Se oponen a la utilización de la base de Manta dentro del Plan Colombia
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Ecuador, a 21 de Julio, 2000. Ecu - Organismos de DDHH se oponen a la utilización
de la base de Manta dentro del Plan Colombia.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human* Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
APDH CRÍTICA NEGATIVA DE CARONDELET A REVISAR ACUERDO DE BASE EN MANTA "GOBIERNO
COMETE ERROR HISTÓRICO
"El gobierno nacional comete un error histórico de consecuencias a largo plazo
para el país y el propio régimen, al negarse a revisar el acuerdo de cooperación
EEUU-Ecuador para el acceso y uso de la base de Manta por parte de las FF.AA.
norteamericanas", señaló Alexis Ponce, vocero de la APDH, una de las ONGS del
Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador.
Al tiempo de censurar y calificar de desesperadas e inaceptables las
declaraciones del ministro Moeller y el secretario de información que infirieron
absurdamente que los ecuatorianos que se oponen a la base y al Plan Colombia
"defienden al narcotráfico", Ponce manifestó que es ciego y poco digno de un
canciller pensar que el 89% de los ecuatorianos que exigen transparencia al
régimen y temen el Plan Colombia y la base de Manta, "defiendan el
narcotráfico".
Según el vocero de la APDH, el congreso nacional tiene suficientes fundamentos
para citar y censurar al ministro Moeller, pues dicho funcionario no puede
seguir poniendo en riesgo la paz del país y la estabilidad de la región al
empecinarse en sostener un acuerdo cuya inconveniencia, inconstitucionalidad y
falta de legitimidad ciudadana, son evidentes. "El congreso debe cumplir su
deber y estamos atentos a sus movimientos", alertó Ponce.
El vocero de la APDH denunció que ni el canciller ni el ministro de Defensa
Nacional contestaron las formales solicitudes del Grupo de Monitoreo y las ONGs
del mundo civil para que las autoridades les permitan recorrer la base de Manta,
tal como lo harán funcionarios del gobierno con algunos sectores de prensa este
viernes, para conocer sus instalaciones, visita preparada por el régimen y el
alto mando de las FF.AA., que la APDH calificó de "intento publicitario del
canciller y la embajadora Clarke por calmar el acelerado cuestionamiento de la
opinión pública y los medios a las implicaciones reales de la base militar
estadounidense en territorio ecuatoriano".
Ponce aplaudió la dignidad de algunas personalidades civiles que declinaron
aceptar la invitación hecha a última hora, hasta que el canciller admita una
visita independiente y con la participación de técnicos y expertos militares en
retiro, que el Grupo Civil de Monitoreo y ONGs nacionales, intentan conseguir
del gobierno.
ORGANIZACIONES DE TODO EL PAÍS ANUNCIAN DEMANDA:
Una amplísima gama de personalidades, organizaciones sociales, gremiales y ONGs
de todo el país, entre ellas el Grupo Civil de Monitoreo, preparan para la
próxima semana la presentación de una demanda de inconstitucionalidad del
acuerdo de cooperación entre EEUU y Ecuador ante el T.C., para que se retiren
los soldados norteamericanos y el país evite así consecuencias impredecibles en
el futuro.
Quito, 20 de julio de 2000
INFORMACIONES SOBRE LA BASE ESTADOUNIDENSE EN MANTA Y EL PLAN COLOMBIA
Introducción:
A) Frente al escalamiento del conflicto colombiano y el innegable aumento de la
intervención norteamericana, así como por las graves implicaciones y
consecuencias derivadas del Plan Colombia en la región andina y particularmente
en nuestro país, que acordó el acceso y uso de la Base aérea
de Manta para las FF.AA. de EE.UU., varias organizaciones sociales y no
gubernamentales del país fomentamos el 25 y 26 de noviembre el primer Encuentro
Continental por la Vida y la Paz de Colombia, al que llegaron delegados
internacionales de 18 países, entre ellos el juez español Baltasar Garzón,
evento que fue una de las primeras alertas de la sociedad civil de la región
respecto de sus graves repercusiones que hoy la comunidad nacional e
internacional va conociendo de a poco en poco.
B) Una de las derivaciones de dicho Encuentro fue la conformación en el Ecuador
del Grupo Civil de Monitoreo del Plan Colombia en Ecuador, integrado por las
siguientes organizaciones sociales y no gubernamentales de carácter ambiental,
social, académico y de DDHH: Acción Ecológica, Asamblea Permanente de Derechos
Humanos del Ecuador (APDH), Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo
Montes Mozo S.J.", Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
(CDH) de Guayas, Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas (FIAAM), Red
Hermandad Colombo Ecuatoriana y Red de Derechos Humanos y Laborales,
REDHS-CEOSL.
C) Hoy compartimos algunas de las más relevantes inquietudes de este grupo
interinstitucional sobre los impactos sociales, políticos, humanitarios,
económicos y ambientales de la aplicación del llamado Plan Colombia en la región
andina y particularmente en nuestro país. En efecto, el Senado y el Gobierno
norteamericanos acabaron de aprobar un enorme apoyo financiero (1.400 millones
de dólares) al cual se añadió un paquete de ayuda entregada por la llamada "Mesa
de donantes" en Europa, para la aplicación del denominado Plan Colombia,
propuesta gubernamental colombiana que en EE.UU. fuera auspiciada y reelaborada
por los senadores Mike DeWine, Charles Grassley y Paul Coverdell, uno de cuyos
propósitos básicos, según esas fuentes oficiales, es combatir el narcotráfico y
sus consecuencias.
D) Este Plan que sería aplicado, de manera inmediata, en la región suroriental
de Colombia, particularmente la zona fronteriza con el Ecuador, según la
perspectiva de numerosos analistas de nuestro país, la región y el mundo,
agravará no sólo la fragilidad social y política de la región andina, sino que
también la dramática crisis humanitaria por la que atraviesa Colombia, cuya
población de desplazados internos era considerada por algunos analistas la
segunda en el mundo después de la tragedia en Kosovo (un millón quinientos mil
colombianos desplazados en su propio territorio, según algunas fuentes), y que
debido a los impactos bélicos y ambientales, desbordaría inevitablemente hacia
las provincias fronterizas ecuatorianas.
INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES:
En este contexto, las siete organizaciones de derechos humanos, ecologistas y
académicas que constituimos el Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan
Colombia en Ecuador, entregamos las siguientes informaciones precisas y
puntuales recomendaciones a organizaciones y redes de la sociedad civil
ecuatoriana, a las instituciones del Estado, embajadas, ONGs de la región,
medios de comunicación y, en especial, la Comisión de Asuntos Internacionales
del Congreso Nacional. Informaciones y recomendaciones que hoy exhortamos a Uds.
socializarlas y darlas a conocer en su país y a sus autoridades, referidas a la
Base aérea norteamericana en el puerto ecuatoriano de Manta y a los impactos
del Plan Colombia en Ecuador y la región:
1.- En esta etapa las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana estamos
demandando de las autoridades gubernamentales, especialmente la Presidencia de
la República y los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional,
la inmediata aplicación de una política de transparencia pública sobre los temas
del Plan Colombia y la Base norteamericana en el puerto de Manta, estrechamente
interrelacionados entre sí y que hoy se tratan bajo el velo del secretismo;
decisión gubernamental en la que se deben incluir las preocupaciones y
recomendaciones de la sociedad civil del país y, especialmente, las provenientes
de las poblaciones fronterizas que
serían afectadas.
2.- El Ministerio de RR.EE. y la Oficina de Enlace del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), deben informar a la opinión pública
el contenido del denominado "Plan de Contingencia" (y las denominadas
estrategias del "Plan Ecuador" o "Plan Socio-económico
fronterizo"), elaborado semanas atrás y que, al igual que la información sobre
el Plan Colombia y la Base en Manta, se ha caracterizado por el secretismo
oficial.
Los ecuatorianos tenemos derecho a conocer los componentes sociales, económicos,
militares y humanitarios de dicho Plan de Contingencia, pues varias ONGs pudimos
tener acceso a la lectura del primer borrador oficial y allí, insólitamente, no
se registraba, como les constó a los delegados de la Cruz Roja y otras
instancias, la situación de los Grupos Humanos Vulnerables (mujeres, niños y
ancianos, especialmente), así como sus correspondientes fuentes de
financiamiento (se afirma, según datos de prensa, que serían 2 millones de
dólares, pero fuentes oficiales no han señalado monto específico alguno).
Este Plan de Contingencia no quiso ser entregado una vez que formalmente el
Grupo de Monitoreo lo solicitara a las instancias respectivas. Diseñado por el
Estado ecuatoriano (FF.AA., Cancillería, entre otros) para la atención y
protección de los ciudadanos colombianos desplazados, inicialmente, y
refugiados, posteriormente, en territorio ecuatoriano, debe ser estructurado a
la luz del Derecho Internacional Humanitario y en virtud de los instrumentos
internacionales de los DD.HH. suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano,
a la vez que debe ser informado y tratado con toda la sociedad, especialmente la
población fronteriza de Sucumbíos (limítrofe con el departamento colombiano del
Putumayo).
3.- En el marco de la grave crisis humanitaria en las zonas de frontera que se
originaría por el flujo inicial de aproximadamente cinco mil campesinos pobres
(datos comparativos de organismos internacionales, nacionales y humanitarios de
frontera), en su mayoría mujeres y niños provenientes de las veredas y
municipios del Bajo Putumayo colombiano: Orito, Puerto Asís, Valle del Guamues,
La Dorada y Puerto Leguízamo; el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía
Nacional, debiendo contemplar el resguardo de la seguridad en la frontera, no
deben ni pueden omitir los principios legales y universales de respeto a los
derechos humanos de los civiles refugiados, el acato fiel a las normas del
Derecho Internacional Humanitario y el entendido de la seguridad no solo desde
lo militar-policial, sino la seguridad alimentaria, sanitaria, psicológica y
humanitaria de nuestras poblaciones fronterizas y de las potenciales poblaciones
refugiadas de Colombia en éxodo hacia el
Ecuador.
4.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), debe realizar el
levantamiento de información catastral en las riberas sur orientales del río San
Miguel, limítrofe con Colombia, que permita confirmar o desvirtuar la
información recogida por el Grupo de Monitoreo en Sucumbíos, acerca de la
adquisición de tierras en esa zona de nuestro país por parte de integrantes de
las denominadas "Autodefensas Unidas de Colombia" (paramilitares) cuyo
cabecilla, Carlos Castaño, admitió públicamente en agosto de 1998 y febrero de
1999, que 75 ecuatorianos participaban en entrenamientos y operativos
esporádicos de las AUC en la zona fronteriza ecuatoriano-colombiana.
5.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto
Nacional del Niño y la Familia (INNFA), en las provincias fronterizas, y en
particular la provincia de Sucumbíos, deben intervenir de manera emergente, dada
la baja y limitada cobertura de atención social, sanitaria y alimentaria a la
población femenina e infanto-juvenil de la zona. Deben tomar en cuenta los
estudios epidemiológicos de la violencia que existen sobre esta zona, puesto que
la provincia de Sucumbíos ocupa uno de los cinco primeros lugares, a nivel
nacional, en tasa de homicidios y suicidios.
6.- Es necesario pedir y analizar los informes estratégicos, geo-políticos y
económicos (INFORME ESTRATÉGICO MILITAR) que debieron emitir la Junta Consultiva
de Relaciones Exteriores, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
ecuatorianas y el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), antes de que se
firmara el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno del Ecuador y el Gobierno de
los Estados Unidos de América concerniente al acceso y uso de los EE.UU. de las
instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, para
actividades aéreas antinarcóticos.
En caso de no haber sido solicitado por el Gobierno de entonces (administración
de Jamil Mahuad), hemos exhortado oficialmente a la Comisión de Asuntos
Internacionales del Congreso Nacional que proceda a pedir dicho Informe, mismo
que debe incluir el Estudio de Costos y Beneficios del Acuerdo de Cooperación y
el Informe Técnico Estratégico de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, sobre la
Base norteamericana en Manta. Solo así se podrá saber si fue o no "pertinente"
precipitar dicho acuerdo, sin debatir ni consultar a la nación.
Según fuentes técnicas consultadas por el Grupo de Monitoreo, las ampliaciones y
adecuaciones que se han realizado en secreto dentro de la pista aérea en Manta,
servirían no solamente para los aparatos encargados del monitoreo y seguimiento
electrónico y de radar en la lucha regional antinarcóticos, sino que incluso
posibilitarían el despegue y aterrizaje de aviones caza y bombarderos de
combate. Esto debe ser transparentado, confirmado o desvirtuado pública y
técnicamente por el Estado ecuatoriano y el gobierno de los EE.UU. de América.
7.- Debemos presionar por el inicio de un debate público a nivel nacional, con
la participación de la sociedad política y la sociedad civil, incluyendo la
experimentada palabra de ex- cancilleres y juristas del país, acerca de la
constitucionalidad y conveniencia estratégica, política y económica para nuestro
país, del mencionado Acuerdo de Cooperación, cuyo contenido es claramente
atentatorio a una serie de principios constitucionales y normas internacionales,
como el básico Principio de Reciprocidad que debe caracterizar a todo acuerdo o
tratado entre Estados soberanos, y que no fue observado a la hora de suscribirse
el Acuerdo entre EE.UU. y Ecuador para el acceso y uso de la Base Aérea de
Manta. De hallarse meridianamente definida la inconveniencia de este Acuerdo, se
debe instar a su inmediata anulación o suspensión o, si las condiciones
políticas internacionales lo impiden, por lo menos a su revisión integral.
Cabe destacar que el Grupo de Monitoreo, junto a todas las representaciones de
la sociedad civil, organizaciones populares, ciudadanas, de partidos,
movimientos democráticos y de izquierda y grupos de base del país, hemos
acordado presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda de
inconstitucionalidad del Acuerdo EEUU.-Ecuador para el acceso y uso de la Base
Aérea de Manta, puesto que dicho instrumento violenta la soberanía nacional y
fue suscrito sin que se haya cumplido la norma constitucional de aprobación
previa por parte del Pleno del Congreso Nacional.
De igual forma, el Grupo de Monitoreo ha resuelto informar y compartir los
detalles de aquel Acuerdo de Cooperación a nuestras organizaciones pares de El
Salvador y Centroamérica, en vista de la intencionalidad de suscribir un acuerdo
parecido entre dicho país y los EE.UU. en la actual coyuntura, tal como lo
informa la prensa internacional.
8.- El Ministro de RR.EE., Heinz Moeller, debe ser convocado a declarar en la
Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional y dar toda la
información pertinente sobre los sucesos denunciados en los primeros días de
julio, en torno a la captura -según fuentes oficiales "en aguas
internacionales"- del barco ecuatoriano Elizabeth I, que transportaba 190
emigrantes ecuatorianos ilegales (así como de otras embarcaciones nacionales),
en fechas anteriores, por parte de buques de la Armada norteamericana, con apoyo
logístico de helicópteros y aviones de rastreo electrónico provenientes de las
instalaciones de la Base Aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, tal como
lo denunció el embajador ecuatoriano Francisco Suéscum, Director General de
Soberanía Marítima de la Cancillería.
La aclaración transparente de esta información pedida por el Grupo de Monitoreo
a la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional, incluyó la
expresa petición de que la Cancillería levante la reserva y haga conocer los
textos íntegros de los Memorandos internos 281-DGSMAE,
282-DGSMAE y 283-DGSMAE, de junio 28 y 29 de este año, suscritos por la
Dirección General de Soberanía Marítima, Aérea y Espacial de la Cancillería
ecuatoriana, donde presuntamente se informaría de la captura de 12 barcos
ecuatorianos por parte de navíos de guerra norteamericanos asentados en la Base
de Manta.
Hay que añadir que, paradójicamente, el Director General denunciante del primer
hecho (captura del Elisabeth I) fue suspendido temporalmente en sus funciones
por orden del canciller Heinz Moeller, debido a la denuncia que hiciese pública
respecto de este incidente.
9.- La embajadora de los Estados Unidos de América en Ecuador, Gwen Clarke, debe
ser invitada al Congreso Nacional para que explique los "alcances y beneficios"
para el Ecuador del uso de las instalaciones en la Base Aérea de la FAE en Manta
para actividades aéreas antinarcóticos, así como el contenido de su Nota Verbal
078-2000, enviada al canciller Moeller el 29 de junio, donde a propósito del
incidente con el barco ecuatoriano "Elisabeth I", citaría textualmente, faltando
incluso a principios diplomáticos elementales, que "los EE.UU. se arrogan el
derecho de capturar cualquier
barco de cualquier país en aguas internacionales", lo que constituiría una
flagrante violación de la Convención de Derechos del Mar, que tipifica este tipo
de incidentes como acto de piratería.
10.- Debemos exigir a los medios de comunicación social del país y la región,
que acojan OTRAS VOCES, distintas a las oficiales, cuyo contenido hasta el día
de hoy se caracteriza por ser alarmista, uniformizante y unilateral, tanto en
Ecuador como en Colombia. Así como 50 periodistas de la región tuvieron derecho
de asistir invitados por el gobierno y las FF.AA. de Colombia, a la Base militar
de Tres Esquinas en dicho país, o de ser invitados y visitar -como el Grupo de
Monitoreo ha llegado a conocer- la base norteamericana en Manta para conocer sus
instalaciones en los próximos
días, debe existir apertura democrática y transparencia informativa en los
grandes medios de prensa.
Así como se prepara, según el cable, la visita de una delegación oficial del
gobierno colombiano a Ecuador, para explicar su versión del Plan Colombia y
tranquilizar a la opinión pública, exhortamos a que los medios recojan
información de otras fuentes alternativas, como es el caso de la Dra. Piedad
Córdoba Ruiz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la
República de Colombia, quien fuera secuestrada por las AUC. Exhortamos que la
prensa ecuatoriana aborde con ella y con otras voces sociales y civiles
colombianas y de la región, sus puntos de vista para conocer la posición de la
sociedad civil colombiana sobre el Plan Colombia y sus impactos en la región. La
senadora Córdoba vendrá a Ecuador para participar en un evento académico.
11.- A los más destacados centros de investigación, universidades y politécnicas
del país, así como los organismos ambientales prestigiados del mundo (Greenpeace
y Sunshine Project, entre otros) , la Comisión de Asuntos Internacionales del
Congreso y otras instancias deben solicitarles que emitan un informe
independiente sobre los impactos ambientales en las provincias fronterizas
ecuatorianas y en la región andina, debido a la utilización del hongo Oxyporum
Fusaryum en las masivas fumigaciones que se prevé iniciar en el departamento
fronterizo del Putumayo, inscritas en el
denominado Plan Colombia.
Estos complejos temas que preocupan al Ecuador y la región, deben ser analizados
y debatidos en un ambiente de transparencia, pues las consecuencias de las
decisiones políticas que se tomaron o se dejaron de tomar en un momento dado,
ponen en riesgo la soberanía nacional ecuatoriana, la seguridad del país y, ante
todo, la vigencia y respeto de los DD.HH. de miles de hombres y mujeres, niños y
niñas, que viven en nuestras provincias fronterizas, en particular, y de
mujeres, hombres, niños y niñas que pueden llegar del país hermano de Colombia.
Finalmente, hacemos pública la decisión de la APDH del Ecuador, apoyada por el
Grupo de Monitoreo, de ejecutar una estrategia ciudadana de resistencia pacífica
y acción civil no violenta a corto, mediano y largo plazo, parecida a la que se
usara en Vieques, Puerto Rico, en los últimos meses, y en Panamá en las décadas
del sesenta y setenta, con el objeto de visibilizar internacionalmente la
cuestionada y perjudicial presencia militar norteamericana en Ecuador,
particularmente en el puerto de Manta y la región de El Coca, en la zona
fronteriza amazónica, y para oponernos al Plan Colombia y sus consecuencias de
regionalización e intervención.
Atentamente,
Por el GRUPO CIVIL DE MONITOREO DE LOS IMPACTOS DEL PLAN COLOMBIA,
Quito, Ecuador, julio 14 del 2000
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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