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Paramilitares amenazan a desplazados albergados en el municipio de Tulúa
Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 7 de Septiembre, 2000. Col - Los paramilitares amenazan a desplazados forzosos albergados en el
municipio de Tulúa.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Solidaridad Urgente.
LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, AUTODEFENSAS UNIDAS, AMENAZA A POBLACIÓN DESPLAZADA
ALBERGADA EN EL MUNICIPIO DE TULUA.
Las Organizaciones No gubernamentales de Derechos Humanos, sociales, sindicales,
de género, juveniles, ambientalistas y comunitarias, de Colombia, denunciamos
ante las autoridades municipales, regionales y nacionales y ante los gobiernos y
los organismos de Derechos Humanos Internacionales, la amenaza proferida a
través de un facsímil de las "Autodefensas Unidas de Colombia Bloque Calima"
contra las comunidades de desplazados por la violencia refugiadas
transitoriamente en el albergue del municipio de Tulúa, en el departamento del
Valle del Cauca.
SITUACIÓN ACTUAL
El día 31 de Agosto pasado circuló en el casco urbano del Municipio de Tulúa, un
panfleto firmado por "las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Calima" se
conmina a los desplazados a "regresar de forma inmediata sus parcelas", con el
pretexto de están perturbando el orden y la tranquilidad del municipio.
Paradójicamente el pasquín califica la asistencia humanitaria como "extorsión" y
a los líderes de la comunidad como "agitadores al servicio de la guerrilla".
Fija, además un plazo perentorio para que "desocupen" el 15 de septiembre,
cumplido el cual "tomaremos acción militar".
Es extraña la coincidencia de ésta temerarias afirmaciones tanto con la posición
de la Red de Solidaridad como con las declaraciones del secretario de Gobierno
del municipio de Tulúa, a través de una emisora local, en las cuales afirma que
"los desplazados deben devolverse a sus regiones de origen porque se están
convirtiendo en un problema para la ciudad y el gobierno municipal ni el
gobierno departamental tienen recursos para continuar atendiéndolos". En
similares términos se refirió el secretario de gobierno del municipio de Buga en
declaraciones radiales.
ANTECEDENTES:
Las acciones punitivas de las "Autodefensas Unidas de Colombia" iniciadas en el
Valle del Cauca el 31 de Julio del año anterior, han dejado una estela de muerte
y dolor entre las comunidades: mas de 280 hombres y mujeres asesinadas, una
decena de desaparecidos y alrededor de 8000 desplazados, especialmente de las
áreas rurales de Buga, Tuluá, San Pedro, Andalucía, Bugalagrande, Buenaventura,
Caicedonia, Sevilla y Jamundí, entre otros. Como resultado de las incursiones
de las "Autodefensa", las zonas rurales sufren el bloqueo de alimentos y
medicinas, la interrupción de las actividades cotidianas que han traído como
resultado el abandono de cientos de hectáreas productivas, cosechas y animales,
lo que conlleva un incremento de la miseria entre la población. Paralelamente a
éstas circunstancias, ocurre una masiva y sistemática violación de los derechos
fundamentales y proliferan las infracciones al Derecho Internacional
Humanitario.
Sin embargo, la atención, asistencia y protección, previstas para éstos casos en
los principios de humanidad y refrendadas por las Leyes colombianas, ha sido por
decir lo menos, precaria y deficiente. Las instituciones gubernamentales
legalmente establecidas para ello, como la Red de Solidaridad Social, ICBF, los
Ministerios de Salud, Educación, Interior y Defensa, y sus similares en los
niveles departamental y local, se han negado sistemáticamente ha disponer los
recursos suficientes para garantizar una asistencia efectiva a las necesidades
más sentidas de estas poblaciones.
Tampoco el Gobierno muestra una actitud de apoyo a las propuestas e iniciativas
presentadas por la población refugiada como posibles vías de solución, situación
que hace evidente la falta de voluntad política para superar la crisis
humanitaria que vive la región.
Por el contrario, funcionarios como Fernando Medellín, Gerente General de la
Red de Solidaridad Social, así como de los secretarios de Gobierno de los
municipios de Tulúa y Valle y el Comandante de la Policía de Tulúa, manifiestan
a los cuatro vientos que no existe ningún recurso económico para garantizar la
asistencia de los desplazados en los albergues, por lo cual todas las personas
en esta condición pueden ser desalojadas y abandonadas a su suerte en
cualquier momento. La alternativa es regresar a sus parcelas, sin ningún
proyecto que les garantice la reconstrucción de su actividad productiva y lo
peor, sin ninguna garantía de seguridad para la vida, pues como es claro, las
causas que generaron el desplazamiento persisten y se incrementan, en medio de
la más absoluta impunidad y con la colaboración aquiescencia y complicidad de
los agentes estatales.
Es así como, por ejemplo, como garantía de "seguridad en el retorno" el
Comandante de Policía del Municipio de Tulúa, Coronel Barajas, ha ofrecido a
los desplazados "salvoconductos" firmados por él para que sean presentados a
los paramilitares.
SOLICITUDES
Al Gobierno Nacional, departamental y municipal adoptar de manera inmediata las
medidas necesarias tendientes a garantizar los derechos a la vida, la seguridad
y la integridad personal de los hombres y mujeres que se encuentran refugiados
en los albergues de Tuluá y Buga, acorde con los obligaciones contraídas en
Convenios y Tratados.
A los Señores Ministro de Defensa y Director General de la Policía ordenar la
adopción de todas las medidas y mecanismos que se consideren pertinentes para
garantizar la vida, libertad y seguridad de la población refugiada.
Al Sr. Presidente de la República, Doctor Andrés Pastrana Arango, a poner en
funcionamiento de una vez por todas el Centro de Coordinación de Lucha contra
los Grupos de Autodefensa ilegales y demás grupos armados al margen de la Ley,
según el Decreto 324 del 25 de febrero de 2000, instrumento que permite el
desarrollo de acciones de represión y contención de estos grupos de
Autodefensa.
A la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación,
adelantar las indagaciones pertinentes para individualizar y castigar a los
autores de los crímenes contra la población civil del Valle del Cauca, en
acciones verdaderas de lucha contra la impunidad.
Al Señor Presidente de la República, analizar las declaraciones temerarias de
funcionarios como Fernando Medellín y los Secretarios de Gobierno de Buga y
Tuluá, y aplicar con todo rigor la Directiva 07 de 1999, mediante la cual se
ordena a todos los funcionarios públicos abstenerse de hacer falsas acusaciones
que comprometan la seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos
humanos y respaldar su labor, en tanto constructores y elementos decisivos en el
fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, proclamado por
nuestra Carta Constitucional.
El Gobierno Nacional, municipal y departamental debe destinar de manera
inmediata los recursos necesarios para garantizar la atención, asistencia y
protección de la población desplazada, así como diseñar un programa de retorno
digno y seguro.
A las organizaciones no Gubernamentales definir comisiones de acompañamiento
permanente en los lugares de refugio de las comunidades y para garantizar el
proceso de retorno.
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Al Sr. Francis Deng, Representante del Secretario General de las Naciones Unidas
para los Desplazados Internos interponer sus buenos oficios ante el Presidente
de la república para que el Estado Colombiano cumpla con los Principios
Rectores de los Desplazados Internos. Le solicitamos muy respetuosamente que se
evalúe la posibilidad de nombrar un delegado suyo que acompañe de manera
permanente los albergues donde se encuentran la población desplazada.
Al Sr. Kofy Annan, Secretario General de Naciones Unidas, a interponer sus
buenos oficios para que el Señor Presidente, en su condición de Jefe Supremo de
las Fuerzas Militares, ordene la adopción de todas las medidas que se consideren
necesarias para garantizar la protección de la vida, la seguridad y la
integridad de la población hoy amenazada.
A la Señora Mary Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los a
Derechos Humanos a exigir del Gobierno nacional y de las autoridades militares y
policiales proteger y garantizar los derechos fundamentales de la población
desplazada.
A Robert Goldman, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA, establecer una vigilancia permanente de la crisis humanitaria que
vive el Valle del Cauca y específicamente la población desplazada por la
violencia, para cuyas comunidades y líderes se está solicitando la adopción de
medidas cautelares.
Al Congreso de los Estados Unidos a mantener estricta vigilancia del
cumplimiento de los condicionamientos establecidos en la aprobación del paquete
de Ayuda contemplado en el Plan Colombia en materia de respeto y promoción de
los Derechos Humanos. Así mismo a exigir de las autoridades nacionales las
medidas necesarias para su plena vigencia, particularmente en lo relacionado con
el inminente riesgo para sus vidas de la población desplazada de Tulúa y Buga.
Al pueblo norteamericano exigir a su Gobierno
A Los Organismos Internacionales Humanitarios y cooperante extranjeros que
laboran en suelo colombiano, Brigadas Internacionales de Paz, Amnistía
Internacional y Médicos Sin Fronteras, Comité Internacional de la Cruz Roja,
entre muchos otros, a acompañar decididamente a las comunidades amenazadas en
sus propios lugares de refugio y en el proceso de retorno voluntario en
condiciones de dignidad y seguridad.
A los gobiernos de la Unión Europea comprometidos en la salida política
negociada al conflicto social y armado que han expresado su decidido apoyo a
las estrategias de inversión social y de respeto y prevalencia de los Derechos
Humanos, a continuar exigiendo del Gobierno Nacional persecución y
desmantelamiento de los grupos Paramilitares, como lo han venido exigiendo la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y prestigiosos organismos
internacionales de Derechos Humanos.
Al Sr. Anders Kompas, Delegado en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y a Leila Lima, Delegada en nuestro país del ACNUR, a
acompañar y expresar su respaldo a los reclamos de protección y atención
integral de las comunidades desplazadas y de las organizaciones no
gubernamentales tendientes a garantizar la vida y la integridad física de esta
población.
A las organizaciones Humanitarias y de Derechos Humanos, a los gobiernos amigos
y a las organizaciones sociales y de solidaridad a exigirle al gobierno nacional
y a las autoridades civiles, militares y policiales, el respeto por los
derechos Humanos, el desmonte de los grupos paramilitares y la plena vigencia de
los derechos de la población desplazada.
Finalmente queremos reafirmar nuestra disposición de continuar trabajando
mancomunadamente con las instituciones gubernamentales y los organismos de
cooperación internacional, así como con los organismos humanitarios nacionales e
internacionales, con el propósito de garantizar el retorno voluntario, digno y
seguro, con garantías de inversión social que haga sostenible el regreso de las
poblaciones victimas de la guerra a sus lugares habituales de residencia y
trabajo en el departamento del Valle del Cauca..
SUSCRIBEN
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria - ANDAS; Comité Permanente por la Defensa
de los Derechos Humanos; Coordinación Nacional de Desplazados; Colectivo de
Abogados "José Alvear Restrepo"; Unimotor; Comisión de Derecho Humanos y Paz de
la USO; CREDHOS; Unión Sindical Obrera Seccional Bogota; Unión Sindical Obrera
Nacional; Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra -ACVC-; Red de
Solidaridad Social con Colombia;
Corporación Casa de la Juventud; Asamblea Nacional de Jóvenes por la Paz; Grupo
Estudiantil de la Universidad Nacional "Cátedra Libre"; Asociación de Campesinos
Asentados en Barrancabermeja; Humanidad Vigente; Reiniciar; Comité de
Solidaridad con Presos Políticos -CSPP-; Asamblea Permanente por la Paz - USO ;
Central Unitaria de Trabajadores -CUT-; Mesa Regional del Trabajo Permanente
por la Paz del Magdalena Medio;
Coordiación Popular Barrancabermeja; Corporación Mujer Familia y Comunidad;
Departamento de Derechos Humanos de la CUT.
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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