|
Denuncia por 19 desapariciones forzadas y críticas al nuevo Procurador
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. México, a 6 de Diciembre, 2000. Mex - Presentan denuncia por 19 casos de desapariciones forzadas y hay
serias críticas al nombramiento del nuevo Procurador
Gral de la República.
Equipo Nizkor,
Derechos Human Rights,
Serpaj Europa,
Información,
3dic00
PRESENTAN DENUNCIA POR 19 CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA CONTRA DOS GENERALES
ACTUALMENTE EN PRISIÓN POR NARCOTRAFICANTES.
La Asociación de Familiares de Detenidos desaparecidos y Victimas de Violaciones
a los Derechos Humanos en México, AFADEM, presento el día 29 de noviembre de
2000, denuncias en la Procuraduría General de la Republica, PGR, por crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia en la década de los 70, contra
los Generales del Ejército Federal Mexicano Mario Arturo Acosta Chaparro y
Quiros Hermosillo, encarcelados desde octubre de 2000 por narcotráfico.
Este primer paquete comprende diecinueve, (19) casos de Desaparición forzada:
Rosendo RADILLA PACHECO, Misael MARTÍNEZ PÉREZ, Fermín BARRIENTOS REYES,
Reymundo BARRIENTOS REYES, Ezequiel BARRIENOS DIONICIO, Justino BARRIENTOS
FLORES, Alberto ARROLLO DIONICIO, Emiliano BARRIENTOS MARTÍNEZ, Anastasio
BARRIENTOS FLORES, Jesús FIERRO VALADEZ, Esteban FIERRO VALADEZ, Domitilo
BARRIENTOS PERALTA, Pablo LOZA PATIÑO, Florentino LOZA PATIÑO, Antonio ONOFRE
BARRIENTOS, Pedro DE JESÚS ONOFRE, Artemio CHÁVEZ VILLA, Isidro SALINAS PINEDA,
Esteban GÓMEZ VALLE, Y dos, (2), por detención Desaparición temporal y tortura
de: Domingo BARRIENTOS REYES, José Luis BLANCO FLORES
Una Comisión formada por Tita Radilla MARTÍNEZ, Vicepresidenta, Julio Mata
Montiel, Secretario Ejecutivo, y Lic. Enrique González Ruiz, asesor de AFADEM,
estuvo en la Unidad de Documentación y Análisis del C. Procurador Jorge Madrazo
Cuellar y presento el escrito que suscriben por carta poder los C. Familiares
de detenidos desaparecidos:
Se entrego antes de que termine el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de Leon,
EZPL y de que Jorge Madrazo Cuellar deje la PGR, para simbolizar que la
culpabilidad de estos crimenes es de todo el sistema priista: Acosta Chaparro Y
Quiros Hermosillo no son mas que ejecutores de ordenes y provenientes de las
jerarquías civil y militar que ordenaron la política de genocidio contra el
pueblo de Guerrero.
"El Rincón de las Parotas, fue castigado con saña por el ejército federal,
debido a que ahí fue donde el Profesor Lucio Cabañas Barrientos hizo publica su
Declaración de rebeldía contra el gobierno. Se trata de una población que
entonces contaba con aproximadamente 90 familias dedicadas a las labores del
campo ubicada en el municipio de Atoyac de Álvarez, el primero de octubre de
1974 fue un día especialmente doloroso para este poblado, acostumbrado a las
frecuentes incursiones de los soldados que combatían a los grupos insurgentes
sin respetar a la población civil.
En próximas fechas se presentaran paquetes de denuncias hasta completar la
totalidad de mas de 600 casos de Desaparición forzada.
Recordamos que:
1. La impunidad es el principal problema de Justicia en México.
2. En México existen mas de mil trescientos casos de Desaparición forzada, hasta
la fecha, de los cuales 650 son del Estado de Guerrero.
3. En México, no existe la tipificación, en el Código Penal Federal, del delito
de Desaparición forzada de personas.
4. La Legislación internacional de derechos humanos, ONU, OEA, si contempla
Legislación para prevenir investigar y sancionar el delito de Desaparición
forzada de personas, pero el gobierno de México no los ha firmado, mucho menos
ratificado.
5. El gobierno mexicano no respeta los acuerdos y convenios que en materia de
derechos humanos existen con la comunidad internacional.
México, D.F. a 30 de noviembre de 2000.
MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS CASOS EN:
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a
los Derechos Humanos en México, AFADEM. Miembro de FEDEFAM.
Direccion: Edificio Chiapas B 307
Tlatelolco, Deleg., Cuauhtemoc,
CP 06900 Apartado Postal 71-172
México, D.F.
Tel/Fax: (52) 5597 9162
Mailto: fedefammex@laneta.apc.org
EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA SE VE COMO UN
RETROCESO EN LA POSIBLE DEMOCRATIZACIÓN DE MÉXICO.
El próximo nombramiento del general Rafael Macedo de la Concha como Procurador
General de la República significa "un retroceso en el México democrático" y
refleja una incongruencia de Vicente Fox al pretender modernizar a la PGR con un
hombre que, como procurador de Justicia Militar, "torció la ley" y la aplicó
según la voluntad de su jefe, Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la
Defensa Nacional. Además, "incurrió en graves violaciones a los derechos
humanos", y muchas recomendaciones contra el Ejército siguen sin cumplirse; en
los juicios contra militares, "cobró fama como comprador de testigos", pero
también acató las órdenes superiores para no castigar a altos jefes militares
ligados a Cervantes Aguirre.
Tal es el juicio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que
ha documentado las violaciones cometidas por el Ejército en Guerrero y Chiapas,
por lo que considera que, antes de asumir la titularidad de la PGR, Macedo de la
Concha debe rendir cuentas sobre la veintena de recomendaciones que emitieron la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos organismos
internacionales.
Con esta opinión coinciden el general José Francisco Gallardo Rodríguez -preso
desde 1993 por proponer la creación de un ombudsman militar- y los abogados
Félix Garza García y Cuauhtémoc Sotelo Rosas, defensores de militares acusados
de narcotráfico y otros delitos.
LA HISTORIA
Rafael Macedo de la Concha ingresó al Ejército Mexicano a principios de la
década de los sesenta y, según el general Gallardo Rodríguez, siempre vivió a la
sombra de su padre, el general Rafael Macedo Figueroa, instructor de la Escuela
Superior de Guerra, quien lo protegió y lo ayudó para lograr sus ascensos.
Gallardo Rodríguez -contemporáneo del nuevo procurador, quien lo sometió a dos
consejos de guerra en los que fue sentenciado a 28 años de prisión- cuenta en
entrevista que, por ser hijo de un general, Macedo de la Concha ingresó al área
de intendencia, donde se maneja el presupuesto del Ejército.
Pero se negaba a cumplir las duras tareas de la milicia. Por ello, "a
escondidas" y con el respaldo paternal, estudió la carrera de Derecho. Tras
concluir sus estudios, causó alta en el Ejército y, otra vez con el respaldo del
papá, fue nombrado director del Banco del Ejército, Una de sus principales
tareas consistió en recuperar la cartera vencida. Así, se dedicó a perseguir a
todos los militares que tuvieran adeudos, recuerda Gallardo.
Según Gallardo, cuando el general Juan Arévalo Gardoqui fue nombrado secretario
de la Defensa Nacional, descubrió algunos "manejos turbios" de Macedo. Arévalo
Gardoqui ordenó que se integrara una averiguación previa. Para entonces, el
director del Banco del Ejército era Ramón Ojeda Mestre.
Sin embargo -sigue Gallardo, uno de los militares más cercanos a Arévalo
Gardoqui-, el general Macedo Figueroa intercedió por su hijo y la averiguación
fue cancelada. Y no sólo "le limpiaron el expediente", sino que lo nombraron
juez militar.
Desde entonces, Macedo de la Concha empezó a "torcer la ley" y a desacatar las
recomendaciones de los organismos defensores de los derechos humanos. Por
ejemplo, le correspondió el caso de los militares procesados por la matanza de
siete agentes de la Policía Judicial Federal en Tlalixcoyan,
Veracruz, el 7 de noviembre de 1991. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
emitió una recomendación en el sentido de que los militares que participaron en
los hechos -entre ellos el general Luis Morán Acevedo- fueran castigados. Un año
después, Macedo de la Concha los absolvió.
IMPUNIDAD MILITAR
Poco accesible a la prensa, Macedo de la Concha -con 34 años de servicio en las
Fuerzas Armadas- concedió una entrevista a la revista El mundo del abogado que
fue publicada en su número 4, correspondiente al bimestre enero-febrero de 1999.
En ella, habla del avance del derecho militar y se autodefine como un hombre
preocupado por la disciplina y la justicia.
-¿No le parece que es demasiado severa la justicia militar?
-La historia nos demuestra que más que las armas, la fuerza de los ejércitos
radica en su disciplina, que es el medio de que se vale la institución armada
para cumplir sus fines peculiares, resultando evidente la necesidad de un
ordenamiento jurídico especial que sancione su eficiencia y reprima severamente
su violación, y este ordenamiento no es otro que el derecho castrense.
-Dentro de este marco tan estricto, ¿qué papel juegan los derechos humanos?
-La Secretaría de la Defensa Nacional continúa fortaleciendo, entre el personal
militar, una cultura de respeto a los derechos humanos y de difusión del
conocimiento del derecho internacional humanitario a través de los sistemas de
educación y adiestramientos militares, en todos sus niveles.
Además, se continúan atendiendo en forma escrupulosa las quejas presentadas ante
la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra personal militar y/o en
perjuicio de éstos, por presuntas violaciones a los derechos humanos, ejecutando
acciones administrativas y/o penales cuando proceden.
-Sin embargo, algunas personas proponen la creación de un ombudsman militar.
¿Cuál es su opinión al respecto, general?
-El ombudsman del personal militar es el que corresponde a todos los mexicanos,
y éste deviene del orden constitucional. Es decir, el ombudsman para las Fuerzas
Armadas es la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, como procurador de Justicia Militar, Macedo de la Concha "prohijó
la impunidad" de altos mandos militares acusados, durante el sexenio de Ernesto
Zedillo, de violaciones a los derechos humanos, sostiene Edgar Cortez Moralez,
presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Con base en casos documentados, Cortez Vázquez dice:
"Su paso por la Procuraduría Militar permitió la impunidad para los militares
señalados como responsables de graves violaciones de derechos humanos y originó
la negación de la justicia para las víctimas de estos atropellos y a sus
familiares."
Por ello, considera que deja "una larga lista" de recomendaciones incumplidas.
Enumera:
-Están pendientes 14 recomendaciones de la CNDH a la Sedena, 12 a la
Procuraduría General de Justicia Militar por torturas y amenazas y el homicidio
del indígena guerrerense David Quintero Velázquez, ocurrido el 6 de abril de
1997.
-Siguen sin cumplirse 35 quejas que organizaciones indígenas de Guerrero
presentaron ante la CNDH, que involucran a 100 víctimas de torturas,
hostigamientos y amenazas de militares.
-Archivadas siguen las recomendaciones de la CNDH emitidas tras los sucesos de
Acteal, donde militares hostigaron, amenazaron e, incluso, golpearon a grupos de
indígenas de Chiapas en la búsqueda de paramilitares.
-Macedo de la Concha no cumplió la recomendación 8/2000 emitida por la CNDH por
la tortura a la que fueron sometidos, por militares, Rodolfo Montiel -premio
Goldman de Ecología- y Teodoro Cabrera, en la comunidad serrana de Pizotla,
Guerrero.
Según explica Cortez Moralez, los dos fueron detenidos ilegalmente por un grupo
de militares, el 2 de mayo de 1999. La CNDH, dice, corroboró que fueron
aprehendidos ilegalmente y torturados por militares, que "sembraron" armas de
uso exclusivo del Ejército.
El Centro Pro Juárez explica que, en muchas de sus recomendaciones, la CNDH pide
a Macedo de la Concha investigar a las tropas involucradas en actos similares a
los cometidos contra Rodolfo y Teodoro, y a tres años de distancia -dice-, "no
hay ningún militar sancionado por los delitos de privación ilegal de la
libertad, incomunicación, amenazas y abuso de autoridad".
Por ello, Cortez Moralez afirma: "El general Macedo de la Concha encubre la
impunidad de los militares y se niega a rendir cuentas. Así, resulta sumamente
riesgoso que un hombre que no está acostumbrado a rendir cuentas llegue a la
PGR. Otro riesgo grave es que, bajo oscuras componendas, se militaricen todas
las filas de la institución, y el Ejército termine dominando".
LO QUE USTED ORDENE, MI GENERAL
Defensor de los generales Jesús Gutiérrez Rebollo -acusado en 1997 de servir a
los intereses del cártel de Juárez- y de José Francisco Gallardo Rodríguez,
Félix Garza García afirma que la justicia militar se aplica con rudeza, "según
la voluntad del general secretario".
Con base en su experiencia en juicios militares, Garza García sostiene que
Macedo de la Concha está formado en una cultura legal "en la que se anteponen la
disciplina, el orden, la lealtad y obediencia, lo cual le impide razonar con
libertad porque siempre busca satisfacer al mando y eso
limita el libre ejercicio de cualquier profesión".
Explica las diferencias entre cómo se investiga en el ámbito castrense y el
trabajo de las procuradurías civiles: "En el Ejército basta la disposición
personal para que la conducta de un militar se ajuste a una figura delictiva y
se procesa en su contra, mientras que un abogado civil tendrá que investigar,
razonar y probar con elementos objetivos".
-¿Es más represora la ley militar?
-Es más represora según la voluntad del general secretario y, aunque no tenga
razón, el procurador militar deberá acatar las órdenes. El procurador de
Justicia Militar está acostumbrado a manejar una política de averiguación previa
en la que, más allá de los elementos del delito, vale la voz del jefe.
Y pone como ejemplo el caso del general Gallardo, "quien por una orden superior
fue procesado, llevado a un Consejo de Guerra y sentenciado a 14 años de
prisión. En este juicio el procurador militar recurrió a testigos falsos que
declararon en forma acusatoria, con el fin de satisfacer la voluntad superior".
Garza García pone como ejemplo la averiguación previa contra Gallardo por el
supuesto robo de la perilla de un radio: "Eso es absurdo: cuesta más el papel
que se usó para redactar la averiguación, que el objeto extraviado, pero ésas
fueron las órdenes y se cumplieron".
Cuauhtémoc Sotelo Rosas, defensor del coronel Pablo Castellanos - acusado de
sustraer y filtrar información "clasificada" del Ejército-, dice que este caso
muestra cómo el general Macedo de la Concha "torció la ley" y dejó fuera del
proceso a Pedro Cervantes Aguirre, hermano del secretario de la Defensa.
Pablo Castellanos fue aprehendido el 3 de abril de 1997, se le acusó de
infracción de deberes comunes -delito tipificado en el Código de Justicia
Militar-, así como de revelación de secretos y ejercicio indebido del servicio
público.
Según la acusación, tenía en su poder "presunta información confidencial", la
cual habría sido sustraída de la Secretaría Particular del secretario de la
Defensa Nacional (Proceso 1082).
Los cargos de "revelación de secretos y ejercicio indebido del servicio público"
le fueron imputados al coronel Castellanos luego de que Proceso publicó una
información sobre documentos confidenciales de la Sedena. Para la justicia
militar, existió una "conspiración de Castellanos para denigrar la imagen del
Ejército Mexicano".
Durante el juicio, la defensa del coronel Castellanos solicitó la comparecencia
de los reporteros Carlos Marín y Raúl Monge, para demostrar que "no hubo
conspiración". En los interrogatorios, las autoridades militares pretendían que
revelaran quién o quiénes les habían entregado la información, a lo cual se
negaron amparados en el secreto profesional.
Actualmente el coronel Castellanos sigue preso, pero su caso está en manos de la
justicia federal, a la que solicitó un amparo que está por resolverse. El
abogado Sotelo Rosas dice que el caso de su cliente "es un claro ejemplo de la
manipulación que hizo el procurador Macedo de la Concha con la inducción de
testigos que, bajo presión, comparecieron a declarar hechos que no les constan,
pues ni siquiera conocen al coronel Castellanos".
-¿Se equivocó Vicente Fox con el nombramiento de Rafael Macedo de la Concha?
-Sí, pero su nombramiento como procurador supone que hubo arreglos a espaldas
del pueblo. Hay un juego de intereses entre Fox y el Ejército. Macedo de la
Concha no es la persona idónea para la PGR. Siempre ha actuado por consigna y no
garantiza la justicia que los mexicanos exigimos en un
país democrático.
[Fuente: Revista Proceso número 1256 de 26 de noviembre de 2000]
Desde: fedefammex@laneta.apc.org
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
Más información - Further information - Plus d'information
|