Los Impactos del Plan Colombia en Ecuador
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Ecuador, a 19 de Julio, 2000. ECUADOR: Los Impactos del Plan Colombia en Ecuador.
GRUPO CIVIL DE MONITOREO DE LOS IMPACTOS DEL PLAN COLOMBIA EN ECUADOR
Quito, Ecuador, julio 14 del 2000
Informaciones sobre la Base estadounidense en Manta y el Plan Colombia
1. Frente al escalamiento del conflicto colombiano y el innegable aumento
de la intervención norteamericana, así como por las graves implicaciones y
consecuencias derivadas del Plan Colombia en la región andina y
particularmente en nuestro país, que acordó el acceso y uso de la Base
aérea de Manta para las FF.AA. de EE.UU., varias organizaciones sociales y
no gubernamentales del país fomentamos el 25 y 26 de noviembre el primer
Encuentro Continental por la Vida y la Paz de Colombia, al que llegaron
delegados internacionales de 18 países, entre ellos el juez español
Baltasar Garzón, evento que fue una de las primeras alertas de la sociedad
civil de la región respecto de sus graves repercusiones que hoy la
comunidad nacional e internacional va conociendo de a poco en poco.
2. Una de las derivaciones de dicho Encuentro fue la conformación en el
Ecuador del Grupo Civil de Monitoreo del Plan Colombia en Ecuador,
integrado por las siguientes organizaciones sociales y no gubernamentales
de carácter ambiental, social, académico y de DDHH: Acción Ecológica,
Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador (APDH), Centro de
Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J.", Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayas,
Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas (FIAAM), Red Hermandad
Colombo Ecuatoriana y Red de Derechos Humanos y Laborales, REDHS-CEOSL.
3. Hoy compartimos algunas de las más relevantes inquietudes de este grupo
interinstitucional sobre los impactos sociales, políticos, humanitarios,
económicos y ambientales de la aplicación del llamado Plan Colombia en la
región andina y particularmente en nuestro país. En efecto, el Senado y
el Gobierno norteamericanos acabaron de aprobar un enorme apoyo financiero
(1.400 millones de dólares) al cual se añadió un paquete de ayuda entregada
por la llamada "Mesa de donantes" en Europa, para la aplicación del
denominado Plan Colombia, propuesta gubernamental colombiana que en EE.UU.
fuera auspiciada y reelaborada por los senadores Mike DeWine, Charles
Grassley y Paul Coverdell, uno de cuyos propósitos básicos, según esas
fuentes oficiales, es combatir el narcotráfico y sus consecuencias.
4. Este Plan que sería aplicado, de manera inmediata, en la región
suroriental de Colombia, particularmente la zona fronteriza con el Ecuador,
según la perspectiva de numerosos analistas de nuestro país, la región y el
mundo, agravará no sólo la fragilidad social y política de la región
andina, sino que también la dramática crisis humanitaria por la que
atraviesa Colombia, cuya población de desplazados internos era considerada
por algunos analistas la segunda en el mundo después de la tragedia en
Kosovo (un millón quinientos mil colombianos desplazados en su propio
territorio, según algunas fuentes), y que debido a los impactos bélicos y
ambientales, desbordaría inevitablemente hacia las provincias fronterizas
ecuatorianas.
INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES:
En este contexto, las siete organizaciones de derechos humanos, ecologistas
y académicas que constituimos el Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos
del Plan Colombia en Ecuador, entregamos las siguientes informaciones
precisas y puntuales recomendaciones a organizaciones y redes de la
sociedad civil ecuatoriana, a las instituciones del Estado, embajadas, ONGs
de la región, medios de comunicación y, en especial, la Comisión de Asuntos
Internacionales del Congreso Nacional. Informaciones y recomendaciones que
hoy exhortamos a Uds. socializarlas y darlas a conocer en su país y a sus
autoridades, referidas a la Base aérea norteamericana en el puerto
ecuatoriano de Manta y a los impactos del Plan Colombia en Ecuador y la
región:
1.- En esta etapa las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana
estamos demandando de las autoridades gubernamentales, especialmente la
Presidencia de la República y los Ministerios de Relaciones Exteriores y de
Defensa Nacional, la inmediata aplicación de una política de transparencia
pública sobre los temas del Plan Colombia y la Base norteamericana en el
puerto de Manta, estrechamente interrelacionados entre sí y que hoy se
tratan bajo el velo del secretismo; decisión gubernamental en la que se
deben incluir las preocupaciones y recomendaciones de la sociedad civil del
país y, especialmente, las provenientes de las poblaciones fronterizas que
serían afectadas.
2.- El Ministerio de RR.EE. y la Oficina de Enlace del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), deben informar a la
opinión pública el contenido del denominado "Plan de Contingencia" (y las
denominadas estrategias del "Plan Ecuador" o "Plan Socio-económico
fronterizo"), elaborado semanas atrás y que, al igual que la información
sobre el Plan Colombia y la Base en Manta, se ha caracterizado por el
secretismo oficial. Los ecuatorianos tenemos el derecho a conocer los
componentes sociales, económicos, militares y humanitarios de dicho Plan de
Contingencia, pues varias ONGs pudimos tener acceso a la lectura del primer
borrador oficial y allí, insólitamente, no se registraba, como les constó a
los delegados de la Cruz Roja y otras instancias, la situación de los
Grupos Humanos Vulnerables (mujeres, niños y ancianos, especialmente), así
como sus correspondientes fuentes de financiamiento (se afirma, según datos
de prensa, que serían 2 millones de dólares, pero fuentes oficiales no han
señalado monto específico alguno).
Este Plan de Contingencia no quiso ser entregado una vez que formalmente el
Grupo de Monitoreo lo solicitara a las instancias respectivas. Diseñado por
el Estado ecuatoriano -FF.AA., Cancillería, entre otros- para la atención y
protección de los ciudadanos colombianos desplazados, inicialmente, y
refugiados, posteriormente, en territorio ecuatoriano, debe ser
estructurado a la luz del Derecho Internacional Humanitario y en virtud de
los instrumentos internacionales de los DD.HH. suscritos y ratificados por
el Estado ecuatoriano, a la vez que debe ser informado y tratado con toda
la sociedad, especialmente la población fronteriza de Sucumbíos (limítrofe
con el departamento colombiano del Putumayo).
3.- En el marco de la grave crisis humanitaria en las zonas de frontera que
se originaría por el flujo inicial de aproximadamente cinco mil campesinos
pobres (datos comparativos de organismos internacionales, nacionales y
humanitarios de frontera), en su mayoría mujeres y niños provenientes de
las veredas y municipios del Bajo Putumayo colombiano: Orito, Puerto Asís,
Valle del Guamues, La Dorada y Puerto Leguízamo; el Ministerio de Defensa
Nacional y la Policía Nacional, debiendo contemplar el resguardo de la
seguridad en la frontera, no deben ni pueden omitir los principios legales
y universales de respeto a los derechos humanos de los civiles refugiados,
el acato fiel a las normas del Derecho Internacional Humanitario y el
entendido de la seguridad no solo desde lo militar-policial, sino la
seguridad alimentaria, sanitaria, psicológica y humanitaria de nuestras
poblaciones fronterizas y de las potenciales poblaciones refugiadas de
Colombia en éxodo hacia el Ecuador.
4.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), debe realizar el
levantamiento de información catastral en las riberas sur orientales del
río San Miguel, limítrofe con Colombia, que permita confirmar o desvirtuar
la información recogida por el Grupo de Monitoreo en Sucumbíos, acerca de
la adquisición de tierras en esa zona de nuestro país por parte de
integrantes de las denominadas "Autodefensas Unidas de Colombia"
(paramilitares) cuyo cabecilla, Carlos Castaño, admitió públicamente en
agosto de 1998 y febrero de 1999, que 75 ecuatorianos participaban en
entrenamientos y operativos esporádicos de las AUC en la zona fronteriza
ecuatoriano-colombiana.
5.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el
Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), en las provincias
fronterizas, y en particular la provincia de Sucumbíos, deben intervenir de
manera emergente, dada la baja y limitada cobertura de atención social,
sanitaria y alimentaria a la población femenina e infanto-juvenil de la
zona. Deben tomar en cuenta los estudios epidemiológicos de la violencia
que existen sobre esta zona, puesto que la provincia de Sucumbíos ocupa uno
de los cinco primeros lugares, a nivel nacional, en tasa de homicidios y
suicidios.
6.- Es necesario pedir y analizar los informes estratégicos, geo-políticos
y económicos (INFORME ESTRATÉGICO MILITAR) que debieron emitir la Junta
Consultiva de Relaciones Exteriores, el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas ecuatorianas y el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), antes de
que se firmara el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno del Ecuador y el
Gobierno de los Estados Unidos de América concerniente al acceso y uso de
los EE.UU. de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
en Manta, para actividades aéreas antinarcóticos.
En caso de no haber sido solicitado por el Gobierno de entonces
(administración de Jamil Mahuad), hemos exhortado oficialmente a la
Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional que proceda a
pedir dicho Informe, mismo que debe incluir el Estudio de Costos y
Beneficios del Acuerdo de Cooperación y el Informe Técnico Estratégico de
la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, sobre la Base norteamericana en Manta.
Solo así se podrá saber si fue o no "pertinente" precipitar dicho acuerdo,
sin debatir ni consultar a la nación. Según fuentes técnicas consultadas
por el Grupo de Monitoreo, las ampliaciones y adecuaciones que se han
realizado en secreto dentro de la pista aérea en Manta, servirían no
solamente para los aparatos encargados del monitoreo y seguimiento
electrónico y de radar en la lucha regional antinarcóticos, sino que
incluso posibilitarían el despegue y aterrizaje de aviones caza y
bombarderos de combate. Esto debe ser transparentado, confirmado o
desvirtuado pública y técnicamente por el Estado ecuatoriano y el gobierno
de los EE.UU. de América.
7.- Debemos presionar por el inicio de un debate público a nivel nacional,
con la participación de la sociedad política y la sociedad civil,
incluyendo la experimentada palabra de ex cancilleres y juristas del
país, acerca de la constitucionalidad y conveniencia estratégica, política
y económica para nuestro país, del mencionado Acuerdo de Cooperación, cuyo
contenido es claramente atentatorio a una serie de principios
constitucionales y normas internacionales, como el básico Principio de
Reciprocidad que debe caracterizar a todo acuerdo o tratado entre Estados
soberanos, y que no fue observado a la hora de suscribirse el Acuerdo entre
EE.UU. y Ecuador para el acceso y uso de la Base Aérea de Manta.
De hallarse meridianamente definida la inconveniencia de este Acuerdo, se
debe instar a su inmediata anulación o suspensión o, si las condiciones
políticas internacionales lo impiden, por lo menos a su revisión integral.
Cabe destacar que el Grupo de Monitoreo, junto a todas las representaciones
de la sociedad civil, organizaciones populares, ciudadanas, de partidos,
movimientos democráticos y de izquierda y grupos de base del país, hemos
acordado presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda de
inconstitucionalidad del Acuerdo EEUU.-Ecuador para el acceso y uso de la
Base Aérea de Manta, puesto que dicho instrumento violenta la soberanía
nacional y fue suscrito sin que se haya cumplido la norma constitucional de
aprobación previa por parte del Pleno del Congreso Nacional.
De igual forma, el Grupo de Monitoreo ha resuelto informar y compartir los
detalles de aquel Acuerdo de Cooperación a nuestras organizaciones pares de
El Salvador y Centroamérica, en vista de la intencionalidad de suscribir un
acuerdo parecido entre dicho país y los EE.UU. en la actual coyuntura, tal
como lo informa la prensa internacional.
8.- El Ministro de RR.EE., Heinz Moeller, debe ser convocado a declarar en
la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional y dar toda la
información pertinente sobre los sucesos denunciados en los primeros días
de julio, en torno a la captura -según fuentes oficiales "en aguas
internacionales"- del barco ecuatoriano Elizabeth I, que transportaba 190
emigrantes ecuatorianos ilegales (así como de otras embarcaciones
nacionales), en fechas anteriores, por parte de buques de la Armada
norteamericana, con apoyo logístico de helicópteros y aviones de rastreo
electrónico provenientes de las instalaciones de la Base Aérea de la Fuerza
Aérea Ecuatoriana en Manta, tal como lo denunció el embajador ecuatoriano
Francisco Suéscum, Director General de Soberanía Marítima de la
Cancillería. La aclaración transparente de esta información pedida por el
Grupo de Monitoreo a la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso
Nacional, incluyó la expresa petición de que la Cancillería levante la
reserva y haga conocer los textos íntegros de los Memorandos internos
281-DGSMAE, 282-DGSMAE y 283-DGSMAE, de junio 28 y 29 de este año,
suscritos por la Dirección General de Soberanía Marítima, Aérea y Espacial
de la Cancillería ecuatoriana, donde presuntamente se informaría de la
captura de 12 barcos ecuatorianos por parte de navíos de guerra
norteamericanos asentados en la Base de Manta. Hay que añadir que,
paradójicamente, el Director General denunciante del primer hecho (captura
del Elisabeth I) fue suspendido temporalmente en sus funciones por orden
del canciller Heinz Moeller, debido a la denuncia que hiciese pública
respecto de este incidente.
9.- La embajadora de los Estados Unidos de América en Ecuador, Gwen Clarke,
debe ser invitada al Congreso Nacional para que explique los "alcances y
beneficios" para el Ecuador del uso de las instalaciones en la Base Aérea
de la FAE en Manta para actividades aéreas antinarcóticos, así como el
contenido de su Nota Verbal 078-2000, enviada al canciller Moeller el 29 de
junio, donde a propósito del incidente con el barco ecuatoriano "Elisabeth
I", citaría textualmente, faltando incluso a principios diplomáticos
elementales, que "los EE.UU. se arrogan el derecho de capturar cualquier
barco de cualquier país en aguas internacionales", lo que constituiría una
flagrante violación de la Convención de Derechos del Mar, que tipifica este
tipo de incidentes como acto de piratería.
10.- Debemos exigir a los medios de comunicación social del país y la
región, que acojan OTRAS VOCES, distintas a las oficiales, cuyo contenido
hasta el día de hoy se caracteriza por ser alarmista, uniformizante y
unilateral, tanto en Ecuador como en Colombia. Así como 50 periodistas de
la región tuvieron derecho de asistir invitados por el gobierno y las
FF.AA. de Colombia, a la Base militar de Tres Esquinas en dicho país, o de
ser invitados y visitar -como el Grupo de Monitoreo ha llegado a conocer-
la base norteamericana en Manta para conocer sus instalaciones en los
próximos días, debe existir apertura democrática y transparencia
informativa en los grandes medios de prensa. Así como se prepara, según el
cable, la visita de una delegación oficial del gobierno colombiano a
Ecuador, para explicar su versión del Plan Colombia y tranquilizar a la
opinión pública, exhortamos a que los medios recojan información de otras
fuentes alternativas, como es el caso de la Dra. Piedad Córdoba Ruiz,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República
de Colombia, quien fuera secuestrada por las AUC. Exhortamos que la prensa
ecuatoriana aborde con ella y con otras voces sociales y civiles
colombianas y de la región, sus puntos de vista para conocer la posición de
la sociedad civil colombiana sobre el Plan Colombia y sus impactos en la
región. La senadora Córdoba vendrá a Ecuador para participar en un evento
académico.
11.- A los más destacados centros de investigación, universidades y
politécnicas del país, así como los organismos ambientales prestigiados del
mundo (Greenpeace y Sunshine Project, entre otros) , la Comisión de Asuntos
Internacionales del Congreso y otras instancias deben solicitarles que
emitan un informe independiente sobre los impactos ambientales en las
provincias fronterizas ecuatorianas y en la región andina, debido a la
utilización del hongo Oxyporum Fusaryum en las masivas fumigaciones que se
prevé iniciar en el departamento fronterizo del Putumayo, inscritas en el
denominado Plan Colombia.
Estos complejos temas que preocupan al Ecuador y la región, deben ser
analizados y debatidos en un ambiente de transparencia, pues las
consecuencias de las decisiones políticas que se tomaron o se dejaron de
tomar en un momento dado, ponen en riesgo la soberanía nacional
ecuatoriana, la seguridad del país y, ante todo, la vigencia y respeto de
los DD.HH. de miles de hombres y mujeres, niños y niñas, que viven en
nuestras provincias fronterizas, en particular, y de mujeres, hombres,
niños y niñas que pueden llegar del país hermano de Colombia.
Finalmente, hacemos pública la decisión del Grupo de Monitoreo de ejecutar
una estrategia ciudadana de resistencia pacífica y acción civil no violenta
a corto, mediano y largo plazo, parecida a la que se usara en Vieques,
Puerto Rico, en los últimos meses, y en Panamá en las décadas del sesenta y
setenta, con el objeto de visibilizar internacionalmente la cuestionada y
perjudicial presencia militar norteamericana en Ecuador, particularmente en
el puerto de Manta y la región de El Coca, en la zona fronteriza amazónica,
y para oponernos al Plan Colombia y sus consecuencias de regionalización e
intervención.
Atentamente,
Por el GRUPO CIVIL DE MONITOREO DE LOS IMPACTOS DEL PLAN COLOMBIA,
Alexis Ponce
Vocero Nacional de la APDH del Ecuador
Alexis Ponce "quijote@porta.net"
Documento inicialmente entregado a:
* Dr. Oswaldo Molestina, presidente de la Comisión Especializada Permanente
de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional del Congreso Nacional.
* Sr. Rolando Vera, presidente de la Comisión Legislativa de DDHH del
Congreso Nacional.
* Sr. Freddy Ehlers, director del Programa "La Televisión".
* Dr. Julio Prado Vallejo, ex-canciller, presidente de la CNDH.
* ONGs de DDHH, FEUE nacional.
* Diario "El Espectador" de Colombia y otros medios de prensa
internacionales.
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
Más información - Further information - Plus d'information
|