Comunidades afectadas por explotaciones mineras piden fin al hostigamiento
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Perú, a 21 de Diciembre, 2000. Per - Las comunidades afectadas por las explotaciones mineras piden la
finalización del hostigamiento.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información,
19dic00
PLIEGO DE DEMANDAS DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERÍA.
Al Señor Presidente de la República; A los Señores Ministros de Estado del
Perú; A los Señores Congresistas de la República del Perú; Al pueblo Peruano en
General.
La coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería,
(CONACAMI-PERÚ) se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:
1.- Saludamos la asunción del mando del Dr. Valentín Paniagua Corazao, como
Presidente Constitucional de la República del Perú, con quien retornando a la
democracia y a quien expresamos nuestro respaldo y compromiso de seguir
impulsando el desarrollo de nuestro Perú, desde las comunidades, haciendo
respetar nuestros derechos , como la propiedad territorial y un ambiente libre
de contaminación.
2.- Censuramos la falta de responsabilidad de las empresas mineras y la
incapacidad del Ministerio de Energía y Minas de hacer cumplir las normas
ambientales y fiscalizar efectivamente los Programas de Adecuación y Manejo
Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental y otros, demandamos su cumplimiento
adecuado erradicar la contaminación minera en el plazo oficialmente establecido
para las empresas mineras (2001) y la reducción del plazo en el caso de
operaciones de fundición y refinación. En ese mismo sentido, exigimos la urgente
auditoria y revisión de éstos instrumento de gestión ambiental, así como la
consulta a las comunidades sobre el otorgamiento de los petitorios y concesiones
mineras para nuevos proyectos.
3.- Derogatoria de la Ley Inconstitucional No. 26570 - "Ley de Servidumbre
Minera"- y su reglamento, puesto que atenta contra los derechos a la propiedad
comunal, y como producto de ello, miles de comuneros son despojados de sus
tierras. Del mismo modo, pedimos se revisen las demás leyes que perjudican los
intereses y los derechos humanos, económicos y sociales de los más pobres.
4.- Exigimos que se revise el proceso de privatización durante los últimos 10
años, se nos explique los mecanismos utilizados y cómo se utilizaron los
recursos obtenidos de ellos. Además, se debe investigar la participación de la
familia Fujimori y sus funcionarios en el accionariado de las empresas
nacionales privatizadas en el país, debiendo revisarse íntegramente los
contratos suscritos por el Perú con las empresas Volcán, Antamina, Yanacocha,
BHP Tintaya, Pierina, Hochschild, Buenaventura, Shougang y otras
transnacionales.
5.- Exigimos la participación efectiva y directa de nuestras Comunidades en los
proyectos mineros e hidroenergéticos, desde las fases de exploración,
explotación, plan de cierre, Estudios de Impacto Ambiental, Programas de
Adecuación y Manejo Ambiental, vigilancia y monitoreo, seguro ambiental, plan de
contingencia; así como el derecho a la participación porcentual de las
utilidades por las ventas anuales de las empresas mineras como compensación por
el uso de nuestras tierras y recursos naturales..
6.- Solicitamos que, como política de gobierno, se priorice la actividad
agropecuaria antes que la actividad minera, por ser ésta fuente generadora de
empleo y beneficios complementarios y múltiples, especialmente en los valles
fértiles del Perú.
7.- Exigimos que se respete y ejecute el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, y que las poblaciones rurales sean debidamente
consultadas antes de la instalación de los proyectos mineros e hidroenergéticos,
en los territorios comunales, y tengan el derecho a decir ¡NO! Cuando ven en
peligro su integridad y derechos.
8.- Proponemos constituir inmediatamente una Comisión Nacional Tripartita,
integrada por el Estado, las comunidades y empresas, para resolver los
conflictos ambientales y sociales generados por la minería, mediante el diálogo.
9.- Exigimos la reestructuración inmediata del Consejo Nacional del Ambiente,
CONAM, y la incorporación de las comunidades afectadas por la minería y otras al
Consejo Directivo Nacional y a las Comisiones Ambientales Regionales instaladas
a la fecha, así como la destitución de su actual presidente, Luis Campos Baca,
por haber sido uno de los que, como integrante de la Comisión de Ambiente y
Ecología del anterior Congreso, facilitó la aprobación de leyes que atentan
contra los derechos de las comunidades y no haber fiscalizado el cumplimiento de
las normas ambientales, los EIAs y PAMAs.
10.- Solicitamos que el canon minero e hidroenergético se aplique en beneficio
directo de las Comunidades, considerando una distribución más humana y
equitativa, así como la distribución del derecho de Vigencia minera.
11.- Expresamos nuestra solidaridad con la lucha de las comunidades en defensa
de sus derechos en todas las regiones del Perú, y exigimos el cese a la
persecución de los dirigentes en Tambogrande (Piura), Choropampa y Llapa
(Cajamarca), Huarmey, Bolognesi y Pampas (Ancash), San Francisco de Pucará Yauli
y La Oroya (Junín), San Mateo de Huanchor (Lima), Lago Chinchaycocha (Pasco,
Junín), Tintaya-Marquiri (Espinar, Cusco), Antapite (Ica), Quellaveco e Ilo
(Moquegua) y demás comunidades.
12.- Pedimos la creación de una Sala de Asuntos Ambientales dentro de la
Administración de Justicia y la creación del Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales, debiéndose erradicar toda clase de corrupción judicial y
administrativa; reestructurar la administración pública destituyendo a los
funcionarios del Consejo Nacional del Ambiente, Consejos Transitorios de
Administración Regional, Instituto Nacional de Recursos Naturales, Ministerio de
Energía y Minas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud y desactivar el
Ministerio de la Presidencia, para así contar con la participación imparcial de
organismos públicos.
13.- Solicitamos la promulgación de procedimientos y leyes que faciliten
acuerdos entre empresas y las comunidades, si éstas últimas están de acuerdo con
la explotación minera, en caso contrario se respeta la decisión de la comunidad.
Igualmente de una nueva ley que exija la implementación del seguro ambiental
para atender a las poblaciones en situaciones de emergencia ambiental causadas
por actividades mineras e hidroenergéticas, así como para la recuperación
ambiental en casos de contaminación ambiental.
14.- Planteamos la descentralización de la administración del Estado, con una
efectiva y eficiente gestión democrática.
Lima, diciembre del 2000
DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL
CONACAMI - PERÚ
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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