Garantizar una transición la democracia sin impunidad en el Perú

Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Perú, a 29 de Septiembre, 2000. Per - La comunidad internacional debe garantizar una transición la democracia sin impunidad en el Perú. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human* Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Coord Europea de Apoyo al Perú. Información.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO? ¿QUÉ PUEDE PASAR? ¿QUÉ PODEMOS HACER?
Por Carlos Basombrío Iglesias del Instituto de Defensa Legal (IDL)

Pocas veces en nuestra siempre convulsionada historia política se ha dado como hoy un escenario tan confuso y peligroso.

Algunas constataciones y muchas preguntas:

1.- Alberto Fujimori ha perdido el control de la situación. No ha logrado subordinar a los mandos militares que permanecen leales a Montesinos. Todo parece indicar que ellos tienen un proyecto político diferente que incluye a Montesinos y que probablemente excluya al propio Fujimori. La transición hacia la democracia está en riesgo.

2.- Cuidado con las confusiones. Fujimori no es el demócrata escandalizado que es asediado por una cúpula corrupta y autoritaria. Ha sido parte medular de ese mismo proyecto. Si Fujimori ha roto con ellos (si es que lo ha hecho en realidad del todo) es por razones totalmente ajenas a su voluntad. Y eso no es sólo un problema ético, sino también político, dado que allí radica la hipoteca que le impide actuar con firmeza frente a ellos. ¿Rehén de su pasado?

3.- Si es que el objetivo buscado era fortalecer la democracia, permitir la salida del país de Vladimiro Montesinos no sólo fue una decisión moralmente reprobable, sino también políticamente ineficaz. Por el contrario, lo hecho ha ratificado a la cúpula en su percepción de que sus chantajes son eficaces y que pueden seguir ejerciéndolos.

4.- Gaviria y los presidentes latinoamericanos que apoyaron esta "solución" cometieron un nuevo y gravísimo error en su aproximación al problema peruano; aceptaron un chantaje y no respondieron con firmeza a las nuevas amenazas de golpe con los instrumentos previstos para situaciones de ese tipo. (La Resolución 1080).

5.- Es un secreto a voces, sin embargo, que las verdaderas razones para permitir la salida del país a Montesinos tienen más que ver con el interés de los Estados Unidos de sacar de la escena a un personaje que, habiendo estado estrechamente vinculado la ellos (a la CIA, en particular), pudiera ahora ocasionarles problemas políticos serios, por lo que sabe y por lo que se le habría tolerado hacer en estos años.

6.- Pese a todo, la mesa de diálogo de la OEA se ha convertido en el único escenario viable para tratar de asegurar una transición política pacífica y pronta. El nuevo escándalo descubierto en el Congreso, con las Fuerzas Armadas organizando una "bancada montesinista" para bloquear la transición termina de liquidar su legitimidad. Más allá de una oficina de tramites no puede pasar, pero mucho ahorraría el país, en todo sentido, con su disolución.

7.- La crisis social, agudizada por las huelgas de camioneros y de transportes parece estar siendo manipulada por los militares para proyectar la imagen de caos e ingobernabilidad. Si es así es absolutamente increíble que el gobierno al que se busca desestabilizar no solucione o por lo menos abra un diálogo que postergue conflictos relativamente manejables. ¿Por qué no lo ha hecho Fujimori que tiene los instrumentos para ello sin pasar por los militares? De otro lado, cuestionar esos paros no debería llevar a desmovilizar a la población que reclama por democracia. ¿No es acaso el peso de un pueblo en las calles reclamando democracia el que puede impedir y contrapesar el chantaje militar?

8.- El viaje de Fujimori a los Estados Unidos es tan insólito como preocupante. ¿A hablar con Gaviria? ¿Sin mensaje al país previo? ¿A media noche y a las carreras? ¿Puede un presidente de la República irse del país en medio de la peor crisis política y social de las últimas décadas? Las preguntas que se derivan de este viaje son, por decir lo menos, inquietantes: ¿quién está en el control del país? ¿Fujimori a través de Tudela? ¿Los militares con Tudela? ¿Los militares sin Tudela? ¿Nadie?

9.- Los rumores de golpe son incesantes. En la tarde de hoy los burócratas de toda la administración de justicia han sido despachados a sus casas bastante antes de la hora. ¿Hay un peligro real de golpe militar? ¿O son sólo amenazas de militares que saben muy bien que de ponerlas en práctica, de a verdad, perderían toda su capacidad de seguir chantajeando con ella, en el marco de una aventura imposible?

Una situación como esta no puede prolongarse por mucho tiempo más y es de esperar desenlaces dramáticos (ojalá que favorables) en las próximas horas o días.

Es tal la incertidumbre que vivimos que nadie puede pretender tener la respuesta sobre el qué hacer y el cómo actuar. ¿Gobierno provisional? ¿Gabinete multipartidario? Si bien es comprensible la desorientación de la oposición, no lo son sus crecientes dificultades para actuar concertadamente. En cualquiera de las alternativas posibles para salir de la crisis, creemos que los peruanos que demandamos democracia y estabilidad debemos plantear que:

1.- Es imposible una transición a la democracia si se mantiene la actual cúpula militar en funciones.

2.- Si al final se pretende que la transición sea a costa de la impunidad y si la actual estructura de poder se mantiene, no habrá una verdadera transición democrática.

3.- Mientras más dure esta situación, más daños se hará a la economía y estabilidad del país. Urge una convocatoria inmediata a nuevas elecciones y un gobierno de transición de consenso (con o sin Fujimori) que le dé al país un rumbo claro y positivo.

NO PUEDEN OTORGAR ASILO O REFUGIO A MONTESINOS SIN VIOLAR OBLIGACIONES INTERNACIONALES

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) hondamente preocupada por versiones de prensa según las cuales las autoridades de la República de Panamá estarían estudiando la posibilidad de otorgarle asilo al señor Vladimiro Montesino Torres, insta a las autoridades panameñas a cumplir con sus obligaciones internacionales.

El señor Montesino estuvo a la cabeza de un cuerpo de seguridad del Estado del Perú, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), responsable de numerosas y graves violaciones derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas y torturas. Estas violaciones, practicadas por el SIN de forma sistemática, son crímenes de lesa humanidad. El derecho internacional impone la obligación a todos los Estados de investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, independientemente de su nacionalidad y la de las víctimas así como del territorio donde estos crímenes fueron cometidos. Este principio de jurisdicción universal, establecido por el Estatuto y la Sentencia del Tribunal de Nuremberg y reconocido como principio del derecho internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946, fue tempranamente reafirmado por Panamá cuando este país adhirió al Estatuto de Nuremberg, el 14 de noviembre de 1945.

La CIJ recuerda a las autoridades panameñas que el derecho internacional prohíbe perentoriamente otorgar refugio o asilo a personas sospechosas de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esta prohibición esta expresamente consagrada por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Asilo Territorial (artículo 1.2), los Principios de las Naciones Unidas de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad (Principio 7) y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (artículo 1.F), ratificada por Panamá.

La CIJ recuerda, bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes así como las Convenciones Interamericanas para Prevenir y Sancionar la Tortura y sobre Desapariciones Forzadas de Personas - ratificadas por Panamá -, las autoridades panameñas tienen la obligación de investigar y enjuiciar a toda persona que se encuentre en su territorio y que sea sospechosa de haber participado a actos de tortura y desaparición forzada, independientemente de su nacionalidad y la de la víctima así como del territorio donde el delito se haya cometido.

La CIJ considera, que en estas circunstancias, otorgar el asilo al señor Vladimiro Montesino, no sólo será un abuso de esta institución jurídica, sino también una flagrante violación del derecho internacional y de los compromisos internacionales de la República de Panamá.

Ginebra, 28 de septiembre de 2000
Comisión Internacional de Juristas

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