les
permite patrullar permanentemente a Mina Azul. Por otro lado están promoviendo
el cultivo de la coca ofreciendo a los campesinos préstamos para este fin, es
decir que si una persona tiene para cultivar una hectárea, ellos le prestan para
que cultive otra. Les dicen que hay que aprovechar el tiempo ya que más
adelante el gobierno va a fumigar la zona, pero que no se deben preocupar por
ello porque después viene un mejor negocio: el oro.
En toda la región la educación, la salud, y todos los servicios básicos están
suspendidos, las personerías están paralizadas por el miedo y no asumen ninguna
acción de protección a los pobladores.
Los pobladores de la cabecera municipal de Barranco de Loba aseguran que cada
vez que se va la luz, entran los paramilitares al poblado, situación que ocurre
con mucha frecuencia.
El ejército (fuerzas especiales del batallón Nariño) se encuentra acampado en
las instalaciones del acueducto municipal de Barrando de Loba y en el mismo
lugar "atiende" el jefe paramilitar que se identifican como CESAR, que también
toma decisiones sobre diversas actividades de la población.
Entre la carretera que va de Barranco de Loba a Pueblito Mejía hay una hora y
cuarenta minutos de trayecto, en su recorrido se encuentran cuatro retenes
permanentes de los paramilitares: el primero a 10 minutos en El Bejuco, el
segundo a 25 minutos en Pabola, el tercero a una hora en Soledad y el cuarto a
una hora y media en Canabate. Según testimonios de pobladores de la región, el
29 de junio hubo cambio del personal que se encontraba en el primer retén con el
ejército que se encontraba acantonado en Barranco de Loba.
AMENAZA DE MASACRE:
Los militares han estado diciendo por el pueblo que para el día 30 de julio van
ha salir de BARRANCO DE LOBA para que entren los paramilitares y hagan una purga
porque hay muchos desplazados en esta población.
PETICIONES
Ante la gravedad de los hechos anteriores, solicitamos a las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales, a los
organismos de las Naciones Unidas y a la comunidad para:
1. Que el gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, y como
máximo jefe de las Fuerzas Militares, tome las medidas necesarias para proteger
la vida y la integridad de los pobladores del Sur de Bolívar y ordene de
inmediato a la Fuerza Pública, la neutralización de la acción de los grupos
paramilitares.
2. Que los Organismos de Investigación y Control del Estado Colombiano inicien
las investigaciones y acciones necesarias para el pleno esclarecimiento de estos
hechos y precise las responsabilidades de los funcionarios públicos civiles y
militares comprometidos con estos hechos, tanto por acción como por omisión.
3. Que el Fiscal General de la Nación delegue en la Unidad de Derechos Humanos
de la Fiscalía General de la Nación, la investigación sobre estos delitos y
otros cometidos permanentemente por los grupos paramilitares en el sur de
Bolívar.
Santafé de Bogotá. 10 de julio de 2000.
CORPORACIÓN CLEBER
FUNDAMENTACIÓN DEL EQUIPO NIZKOR
Los paramilitares están efectuando un exterminio planificado de población civil.
1) Según el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg y las sentencias
posteriores reafirmadas por el Tribunal ad doc de la Ex Yugoslavia en julio de
1999 en el caso TADIC, la responsabilidad de los comandantes militares y
dirigentes civiles que controlan la zona donde actuaron los paramilitares son
responsables de no impedir la actuación de los paramilitares con las mismas
responsabilidades penales individuales que si hubieran dirigido las operaciones
en la zona de su comando.
Los comandantes de la zonas militares que son responsables en la cadena de mando
de la que dependen los batallones y los jefes de los batallones son responsables
de no impedir la actuación de las organizaciones criminales que componen los
grupos paramilitares, no es suficiente las alegaciones de subordinación
territorial ante la comisión de delitos de esta naturaleza. Estas
responsabilidades deben ser depuradas ante un tribunal bajo el criterio de que
"no sólo deben saber, sino que están obligados a saber" lo que ocurre en sus
zonas de comando, como ha reafirmado en sentencia de 3 de marzo de 1999, en el
caso TIHOMIR BLASKIC, el Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoslavia. En
este caso el Batallón Nariño, adscrito a la segunda brigada con sede de mando en
Barranquilla, capital del departamento del Atlántico en la costa norte de
Colombia.
2) La actuación de los paramilitares en Colombia recoge un patrón de
instrumentación de operaciones militares encubiertas que hacen responsables a
los cuerpos militares y al estado mayor del ejército de Colombia de crímenes de
guerra, secuestros, desapariciones forzosas y demás delitos constituidos en la
figura de crímenes graves contra la humanidad. Estos delitos ni prescriben, ni
son amnistiables tal cual ha dictaminado la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en los informes que afectan al Batallón Atlacatl en El Salvador. Lo
mismo ocurriría si sus responsabilidades fueran depuradas con los parámetros
utilizados por los Tribunales Penales Internacionales y la doctrina actual sobre
el Derecho Internacional Humanitario.
3) Los paramilitares deben saber que según los convenios de Ginebra los
mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de
guerra y que además serán juzgados por ser integrantes de una organización.
4) Es evidente que se están utilizando forma de exterminio de población civil
que siguen perfiles de modelos de análisis y control social con la utilización
de técnicas de simulación por ordenador que determinan las listas de personas
que son "nodos" de activismo civil político, social y cultural y que son: a)
son fijadas como blanco; b) son amenazadas como forma de determinación del blanco
a las unidades paramilitares; c) son despejadas las áreas geográficas de
actuación paramilitar en zonas rurales o fijadas zonas de cobertura de seguridad
en zonas urbanas; d) son otorgadas facilidades de comunicaciones y coordinación
y finalmente se determina el momento de la ejecución.
Estos hechos son constitutivos de la figura de organización criminal y
planificación sistemática de exterminación de población civil. Según la Comisión
Colombiana de Juristas, durante 998 de un total de 1656 incidentes registrados
el 81, 8 por ciento fueron cometidos por paramilitares y por las fuerzas de
seguridad del estado. Entre 1994 y 1998 las violaciones graves de paramilitares
y militares se han más que doblado.
5) El exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible bajo
el Derecho Internacional. El exterminio es reconocido como crimen contra la
humanidad en el artículo 6(c) del Estatuto de Nuremberg; artículo II(1) (c) de
la Ley Núm. 10 del Consejo Aliado de Control, órgano supremo de los aliados en
Alemania, ocupada después de la II G.M.; artículo 5(c) del Estatuto de Tokio y
Principio IV(c) de los Principios de Nuremberg. Se incluyó también en los
estatutos de los tribunales penales internacionales para la Antigua Yugoslavia
(artículo 5) y Ruanda (artículo 3), así como en el Proyecto de Código de
Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad [1954: artículo 2, párr.
11 y 1996: artículo 18(b)].
6) Tomamos nota y apoyamos en todos sus términos, la Declaración Pública del
Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del
Parlamento Canadiense de 16oct99 que dice expresamente "Hace un llamado al
Gobierno de Colombia a intensificar tanto la investigación de la masacre de
Barrancabermeja como también todas las actividades orientadas a reducir y
prevenir la violencia, la violación de los derechos humanos en el país y a que
ponga fin a la impunidad especialmente respecto a los crímenes de lesa
Humanidad".
En concordancia con esta Declaración solicitamos a otros gobiernos que adopten
similares posturas y que revisen las relaciones diplomáticas y económicas con
el gobierno Colombiano que ha demostrado ser insensible a sus obligaciones
frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, para ello creemos se debe utilizar como cláusula de
condicionalidad el cumplimiento irrestricto de la doctrina emergente de los
dictámenes e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo
incumplimiento por parte del estado colombiano es evidente.
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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