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Salir del fuego para caer en las brasas
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 15 de Febrero, 2000. Salir del fuego para caer en las brasas, por Sergio Ramírez:
En Argentina, la paridad cambiaria ha cumplido varios años desde su
imposición. Muchos la estiman como un sistema previo a la dolarización. La
experiencia señala el desastre que esa política resulta para los pueblos.
Hoy, los trabajadores y el movimiento popular argentino asumen con más
fuerza la resistencia contra los efectos de la convertibilidad y de las
nuevas "flexibilizaciones laborales" del gobierno de De la Rúa.
Carlos Menem impuso la paridad de la moneda Argentina con el dolar bajo el
pretexto de detener la hiperinflación que afectaba a la economía del país.
Disminuyó significativamente el proceso inflacionario. Pero, para mantener
una falsa paridad entre ambas monedas se utilizó todos los millones de
dólares recibidos como producto de la privatización de los servicios y
riquezas nacionales que eran privatizables. Al acabarse tales ingresos, que
no fueron invertidos en la producción, se dio inicio a la fase recesiva más
dura en la vida económica del país. El gobernante transandino y sus
corifeos hablaban orgullosos de la "dolarización plena", no mencionando que
se había devaluado el Peso en al menos un 100%. La paridad entre el dólar y
el peso resultaba ficticia. Se iniciaba así el largo calvario económico
para la mayoría del pueblo argentino.
El pueblo no mejoró su precaria situación económica a partir de la puesta
en marcha de la paridad cambiaria. Por el contrario, sus condiciones de
vida empeoraron. La inflación bajó, pero ello no tiene mayor incidencia en
la "macroeconomía familiar" de millones de hogares modestos que tenían y ya
no tienen ingresos. Sólo los ricos salieron más beneficiados a partir de
1991, cuando se implementara el proceso de "dolarización", hasta ser dueños
en el presente de una porción mayor de la riqueza del país. Así, en un
proceso acelerado, se han agudizado las diferencias sociales, el abismo que
separa a pobres, cada vez más pobre, y a ricos,cada vez más ricos, se ha
profundizado. Tales diferencias se consideraban antes como las menores de
Sudamérica.
FRACASO DE LA ADMINISTRACIÓN MENEM
Un análisis comparativo de indicadores económicos entre 1991 y 1998
señalan, en forma indiscutible, que la gestión económica de la
administración de Menem fue un completo fracaso y un desastre para la
situación de millones de argentinos. En efecto, el desempleo, al instante
de la modificación cambiaria, que alcanzaba a un 6% de la masa trabajadora,
subió a un 20% en 1998 (3 millones de trabajadores cesantes). Mientras que
el subempleo aumentaba de 1% a 15% entre los años indicados.
Los indicadores del deterioro económico provocados por las políticas
neoliberales del gobierno "justicialista" son abismantes. En el período
citado se registran, por ejemplo, que el déficit fiscal ascendía a 62 mil
millones de dólares en 1991 y que para 1996 era equivalente al 4,5% del
Producto Interno Bruto (PIB), es decir, se elevaba a 95 mil millones de
dólares. Mientras que la riqueza acumulada en 1991 por el 20% más rico de
la población alcanzaba al 42% del PIB, en 1998 era de un 58% de tal
producto. En cambio, el país se deslizaba por la pendiente de la
bancarrota, como lo indican los índices de la deuda externa: de 60 mil
millones de dólares (1991) se elevó a 140 mil millones de dólares. Sólo la
deuda privada había crecido en 45 mil millones de dólares. Además, mientras
la contracción de la producción industrial era casi inexistente y no se
registraban dados sobre industrias y comercios desaparecidos en 1991,
disminuía un 11% la producción señalada, 25 mil industrias y similar
cantidad de tiendas y comercios se cerraban en los 5 años siguientes. El
descalabro económico era total: En 1991 el crecimiento del PIB fue de 0,5%
y en 1998 se alcanzan cifras negativas de menos 5,5%. Las consecuencias
negativas de la recesión económica se descargan sobre las espaldas de los
sectores populares. Así, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en 1991
era de un 13% es alzado a un 21% en 1998.
Las promesas demagógicas de Menem sobre las virtudes del modelo neoliberal
de economía, que aplicaba de acuerdo a los dictados del FMI y de las
transnacionales, y las ventajas de la conversión monetaria, han sido
destrozadas por la realidad. Los ingresos por las privatizaciones de bienes
y servicios no se utilizaron para financiar los ofrecimientos de más
educación, salud y atención a los jubilados, que se había prometido
reiteradamente. Por el contrario, los presupuestos de salud y educación
disminuyeron permanentemente y los jubilados ven reducida su esperanza de
mejores condiciones de vida. Tampoco ingresaron más capitales extranjeros,
reduciéndose la inversión extranjera. El gobierno de Menem no era más que
una nueva mentira, tras la cual se esconden los privilegios otorgados a los
grupos económicos nativos y extranjeros. Mientras tanto, los trabajadores
reciben sus salarios con meses de atraso y sin derechos que fueron
eliminados al imponerse la "flexibilización laboral". Como evaluación de la
gestión económica de la administración menemista se puede repetir que para
los trabajadores no hay peor impuesto que un gobierno oligárquico.
EL CONTINUISMO DE DE LA RUA
El reemplazo de Menem por De la Rúa tiene para el pueblo Argentina el
significado de "salir del fuego para caer en la brasas". En efecto, el
nuevo presidente socialdemócrata-neoliberal, cumpliendo con requerimientos
e imposiciones de la burguesía nacional y del capital financiero
internacional, ha enviado al Congreso un proyecto de ley que acentuará la
denominada "flexibilización laboral" que impulsó el gobierno de Menem y
cuyos resultados concretos son el aumento de la desocupación y explotación
de los trabajadores y el aumento de las ganancias patronales. Así, la
burguesía Argentina logrará avanzar más en su estrategia de imponer un
nuevo modelo de acumulación sobre las ruinas de su anterior fracasado
modelo de los años 60, basado en el mercado interno, el subsidio a la
burguesía industrial, el rol tutelar del Estado para financiar e impulsar
los planes de los grupos económicos y empresariales y el "pacto social" con
la burocracia sindical. Crisis provocada por el auge de las luchas de
partidos, movimientos populares y revolucionarios, la creciente autonomía
de las organizaciones sindicales y el despliegue de propuestas alternativas
al sistema dominante que -lamentablemente- no alcanzaron el desarrollo
ideológico, la unidad necesaria y la fuerza para enfrentar y aplastar la
reacción brutal y asesina de los cuerpos castrenses, determinada por la
burguesía Argentina, con la complicidad y ayuda del imperialismo
norteamericano.
La dictadura militar hizo suya la doctrina neoliberal y procedió a borrar,
mediante la imposición del crimen y la represión, todas las causales que
consideró habían provocado la crisis en el modelo económico existente hasta
antes de su intervención criminal. Estimaban que la culpa de la crisis
residía en el intervencionismo estatal en la economía, el exagerado gasto
social y los "privilegios" que habían alcanzados los trabajadores con sus
luchas reivindicativas. Y actuaron en consecuencia. Impusieron todos los
dogmas neoliberales que les dictaran los ideólogos y voceros del nuevo
modelo de acumulación en los marcos del unipolarismo y de la globalización.
Durante los años de gobierno civiles que sucedieron a la dictadura militar,
las organizaciones patronales y los partidos que defienden los intereses de
la burguesía han tratado de disminuir el valor de los salarios de los
trabajadores, eliminar las imposiciones sociales, que les imponen leyes y
convenios colectivos, y las "rigideces del mercado laboral", que le
restarían competitividad. Sus propuestas para minimizar el rol del Estado y
convertirlo en una especie de Departamento de Relaciones Públicas, no
logran ocultar que gracias al manejo y control que ejercen sobre ese Estado
tan repudiado, han desatado verdaderos genocidios para defender sus
intereses de clase, eliminado gravámenes justos a sus riquezas y ganancias
desmesuradas, determinado salarios miserables a los trabajadores y
modificado la distribución de la renta nacional que pasó de casi un 50%
para los trabajadores en 1975 al 18% actual. El 32% que los trabajadores
han dejado de percibir (unos 100 mil millones anuales).ha pasado a engrosar
las arcas de los empresarios, que continúan criticando la "rigidez del
mercado laboral", junto con exigir se aumente la "transparencia" y la
"competitividad".
La "flexibilización laboral" impuesta por Menem modificó las normas de
contratación y despido de los trabajadores, mediante la disminución de los
montos de las indemnizaciones y la reducción de las cargas sociales a un
nivel mínimo. La Alianza propone ahora ampliar de 30 días a un año el plazo
"a prueba" de los trabajadores recién contratados (sin derechos laborales),
plazo que se había fijado en1998, "a cambio" de reducir considerablemente
las indemnizaciones. Pero, las medidas contra los trabajadores no terminan
en tal propuesta.
LIQUIDAR LAS CONQUISTAS SOCIALES
En Argentina, al igual que en la mayoría de los países de la región, se ha
eliminado la jornada de las 8 horas de trabajo. Los trabajadores desempeñan
2.300 horas anuales. Es decir, algo más de 9 horas diarias de promedio.
Esta jornada laboral es una de las causas del desempleo. El anterior y el
actual gobierno coinciden en esta explotación inhumana. Además, los
gobiernos neolibelares y empresarios han centrado su acción en liquidar la
convención colectiva del trabajo, presionando en pro de la asignación del
salario por empresa, por sección, por trabajador aislado, determinando
montos miserables (actualmente 200 pesos) para el denominado "salario
básico" y fijando cualquier mejora salarial a los niveles de rentabilidad
de la empresa. En ese proceso han eliminando aportes patronales que
constituían el llamado Salario Indirecto (jubilación, obra social,
vacaciones pagas). Ahora, el gobierno de De la Rúa trata demagógicamente de
dar un carácter progresista a la intención de aprobar la negociación por
empresa con el falaz argumento de que debilitaría a la "burocracia
sindical", en circunstancias que tal iniciativa mantiene la primacía de las
organizaciones con personería gremial sobre las simplemente inscriptas (el
caso de las que adhieren a la CTA) para garantizar el monopolio de la CGT
en la negociación. Y, en aras de la "polifuncionalidad" del trabajador, han
eliminado categorías y funciones laborales que establecían las convenciones
colectivas de trabajo. Así obligan a que un mismo trabajador haga diversas
tareas y de diferente calificación. Según determinen los patrones de
acuerdo a sus intereses económicos, el trabajador deberá estar dispuesto
tanto para manejar un proceso automatizado como para barrer los pisos de
las industrias o sevicios. Con la imposición de la "ultractividad" que
ahora se propone, se busca liquidar el resto de las convenciones colectivas
y legitimar la superexplotación cuasi esclavista.
Todo el proceso "flexibilizador" ha seguido la misma secuencia y contado
con los mismos actores: la burguesía arremete contra los trabajadores e
impone nuevas normas laborales "más allá de lo legal". Transcurrido un un
tiempo, reclama contra las leyes obsoletas y el gobierno envía proyectos de
"flexibilización" que legalizan las arbitrarias normas patronales. El
Congreso los aprueba con el consentimiento de la oposición. La dirección de
la CGT primero se opone, luego negocia el mantenimiento de sus prebendas y
termina aceptándolos de modo explícito, como los llamados acuerdos marco
que firmó con Menem) o guardando cómplice silencio. La historia se repite:
En los primeros días de enero se conoció que para firmar el nuevo stand by
con el FMI se requerían "reformas estructurales", que incluían la reforma
laboral y el ajuste en las provincias. Al encontrarse con la "inesperada"
resistencia de la CGT, el gobierno de De la Rúa presionó retirándole la
administración de los fondos de las obras sociales y pretendiendo que la
reforma flexibilizadora es contra la burocracia sindical. El inexplicable
silencio de la Central de Trabajadores Argentinos ha facilitado la maniobra
de presentar tal política antiobrera como una iniciativa progresista y
democrática.
Es el momento de definiciones y de lucha en Argentina. Se debe soprepasar a
quienes no pueden dejar de mirar al poder, buscando disfrutar de migajas
del banquete estatal, antes de definir un gesto de resistencia. Los que
están decididos a enfrentar el continuismo de una política, la neoliberal,
que ha llevado al país al desastre, deben estrechar un accionar unitario.
Sin resistencia popular es imposible pensar se detengan las medidas
reaccionarias del nuevo gobierno, ni menos en construir y fortalecer una
alternativa política. Un proceso de debates en la izquierda, en medio de la
lucha de resistencia contra las políticas neoliberales, posibilitaría la
alternativa a oponer al capitalismo argentino.
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
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