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Comisión Colombiana de Juristas rectifica comunicado oficial del Ejército
Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 3 de Agosto, 2000. Col - La Comisión Colombiana de Juristas rectifica un
comunicado oficial del Ejército.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS RECTIFICA COMUNICADO DEL EJÉRCITO SOBRE LAS
DILIGENCIAS JUDICIALES REALIZADAS PARA AVERIGUAR EL PARADERO DEL DESAPARECIDO
DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS ALIRIO PEDRAZA
El pasado 26 de julio el Ejército Nacional emitió un comunicado de prensa en
relación con las diligencias de inspección judicial realizadas en las
instalaciones de la Escuela de Caballería entre el 21 y el 23 de junio del
presente año, y en la Escuela de Logística del Ejército entre el 10 y el 15 de
julio, orientadas a ubicar el paradero del defensor de derechos humanos Alirio
Pedraza Becerra, desaparecido forzadamente desde el 4 de julio de 1990.
El Ejército señala que en dichas diligencias participó "el abogado Gustavo
Gallón Giraldo, representante de la parte civil y director de la ONG "Comisión
Colombiana de Juristas", quien solicitó evacuar estas pruebas en las unidades
militares. Al finalizar las dispendiosas diligencias sin encontrar evidencia
alguna (prosigue el comunicado militar) se procedió a elaborar las actas
correspondientes. Sin embargo, en una actitud inexplicable, el señor Gustavo
Gallón, representante de la parte civil, se retiró sin firmar los documentos
legales que ratificaban que en las unidades militares no se encontraban restos
humanos. Las pruebas practicadas por la Fiscalía en las unidades militares
citadas (dice también el comunicado del ejército) permiten apreciar que ante los
entes investigadores se formulan acusaciones tendenciosas, con el propósito de
cuestionar la integridad de los miembros del Ejército nacional y afectar el
prestigio de la institución".
Lo anterior, además de constituir un impropio e irresponsable señalamiento
contra la Comisión Colombiana de Juristas y contra su director, es inexacto, por
lo siguiente:
1. Si bien es cierto que durante dichas diligencias no se encontraron restos
humanos, tampoco se puede concluir que nunca hubiese habido restos humanos
enterrados en las instalaciones del Ejército. Su búsqueda es extremadamente
difícil, especialmente si se tiene en cuenta que la desaparición ocurrió hace
más de diez años, y que las diligencias fueron decretadas hace más de cinco
años, durante los cuales no se habían podido llevar a cabo, por razones no
explicadas hasta el momento. Aun así, en la diligencia se encontraron otras
evidencias, que es necesario analizar y profundizar, y que no corresponde
divulgar en el momento, por respeto al secreto que legalmente debe observarse
sobre el proceso en esta etapa sumarial o de investigación.
2. Esas evidencias inexplicablemente no fueron consignadas en el acta de la
Fiscalía, la cual fue elaborada con presencia irregular de un sinnúmero de
miembros del Ejército. Contrariamente al deseo del Comando del Ejército, dicha
acta no constituye "un informe final". Los resultados y las valoraciones
técnicas sobre las exploraciones hechas solo se conocerán cuando los peritos
rindan sus informes, lo cual hasta el momento no ha ocurrido. Teniendo en cuenta
además que las diligencias de búsqueda de los restos todavía no han terminado,
es irresponsable proferir conclusiones sobre las mismas, como las expresadas en
el comunicado del Ejército.
3. La parte civil no participó en la primera diligencia, realizada en la Escuela
de Caballería. Por razones todavía desconocidas, no se le citó para el efecto,
ni estuvo a disposición suya en el expediente la decisión que la ordenó. Por la
misma razón, tampoco intervino en las reuniones previas que sostuvieron
funcionarios del Ejército y de la Fiscalía para la realización de estas
diligencias. Los funcionarios de la Fiscalía merecen un reconocimiento de la
ciudadanía por el valor, la dedicación y la abnegación con que participaron en
estas diligencias. También merecen, al igual que la parte civil, particulares
medidas de protección por el riesgo que para ellos pueda significar el hecho de
que fueran irregularmente filmados de manera sistemática por efectivos militares
durante las diligencias, filmaciones cuyo destino suscita dudas razonables.
4. Por lo avanzado de la hora el día en que se elaboró el acta de la segunda
diligencia, la Fiscalía autorizó a los abogados de los familiares de la víctima
a retirarse de la Escuela de Logística del Ejército en la noche del sábado 15 de
julio y firmar el acta después, como en efecto lo hicieron. Cabe observar que
ese sábado no participó en las diligencias el director de la Comisión Colombiana
de Juristas, Gustavo Gallón Giraldo, quien sí estuvo presente uno de los días
anteriores, en los que no se levantó acta. En estricto sentido la afirmación del
Ejército al respecto es inexacta, y llama extrañamente la atención que el
comunicado mencione precisamente el nombre del director de la Comisión
Colombiana de Juristas, quien no era el único representante de las víctimas en
la diligencia, y quien justamente no podía haberse retirado el día de
elaboración del acta, porque había sustituido previamente el poder para esa
ocasión. La Fiscalía, como ente director de la diligencia, es la única
institución autorizada para informar sobre los resultados de la misma y es a
quien corresponde, si lo encuentra pertinente, valorar el comportamiento de las
partes dentro del proceso. Por esta razón, es desde todo punto de vista
impropia, además de infundada, la actitud del Ejército Nacional al calificar o
cuestionar el desempeño de la parte civil en el caso.
5. No puede afirmarse que las declaraciones del testigo que motivaron la
realización de las diligencias sean falsas pues no es posible saber si nunca ha
habido restos humanos enterrados en el lugar de la búsqueda. Por consiguiente,
es desacertado e intimidatorio que el comunicado pida que se abra una
investigación contra el testigo quien, dicho sea de paso, fue un colaborador del
Ejército.
6. La labor que la Comisión Colombiana de Juristas ha desplegado dentro del
proceso penal que se sigue por la desaparición de Alirio Pedraza es legítima,
corresponde a su calidad de organización defensora de derechos humanos y se ha
desarrollado dentro del marco de la Constitución y la ley. Es preocupante que en
esa actuación legítima el Ejército vea la inexistente intención de desprestigiar
a las Fuerzas Militares. La única finalidad perseguida por la parte civil es la
de buscar la verdad de un grave crimen de lesa humanidad.
7. La directiva presidencial 007 del 9 de septiembre de 1999 ordena en su
numeral 1° "a todos los servidores públicos abstenerse de (i) cuestionar la
legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros, que actúan
de acuerdo con la Constitución y las leyes; (ii) realizar afirmaciones que
descalifiquen, hostiguen, o inciten al hostigamiento a las mismas organizaciones
(...)"; y en el segundo numeral ordena "abstenerse de hacer falsas imputaciones,
acusaciones que comprometan la seguridad, así como la honra y el buen nombre de
las organizaciones de derechos humanos y sus miembros".
Por todo lo anterior, el comunicado del Ejército es un inadmisible y peligroso
ataque contra una organización de derechos humanos y contra la persona de su
director, que debe ser corregido y reparado por las autoridades competentes,
para lo cual la Comisión Colombiana de Juristas ha ejercido un derecho de
petición ante el Presidente de la República.
Bogotá, julio 31 de 2000.
Gustavo Gallón Giraldo, Director
Comisión Colombiana de Juristas
COMUNICADO OFICIAL DEL EJÉRCITO AL QUE SE REFIERE LA COMISIÓN COLOMBIANA DE
JURISTAS.
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJÉRCITO NACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
En dos inspecciones judiciales, practicadas en días pasados por parte de
personal de La Fiscalía General de la Nación, se realizaron 596 excavaciones en
dos unidades militares, con el único propósito de ubicar los restos óseos del
señor Jesús Alirio Pedraza.
Estas diligencias se practicaron con base en las declaraciones de un testigo,
quien afirmó que en las unidades militares se encontraban los restos humanos del
desaparecido defensor de derechos humanos, afirmación presentada ante
autoridades judiciales que al resultar falsa exige la iniciación de la
investigación penal correspondiente.
La primera inspección se realizó en la Escuela de Caballería durante los días
comprendidos entre el 21 y el 23 de junio del presente año, con la activa
intervención de 33 funcionarios de la fiscalía quienes realizaron 37
excavaciones.
El informe final de la fiscalía afirma: " realizada la prospección exhaustiva
del terreno...se concluye que no fueron hallados restos óseos humanos". En las
excavaciones, según el mismo informe, fueron localizados los restos óseos de
cuatro caballos.
La segunda inspección se efectuó durante los días comprendidos entre el 10 y el
15 de julio del presente año en la escuela logística del ejército, ubicada en el
barrio san Cristóbal, en el sur de Bogotá, donde funciono antiguamente la
inteligencia militar.
En la diligencia judicial participaron 67 funcionarios del ente investigador,
quienes realizaron 559 excavaciones en un área superior a cinco mil metros
cuadrados de la escuela y en un terreno adyacente, que pertenece al acueducto de
Vitelma.
El informe final de la fiscalía confirma: " el estudio realizado permite
concluir que en las áreas objeto de estudio no se encontraron enterramientos
humanos..."
Las diligencias fueron practicadas por la unidad de derechos humanos de la
Fiscalía General de la Nación y personal técnico y científico de la división de
criminalística de la dirección nacional del cuerpo técnico de investigaciones
(CTI), integrado por médicos, antropólogos, odontólogos, topógrafos, fotógrafos
y otros especialistas en investigación forense de todo el país.
Así mismo se contó con la participación del doctor Pedro Díaz Romero, jefe de la
unidad de derechos humanos de la fiscalía, y el abogado Gustavo Gallón Giraldo,
representante de la parte civil y director de la Ong "Comisión Colombiana de
Juristas", quien solicitó evacuar estas pruebas en las unidades militares.
Al finalizar las dispendiosas diligencias sin encontrar evidencia alguna se
procedió a elaborar las actas correspondientes. Sin embargo, en una actitud
inexplicable, el señor Gustavo Gallón, representante de la parte civil, se
retiro sin firmar los documentos legales que ratificaban que en las unidades
militares no se encontraban restos humanos.
Las pruebas practicadas por la fiscalía en las unidades militares citadas
permiten apreciar que ante los entes investigadores se formulan acusaciones
tendenciosas, con el propósito de cuestionar la integridad de los miembros del
ejército nacional y afectar el prestigio de la institución.
El comando del ejército reconoce el ingente esfuerzo desplegado por la Fiscalía
General de la nación para esclarecer estos hechos y confía que acciones
investigativas similares permitan identificar a los verdaderos violadores de
derechos humanos en el país.
Así mismo, convocamos a las organizaciones no gubernamentales a que denuncien
los crímenes atroces que de manera sistemática y permanente realizan los grupos
al margen de la ley, y que no solo pretendan ubicar a los servidores públicos
como potenciales violadores de derechos humanos.
Finalmente, el comando de la fuerza reitera que continuara prestando la
colaboración y apoyo que requieran los entes investigadores del estado, con el
propósito de esclarecer cualquier acto atentatorio contra los derechos
fundamentales de los colombianos.
Bogotá, 26 de julio de 2000
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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