Sanción millonaria por difundir datos de policías condenados por torturas

Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. España, a 7 de Septiembre, 2000. Esp - Proponen 60 millones de pesetas de sanción por difundir datos de policías condenados por torturas. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human* Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información.

PROTECCIÓN DE DATOS RECLAMA UNA SANCIÓN DE 60 MILLONES DE PESETAS A LA ASOCIACIÓN CONTRA LA TORTURA POR DIFUNDIR DATOS DE POLICÍAS

Madrid, 5 sep. (COLPISA, Melchor Sáiz-Pardo). Los inspectores de la Agencia de Protección de Datos (APD) han reclamado a la dirección de este organismo que imponga una multa de 60 millones de pesetas a la Asociación Contra la Tortura (ACT) por la difusión, a través de un portal de internet, de datos e identidades de agentes y funcionarios de prisiones acusados o condenados de malos tratos y torturas a detenidos y reclusos.

La APD, que el pasado mes de marzo ya decretó el cierre cautelar de la polémica página 'web' en Internet, acusa a la organización de derechos humanos de violar los artículos 6, 7 y 11 de la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos referentes, entre otros aspectos, a la necesidad del "consentimiento inequívoco" de la persona cuyos datos figuran en los archivos y al precepto que ordena que "los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones Públicas".

Por la supuesta violación de los dos primeros preceptos, los instructores de la APD han reclamado la imposición de una multa de 10 millones de pesetas. Por la conculcación del artículo 11 de la Ley, Protección de Datos considera que debe sancionarse con 50 millones de pesetas. En cualquier caso, deberá ser la dirección de la Agencia de Protección de Datos la que decida si impone finalmente la multa a la organización.

La Asociación contra la Tortura, que pidió el amparo de la Audiencia Nacional alegando la violación del derecho a la libertad de expresión, ha difundido durante varios años, a través del servidor de Internet 'Nodo 50', las identidades de 244 policías nacionales, 138 guardias civiles, 251 agentes municipales, 69 policías autonómicos y 124 funcionarios de prisiones procesados o condenados por malos tratos a detenidos o presos en los años 1994, 1995, 1996 y 1997. Fue la Dirección General de la Policía la que denunció a principios del presente año ante la APD la creación y distribución de los listados de los funcionarios.

El presidente de la Asociación Contra, Jorge del Cura, que da por hecho que los responsables de la APD confirmarán la sanción, anunció este martes que el colectivo ya ha decidido recurrir a la vía judicial en el momento que la Administración les imponga la sanción. Los abogados de la ACT no descartan tampoco llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo para evitar el cierre definitivo de su página 'web'.

Del Cura, que recriminó a la Administración que haya decretado el cierre de la página antes de que los tribunales resolvieran su demanda, explicó que la ACT ha recordado en sus últimas alegaciones a los técnicos de la Administración que "todos los datos difundidos en la página ya habían sido publicados por los medios de comunicación".

La asociación aseguró que todos las identidades "proceden de sentencias públicas y de copias que los propios tribunales distribuyen". Además, señaló hoy Jorge del Cura, todos los informes elaborados en soporte papel por la ACT desde 1990 han sido facilitados a las autoridades españolas, quienes, según del Cura, nunca se han dirigido a la asociación. Asimismo, la organización no gubernamental apuntó que en ningún caso el listado de agentes acusados de malos tratos es un banco de datos y que por lo tanto este archivo no se cruza con otros ni es objeto de tratamiento informático.

Pese a la prohibición de la Agencia de Protección de Datos, los polémicos archivos han sido copiados y son distribuidos a través de 'mirrors' (espejos) en Internet a través de las páginas de 16 organizaciones de derechos humanos de países como Italia, Estados Unidos, Dinamarca, Ecuador, República Checa o Nueva Zelanda, cuyos servidores se encuentran ubicados fuera de España.

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