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Piden apoyo para impedir que se conceda impunidad a Vladimiro Montesinos
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Perú, a 5 de Octubre, 2000. Per - Piden apoyo para impedir que se conceda impunidad a Vladimiro
Montesinos.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human* Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Coord de Solidaridad y DDHH Europa-Perú.
ES NECESARIO INTENSIFICAR LA CAMPAÑA PARA QUE VLADIMIRO MONTESINOS SEA PROCESADO
POR CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD Y NO SE LE CONCEDA IMPUNIDAD.
La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, de Lima, Perú, les solicita el
envío de ACCIONES URGENTES destinadas a evitar que Vladimiro Montesinos Torres
obtenga la condición de asilado y que el general del Ejército Peruano Julio
Salazar Monroe no sea aceptado como embajador del Perú en Venezuela. Este último
desempeñó oficialmente el cargo de Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN) mientras que Montesinos Torres era el jefe real a la vez que ocupó el
cargo de asesor presidencial.
El designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la
República de Venezuela Julio Salazar Monroe fue Jefe del SIN desde el mes de
enero de 1991 hasta agosto de 1998, reemplazó al general Edwin Díaz, destituido
por su responsabilidad en el espionaje telefónico denunciado en 1990. En junio
de 1992 fue ascendido a general de división y desde el 22 de agosto de 1998,
ejerció el cargo de Ministro de Defensa hasta el 14 de abril de 1999.
En el mes junio de 1995, mientras la justicia ordinaria investigaba la matanza
de Barrios Altos, Salazar, Montesinos y los demás implicados en este caso se
beneficiaron de las leyes de amnistía promulgadas por el gobierno de Alberto
Fujimori. Mediante ellas se otorgaba impunidad a militares, policías y
funcionarios civiles que violaron derechos humanos entre mayo de 1980 y junio de
1995, cortaban cualquier proceso judicial y prohibían la investigación de
cualquier caso comprendido en
dicho período. Durante los años en los que Montesinos Torres y Salazar Monroe
dirigieron el SIN, fueron muchas las denuncias contra este organismo y sus
miembros; sin embargo, sólo en un caso los autores materiales de delitos fueron
condenados por la justicia militar (torturas contra la ex sub-oficial de
inteligencia Leonor La Rosa). En el resto, los responsables materiales, legales,
administrativos o políticos no han recibido sanción alguna.
Además de los ya mencionados casos La Cantuta y Barrios Altos, los principales
hechos que la prensa, organismos de derechos humanos, parlamentarios y ex
militares atribuyen responsabilidad al SIN están:
1) secuestro del empresario Samuel Dyer, 1992
2) torturas y maltratos a los líderes del intento de golpe de Estado en
noviembre de 1992
3) atentado con explosivos al domicilio del ex parlamentario Javier Diez
Canseco,
4) atentado con explosivos contra Global Televisión de Puno, octubre de 1996
5) intento de secuestro del general del ejército peruano Rodolfo Robles,
noviembre de 1996
6) asesinato de Mariela Barreto, ex agente del SIE, 1997
7) torturas a ex agente del SIE Leonor La Rosa,1997
8) espionaje telefónico a por lo menos 197 personas entre opositores políticos,
periodistas, militares
en actividad y retiro, profesionales e inclusive congresistas del partido de
gobierno
9) ataque al vehículo del congresista Javier Diez Canseco en marzo de 1997
10) ataque con disparos de arma de fuego al ex ministro Gustavo Saberbein, 1997
11) amedrentamiento a los periodistas Blanca Rosales, editora del diario La
República, Jinés Flores de la ciudad de Tacna y Luis Ángeles del diario Ojo,
1997
La prensa también puso al descubierto, en junio de 1997, la existencia de los
planes denominados "Bermuda", "Narval" y "Pino", cuya ejecución implicaba
atentados contra periodistas, abogados, medios de comunicación y políticos de
oposición.
El retirado general del ejército peruano Rodolfo Robles, denunció al grupo
Colina como responsable de los casos La Cantuta y Barrios Altos, también lo
responsabiliza de la muerte de otros oficiales del ejército, de dirigentes
sindicales y de un abogado. Además afirma que dos miembros del SIN -Mesmer
Carles Talledo y Clemente Alayo- fueron encarcelados como supuestos terroristas,
después de que éstos denunciaran malos manejos con el dinero destinado a
operaciones de inteligencia.
Mediante carta de puño y letra, Mesmer Carles Talledo, ex agente del SIN,
sostiene que miembros del grupo Colina, con la protección de ese organismos, son
autores de los siguientes hechos:
a) asesinato del dirigente sindical Pedro Huillca Tecse por acción del mayor
Santiago Martín Rivas, los técnicos Juan Sosa, Yarlequé, Pedro Pretell Damaso y
Nelson Carbajal García, todos miembros del ejército.
b) asesinato de agentes de inteligencia Carlos Santa Cruz Ruiz (envenenado),
Pedro Zavaleta Quispe y otro de apellido Barbarán en la ciudad de Tarapoto
realizado por el mayor Santiago Martín Rivas y los técnicos Juan Sosa, Sauni
Pomaya y Caballero Zegarra - asesinato del general de brigada del ejército
Linares Dávila y la empleada civil Maritza Castañeda a cargo del mayor Santiago
Martín Rivas, los técnicos Pretell, Sosa, Julio Ramírez, Nelson Carbajal.
En lo que específicamente se refiere a Vladimiro Montesinos debe agregarse las
documentadas denuncias de millonarios ingresos nunca aclarados y de actos de
corrupción como los que el mundo conoce a través de la difusión del video del 14
de Septiembre. No es pues un perseguido político, sino alguien que ha quebrantado
la ley repetidas veces.
Todas estas acciones en contra de la democracia, las libertades fundamentales y
los derechos humanos descalifican al general Julio Salazar Monroe como el
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República de Venezuela.
Solicitamos a ustedes el envío de cartas a las autoridades venezolanas
demandando la remoción del cargo que actualmente ocupa así como la demanda de
una profunda investigación de su actuación como Jefe del SIN.
Vladimiro Montesinos Torres comparte las mismas responsabilidades y no califica
como una persona que merezca el asilo. Les pedimos que cartas en ese sentido
sean enviadas a las autoridades panameñas.
Lima, 3 de octubre del 2000
Área de Comunicaciones
APRODEH
PARA MÁS INFORMACIÓN:
A) Rosario Narvaez Vargas, Responsable Área de Documentación
APRODEH - Perú - Mailto: charo@aprodeh.org.pe
B) Gregorio Dionis, Editro Equipo Nizkor
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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