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El ELN y el gobierno se reúnen en París
Tribunal Constitucional pone plazos al problema de desplazados
Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 12 de Septiembre, 2000. Col - El ELN y el gobierno se reúnen en París y el
Tribunal Constitucional pone plazos al problema de la
población desplazada.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
EL ELN Y EL GOBIERNO SE REÚNEN EN PARÍS PARA DISCUTIR SOBRE LA PAZ.
El Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano, Camilo Gómez, se reunió
ayer en París con el jefe militar de la guerrilla guevarista del ELN, Antonio
García, y los miembros de una comisión internacional que apoya una negociación
con ese grupo insurgente, informó la estatal agencia Ancol.
El informe oficial no dio más detalles, limitándose a reseñar el encuentro en la
capital francesa sin precisar tampoco quiénes acudieron a la reunión por parte
de los cinco países, que conforman la comisión de ``amigos'' para un proceso de
paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La comisión, acordada entre el Gobierno del presidente Andrés Pastrana y la
jefatura del ELN, está integrada por Cuba, España, Francia, Noruega y Suiza, y
su misión es la de ``acompañar'' el proceso de paz con ese grupo rebelde, el
segundo del país, con unos 5, 000 combatientes.
El proceso de paz con el ELN no ha podido iniciarse por la negativa de las
autoridades y pobladores de una zona del norte del país a que sea
desmilitarizada para realizar allí una convención nacional por la paz con la
sociedad civil, pedida por los rebeldes como condición previa a una negociación
de paz con el Gobierno.
Pastrana anunció el 24 de abril pasado que ordenaría la desmilitarización de
4, 727 kilómetros cuadrados de los municipios de San Pablo y Cantagallo, en el
departamento de Bolívar (norte) y de Yondó, departamento de Antioquia
(noroeste), pedidos por el ELN para se sean el escenario de la convención de
paz.
El pasado fin de semana, los pobladores de esa zona anunciaron su disposición a
aceptar la desmilitarización del territorio si el ELN libera a todos los civiles
que tiene secuestrados y decreta un cese general de hostilidades.
En un comunicado, el ``Movimiento no al despeje'' --integrado por las
autoridades locales y voceros de los habitantes-- advirtió además que la
desmilitarización estará sujeta a ``la creación de un comité de veeduría del
proceso de paz con personalidades de Colombia y el exterior''.
La semana pasada el comisionado Gómez, había anunciado en Bogotá que delegados
de los cinco países de la comisión se reunirían con los pobladores de esa zona
para buscar un acuerdo que permita iniciar el proceso de paz con el ELN.
Entretanto, el gobierno colombiano pidió ayer al mayor de los grupos
insurgentes, la guerrilla marxista de las FARC, la entrega ``inmediata'' de un
aeropirata que el viernes pasado desvió un avión comercial con 22 pasajeros a la
zona del sur del país que ocupa ese grupo armado y que se encuentra ``detenido''
por los rebeldes. ``La demora en la entrega de la persona que secuestró el avión
por parte de las FARC genera suspicacia frente al uso de la zona de distención
(los 42, 000 kilómetros cuadrados ocupados por los guerrilleros), por lo cual el
tema debe resolverse de inmediato'', advirtió en un comunicado el alto
comisionado para la paz.
[Fuente: Agence France Press, Bogota, publicado por el Nuevo Herald, Miami, USA,
12sep00]
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES CONVOCARON LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN
INTERNACIONAL DE SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y
DEMANDARON OBJETIVOS Y FECHAS DEL GOBIERNO PARA "PONER FIN A LA ACCIÓN
PARAMILITAR".
Bogotá. La gravedad de los ataques contra defensores de derechos humanos y la
posibilidad de que el conflicto armado degenere en más atentados y presiones
contra su vida y su labor, motivó la solicitud de una visita al país del
representante especial en el tema del secretario General de Naciones Unidas.
La propuesta, hecha por más de una veintena de Organismos No Gubernamentales
colombianos y del extranjero, se complementa con la convocatoria a consolidar
una comisión internacional de verificación y seguimiento a la situación de
defensores de d.h., que realice visitas periódicas al país.
Las iniciativas hacen parte de la Agenda para la Superación de la Crisis
Humanitaria definida el último fin de semana por las instituciones civiles, las
cuales, además, reclamaron del Estado y del actual Gobierno poner plazos y
objetivos claros a la lucha contra grupos de autodefensa y paramilitares.
MONITOREO AL PLAN
Los activistas también consideraron necesario establecer un sistema de monitoreo
andino o internacional de la población civil sobre los efectos de la asistencia
extranjera en Colombia. En tal sentido, reclamaron la erradicación manual de
cultivos ilícitos y una inversión que resuelva la crisis socioeconómica que
origina los mismos.
"Nos oponemos a los planes de intervención militar que buscan sofocar los
conflictos derivados de la presencia de cultivos ilícitos en el sur del país,
con los cuales muchas familias campesinas logran su subsistencia, ante la
exclusión, la pobreza y la falta de desarrollo social".
Los 310 asistentes al seminario para el diseño de una Agenda de Superación de la
Crisis Humanitaria demandaron que la comunidad internacional reclame al gobierno
colombiano una política efectiva en derechos humanos y derecho internacional
humanitario.
En el mismo sentido se planteó la necesidad de que los grupos armados legales e
ilegales cesen su carrera armamentista y se comprometan, "por fin, con el
respeto de la población civil y sus bienes". De igual manera, deben limitar los
medios y métodos de combate.
Los organismos insistieron en que el Estado aplique la justicia penal ordinaria
"frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de
la fuerza pública y el acatamiento estricto de la directiva presidencial emitida
en tal sentido".
En cuanto a los desplazados citaron las obligaciones que se imponen al Estado en
el reciente fallo de la Corte Constitucional y pidieron que se realice un
seguimiento sistemático a la aplicación del Plan Colombia y se verifique "que
las personas desplazadas sean atendidas y protegidas".
[Fuente: Diario El Colombiano, Medellín, Colombia, 12sep00]
LA CORTE CONSTITUCIONAL PONE PLAZO FIJO A LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN EL
CASO DE LA POBLACIÓN CIVIL DESPLAZADA.
LA CORTE Constitucional le "jaló las orejas" al Gobierno con un fallo en el que
exige el cumplimiento de las leyes para atención a desplazados. Además de
reconocer la falta de voluntad política del Estado, la decisión compromete a la
comunidad internacional con un problema que está saltando fronteras.
Cuando Félix Molina llegó a Medellín con sus dos hijos, en agosto de 1995,
desterrado por la violencia de Urabá, recibió como ayuda inmediata una carta que
lo "acreditaba" como desplazado, dos ollas y un mercado. La presencia del Estado
fue ligera y mínima, para un problema que, en ese entonces, parecía transitorio.
Cinco años después, Félix goza del título de "fundador" de uno de los
asentamientos de desplazados más grandes de Medellín, Vallejuelos, que, según
los últimos censos, reúne a más de 2000 familias, la mayoría procedentes de
Urabá y Chocó.
El desplazamiento, que en la década de los 80 era visto como pequeñas
migraciones de campesinos, consecuencia de alteraciones de orden público, ha
tomado desde hace dos años el carácter de éxodo nacional que, incluso, empieza a
preocupar a los países de la región, quienes temen una estampida de colombianos,
principalmente por la aplicación del Plan Colombia.
La cifra, según Acnur, de cerca de tres millones de desplazados internos -que
supone un 7% de la población- y el hecho de que el país ocupa el segundo puesto
en la lista de naciones con este problema son los únicos argumentos necesarios
para hablar, sin pecar de alarmistas, de que el fenómeno se desbordó y las
políticas de Estado se quedaron cortas y su aplicación no ha sido efectiva ni
eficaz.
Esta conclusión se desprende del fallo de la Corte Constitucional que puso en
cintura al Gobierno para que, en un término de seis meses, comience a dar
cumplimiento a numerosos convenios internacionales y, especialmente, a la ley
397 de 1997, que reconoció a los desplazados como víctimas del conflicto interno
y decretó unos mecanismos para su atención.
FALTA VOLUNTAD POLÍTICA
La filosofía del fallo, cuyo texto final se conocerá esta semana, exhorta al
presidente de la República para que "de manera inmediata" adopte las medidas
pertinentes en cuanto a protección, albergue, salud, educación y demás derechos
vulnerados a los desarraigados, medidas consagradas en la ley.
Para distintos analistas consultados, la decisión es alentadora en la medida en
que revive la discusión del fenómeno y establece plazos para su solución, pero
deja la sensación de vacío institucional y una falta de voluntad política, para
resolver emergencias humanitarias relacionadas con el conflicto interno.
"La ley 397 no es necesaria para quien política y éticamente se siente
comprometido con los desplazados, pero es insuficiente para quien no siente
ningún tipo de preocupación el problema", afirma el asesor del Paramento
Latinoamericano en Derechos Humanos, Guillermo Arizmendi.
En este sentido, el politólogo Alberto Granda sostiene que el tema de los
desplazados no ha sido un asunto prioritario de Estado, por lo que ve en la
decisión de la Corte una oportunidad para que el Gobierno reconozca el fenómeno
como consecuencia directa del conflicto y la internacionalización que ha tenido
dentro del mismo.
"Con esta sentencia sobre los desplazados y sobre la responsabilidad del Estado
frente a la estructura de violencia que vive el país, lo que la Corte está
diciendo es que el Gobierno tiene que velar no sólo por el bienestar de los
individuos en particular, sino también del mantenimiento de la cohesión social",
señala el director de estudios políticos de la Universidad Pontificia
Bolivariana, Carlos Patiño.
POBRE LEGISLACIÓN
A pesar de que muchas leyes a nivel nacional e internacional proscriben el
desplazamiento forzoso (ver recuadro), su aplicación ha sido pobre, primero
porque la mayoría fueron expedidas cuando el fenómeno no era tan agudo, y,
segundo porque, según expertos en legislación, las entidades creadas para hacer
frente a esta problemática no fueron dotadas con la autonomía necesaria y/o
entraron en la dinámica burocrática de los entes estatales.
La Red de Solidaridad Social, por ejemplo, recibió para 1999 un total de $14.000
millones, mientras que este año sólo captó $10.000 millones.
"A partir de la Constitución de 1991 se ha dado una sana esperanza en que por la
vía institucional se pueden solucionar las adversidades y los conflictos, pero
eso ha conllevado a un nocivo fetichismo normativo que ha depositado el poder
milagroso de la solución de todos los males en la ley", dice Guillermo
Arizmendi.
Sin embargo, los expertos consultados coinciden en que esta nueva intervención
de la Corte, además de la legitimidad que tiene por su carácter de obligatorio
cumplimiento, abrirá nuevas perspectivas para entender el problema del
desplazamiento menos como una maldición y más como una posibilidad de
crecimiento urbano, tal como lo han visto otros países que han sufrido el
fenómeno como consecuencia de factores económicos y sociales además de la
guerra.
[Fuente: Por Alejandro Baena Jiménez, Diario El Colombiano, Medellín, Colombia,
12sep00]
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