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SRE: México: Derechos Humanos Principales Acciones 1994-1999
SRE: Omisiones de la Relatora Especial de la ONU Sobre Ejecuciones Extrajudiciales
SRE: ONU Descarta Nombrar a Relator Especial para México
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. México, a 21 de Febrero, 2000. Adjunto encontrará información relativa a las principales acciones
realizadas por México en Materia de Derechos Humanos durante el período
1994-1999 y comunicados respecto a las visitas de la Sra. Asma Jahangir,
Relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias
de Naciones Unidas y la Sra. Irene Daes, Presidenta del Grupo de Trabajo
sobre Pueblos Indígenas. Agradeceré sus comentarios a la siguiente dirección: cenriquez@sre.gob.mx
México: Derechos Humanos
Principales Acciones 1994-1999*
"Un Estado de Derecho es inconcebible
sin el respeto irrestricto de los derechos humanos"
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000
IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LA PROMOCIÓN, LA PROTECCIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE UN PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
El Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos fue presentado el 21 de diciembre de 1998; articula recursos y esfuerzos interinstitucionales y promueve la participación de la sociedad civil y de las organizaciones sociales. Su propósito es consolidar una cultura de respeto de los derechos humanos, mediante el fortalecimiento de los mecanismos institucionales y la erradicación de la impunidad.
El 18 de enero de 2000 se presentó el Primer Informe del Cumplimiento del Programa Nacional, en el que se reflejan varias acciones realizadas para la aplicación del Programa.
FOMENTO DE UNA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN, ENFATIZANDO EL GOCE DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE PERTENECEN A GRUPOS VULNERABLES, EN PARTICULAR LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS.
1999, la Secretaría de Educación Pública editó un texto específico en materia de derechos humanos para la educación secundaria. Asimismo, se incluyó la materia de derechos humanos en los libros de civismo.
La materia de derechos humanos, en particular los derechos de las niñas y de los niños, se incluyeron en los libros de texto gratuitos a nivel primaria.
La Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), publicó una Guía para la Enseñanza de los Derechos Humanos en la Educación Preescolar.
El Plan Anual de Capacitación del Instituto Federal Electoral, en el marco de la nueva legislación en materia de defensoría pública federal, incorporó un curso de atención a los pueblos e individuos indígenas, cuyo propósito es que el defensor público acceda a información que le permita entender y comprender la composición pluricultural de la Nación.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en coordinación con la CNDH y las comisiones estatales, impartieron ciclos de conferencias al personal en la totalidad de las Regiones y Zonas Militares para fomentar la cultura de dicha materia.
Las Fuerzas Armadas realizaron ciclos de conferencias, foros y congresos a nivel nacional, destacando el Congreso Nacional "El fuero de guerra: su constitucionalidad", en los que participaron personal del Servicio de Justicia Militar y Naval, así como organismos estatales y no gubernamentales protectores de derechos humanos y público en general.
La Secretaría de la Defensa Nacional fomenta el interés del personal del Servicio de Justicia Militar de cursar especializaciones y posgrados en materia de derechos humanos, impartidos en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como en diversas instituciones educativas.
El Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea lleva a cabo cursos para la formación de profesores de derechos humanos, del que han egresado hasta el momento nueve jefes y noventa y cinco oficiales; actualmente cuarenta y un oficiales están estudiando dicho curso.
El Ejército y la Fuerza Aérea incluyeron, como uno de los requisitos del concurso de promoción para ascender al grado inmediato de jefes y oficiales, acreditar la materia de derechos humanos.
El Instituto Nacional Indigenista (INI), impulsa la difusión de los derechos humanos a través de talleres y foros dirigidos a la población indígena en general y a migrantes en las zonas de atracción y expulsión. Mediante estas acciones se da a conocer a la mayor cantidad de indígenas posibles y a la población en general, los derechos que la legislación nacional otorga a los individuos y pueblos indígenas, y en especial a los migrantes.
El Congreso aprobó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales que considera como delitos graves la compra de menores de edad, la pornografía infantil y que tipifica el turismo sexual infantil. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero del 2000, por lo que ya está en vigor.
El 15 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó una reforma y adición al artículo 4° constitucional para reconocer de manera explícita los derechos de la niñez.
El 17 de septiembre se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las reformas a diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal aprobadas por la Asamblea Legislativa del D.F. para tipificar como delitos a la pornografía infantil, a la corrupción de menores, así como a la discriminación de personas.
1998, en los programas educativos oficiales y obligatorios, a nivel primaria y secundaria se incorporaron materias orientadas a divulgar y fomentar el respeto y la protección de los derechos humanos, además de incluir cursos en los planes de estudio de universidades e institutos de enseñanza media y superior.
El Instituto Nacional Indigenista (INI), llevó a cabo programas, jornadas radiofónicas y talleres sobre los derechos humanos de los individuos y pueblos indígenas, con énfasis en las mujeres, las niñas y los niños.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ha incrementado a 1,523 las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular que atienden a 273,477 niñas y niños con necesidades básicas especiales, y a 980 Centros de Atención Múltiple, para población con algún tipo de discapacidad.
En julio de ese mismo año, se aprobó la creación del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El DIF, en coordinación con instancias del Ejecutivo Federal, elaboró un Proyecto para instrumentar un Plan de Acción Nacional para el Desaliento y la Erradicación del Trabajo Infantil.
Se adicionó Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal con objeto de establecer las instituciones de adopción plena y adopción internacional.
En 17 Estados de la República se reformaron los códigos civiles y de procedimientos civiles con objeto de brindar la mayor protección posible a la niñez, equiparando al adoptado con un hijo biológico, con todas las consecuencias jurídicas derivadas del parentesco consanguíneo.
Con objeto de adoptar medidas legislativas, administrativas y de prevención para proteger a las niñas y a los niños de ser sexual y económicamente explotados, el 12 de junio, el DIF presentó el Plan de Acción Interinstitucional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial de Menores y estableció la Comisión Nacional Interinstitucional para Erradicar la Explotación Sexual de Menores.
La Federación, los Estados y los Municipios celebraron jornadas de los derechos de las niñas y los niños.
El Gobierno Federal firmó el 30 de abril la "Declaración Conjunta a Favor de los Derechos de la Infancia y la Lucha contra la Violencia" y posteriormente estableció el Programa Interinstitucional de Acción Conjunta por los Derechos de la Niñez y los Valores de la Democracia.
La Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 1997-1998 distribuyó aproximadamente 4,000 ejemplares de texto gratuito para primaria en sistema Braille.
En el mismo periodo, 12,605 servidores públicos participaron en 295 cursos de capacitación en la materia, impartidos por la CNDH. en dichos cursos participó personal de los tres niveles de gobierno, en particular de las Fuerzas Armadas, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, del Instituto Nacional de Migración (INM), del sector salud y de seguridad pública.
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con el Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores Desempleados y de los Proyectos Productivos del Instituto Nacional de Solidaridad (INSOL), incrementó el número de becarios con discapacidad.
1996, se reformó el artículo 68 de la Ley General de Población, permitiendo a los hijos de extranjeros en México acceder a los servicios públicos básicos, tales como salud y educación, sin tener que comprobar su estancia legal en el país cuando se trate de registros de nacimiento en tiempo y de defunción.
Con el propósito de atender integralmente la problemática de riesgos que enfrentan los menores en condiciones de vulnerabilidad, radicados en la zona de la frontera norte del país, el DIF inició el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos.
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, estableció la responsabilidad del Gobierno de atender las necesidades básicas de los grupos sociales, dando atención prioritaria a los grupos con desventaja, a fin de promover las condiciones que les permitan desarrollar su propia iniciativa.
1995, el Gobierno Federal adoptó el Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia 1995-2000, con cuatro líneas programáticas fundamentales: Salud y Nutrición, Educación y Alfabetización, Agua y Saneamiento Básico y Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles. Dicho programa tiene una perspectiva de género que da prioridad a la mujer, las niñas y los niños.
El Ejecutivo Federal integró la Comisión Nacional Coordinadora para atender a las personas con discapacidad, con representantes de dependencias y entidades de la Administración Pública, organizaciones de personas con discapacidad y organismos privados solidarios. Esta Comisión elaboró el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.
CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE LEGALIDAD Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.
1999-1998, la Procuraduría General de la República destituyó o inhabilitó a más de mil servidores públicos, imponiendo sanciones menores a 1139 y ejercitó acción penal en contra de 317.
La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con oficinas de quejas y consultas para atender a la población civil en los estados de Chiapas y Guerrero, a fin de dar seguimiento oportuno a las inconformidades presentadas por presuntas violaciones a derechos humanos por parte del personal militar. Las denuncias contra personal militar disminuyeron en un 21% en 1998 en relación a las presentadas en 1997.
La Secretaría de Gobernación instaló la Conferencia de Prevención y Readaptación Social, como órgano colegiado y auxiliar del Sistema Nacional de Seguridad Pública e inició el programa denominado Rezago Cero, cuyo principal objetivo es abatir la sobrepoblación en los centros de readapatación social.
Las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), fueron reestructuradas y establecieron nuevas bases de colaboración, comunicación e intercambio. La PGR emprendió una depuración radical de su personal y la PGJDF estableció la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos.
Se aprobaron reformas constitucionales para fortalecer la función de salvaguardar el orden y proteger a la población.
La SEGOB instaló el Consejo Nacional de Seguridad Pública e inició una serie de programas, como el Sistema de Información sobre Seguridad Pública, el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Armamento y Equipo y el de Profesionalización de los Cuerpos Policiacos, además del Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal.
Se expidió la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La SEGOB puso en marcha el Programa de Prevención de Delito, que comprende la participación de la comunidad, la educación, el deporte, los servicios de salud y la comunicación social, además de editar el Manual de Prevención de Delito.
Se reformó el Artículo 225 del Código Penal para tipificar el delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos. El delito se penaliza con prisión de uno a ocho años y multa, privación de cargo e inhabilitación para el desempeño de uno nuevo en un lapso de uno a diez años.
Se reformó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal a efecto de que el Gobierno Federal asuma la responsabilidad directa para la reparación de daños y perjuicios por actuaciones dolosas de servidores públicos, incluido el daño moral.
FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y DEL MARCO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
1998, la Ley Federal de Defensoría Pública, que entró en vigor el 28 de mayo, regula la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal y garantiza el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica.
El 8 de junio se promulgó la nueva Ley de Defensoría de Oficio del Distrito Federal.
1995, la PGJDF dió a conocer el Programa de Procuración de Justicia para el Distrito Federal 1995-2000, que tiene como objetivos fundamentales el fortalecimiento de la legalidad, la profesionalización, la especialización y la modernización en la materia.
Se reformó la legislación penal sustantiva y procesal, con el objetivo de castigar con mayor firmeza a quienes cometen delitos como secuestros, homicidios y asaltos con violencia, además de los delitos patrimoniales de mayor incidencia y se amplió el concepto legal de flagrancia.
El Congreso reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para combatir eficazmente a la delincuencia organizada.
La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fortaleció la independencia, imparcialidad, probidad y creciente profesionalismo del Poder Judicial Federal. Asimismo, amplió las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para vigilar la constitucionalidad de las leyes y resolver las controversias entre los distintos órdenes de gobierno.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NO JURISDICCIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
1999, la reforma al artículo 102 constitucional, fracción B, dio autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada en 1990. Le dotó de personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios para su gestión. El Presidente de la Comisión Nacional será electo por el poder legislativo con base a una terna de candidatos por un periodo de 5 años; podrá ser reelecto por una sola ocasión.
Todos los Estados de la Federación cuentan con una comisión estatal de derechos humanos, conformando una de las redes más amplias en el mundo. Actualmente 11 de estas comisiones son totalmente autónomas.
RESPETO PLENO AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
1999, el Programa Nacional para la Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos estableció una ventanilla en la Secretaría de Gobernación encargada de atender las quejas de los periodistas y defensores de los derechos humanos.
La SEGOB dio curso a las solicitudes de medidas cautelares para todos los casos de periodistas y defensores de derechos humanos. Sin que hasta la fecha se haya concretado una sola de las amenazas en su contra.
En la CNDH se creó una Coordinación para atender de cerca todos los casos en que algún trabajador de los medios de comunicación o defensores de derechos humanos resulte agraviado por alguna autoridad mientras desempeña sus respectivas actividades, de carácter eminentemente social.
DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE ESTADO QUE INCORPORE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
1999, el Ejecutivo creó el Programa Nacional Contra la Violencia Intrafamiliar en marzo, en el que intervienen autoridades gubernamentales, organismos no gubernamentales y académicos. El objetivo del Programa es procurar una atención integral al fenómeno de la violencia en el seno de la familia.
Durante los dos últimos años, diecinueve entidades federativas realizaron o están en proceso de incorporar reformas a sus respectivos códigos penales para abordar la violencia intrafamiliar y combatirla de manera eficaz.
El INI a través talleres de derechos humanos difunde la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Esta acción se inició en 1997 y contempla como prioritaria la necesidad de difundir los derechos que tienen las mujeres como seres humanos, como ciudadanas y como indígenas. Este trabajo de difusión ha tenido bastante aceptación en los ocho Estados donde se efectúa.
La CNDH cuenta desde 1999 con un Programa sobre Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia, a través del cual se atienden las quejas sobre violaciones a los derechos humanos de mujeres y niños, además de promover y difundir estos derechos, con objeto de modificar los patrones culturales conforme a los cuales se discrimina a la mujer y se abusa de ella y de los niños y de las niñas.
1998, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación del 31 de agosto establece en sus artículos 65 y 66 las atribuciones de la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que sustituye a la Coordinación General del Programa Nacional de la Mujer. La Coordinación de CONMUJER proporciona información, orientación, asistencia técnica y capacitación en género a quienes diseñan y ejecutan las políticas y programas.
1997, se reformaron los códigos Civil, Penal, de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Penales del Distrito Federal, para tipificar la violencia intrafamiliar, además, los estados de Coahuila, Colima, Durango, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, han legislado sobre el tema. Dichas reformas están inspiradas en la Convención de Belem Do Para y la Plataforma de Acción de Beijing, para combatir la violencia intrafamiliar y sus consecuencias en el seno familiar.
Por decreto presidencial, se creó el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, con lineamientos de educación, cuidado de la salud, atención a la pobreza, mujer trabajadora, mujer y familia, fomento productivo, derechos de la mujer y participación en la toma de decisiones, combate a la violencia, e imagen de la mujer.
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES QUE PERMITAN A LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y SUS COMUNIDADES ASEGURAR EL PLENO DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON PARTICULAR ÉNFASIS EN LOS DERECHOS JURISDICCIONALES.
1999, el INI gestionó la libertad de 986 indígenas, durante el periodo comprendido de enero 1998 a marzo 1999.
El INI, dentro de su Programa de Capacitación y Difusión Jurídica, impulsa la organización y participación de los individuos de los pueblos indígenas, a través de diversos cursos de formación en los que se realizan acciones de traducción, gestoría, defensoría y difusión para la promoción de sus derechos humanos individuales y colectivos. Actualmente cuenta con 45 grupos de interlocutores comunitarios.
El INI lleva a cabo un programa de jornadas jurídicas radiofónicas en lengua indígena sobre derechos humanos, a través de sus Departamentos de Justicia en sus Delegaciones Estatales en coordinación con las Radiodifusoras Indigenistas. En este año proyecta completar 20 programas en cada una de las radios del Instituto. Los eventos se realizan de acuerdo con el manual operativo de las Jornadas Radiofónicas Jurídicas "caminando por el Derecho", elaborado por la Subdirección de Asuntos Agrarios y Difusión Jurídica de dicho Instituto.
Desde su creación hasta el 30 de abril de 1999, la Cuarta Visitaduría General de la CNDH ha recibido 1,014 quejas, de las cuales se han concluido 843, se encuentran 171 en trámite y se han gestionado 1252 beneficios de libertad anticipada a indígenas en reclusión.
El INI puso en práctica desde 1994 el Programa Nacional de Apoyo al Registro Civil para la Población Indígena, cuyo objetivo es promover el registro de la población indígena para formalizar su estatus como sujetos de Derecho, a efecto de que puedan acreditar su nacionalidad como mexicanos, su personalidad jurídica y su relación de filiación o parentesco con sus ascendientes y descendientes, permitiéndoles hacer valer sus derechos conforme a lo dispuesto por las leyes nacionales y terminar con el rezago en la materia.
El INI brinda apoyo financiero y técnico, desde 1995, a organizaciones civiles y comunitarias, que presentan proyectos en materia de derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. En 1995 se brindaron 73 apoyos alcanzando 202 apoyos en 1999.
1998, los estados de Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas incorporaron reformas constitucionales que reconocen los sistemas normativos de resolución de conflictos y crean figuras como los jueces de paz y conciliación indígenas que coadyuvan a la administración de justicia, en especial la reparación del daño. Las constituciones de Oaxaca, Nayarit y Veracruz reconocen el derecho a la libre determinación en un marco de autonomía.
Se estableció la Cuarta Visitaduría de la CNDH, cuyo objetivo es dar la debida y oportuna atención a las demandas y necesidades de los pueblos indígenas, llevando a efecto programas acordes con el pleno respeto a sus culturas, lenguas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de organización social, garantizando a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.
Durante el período 1990-1998, se reformaron 16 constituciones estatales en el marco del reconocimiento a la diversidad cultural, destacan los avances de la Constitución de Campeche sobre el reconocimiento a las instituciones de gobierno, sistemas normativos, formas de organización social y políticas de los pueblos indígenas; asimismo, se crearon mecanismos de sanción contra actos de discriminación hacia los pueblos indígenas y sus integrantes.
1997, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
Los estados de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, y Quintana Roo modificaron sus Constituciones, reglamentos del Registro Civil, Código Civil y leyes reglamentarias, para establecer normas y procedimientos que permiten la prestación de los servicios del Registro Civil de una manera accesible a los pueblos y comunidades indígenas. La Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena de Quintana Roo reconoce el derecho de los indígenas al uso y respeto de su nombre y apellidos en los términos de su escritura y pronunciación.
Como parte del compromiso del Gobierno Federal para construir una nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas, se llevó a cabo la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena, con la concurrencia de pueblos, sociedad en general y especialistas en el tema.
En el ámbito procesal penal federal, a partir de 1991, se incorporaron disposiciones que establecen el derecho a contar con un traductor o intérprete y la consideración de la autoridad judicial de la diferencia cultural al momento de emitir su resolución definitiva. Estas reformas legislativas se han adoptado también en San Luis Potosí, Oaxaca, Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero Tabasco, Hidalgo, Yucatán, Chiapas y Nayarit.
El INI desde 1995 impulsó la realización de estudios legislativos de investigación, seguimiento y análisis de las modificaciones legales, a nivel federal, estatal y municipal para el reconocimiento de los derechos humanos de los individuos, comunidades y pueblos indígenas.
OBSERVANCIA CABAL DEL DERECHO DE LOS INDIVIDUOS, LOS GRUPOS Y LAS INSTITUCIONES A PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES UNIVERSALMENTE RECONOCIDOS.
1998, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), creó la Unidad de Coordinación y Enlace encargada de los vínculos con las ONG y el poder legislativo, lo cual refleja la prioridad que otorga la Cancillería mexicana al tema de derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos inauguró el 10 de septiembre el Centro de Derechos Humanos, primera instancia académica dedicada al estudio, la investigación y la promoción de los derechos humanos. Actualmente el Centro desarrolla actividades en los ámbitos de educación, investigación, publicaciones, promoción y difusión, además de organizar una maestría, un diplomado y diversos cursos especializados en derechos humanos.
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE MÉXICO Y COOPERACIÓN CON LOS MECANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS.
1999, a invitación del Gobierno de México, la Sra. Mary Robinson Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó el país y durante su estancia se firmó un Memorándum en el cual el Gobierno de México manifestó su intención de hacer uso de los servicios de asesoría y cooperación técnica ofrecidos por la Oficina del Alto Comisionado.
Por recomendación de la Comisión Intersecretarial para el Cumplimiento de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos, el poder legislativo aprobó el 9 de diciembre la iniciativa del Ejecutivo para retirar una reserva a la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada y una declaración interpretativa a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
El 10 de diciembre el Gobierno de México firmó el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas.
el 9 de marzo, el Gobierno de México ratificó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, adoptada en Nueva York el 18 de diciembre de 1990.
El Gobierno de México invitó a la señora Asma Jahangir, Relatora Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a realizar una visita del 11 al 24 de julio.
El Gobierno de México dió respuesta a las recomendaciones de las relatoras especiales sobre Productos y Desechos Tóxicos y Peligrosos y sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, emitidas a raíz de sus visitas a México.
La Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos el 3 de agosto de 1999 acordó retirar la reserva interpuesta al artículo 1° de la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, la Declaración Interpretativa a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Declaración Interpretativa al artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A solicitud del Gobierno de México hecha en diciembre de 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo pública la Opinión Consultiva OC-16/99 el 1° de octubre de 1999, relativa a la plena vigencia de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en los procesos contra extranjeros en tribunales estadounidenses, para garantizarles asistencia y un debido proceso. Aproximadamente 70 extranjeros, entre ellos 42 mexicanos que no fueron notificados oportunamente de su derecho para obtener el auxilio de las autoridades de su país, se encuentran sentenciados a muerte en los Estados Unidos.
La Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos se reunió el 5 de octubre con la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia con el fin de profundizar en el cumplimiento de los compromisos internacionales de México y coadyuvar en el logro de los objetivos del Programa Nacional para la Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos.
1998, el Gobierno de México suscribió la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad en junio, la cual establece la obligación de los Estados Parte de eliminar progresivamente la discriminación de dichas personas.
El Senado aprobó la declaración formal de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. El 16 de diciembre del mismo año se depositó el instrumento de ratificación ante el Secretario General de la Organización de Estados Americanos.
A invitación del Gobierno de México, el señor Carlos Ayala Corao, Relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó una visita en diciembre, durante la cual se entrevistó con integrantes de organizaciones de la sociedad civil y con funcionarios gubernamentales.
El Gobierno de México depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana para la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem Do Pará", el 12 de noviembre.
El Decreto Promulgatorio del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", adoptado en la ciudad de San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, se incorporó al orden jurídico mexicano el 1° de septiembre.
El Gobierno invitó a la señora Zohra Ksentini, Relatora Especial sobre Productos y Desechos Tóxicos y Peligrosos, quien visitó México del 21 al 30 noviembre.
1997, por Decreto Presidencial se creó la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos, el 17 de octubre, con el mandato de coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y recomendar políticas y medidas para el cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos por México en materia de derechos humanos.
A invitación del Gobierno, la señora Ofelia Calcetas-Santos, Relatora Especial sobre Venta de Niños, Prostitución Infantil y Utilización de Niños en la Pornografía, realizó una visita a México, en noviembre de 1997.
El Gobierno de México invitó al Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, señor Nigel S. Rodley, quien visitó el país del 7 al 16 de agosto de 1997.
1996, a invitación del el Gobierno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó México del 15 al 24 de julio. Durante su visita, la CIDH desarrolló un programa de trabajo en el Distrito Federal y en los estados de Chiapas, Guerrero y Baja California. Se reunió con el Jefe del Ejecutivo, con diversas autoridades federales y locales, así como con representantes de la sociedad civil.
A invitación del Gobierno el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor José Ayala Lasso, visitó México del 15 al 19 de abril, en el marco de la reunión de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo.
México ratificó el 14 de septiembre la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, adoptada en la Haya, Holanda, el 29 de mayo de 1993.
A N E X O
TEXTO DE LA RESERVA Y DE LAS DECLARACIONES INTERPRETATIVAS
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada.
Reserva al Artículo 1, que a la letra dice: "No se hará distinción alguna, basada en el sexo, en materia de nacionalidad, ni en la legislación, ni en la práctica".
Texto de la reserva: "El Gobierno de México se reserva el derecho de no aplicar la presente Convención en aquellos casos que estén en oposición con el Art. 20 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, la cual establece que la mujer extranjera que se case con mexicano, queda naturalizada por virtud de la Ley, siempre que tenga o establezca su domicilio dentro del territorio nacional".
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Declaración Interpretativa al Artículo 9, párrafo 5, que a la letra dice: "Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.
Texto de la Declaración Interpretativa: " De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, todo individuo goza de las garantías que en materia penal se consagran, y, en consecuencia, ninguna persona podrá ser ilegalmente detenida o presa. Sin Embargo, si por falsedad en la denuncia o querella, cualquier individuo sufre menoscabo en este derecho esencial, tiene, entre otras cosas, según lo disponen las propias leyes, la facultad de obtener una reparación efectiva y justa".
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Texto de la Declaración Interpretativa: "Al suscribir, ad referéndum, la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, abierta a firma por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos declara que se deberá entender que las disposiciones de esta Convención, que corresponden esencialmente con lo previsto por la legislación mexicana, se aplicarán en la República conforme a las modalidades y procedimientos prescritos por esta legislación y que el otorgamiento de prestaciones materiales que pudiesen resultar de la Convención, se hará en la medida que lo permitan los recursos con que cuenten los Estados Unidos Mexicanos".
COMUNICADO DE PRENSA DE LA SRE
NUM. 043/00
Tlatelolco, D.F., 18 de febrero del 2000.
PREOCUPAN AL GOBIERNO DE MÉXICO OMISIONES EN EL INFORME DE SU VISITA A NUESTRO PAÍS DE LA RELATORA ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS DE NACIONES UNIDAS
En relación con el Informe de la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de las Naciones Unidas, señora Asma Jahangir, acerca de su visita a México, del 12 al 24 de julio de 1999, la Secretaría de Relaciones Exteriores se permite señalar lo siguiente:
En el informe de referencia, la Relatora Especial reconoce que el Gobierno de México le brindó toda la asistencia y cooperación requerida para facilitar su trabajo. Asimismo, la señora Jahangir opina que su visita a México se llevó a cabo en un marco de entera libertad y en una atmósfera de apertura y transparencia.
Igualmente, la Relatora Especial reconoce que en las últimas décadas el Gobierno de México ha llevado a cabo diversas reformas en el ámbito político y en el sistema judicial, algunas de las cuales se ocupan de cuestiones de derechos humanos. Señala, asimismo, que durante sus conversaciones con funcionarios gubernamentales, particulares y representantes de organizaciones no gubernamentales, constató que existe consenso acerca del "cambio gradual en la actitud de algunos actores gubernamentales, a nivel federal y municipal". Ahora dichos actores, afirma la señora Jahangir, muestran mayor disposición para mejorar el quehacer de instituciones y dependencias públicas en el ámbito de los derechos humanos.
En este contexto, la Relatora destacó las declaraciones del Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo, las cuales "reconocen que existen problemas de derechos humanos y expresan su determinación para erradicar completamente el fenómeno de la impunidad y para reformar el sistema legal a fin de no dejar cabida a las ejecuciones extrajudiciales".
En las conclusiones del Informe señalado, la Relatora Especial afirma que el Gobierno de México tiene la capacidad para superar los obstáculos que enfrenta para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos.
Además, reconoce los esfuerzos del gobierno para resolver los problemas que enfrenta especialmente en tres áreas: el acceso a la justicia mediante cambios en el sistema judicial y legal; la promoción del proceso democrático; y el fortalecimiento de las comunidades locales a través del diálogo, apoyando su desarrollo político y económico. En sus recomendaciones, la Relatora exhorta al Gobierno de México a continuar el proceso de reformas que ha iniciado.
Por otra parte, la funcionaria de Naciones Unidas afirma que el alcance de su informe se limita al mandato que le ha sido conferido y que se concentra en "la situación actual" de México, así como en algunos eventos "clave" del pasado reciente, en particular los sucesos en Acteal, El Bosque, Aguas Blancas y El Charco.
Sin embargo, tanto en su informe como en sus conclusiones y recomendaciones, la Relatora rebasa claramente su mandato al entrar en el terreno de los procesos electorales y en el papel que desempeñan instituciones nacionales como las fuerzas armadas, según las funciones que les son conferidas por la Constitución.
El Gobierno de México manifiesta su preocupación por el hecho de que, a lo largo del Informe, se omita información que fue proporcionada a la Relatora en forma amplia y detallada. Esto tiene por consecuencia no solamente una falta de equilibrio y de objetividad en el Informe, sino también el que la Relatora recomiende acciones que ya se instrumentan o medidas que trascienden su mandato, como el plantear la no utilización de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
Al respecto, cabe recordar que la propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Mary Robinson, en su reciente visita a México, expresó que el papel de las fuerzas armadas dentro de un país "es cuestión de ese país ya que es un asunto directo de la soberanía del mismo".
Adicionalmente, en el caso de la recomendación para invitar a observadores electorales, la Relatora desconoce que desde 1994 han venido a México visitantes extranjeros a presenciar los procesos electorales. Durante las elecciones federales de 1997 asistieron 398 visitantes de 34 países. Este año, el Instituto Federal Electoral ha convocado, al igual que en 1994 y 1997, a la observación electoral, e inclusive se ha renovado el Acuerdo con el área competente de las Naciones Unidas para la capacitación de los observadores nacionales en la materia y la asistencia a los extranjeros.
México mantiene una política de promoción y protección de los derechos humanos y realiza un esfuerzo permanente para fomentar, a todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil, una cultura de pleno respeto de los derechos humanos, dentro de un marco de creciente fortalecimiento de nuestra democracia.
Como reflejo de la apertura política y democrática de la sociedad mexicana, y de la plena cooperación que el gobierno de México sostiene con las instancias internacionales en materia de derechos humanos, en el país se vive un intenso debate en la materia. Ello explica que muchas de las recomendaciones de la Relatora Especial ya figuraran en la agenda nacional desde antes de su visita a México.
ONU DESCARTA NOMBRAR A RELATOR ESPECIAL PARA MÉXICO
ONU DESCARTA NOMBRAR A RELATOR ESPECIAL PARA MÉXICO. MÉXICO. AFP.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) no nombrará un relator especial para México que verifique la situación de los derechos humanos, afirmó Irene Daes, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas. La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, el Congreso Nacional Indígena y la Secretaría de Pueblos Indios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron a Daes que fungiera como intermediaria ante la ONU para que nombre a una misión permanente para México. La funcionaria de las Naciones Unidas respondió, después de visitar comunidades indígenas de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Nayarit que "Por el momento es suficiente el envío de relatores temáticos". Daes aceptó, sin embargo que no podría decir que se han resuelto los principales problemas de los indígenas, sobre todo en Chiapas, donde opera desde enero de 1994 la guerrilla zapatista que encabeza el "Subcomandante " Marcos, pero sí es posible advertir que están en la mesa de discusión y "nos estamos moviendo para encontrar una solución".
From: Enríquez Baldazo y Claudia Areli cenriquez@sre.gob.mx
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