Operaciones militares en Sumapaz afectan a población civil
Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 1 de Octubre, 2000. Col - Las operaciones militares en Sumapaz afectan a la
población civil.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Solidaridad Urgente.
LAS OPERACIONES EN SUMAPAZ AFECTAN A POBLACIÓN CIVIL Y NO GARANTIZAN EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos expresa ante la
comunidad nacional e internacional su preocupación por los siguientes hechos:
Desde el 30 de agosto, la 13 Brigada, la Quinta División y la Fuerza de
Despliegue Rápido del ejército han iniciado una gigantesca operación en el
extenso parque natural de la región de Sumapaz, ubicado a unas tres horas de la
capital Colombiana, que involucra a unos 4.000 soldados; dicho operativo
denominado Aniquilador II;. Se realiza muy cerca del área de despeje, con los
riesgos que ello implica para el proceso de diálogo por la paz.
El operativo militar se inició con ametrallamientos desde helicópteros
artillados y tanques Cascabel en el plan de Sumapaz, vereda San José y otras en
límites con el municipio de Cabrera. La escuela de "La Granada", quedó
semidestruida con el argumento de que en ella se encontraban atrincherados
guerrilleros de las FARC.
Luego vinieron los decretos del gobernador de Cundinamarca Andrés González y del
alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, 02687, 780, 781 y 782 respectivamente
declarando la zona de operaciones militares.
La Defensoría del Pueblo posee algunas pruebas como fotos y un video donde se
testimonian los ametrallamientos contra las escuelas. Algunas denuncias llegadas
a nuestra oficina dan cuenta de restricción de víveres, procedimiento contrario
al Protocolo dos de Ginebra, que como la declaratoria de Zona de Operaciones
Especiales y los decretos del Gobernador
y el Alcalde, son ilegales y violan los derechos fundamentales establecidos en
la Constitución Nacional.
Se anunció que en Sumapaz se construirán bases para un nuevo batallón del
Ejército y operativos de traslado de escolares lo mismo que advertencias de que
estos traslados pueden ser también de población adulta.
La cúpula militar ha justificado los ametrallamientos argumentando la
utilización de maquinaria del Distrito Capital por parte de la insurgencia, para
construir una carretera que uniría el páramo de Sumapaz con el área de despeje.
Sin embargo tal carretera está proyectada por la Ley tres, expedida el 11 de
enero 1.936, mediante la cual existe un trazado oficial para adelantar la vía
Bogotá - Plan de Sumapaz-Colombia, Huila. Por lo tanto el trazado de la
carretera es oficial y legal. Posteriormente el gobierno incluyó la obra en los
planes de desarrollo y aprobó partidas presupuestales para el desarrollo de tal
vía, lo cual desvirtúa la afirmación castrense. Los operativos militares
paralizaron tanto la construcción de la carretera central, como la del
mencionado ramal, lo que llevará a que los campesinos tengan que seguir sacando
sus mercaderías a lomo de mula.
Las organizaciones campesinas se han dirigido a las autoridades solicitando su
intervención para que cesen de manera inmediata las medidas que se vienen
tomando por parte de los integrantes de la Fuerza Pública, Ejército Nacional
(Fuerza de Despliegue Rápido, Brigada Móvil Número Uno, Batallón 39 Sumapaz,
Batallones Contraguerrillas) entre otros, y que violan nuestros derechos a la
vida, a la libre movilización, derechos de los niños y ancianos con medidas como
el impedimento total y arbitrario del paso de víveres para nuestros hijos, en
los retenes ubicados a la salida del casco urbano de Cabrera, Cundinamarca,
único acceso vial a nuestras veredas y que dista inclusive, a varios días de
camino, por lo que tenemos que
adquirir nuestros víveres, especialmente en períodos de siembra y de colecta de
cosechas.
Igualmente consideran que el decreto dictado por el Gobernador de Cundinamarca
vulnera derechos fundamentales de la población civil, como el derecho a la
movilización libre, el derecho a la educación y los derechos de los niños. Opina
que los citados decretos parecen más un pequeño Estado de Conmoción Interna, en
unos municipios del Departamento que considera, sólo puede proferir el
Presidente de la República.
Por la gravedad de los hechos el Comité Permanente solicita de las
organizaciones hermanas dirigirse a las autoridades Colombianas instándolas a:
- Garantizar la vida, integridad personal y demás derechos fundamentales de los
pobladores de las regiones en mención.
-Desmilitarizar la región de Sumapaz y las áreas circunvecinas.
-Exigir la derogatoria de los decretos 780-781-782 del 15 de Septiembre de 2000
de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 02687 del 19 de Septiembre de 2000 de la
Gobernación de Cundinamarca, por atentar contra los derechos fundamentales de
los ciudadanos.
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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