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Acusan a empresa BOTROSA de persecución y tortura de campesinos
Pachakutik-Nuevo País: Declaración sobre el Plan Colombia
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Ecuador, a 1 de Octubre, 2000. Ecu - Acusan a empresa BOTROSA de persecución y
tortura de campesinos y declaración sobre el Plan
Colombia.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human* Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
CAMPESINOS ACUSAN A EMPRESA BOTROSA DE PERSECUCIÓN Y TORTURA
por Kintto Lucas
QUITO, sep (IPS) La firma maderera Botrosa, uno de cuyos socios es el ministro
de Comercio Exterior, Roberto Peña Durini, fue acusada ante la justicia en
Ecuador de perseguir campesinos y ambientalistas en la provincia de Esmeraldas,
fronteriza con Colombia.
Agricultores del lugar aseguraron en un juzgado penal de la ciudad de Quinindé,
cercana a la zona del conflicto, que fueron retenidos y torturados por policías
y guardabosques de Botrosa que los amenazaron de muerte para expulsarlos de las
tierras que trabajaban.
Los 350 miembros de la Cooperativa Ecuador Libre, sus familias y activistas,
realizan protestas por la ocupación de Botrosa de los predios que, según dicen,
pertenecen al grupo campesino, y por la deforestación en la región.
El conflicto en Esmeraldas determinó la salida del país de Ricardo Buitrón, un
activista de la no gubernamental Acción Ecológica, sobre el que pesa una orden
de prisión por presuntas injurias e instigación a campesinos a ocupar tierras.
Buitrón también aseguró que fue amenazado.
El punto central del problema son tierras que el Instituto Nacional de
Desarrollo Agrario (INDA) desafectó del conjunto de propiedades fiscales para
adjudicarlas a Botrosa. La cooperativa afirma que ese predio, El Pambilar, forma
parte de un bosque nativo declarado patrimonio forestal por el Ministerio de
Ambiente.
Organizaciones ecologistas y humanitarias presentaron una denuncia ante la
Defensoría del Pueblo de Esmeraldas por presuntos maltratos y la supuesta forma
ilegal en que se resolvió la entrega de las tierras a la compañía maderera.
Los denunciantes señalan que el INDA sólo puede otorgar predios a campesinos y
"no a grandes empresas madereras para que deforesten un área que es patrimonio
forestal".
El gerente de Botrosa, Mauricio Terán, aseguró que esta compañía, una de las más
grandes de la región andina en el ramo, tiene 12.000 hectáreas de bosque nativo
legalmente adquiridas y otras 9.000 que ha reforestado en los últimos 22 años.
Por su parte, los cooperativistas dicen que tomaron posesión de esas tierras
hace más de 30 años, cuando la región fue colonizada y mucho antes de que
llegara Botrosa, por lo cual entienden que les corresponden ''por herencia y
derecho".
Además, aseguraron que desde que están allí la deforestación ha sido mínima,
pero ''cuando llegaron las grandes madereras se han ido quedando sin bosque''.
También se comprometieron a no utilizar las parcelas para extraer madera sino
para hacerlas ''producir de una forma sustentable, como hasta el momento''.
El enfrentamiento entre la cooperativa agrícola y la empresa Botrosa se remonta
a 15 años atrás, pero se agudizó este año, cuando los agricultores y sus
familias fueron desalojados, al parecer en forma violenta, por policías y por
guardias contratados por la firma maderera.
Hace algunos meses y en forma sorpresiva ''llegaron muchos policías y
guardabosques de Botrosa, tumbaron y quemaron nuestras casas de madera,
destruyeron lo poco que teníamos y nos prohibieron la entrada para siempre'',
afirmaron a IPS los campesinos Laurence Vega, de 34 años, y Porfirio Reyes, de
44. Floresmilo Villalta, de 60 años, aseguró que algunos agricultores fueron
atados a postes y obligados a comer tierra, diciéndoles que ahí estaba la tierra
que reclamaban, para luego hacerlos correr disparándoles a los pies.
El joven campesino Javier Intriago espera que las autoridades actúen y se les
permita regresar a las tierras que cultivaban. Agregó que en 1987, cuando él
tenía tres años, hubo otra tentativa de expulsión de los agricultores, que
finalmente pudieron regresar.
Por su parte, Marcelo Merino, portavoz de Botrosa y del Grupo Durini, al que
está relacionado el ministro de Comercio Exterior, indicó que la empresa compró
las tierras de forma legal y que la policía cumplió órdenes legales.
A todo esto, el Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, pidió al Ministerio de
Ambiente que Comisione a su Dirección Forestal para inspeccionar la zona del
conflicto y verificar si el predio en disputa está dentro del área declarada
patrimonio forestal del Estado.
En junio se suspendió en forma abrupta una inspección del lugar con la
participación de representantes del Ministerio, de organizaciones humanitarias y
ambientalistas y de la empresa maderera. "La inspección no se realizó porque la
empresa no autorizó el ingreso de los técnicos del Ministerio de Ambiente", dijo
el director forestal, Hans Thiel.
Al respecto, Belén Vásconez, integrante de la Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos (Cedhu), dijo que la compañía arguyó para evitar la inspección que había
un grupo de invasores de tierras, cuya presencia ''no garantizaba la seguridad
de quienes participarían de la misión''.
Directivos de la firma también consideraron que la presencia de la Cedhu
desvirtuaba ''el carácter técnico de la inspección", para convertirla "en un
sainete en desmedro de Botrosa". Así mismo, afirmaron que estaban en un proceso
de negociación con los cooperativistas.
''El acuerdo nunca llegó y en los últimos días se profundizaron las diferencias,
sin que el Ministerio de Ambiente tomara cartas en el asunto'', dijo Buitrón.
Para que el predio adjudicado a la empresa sea recuperado por el INDA y los
campesinos puedan permanecer en él es necesario que el Ministerio de Ambiente
declare que está ubicado en el área declarada patrimonio forestal del Estado,
explicaron los activistas.
Si bien el ministro de Ambiente, Rodolfo Rendón, aseguró a la prensa local que
la zona es ''patrimonio forestal del Estado ecuatoriano'', todavía no se ha
emitido el comunicado oficial respectivo, porque antes se debe realizar la
inspección frustrada en junio.
Los representantes de Acción Ecológica aseguraron que en las últimas dos semanas
han ''recibido amenazas telefónicas y se incrementó la persecución contra
activistas''.
''No vamos a salir de la provincia de Esmeraldas, seguiremos acompañando a los
campesinos, hasta que el Ministerio de Ambiente tome cartas en el asunto y asuma
que el predio El Pambilar no es propiedad de Botrosa, sino un patrimonio
forestal'', agregaron.
Los ambientalistas también pidieron una auditoria internacional para que se
conozca ''cuántos bosques entregó el INDA en forma ilegal a distintas empresas
madereras como en el caso de Botrosa''.
La tala de 3,4 millones de árboles de bosque nativo cada año causa distorsiones
en el ambiente de la Amazonia y la costa de Esmeraldas. Alrededor de 88 por
ciento de los árboles que se cortan en Ecuador salen de los bosques naturales de
esas dos regiones.
De las 5.000 especies forestales de Ecuador, sólo 100 son utilizadas por la
industria maderera, que participa con 3,5 por ciento del producto interno bruto,
ocupando el séptimo puesto en la economía nacional. Entre 1995 y 1998 se
exportaron 857.000 toneladas de productos de madera como tablas, vigas,
aglomerados, puertas, listones y muebles, por un equivalente a 354 millones de
dólares. (FIN/IPS/kl/dm/en ip/00)
EL MOVIMIENTO PACHAKUTIK-NUEVO PAÍS DE ECUADOR FRENTE AL PLAN COLOMBIA
Los analistas norteamericanos miran con aprehensión el desarrollo del conflicto
colombiano, en especial, por las dudas que les genera la capacidad del gobierno
y Fuerzas Armadas colombianas de poder neutralizar a la guerrilla. Dudas que se
acrecientan al observar las tendencias de la política venezolana, la misma que
puede llegar a incidir en un desarrollo no deseado por ellos, por lo cual les es
urgente neutralizar el conflicto colombiano a la mayor brevedad posible. Como
argumento
justificatorio para la intervención de los EE.UU., los intereses geopolíticos
norteamericanos han inventado la fórmula de la lucha contra el narcotráfico y
narcoguerrilla. En torno a este nexo: guerrilla y narcotráfico; se ha montado
toda una campaña de "información" y desinformación, en la que incluso se ha
visto inmiscuida las Naciones Unidas, con las declaraciones del Secretario
General Sr. Kofi Anam, en la reciente Asamblea de esa organización,
justificatorias de cualquier
intervención multilateral que estuviere dirigida a impedir violaciones de los
Derechos Humanos; argumento al cual nadie puede oponerse en principio, pero que
ha sido utilizado para encubrir acciones que obedecen a intereses geopolíticos
de los EE.UU. y de sus principales aliados y que han
costado numerosas vidas y sufrimientos a las poblaciones cuyos derechos humanos
supuestamente se han querido proteger.
Así tenemos las recientes intervenciones en Granada, Haití y Panamá, además de
los conflictos de
Sudán, Kosovo y la Guerra del Golfo. Creemos que una intervención masiva en
Colombia eventualmente conduciría a situaciones de más difícil control para los
EE.UU.
Frente a esta amenaza y no deseadas consecuencias de la aplicación del Plan
Colombia, se han manifestado claramente los gobiernos de Venezuela, Brasil y
Perú, ya sea mostrándose contrarios a dicho Plan o no prestando su colaboración.
A diferencia de estos países fronterizos con Colombia, nuestro gobierno no sólo
que no se ha manifestado claramente, sino que ha involucrado directa o
indirectamente a nuestro país, en un conflicto que no es nuestro, a través de la
entrega de la Base de Manta. Se ha afirmado que el concepto de soberanía es
confuso y polémico, PERO NO LO ES.
La soberanía es el plebiscito cotidiano, es el derecho y obligación de los
ecuatorianos a resolver nuestros problemas, sin la intervención de nadie.
Soberanía es la potestad que debemos tener los ecuatorianos a preservar nuestros
intereses, por sobre los intereses ajenos y perjudiciales. Soberanía es la
facultad de autodeterminación, independencia y respeto entre los
Estados. Soberanía es la facultad de dictar el marco económico y de disponer de
los recursos naturales, de acuerdo a lo que convenga a los intereses
nacionales. Soberanía es la preservación del modo de ser, de las culturas que
hacen parte de nuestra Nación. La soberanía no admite la imposición de tutelajes
ni condicionamientos. La soberanía no es un concepto teórico, sino que es
producto de una realidad; cuando se trata de minimizarla, es que se oculta
alguna forma de dominación e imposición.
Quienes tildan de anticuada la defensa de la soberanía, olvidan que las
potencias si defienden la suya, en los campos concretos de su territorio,
lengua, moneda, recursos estratégicos, mercados, implementación de políticas,
etc.; con decisiones de poder, que al mismo tiempo apuntan contra las bases
nacionales de los países débiles. ¿Acaso nos permitirían a nosotros los
latinoamericanos implementar un "Plan Estados Unidos" para combatir el
creciente consumo de drogas y narcotráfico que se desarrolla a lo interno de esa
potencia?
Drogas de fabricación sintética como el Éxtasis, speed, etc., que tienen origen
en su propio país, y no en los campos latinoamericanos. Asistimos a una
creciente desnacionalización de las bases políticas y económicas de nuestra
Patria. Quien dicta nuestra política económica ya no somos nosotros sino el
Fondo Monetario Internacional, ya no controlamos nuestra política internacional,
la entrega de la Base de Manta, contra la VOLUNTAD GENERAL del pueblo
ecuatoriano, es una prueba de ello; hemos perdido nuestra moneda, el sucre; a
través de leyes como la Trole I y II se entrega nuestros recursos estratégicos a
las transnacionales. Todos estos hechos son signos que demuestran que los que han
usufructuado tradicionalmente del poder, ya no gobiernan para las mayorías ni
defienden los intereses nacionales.
Frente a esta realidad el MUPP-NP expone su posición al país:
1) Exigimos que se respete los principios de no intervención y autodeterminación
de los
pueblos, consagrados en las cartas de la ONU y OEA.
2) Exigimos la realización de una Consulta Popular para que el pueblo, titular
de la soberanía, se pronuncie sobre el asunto de la Base de Manta.
3) Exigimos la inmediata revisión de los términos del Convenio por el cual se
instaló la Base de Manta.
4) Demanda a los movimientos guerrilleros de Colombia, que respeten nuestra
soberanía y la forma en que nuestro pueblo lucha para conseguir una sociedad
verdaderamente democrática, con justicia y libertad.
5) A nuestras Fuerzas Armadas le pedimos que no permita que nuestros soldados
mueran en un conflicto que no nos pertenece. No queremos el sacrificio inútil de
valiosas vidas de ecuatorianos.
6) Exhortamos al pueblo ecuatoriano y en especial a la juventud, a que no se
preste al juego de la guerra y la descomposición social. Novelerías que se saben
como empiezan, pero no como terminan.
Quito, septiembre del 2000
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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