Declaraciones ante situación creada por Vladimiro Montesinos y el SIN

Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Perú, a 21 de Septiembre, 2000. Per - Declaraciones ante la grave situación creada por Vladimiro Montesinos y el SIN. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human* Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información.

COMUNICADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA ANTE LA CRISIS PROVOCADA POR VLADIMIRO MONTESINOS.

Ante el anuncio formulado por el Presidente de la República, Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, en la noche del sábado 16 de Septiembre, de convocar a Elecciones Generales en el más breve plazo, entre otras medidas, la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima cumple con declarar a la opinión pública lo siguiente:

PRIMERO.- El referido anuncio de una futura convocatoria a Elecciones Generales anticipadas por el Presidente de la República, en las que él no será candidato, constituye la admisión expresa por el Jefe de Estado de que su Gobierno atraviesa por una grave crisis de legitimidad y legalidad, acentuada por el video exhibido el 14 de Septiembre del 2000.

SEGUNDO.- Sin embargo, dicho anuncio por sí solo carece de eficacia jurídica y no tendrá ningún resultado positivo con arreglo a la normatividad constitucional vigente, salvo que venga acompañado de otras medidas concretas que lo hagan viable en el plazo inmediato. En primer lugar el Presidente de la República sólo está facultado legal y constitucionalmente para formular la convocatoria de Elecciones Generales al término de su mandato, dentro de un plazo no mayor de 150 días, tal como lo establece el artículo 81° de la Ley Orgánica de Elecciones No. 26859.

TERCERO.- Para que se convoque legalmente a Elecciones Generales antes del vencimiento del mandato presidencial, sin modificar la Constitución, se requiere previamente de la renuncia irrevocable del Presidente y de los dos Vicepresidentes, e igualmente que dichas renuncias sean aceptadas por el Congreso de conformidad al inciso 3ro. del artículo 113° de la Constitución. Producidas esas renuncias, al amparo del artículo 115° de la Carta Política, asume el mando el Presidente del Congreso con el objeto específico de convocar de inmediato a elecciones.

CUARTO.- Dentro de ese panorama constitucional y vista la imperiosa necesidad de resolver la actual crisis en el más breve plazo, el Colegio de Abogados de Lima plantea a la opinión pública las siguientes propuestas:

1. Renuncia irrevocable del Presidente y de los Vicepresidentes de la República y aceptación de las mismas por el Congreso de la República.

2. Renuncia de la actual Mesa Directiva, incluyendo a la Presidenta del Congreso, y elección de una nueva Mesa Directiva de carácter multipartidario.

3. Asunción del mando por el Presidente que el Congreso elija.

4. Convocatoria a Elecciones Generales por parte del nuevo Presidente de la República y realización de las mismas en un plazo que no podrá exceder del segundo domingo del mes de abril del año 2001. El nuevo Congreso asumirá además el carácter de Constituyente.

5. Autodisolución del actual Congreso de la República al término de un año contado a partir del 27 de julio del año 2000.

QUINTO.- Sin perjuicio de las medidas antes señaladas, nombramiento de nuevos representantes de la Corte Suprema y del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones, y en el Consejo Nacional de la Magistratura, por los vocales y fiscales supremos titulares de la Corte Suprema y de la Junta de Fiscales Supremos.

SEXTO.- Formulación ante el fuero común de la denuncia penal que corresponda contra el asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, abogado Vladimiro Montesinos Torres.

Lima, 18 de Septiembre del 2000
MARTÍN BELAUNDE MOREYRA, Decano y MERY TORRES DALL'ORTO Secretaría General

DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA PERMANENTE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ (COPPIP) ANTE LA MISIÓN DE ALTO NIVEL DE LA OEA AL PERÚ

Sr. Cesar Gaviria y Srs. Representantes de la Misión de Alto Nivel de la OEA, compatriotas representantes de la sociedad civil del Perú. Ante la coyuntura nacional de crisis democrática, la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú, emite la siguiente declaración:

1. Desde la instauración de la República nunca ha estado tan claro y evidente el carácter despótico y arbitrario de la política y del Estado en el Perú, esta política anti-ética que se usa hoy a discreción, se ha usado siempre contra los pueblos indígenas, derrotados inicialmente en el siglo XVI y excluidos del poder luego de la "independencia" y la formación de la República criolla. La forma cómo se practica la política actual, es la esencia de un Estado singularmente criollo, centralista y excluyente. Ojalá que las soluciones coyunturales que se busquen para resolver la crisis actual, sirvan para iniciar cambios más profundos y mayores en la estructura del Estado y en los hábitos e instituciones democráticos, que lleven al Estado a funcionar acorde con nuestra realidad: Una sola patria con una pluralidad de naciones en su interior.

2. Las raíces de la crisis actual, las podemos encontrar en los años 80, cuando se desata la hiperinflación y la violencia abierta y brutal del terrorismo, que fueron los primeros que hablaron de la instauración por la fuerza de una "nueva democracia". Estos dos fenómenos tienen sus secuelas hoy con la crisis de recesión económica tan o más grave que la hiperinflación de ayer y con la violencia institucional de la llamada "crisis de la democracia". El agravamiento de esta crisis puede conducir al Perú a un enfrentamiento generalizado; así, esta en riesgo la poca integración, institucionalidad y la paz que le quedan al Perú.

3. Los indígenas del Perú, debemos recordarles, a los activistas de la democracia formal o representativa y del "libre mercado" en lo económico, que estas propuestas tienen un indiscutible mensaje cultural occidental, es decir que con su modelo político y económico tratan de imponer "una forma o estilo de vida", un molde cultural y de civilización etnocéntrico, molde al que no pertenecemos la mayoría de los peruanos. En el plano económico esta propuesta cultural lleva el nombre de sector formal de la economía, siendo el sector mayoritario o el "informal", el sector de los excluidos, el sector de aquellos que nunca tendrán acceso al sistema "de mercado", o al sistema de la democracia occidental.

4. Este enfoque indígena, nos puede ayudar a comprender el desencuentro y la polarización que vive hoy el Perú; entre un sector formal que goza de "salud macroeconómica", "prosperidad", y un "nuevo gobierno democráticamente elegido" y otro sector mayoritario "informalizado" que ha sido excluido de elecciones imparciales, y que en lo económico es la quiebra actual de los peruanos, las "empresas inviables" o "cerradas por la SUNAT". En términos populares este mecanismo de exclusión tiene un nombre: En el Perú, siempre se ha "choleado" a las mayorías, sometiéndolas a la imposición antidemocrática.

5. Por eso la actual lucha por democratizar nuestro Perú del tercer milenio, sigue siendo la lucha por recuperar nuestro Perú profundo, eterno y universal, de dar continuidad a la grandeza del pasado que esta presente en nuestros Pueblos Indígenas. La lucha de esta coyuntura es parte del largo proceso de recuperación de nuestras propias formas de gobierno, de recuperación de nuestro espíritu democrático y descentralizado, es parte de la recuperación de la democracia indígena que subsiste y se práctica en más de 5,000 comunidades andino-amazónicas y en miles de Pueblos Jóvenes; pero, fundamentalmente es la lucha por LA SOBERANÍA DEL PERÚ. Los indígenas peruanos estamos esperando aun se nos otorgue carta de ciudadanía, si bien la Constitución reconoce algunos de nuestros derechos, no habla expresamente de los derechos de los Pueblos Indígenas, a pesar de la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Se necesita con urgencia una Ley marco sobre los pueblos indígenas como entes colectivos, como nacionalidades originarias y que se nos otorguen espacios de participación en el poder político de nuestro país.

6. Instamos a la Misión de la OEA a proponer un mecanismo efectivo de transición a la democracia, en donde se hayan recuperado las mínimas condiciones de la institucionalidad democrática, y de esta forma avanzar a la creación de formulas democráticas pluriculturales y multiétnicas, donde nuestro Estado-república asuma características descentralizadas, participativas, plurales y desconcentradoras del poder y la riqueza.

7. Gran parte de las medidas que se requieren para iniciar una transición hacia la democracia está resumida en un proyecto de ley multi-partidario de Restitución del Estado de Derecho, presentado por los congresistas Alva Orlandini, Gustavo Mohme, Lastenio Morales, Flores Araoz y otros legisladores, el 3 de Junio de 1998, que propone la derogación de 11 leyes inconstitucionales que han servido para el control de las instituciones democráticas. Esta ley podría aprobarse en 48 horas, si hubiera voluntad política en el Gobierno para derogar estas normas inconstitucionales en las tres áreas encargadas a la actual Misión de la OEA

1.REFORMA DEL PROCESO ELECTORAL

Si bien se dice que sin corregir las instituciones actuales, una nuevas elecciones darán los mismos resultados, no se puede dejar de condenar las irregularidades evidentes contra los derechos de millones de personas y menos se puede pedir a los responsables que se reformen o se reeduquen a sí mismos. Ya demasiado tiempo han estado de Juez y parte y han distorsionado todo el Estado buscando mantener las ventajas y privilegios de su manejo. Por lo tanto, la única reforma institucional del proceso electoral solo podría hacerse después de nuevas elecciones, bajo el arbitraje directo de la OEA; ya que desde 1992 el golpismo se ha entronizado hasta con una constitución propia y aprobada también con un proceso electoral irregular.

Se debe empezar con una reforma Constitucional, que entre otras medidas unifique el JNE-ONPE-RNIEC para impedir su control y condicionamiento.

2.REFORMA DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES Y CONSTITUCIONAL

Para lograrlo no hay ningún camino superior ni más viable que derogar la Resolución abusiva del Congreso y reponer a los tres Magistrados del Tribunal Constitucional que fueron destituidos.

Esto ya originaría cambios en el Poder Judicial, pues habría una instancia que escapa al control del Ejecutivo. Los Tribunales Judiciales y el Ministerio Público pueden cambiar casi de inmediato con la solo eliminación de las Comisiones Interventoras y la devolución de las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura.

3.FORTALECIMIENTO DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Empieza por la simple devolución de los canales 2 y 13 y de algunas radioemisoras. Basta con derogar una Resolución Directoral que le quitó la nacionalidad al Sr. Baruch Ivcher, y cesar la instrumentación que se hace del Poder Judicial para apoderarse de los otros Canales de TV. El Canal del Estado igualmente podría ser monitoreado por la Defensoría del Pueblo, para que no se cometan los excesos observados.
Lima, 27 de Junio del año 2000

DECLARACIÓN DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entidad que agrupa a 61 organizaciones en todo el país, ante la gravedad de la crisis política, manifiesta lo siguiente:

1) Exige al Presidente de la República que haga pública la orden a través de la cual destituye a Vladimiro Montesinos. La ciudadanía requiere conocer los términos específicos de la medida adoptada y de la anunciada desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

2) Exige al Ministerio Público que difunda la denuncia fiscal que, de oficio, debe haber formulado contra Vladimiro Montesinos. En caso de no haberlo hecho, incurriría en encubrimiento y responsabilidad penal. Tal investigación debe estar a cargo de un fiscal probo, independiente y que cuente con todas las garantías del caso. A su vez, el Poder Judicial debe informar sobre el proceso penal instaurado contra Vladimiro Montesinos, adoptando las medidas de seguridad como su detención física inmediata para evitar que pueda alterar las pruebas o entorpecer la investigación. Exige la más severa sanción y que afronte su responsabilidad por las numerosas denuncias existentes en su contra por graves violaciones a los derechos humanos en los últimos años.

3) Solo a partir de estos hechos concretos, existirán condiciones para buscar un consenso que pueda construir una transición democrática desde un punto de par tida claro y preciso.

Lima, 18 de septiembre del 2000.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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