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Situación de los desplazados forzosos asentados en Buga y Tulúa
Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 10 de Octubre, 2000. Col - Actualización sobre la
situación de los desplazados forzosos asentados en
Buga y Tulúa.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
ACTUALIZACIÓN ACCIÓN URGENTE SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS ASENTADOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BUGA Y TULÚA, CENTRO DEL VALLE.
Después de las amenazas proferidas por las "Autodefensas Unidas de Colombia"
contra los desplazados albergados en los municipios de Tulúa y Buga, el 31 de
Agosto último, varios hechos se han sucedido que consideramos importante
señalar:
1. Se realizó una visita de la Comisión Institucional conformada por el
Ministerio del Interior, la ACNUR, la OIM, la Red de Solidaridad Social, la
Oficina de Paz del Valle, la Defensoría del Pueblo del Valle y la Cruz Roja
Francesa. En esta se acordó reanudar el suministro alimentario en los
albergues de los dos municipios, reforzar las medidas de protección
incrementando la presencia de efectivos policiales, suministrar teléfonos
celulares a los líderes de ambos albergues y agilizar el estudio de las diversas
propuestas de reubicación y retorno con garantías, seguridad e inversión para la
sostenibilidad.
2. Luego de esta visita las "AUC" se pronunciaron modificando el plazo para que
los desplazados desalojen los albergues hasta el día 30 de Septiembre.
3. A raíz de este ultimátum muchas familias han salido de los albergues sin
rumbo alguno (aproximadamente 40 familias), otros pocos han regresado a sus
veredas sin ninguna garantía para sus vidas (12 familias del Coliseo Vinicio
Echeverri y 15 del albergue la "Rayadora" que han "retornado" principalmente a
Monteloro y La Marina) y otros se han quedado en el albergue de la
"Rayadora"(aproximadamente 60 familias para un total de 220 personas). Para un
total consolidado de 138 familias.
4. En las últimas semanas han arreciado los hostigamientos contra los lideres
de los albergues, principalmente el de Tulúa. Lo cual ha obligado a los señores
Andrés Robledo, Rodolfo Carvajal, José Alfredo Jiménez y Miguel Ángel Villalba,
a salir hacia otros lugares procurando seguridad para sus vidas. Para ellos
hemos solicitado pasajes y ayuda financiera ante el Programa de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior. La Doctora Claudia Cáceres ya aprobó la
solicitud y solo estamos a la espera de coordinar con los propios afectados su
implementación. De igual manera estamos solicitando la agilización de los
trámites para dotar de los teléfonos celulares a estas mismas personas y a los
señores Efraín Sierra y Leonidas Ordóñez del Coliseo "Ignacio Álvarez" de Buga.
5. Las gestiones que se vienen realizando tendientes a lograr la reubicación de
las familias albergadas en el coliseo de Buga están bastante adelantadas. El
INCORA regional ha dado concepto favorable para la adquisición de la finca en
Yotoco y solo falta la aprobación por parte de las autoridades nacionales,
INCORA y Red de Solidaridad.
Se hace necesario realizar un nuevo censo de las familias desplazadas en ambos
municipios y conocer exactamente cual ha sido el destino de las familias que han
salido de los albergues a raíz de las amenazas.
Nuevamente se ponen al orden del día las soluciones integrales al drama de estas
familias que ya alcanzan 14 meses asentadas en condiciones deplorables.
Reiteramos nuestro llamado a la protección de estas familias, el respeto a sus
derechos consagrados en la Ley 387/97 y en la Constitución Nacional, y el
cumplimiento de las obligaciones humanitarias de los gobiernos local,
departamental y nacional.
Insistimos en la necesidad de garantizar el retorno de estas familias a sus
parcelas, sean estas propietarios o jornaleros agrícolas, diseñando estrategias
que garanticen su seguridad, el respeto de sus vidas, inversión social que haga
sostenible su retorno al menos por un año y el acompañamiento de organismos
nacionales e internacionales humanitarios. De igual manera se hace perentorio
agilizar las iniciativas de reubicación en curso, si tenemos en cuenta que
algunas de las familias no podrán retornar hasta que no se superen totalmente
las causas que ocasionaron su desplazamiento.
Finalmente convocamos a las instituciones gubernamentales con jurisdicción en la
materia, a los organismos internacionales humanitarios cuyo mandato se refiere
al respeto de los Derechos Humanos y el desplazamiento Forzado, así como a las
organizaciones hermanas que vienen acompañando estas comunidades, a aunar
voluntades y coordinar esfuerzos en procura de encontrar alternativas de
solución a esta angustiosa situación. Siempre en el entendido que cualquier
dispersión de iniciativas y gestiones afectará aun más la ya deplorable
situación de estas familias.
Cordialmente,
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
JUAN ACEVEDO GAVIRIA, Secretario Ejecutivo
Santa Fe de Bogotá D.C., octubre 5 de 2000
CARTA AL PRESIDENTE PASTRANA CON RELACIÓN A LAS AMENAZAS DE LA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL AUC CONTRA LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS ASFADDES Y CREDHOS
Santa Fe de Bogotá D.C., 6 de Octubre de 2000
Sr. Presidente:
Con profunda indignación hemos conocido las amenazas proferidas por las AUC
contra los defensores de Derechos Humanos, particularmente contra los
integrantes de las organizaciones CREDHOS y ASFADDES de Barrancabermeja,
quienes ", fueron declarados objetivo militar" por esta organización delictiva a
través de un panfleto dejado en un baño en el lugar donde sesionaba "El foro por
la vida y los Derechos Humanos" los días 29 y 30 de septiembre del año en curso.
Este hecho demuestra la gran facilidad con que actúa ésta organización
criminal, a pesar de las reiteradas solicitudes hechas ante las autoridades
locales, departamentales y nacionales para que se combatan eficazmente los
bárbaros actos que afectan principalmente a indefensos ciudadanos vilmente
masacrados en toda la geografía nacional, sin que hasta el momento se haya
desplegado por los órganos gubernamentales civiles y militares una actividad
efectiva para poner fin a tan dolorosa situación.
De igual manera reiteramos al gobierno nacional las exigencias de respeto y
garantías para el pleno desarrollo de nuestra labor en defensa y promoción de
los Derechos Humanos.
Señor Presidente lo exhortamos a dar cumplimiento sin dilaciones a las numerosas
recomendaciones de los organismos internacionales humanitarios y de derechos
humanos en el sentido de proteger y garantizar la vida, libertad y la integridad
personal de los defensores; así mismo a acatar los compromisos adquiridos en
Convenios y tratados de los cuales el Estado Colombiano es... y a hacer
prevalecer las directivas presidenciales 011/97 y 07/99 en la misma materia.
Señor Presidente, es urgente que en calidad de jefe supremo de las Fuerzas
Armadas, imparta las medidas pertinentes para poner en funcionamiento de una vez
por todas el "CENTRO DE COORDINACIÓN DE LUCHA CONTRA LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA
ILEGALES Y DEMÁS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY" COMO LO CONTEMPLA EL DECRETO 324
DEL 25 DE FEBRERO DE 2000.
Cualquier dilación solo servirá para incentivar las atroces jornadas de barbarie
que desarrollan los grupos paramilitares al amparo de la más escandalosa
impunidad y continuarán poniendo en serias dudas su voluntad real de combatir
el crimen y la desinstitucionalización del país alentada por estos grupos
paraestatales. Ayer no más, cuatro(4) días después de realizado el "Foro
Regional por la Vida y los Derechos Humanos" los paramilitares continuaron sus
acciones punitivas asesinando seis(6) humildes personas, entre estas dos menores
de edad, en el sector suroriental de la ciudad. Los asesinos actuaron en la más
completa impunidad en una de las zonas más densamente militarizadas de
Barrancabermeja.
Finalmente observamos con preocupación el incremento de las acciones
paramilitares en regiones como Córdoba, Atlántico, Barranca, Putumayo, Valle del
Cauca, Antioquia y Cauca; los despavoridos habitantes de estas regiones asisten
inermes al baño de sangre a que han sido sometidos, sin que hasta el momento las
autoridades que usted preside tomen las medidas necesarias para garantizarles el
derecho a la vida y demás derechos fundamentales, obligaciones otorgadas al
Estado colombiano representado por sus autoridades.
Cordialmente,
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL de ANDAS
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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