Indulto de un juez enfrenta a partidos políticos por la cuestión de los GAL

Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. España, a 11 de Diciembre, 2000. Esp - El indulto de un juez vuelve a enfrentar a los partidos políticos por la cuestión de los GAL. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información, 05dic00

EL INDULTO DEL JUEZ LIAÑO POR PARTE DEL GOBIERNO ENFRENTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESPAÑOLES Y PROVOCA EL RESURGIMIENTO DE LA POLÉMICA SOBRE EL PARAMILITARISMO DE LOS GAL.

i) A MI TAMBIÉN ME DUELE EL INDULTO DE JAVIER GÓMEZ DE LIAÑO.
[Por Gabriel Albiac es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense y miembro del Consejo Editorial del Diario El Mundo]

A mí también me duele el indulto de Javier Gómez de Liaño. Que uno de los hombres más dignos de la magistratura española haya precisado de ese recurso excepcional del Ejecutivo para aliviar, al menos, una parte del mal que le ha sido hecho, es desolador. Y sólo aguardo que el Tribunal Constitucional corrija, en derecho, la abyección de quienes, al condenar a Liaño, consumaron la más alta aberración jurídica de la democracia española.

No quiero ni pensar que tenga, al fin, que ser el Tribunal Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo quien propine a la Justicia española el humillante revolcón hacia el cual los corifeos de Jesús Polanco se empeñan en despeñarla. Pueden pasar años, antes de que ese largo trayecto acabe. Pero sólo el día en que el Constitucional o, en su defecto, Estrasburgo pongan a Bacigalupo y Ancos en el penoso lugar que es el suyo, podrá, éste nuestro, ser visto como un país judicialmente civilizado.

La invención del caso Liaño (en realidad, lo que hubo fue un caso Cebrián/Polanco que jamás podrá ya ser esclarecido) es una operación de laboratorio. Excesiva, como lo es todo cuanto al laboratorio concierne. Y ejemplar. El todopoderoso grupo PRI, S.A., que había determinado la política de este país durante década y media, precisaba dar un sonoro escarmiento público, en el momento en que su brazo político (el PSOE de GAL & González) iniciaba una catastrófica salida de escena. Eligió al juez Gómez de Liaño. Contó, para ello, con la complicidad activa de su colega Baltasar Garzón. Ni la víctima elegida ni el cómplice adoptado fueron fruto del azar. Casi nada es fruto nunca del azar, si bien se mira. El azar, decía un viejo maestro, es sólo la coartada de nuestra ignorancia.

¿Qué necesitaba PRI, S.A., para blindarse ante el previsible derrumbe del edificio de corrupción institucional alzado por el felipismo? Ante todo, dejar bien claro que González y los suyos no eran más que capataces cualificados. Y reemplazables. Que el poder estaba en otro sitio. Que ese sitio era la calle Miguel Yuste. Y que el poder desde allí ejercido era un poder absoluto. Un poder sin divisiones. Un poder cuya fluidez recorre aparato judicial como aparato ejecutivo, aparato legislativo como dinero y medios de comunicación. El rostro mítico de aquel Juan March que no necesitaba "hacer ministros" porque "se los compraba hechos" volvía a encarnarse en la oronda figura del Señor de PRI, S.A. March tuvo que pagarse una guerra civil para salirse con la suya. Los tiempos han cambiado. A Polanco le bastaba con la simbólica cabeza de un juez.

¿Por qué Liaño? No hay ni azar ni enigma. En Javier Gómez de Liaño, en su despacho de juez de la Audiencia Nacional para ser precisos, se cruzaron las dos historias más determinantes (y más negras) de los años González: el asesinato de Estado en su forma más ruin y la trama económica en su versión más laberíntica. Nada podrán los futuros historiadores entender de ese periodo ominoso sin sumergirse en el horror Lasa/Zabala y en el arcano Sogecable.

Nadie, desde el primer momento, podía engañarse acerca de lo que estaba en juego. Nadie se engañó. Los cadáveres de Lasa y Zabala, desaparecidos, torturados a muerte y sólo un decenio más tarde descubiertos, contenían la esencial historia del socialismo español, versión González-Vera.

Nadie se engañó. El caso había recaído, en primer lugar, sobre el juez Bueren. Giró en torno a aquellos testarudos despojos. Divagó. Hasta que, finalmente y sin aviso previo, pidió la excedencia y se integró en un gabinete privado. Quizá algún día cuente, aquel primer juez instructor del caso Lasa/Zabala, qué fue lo que motivó su vertiginosa huida. Si se decide a hacerlo, este país quedará con él en eterna deuda.

No tan alta deuda, sin embargo, como la que la España elementalmente civilizada iba a contraer con quien vino a sustituir a Bueren: Javier Gómez de Liaño. Nadie, tras la súbita evaporación del primer instructor, daba un centavo por la solución del caso. Demasiado horrible y con implicaciones demasiado altas, se decía. Acabaría en carpetazo, antes de que las averiguaciones llegaran lejos. Nadie contaba entonces con que pudiera haber, en este país de nula tradición garantista, un juez dispuesto a jugarse su carrera por algo tan tonto como la verdad. Ninguno de nosotros sospechaba que pudiera existir un juez digno.

Y ese juez llegó. E instruyó el caso vetado. Y lo instruyó magistralmente. Y fue admirablemente respaldado por la Fiscalía. Sin un fallo, sin un solo punto endeble en el sumario. Quienes asistimos a la vista oral, que acabó con Galindo y con los asesinos a su mando en la cárcel, tuvimos el privilegio no sólo de ver condenar a una banda de canallas. También, y por encima de todo, de asistir al ejercicio de lo quizá más bello en la condición humana: el despliegue de una inteligencia rigurosa. El sumario Lasa/Zabala es una máquina de relojería de alta precisión. Todos cuantos esfuerzos por mentir, chantajear, confundir, borrar huellas, desplegaron los acusados en la vista oral se estrellaron contra ese muro.

Luego, vino el caso Sogecable. Y la quiebra de un espejismo. Sabíamos, por los teóricos del siglo XIX, que el poder real es el económico; que los políticos son muy poco más que funcionarios de los invisibles rostros que mueven el dinero. Lo sabíamos. Pero la especie humana tiende a ocultarse a sí misma las cosas que le son desagradables. Lo sabíamos, pero hacíamos como si no nos concerniera. Como si, de verdad, creyéramos que somos nosotros mismos quienes decidimos acerca de nuestro destino. Como si creyéramos que, de verdad, la ley es para todos.

¡Hasta ahí podíamos llegar! Un político es un asalariado que puede ir a la cárcel si es preciso: ya se le sacará (así Barrionuevo) lo antes posible. Pero aquel que financia a los políticos es intocable. Cuando Javier Gómez de Liaño osó sencillamente hacer declarar ante él a Cebrián y Polanco, selló su sentencia de muerte. Ni el que fuera portavoz televisivo del fascista Arias Navarro ni el editor escolar enriquecido por los ministerios franquistas eran hombres sujetos a ley. Habían edificado el más monumental búnker económico y mediático que ha conocido este país. Decidieron linchar públicamente al juez. Para que sirviera de escarmiento a todos los jueces.

Se encargaron de la tarea dos magistrados muy neutrales: uno, Ancos, había sido alto cargo con Narciso Serra; el otro, Bacigalupo, lo recibió todo, en España, de graciosas manos del PSOE y, encima, estaba ligado al gabinete de uno de los abogados de Jesús Polanco. Con tan alta neutralidad, el resultado era un secreto a voces. Liaño fue condenado, en un juicio que abochorna a todos los profesionales del Derecho. Que los abochorna en privado. En público, son ya muy pocos los que osan correr riesgos.

Ha sido indultado. Era una exigencia mínima. Una honda melancolía me aplasta, sin embargo. ¡Qué enfermo ha de estar un país para tener que indultar a uno de sus más dignos jueces!
[Fuente: Diario El Mundo - Tribuna Libre - Por Gabriel Albiac - Madrid, 05dic00]

ii) EL PSOE LLEVA AL CONGRESO SU OFENSIVA CONTRA EL "ABUSO DE PODER" QUE SUPONE EL INDULTO A LIAÑO

La ejecutiva del PSOE ratificó ayer su ofensiva parlamentaria para exigir del Gobierno explicaciones a los motivos por los que aprobó el viernes un "indulto general" para ocultar la medida de gracia particular a favor del ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación. Una portavoz de la dirección socialista tildó esa actuación de "abuso de poder, un fraude a la Constitución y un ataque al Estado de derecho". El PSOE rechaza por "inaceptable" el objetivo encubierto del Gobierno de equiparar el indulto a los socialistas condenados por el caso Filesa con el del ex juez prevaricador Liaño "por sus servicios al PP". Desde el Ejecutivo, el vicepresidente Mariano Rajoy cuestionó el "partidismo" del PSOE contra Liaño.

La dirección del PSOE registró ayer a primera hora varias iniciativas en el Congreso para demandar la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Ángel Acebes, para que explique a la Cámara las verdaderas razones del indulto masivo a 1.443 personas aprobado el viernes, y entre las que se incluye el ex juez Javier Gómez de Liaño.

Los socialistas también reclaman la presencia en el Parlamento del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, para que informen de cómo se materializan normalmente las concesiones de indultos porque no se acaban de creer las justificaciones de la "bula papal o del aniversario del régimen".

Los socialistas aprovecharán estas comparecencias -solicitadas también por IU y el Grupo Mixto- para exigir todos los expedientes individualizados de los indultos, que ayer aún no habían sido publicados en el Boletín Oficial del Estado. E interrogarán a Cardenal sobre la posición favorable al indulto a Liaño defendida por su subordinado Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, por dar a entender que "suscribía la tesis de que el ex juez había sido condenado por el Tribunal Supremo de forma injusta", según remachó Juan Fernando López Aguilar, catedrático constitucional y ayer portavoz de la ejecutiva del PSOE.

Acebes aclaró en la tarde de ayer a la diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega, ex secretaria de Estado de Justicia y ahora en la dirección del grupo parlamentario, que, finalmente, comparecerá en el Congreso el miércoles 13, en la sesión de control al Gobierno. Antes, en la mañana de ayer, el ministro había remitido un escrito a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, en el que avisaba, sin justificación alguna, de que ese día no estaría en la Cámara.

El PSOE, en definitiva, exigirá por esa vía aclaraciones al Gobierno porque sostiene, como remachó ayer su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, que la Constitución no permite aplicar indultos generales. Y porque está muy "preocupado" por la invasión del poder Ejecutivo sobre el judicial al revocar de hecho -con el indulto que permite a Liaño regresar a su carrera como juez- la condena de inhabilitación sentenciada por el Tribunal Supremo.

"El Gobierno está en decadencia, está arreglando problemas del pasado y sus compromisos", añadió Zapatero en declaraciones a TV3. Y aseguró que con este indulto "comienza a haber síntomas de resquebrajamiento de las instituciones".

El líder de IU, Gaspar Llamazares, abundó en esta línea al señalar que desde la llegada del PP al poder ya no existe la división de poderes y se ha pasado de "la mayoría absoluta a la absolutista". Llamazares suscribió también la denuncia del PSOE de que el Ejecutivo pretende de esta manera "convertirse en una sala del Supremo e interferir en el Poder Judicial" para tratar "hipócritamente" de "ocultar sus compromisos políticos".

Ninguno de estos argumentos amilanó al Gobierno. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, optó por contraatacar y cuestionó al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, por su "falta de equilibrio, de sentido, sobre todo, por un partidismo, que no es deseable que lo tenga el principal partido de la oposición en España".

Rajoy reprochó a los socialistas que se "maravillaran" y "celebrasen con alborozo" los indultos dados en su día a los ex altos cargos socialistas José Barrionuevo o Rafael Vera, condenados por la guerra sucia contra ETA, o ahora a otros militantes de ese partido por el caso Filesa o a algunos alcaldes de esa formación por el caso del PER, y sin embargo criticasen la medida de gracia para Liaño.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, emplazó a los socialistas a que dejen de hacer el "ridículo" con sus ataques al indulto a Liaño y expliquen "si alguna vez van a devolver" el dinero de Filesa. El secretario general del PP, Javier Arenas, preguntó a Zapatero si le parecieron más justos los indultos de los GAL.

Juan Fernando López Aguilar no se dio por aludido con estos claros avisos de por dónde transcurrirá ahora la estrategia del Gobierno del PP. Es más, casi los esperaba. Por eso, tras la reunión de la ejecutiva, el portavoz del PSOE encaró el problema hasta señalar que la nueva dirección del partido considera totalmente "inaceptable", tanto política como técnicamente, que se puedan equiparar ambos casos.

López Aguilar precisó que mientras los militantes socialistas condenados por Filesa aún tenían penas pendientes cuando se les concedió el indulto, en el caso de Liaño se va mucho más lejos al revocar la gracia política del Consejo de Ministros una sentencia y venir a decir "que el delito no existió y que los antecedentes han sido cancelados", y para ordenar al Consejo General del Poder Judicial que reincorpore al ex juez a su escalafón con un límite que es exclusivo de un determinado órgano judicial.

López Aguilar afirmó que todas esas competencias no son del Gobierno, sino de una sala; "ni más ni menos que del Supremo que le condenó como prevaricador". El diputado socialista rechazó por tanto que se vinculen el caso Liaño y el caso Filesa y se preguntó si el Gobierno y sus medios de comunicación afines pretenden así "encubrir la amnistía singular" al ex juez "por haber prestado servicios al PP prevaricando" y reconocer de ese modo la recompensa.

iii) EL EX JUEZ ASEGURA QUE EN LA AUDIENCIA NACIONAL NO HAY "SERIEDAD" PARA JUZGAR

El ex juez prevaricador Javier Gómez de Liaño declaró ayer en la Cadena Cope que a la Audiencia Nacional "no se puede volver en determinadas condiciones, porque la función de juzgar requiere una gran seriedad". "Y yo creo que esa casa desde hace algún tiempo no está en las mejores condiciones de seriedad", dijo.

El ex juez añade, al comentar su indulto -que excluye su vuelta a la Audiencia Nacional- que siempre ha tenido la sensación de no haber salido de la magistratura, porque para ello "es necesario que haya un expediente de separación que se tramita con audiencia del ministerio público y con audiencia del interesado". "De manera que yo no he perdido la carrera judicial", sostiene.

El ex magistrado también aborda en sus declaraciones a la emisora de los obispos la posible iniciativa por parte de varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias, por haber invadido el Ejecutivo con el indulto atribuciones que corresponden al órgano de gobierno de los jueces.

"La facultad, o el derecho de gracia o el indulto que puede ejercer el Gobierno desde la Constitución de Bayona de 1808, no es susceptible de recurso, ni siquiera de recurso de casación. Pensar en una iniciativa de esa naturaleza me parece que como mínimo sería forzar mucho el texto de la Constitución", dice Gómez de Liaño, quien recalcó a Europa Press que el indulto es una facultad que la Constitución concede al Gobierno y no al CGPJ.

"Por respeto a las leyes hay que esperar a que el Consejo de Ministros publique en el BOE el real decreto de indulto, y en ese momento tomaré una postura", concluyó.
[Fuente: Diario El País, Madrid, 5dic00]

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