Declaraciones ante situación creada por Vladimiro Montesinos y el SIN
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Perú, a 21 de Septiembre, 2000. Per - Declaraciones ante la grave situación creada
por Vladimiro Montesinos y el SIN.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human* Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
COMUNICADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA ANTE LA CRISIS PROVOCADA POR
VLADIMIRO MONTESINOS.
Ante el anuncio formulado por el Presidente de la República, Ingeniero Alberto
Fujimori Fujimori, en la noche del sábado 16 de Septiembre, de convocar a
Elecciones Generales en el más breve plazo, entre otras medidas, la Junta
Directiva del Colegio de Abogados de Lima cumple con declarar a la opinión
pública lo siguiente:
PRIMERO.- El referido anuncio de una futura convocatoria a Elecciones Generales
anticipadas por el Presidente de la República, en las que él no será candidato,
constituye la admisión expresa por el Jefe de Estado de que su Gobierno
atraviesa por una grave crisis de legitimidad y legalidad, acentuada por el
video exhibido el 14 de Septiembre del 2000.
SEGUNDO.- Sin embargo, dicho anuncio por sí solo carece de eficacia jurídica y
no tendrá ningún resultado positivo con arreglo a la normatividad constitucional
vigente, salvo que venga acompañado de otras medidas concretas que lo hagan
viable en el plazo inmediato. En primer lugar el Presidente de la República sólo
está facultado legal y constitucionalmente para formular la convocatoria de
Elecciones Generales al término de su mandato, dentro de un plazo no mayor de
150 días, tal como lo establece el artículo 81° de la Ley Orgánica de Elecciones
No. 26859.
TERCERO.- Para que se convoque legalmente a Elecciones Generales antes del
vencimiento del mandato presidencial, sin modificar la Constitución, se requiere
previamente de la renuncia irrevocable del Presidente y de los dos
Vicepresidentes, e igualmente que dichas renuncias sean aceptadas por el
Congreso de conformidad al inciso 3ro. del artículo 113° de la Constitución.
Producidas esas renuncias, al amparo del artículo 115° de la Carta Política,
asume el mando el Presidente del Congreso con el objeto específico de convocar
de inmediato a elecciones.
CUARTO.- Dentro de ese panorama constitucional y vista la imperiosa necesidad de
resolver la actual crisis en el más breve plazo, el Colegio de Abogados de Lima
plantea a la opinión pública las siguientes propuestas:
1. Renuncia irrevocable del Presidente y de los Vicepresidentes de la República
y aceptación de las mismas por el Congreso de la República.
2. Renuncia de la actual Mesa Directiva, incluyendo a la Presidenta del
Congreso, y elección de una nueva Mesa Directiva de carácter multipartidario.
3. Asunción del mando por el Presidente que el Congreso elija.
4. Convocatoria a Elecciones Generales por parte del nuevo Presidente de la
República y realización de las mismas en un plazo que no podrá exceder del
segundo domingo del mes de abril del año 2001. El nuevo Congreso asumirá además
el carácter de Constituyente.
5. Autodisolución del actual Congreso de la República al término de un año
contado a partir del 27 de julio del año 2000.
QUINTO.- Sin perjuicio de las medidas antes señaladas, nombramiento de nuevos
representantes de la Corte Suprema y del Ministerio Público en el Jurado
Nacional de Elecciones, y en el Consejo Nacional de la Magistratura, por los
vocales y fiscales supremos titulares de la Corte Suprema y de la Junta de
Fiscales Supremos.
SEXTO.- Formulación ante el fuero común de la denuncia penal que corresponda
contra el asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, abogado Vladimiro
Montesinos Torres.
Lima, 18 de Septiembre del 2000
MARTÍN BELAUNDE MOREYRA, Decano y MERY TORRES DALL'ORTO Secretaría General
DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA PERMANENTE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ
(COPPIP) ANTE LA MISIÓN DE ALTO NIVEL DE LA OEA AL PERÚ
Sr. Cesar Gaviria y Srs. Representantes de la Misión de Alto Nivel de la OEA,
compatriotas representantes de la sociedad civil del Perú. Ante la coyuntura
nacional de crisis democrática, la Conferencia Permanente de los Pueblos
Indígenas del Perú, emite la siguiente declaración:
1. Desde la instauración de la República nunca ha estado tan claro y evidente
el carácter despótico y arbitrario de la política y del Estado en el Perú, esta
política anti-ética que se usa hoy a discreción, se ha usado siempre contra los
pueblos indígenas, derrotados inicialmente en el siglo XVI y excluidos del poder
luego de la "independencia" y la formación de la República criolla. La forma
cómo se practica la política actual, es la esencia de un Estado singularmente
criollo, centralista y excluyente. Ojalá que las soluciones coyunturales que se
busquen para resolver la crisis actual, sirvan para iniciar cambios más
profundos y mayores en la estructura del Estado y en los hábitos e instituciones
democráticos, que lleven al Estado a funcionar acorde con nuestra realidad: Una
sola patria con una pluralidad de naciones en su interior.
2. Las raíces de la crisis actual, las podemos encontrar en los años 80, cuando
se desata la hiperinflación y la violencia abierta y brutal del terrorismo, que
fueron los primeros que hablaron de la instauración por la fuerza de una "nueva
democracia". Estos dos fenómenos tienen sus secuelas hoy con la crisis de
recesión económica tan o más grave que la hiperinflación de ayer y con la
violencia institucional de la llamada "crisis de la democracia". El
agravamiento de esta crisis puede conducir al Perú a un enfrentamiento
generalizado; así, esta en riesgo la poca integración, institucionalidad y la
paz que le quedan al Perú.
3. Los indígenas del Perú, debemos recordarles, a los activistas de la
democracia formal o representativa y del "libre mercado" en lo económico, que
estas propuestas tienen un indiscutible mensaje cultural occidental, es decir
que con su modelo político y económico tratan de imponer "una forma o estilo de
vida", un molde cultural y de civilización etnocéntrico, molde al que no
pertenecemos la mayoría de los peruanos. En el plano económico esta propuesta
cultural lleva el nombre de sector formal de la economía, siendo el sector
mayoritario o el "informal", el sector de los excluidos, el sector de aquellos
que nunca tendrán acceso al sistema "de mercado", o al sistema de la democracia
occidental.
4. Este enfoque indígena, nos puede ayudar a comprender el desencuentro y la
polarización que vive hoy el Perú; entre un sector formal que goza de "salud
macroeconómica", "prosperidad", y un "nuevo gobierno democráticamente elegido" y
otro sector mayoritario "informalizado" que ha sido excluido de elecciones
imparciales, y que en lo económico es la quiebra actual de los peruanos, las
"empresas inviables" o "cerradas por la SUNAT". En términos populares este
mecanismo de exclusión tiene un nombre: En el Perú, siempre se ha "choleado" a
las mayorías, sometiéndolas a la imposición antidemocrática.
5. Por eso la actual lucha por democratizar nuestro Perú del tercer milenio,
sigue siendo la lucha por recuperar nuestro Perú profundo, eterno y universal,
de dar continuidad a la grandeza del pasado que esta presente en nuestros
Pueblos Indígenas. La lucha de esta coyuntura es parte del largo proceso de
recuperación de nuestras propias formas de gobierno, de recuperación de nuestro
espíritu democrático y descentralizado, es parte de la recuperación de la
democracia indígena que subsiste y se práctica en más de 5,000 comunidades
andino-amazónicas y en miles de Pueblos Jóvenes; pero, fundamentalmente es la
lucha por LA SOBERANÍA DEL PERÚ. Los indígenas peruanos estamos esperando aun
se nos otorgue carta de ciudadanía, si bien la Constitución reconoce algunos de
nuestros derechos, no habla expresamente de los derechos de los Pueblos
Indígenas, a pesar de la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Se necesita
con urgencia una Ley marco sobre los pueblos indígenas como entes colectivos,
como nacionalidades originarias y que se nos otorguen espacios de participación
en el poder político de nuestro país.
6. Instamos a la Misión de la OEA a proponer un mecanismo efectivo de
transición a la democracia, en donde se hayan recuperado las mínimas
condiciones de la institucionalidad democrática, y de esta forma avanzar a la
creación de formulas democráticas pluriculturales y multiétnicas, donde nuestro
Estado-república asuma características descentralizadas, participativas,
plurales y desconcentradoras del poder y la riqueza.
7. Gran parte de las medidas que se requieren para iniciar una transición hacia
la democracia está resumida en un proyecto de ley multi-partidario de
Restitución del Estado de Derecho, presentado por los congresistas Alva
Orlandini, Gustavo Mohme, Lastenio Morales, Flores Araoz y otros legisladores,
el 3 de Junio de 1998, que propone la derogación de 11 leyes inconstitucionales
que han servido para el control de las instituciones democráticas. Esta ley
podría aprobarse en 48 horas, si hubiera voluntad política en el Gobierno para
derogar estas normas inconstitucionales en las tres áreas encargadas a la actual
Misión de la OEA
1.REFORMA DEL PROCESO ELECTORAL
Si bien se dice que sin corregir las instituciones actuales, una nuevas
elecciones darán los mismos resultados, no se puede dejar de condenar las
irregularidades evidentes contra los derechos de millones de personas y menos se
puede pedir a los responsables que se reformen o se reeduquen a sí mismos. Ya
demasiado tiempo han estado de Juez y parte y han distorsionado todo el Estado
buscando mantener las ventajas y privilegios de su manejo. Por lo tanto, la
única reforma institucional del proceso electoral solo podría hacerse después de
nuevas elecciones, bajo el arbitraje directo de la OEA; ya que desde 1992 el
golpismo se ha entronizado hasta con una constitución propia y aprobada también
con un proceso electoral irregular.
Se debe empezar con una reforma Constitucional, que entre otras medidas unifique
el JNE-ONPE-RNIEC para impedir su control y condicionamiento.
2.REFORMA DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES Y CONSTITUCIONAL
Para lograrlo no hay ningún camino superior ni más viable que derogar la
Resolución abusiva del Congreso y reponer a los tres Magistrados del Tribunal
Constitucional que fueron destituidos.
Esto ya originaría cambios en el Poder Judicial, pues habría una instancia que
escapa al control del Ejecutivo. Los Tribunales Judiciales y el Ministerio
Público pueden cambiar casi de inmediato con la solo eliminación de las
Comisiones Interventoras y la devolución de las atribuciones del Consejo
Nacional de la Magistratura.
3.FORTALECIMIENTO DE LA LIBERTAD DE PRENSA
Empieza por la simple devolución de los canales 2 y 13 y de algunas
radioemisoras. Basta con derogar una Resolución Directoral que le quitó la
nacionalidad al Sr. Baruch Ivcher, y cesar la instrumentación que se hace del
Poder Judicial para apoderarse de los otros Canales de TV. El Canal del Estado
igualmente podría ser monitoreado por la Defensoría del Pueblo, para que no se
cometan los excesos observados.
Lima, 27 de Junio del año 2000
DECLARACIÓN DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entidad que agrupa a 61
organizaciones en todo el país, ante la gravedad de la crisis política,
manifiesta lo siguiente:
1) Exige al Presidente de la República que haga pública la orden a través de
la cual destituye a Vladimiro Montesinos. La ciudadanía requiere conocer los
términos específicos de la medida adoptada y de la anunciada desactivación del
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
2) Exige al Ministerio Público que difunda la denuncia fiscal que, de
oficio, debe haber formulado contra Vladimiro Montesinos. En caso de no
haberlo hecho, incurriría en encubrimiento y responsabilidad penal. Tal
investigación debe estar a cargo de un fiscal probo, independiente y que cuente
con todas las garantías del caso. A su vez, el Poder Judicial debe informar
sobre el proceso penal instaurado contra Vladimiro Montesinos, adoptando
las medidas de seguridad como su detención física inmediata para evitar que
pueda alterar las pruebas o entorpecer la investigación. Exige la más
severa sanción y que afronte su responsabilidad por las numerosas
denuncias existentes en su contra por graves violaciones a los derechos humanos
en los últimos años.
3) Solo a partir de estos hechos concretos, existirán condiciones para
buscar un consenso que pueda construir una transición democrática desde un
punto de par tida claro y preciso.
Lima, 18 de septiembre del 2000.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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