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Restos de desaparecido en operación de "limpieza social" y otras informaciones
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 30 de Marzo, 2000. Arg - Encuentran los restos de un desaparecido en una
operación de "limpieza social" y otra info de ddhh.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
ENCUENTRAN LOS RESTOS DE UN DESAPARECIDO EN UNA OPERACIÓN DE LIMPIEZA SOCIAL EN
LA PROVINCIA DE CORRIENTES.
Los estudios de ADN realizados en Buenos Aires a los restos humanos encontrados
en un pozo abandonado de un campo de Laguna Brava (Corrientes) habrían
determinado que corresponden a Juan Carlos (Chicharra) Sánchez, el joven
desaparecido en Corrientes el pasado 10 de enero del 2000 en horas de la
siesta.-
JUAN CARLOS SÁNCHEZ, "Chicharra" (25), desapareció en sede de la actual
División de Delitos y Leyes Especiales (Ex Brigada de Investigaciones) de la
Policía de Corrientes en horas de la siesta el pasado 10 de enero del 2000. Su
cuerpo y su moto fueron buscados intensamente en cementerios, basurales y en
las zonas cercanas al río sin resultado hasta el hallazgo de restos humanos en
el campo del concuñado de un alto jefe policial, sobre los que se ordenaron los
análisis de ADN.
Según la versión oficial el joven, que tendría antecedentes por robo, era
buscado desde la madrugada del 9 de enero, por su supuesta participación en un
enfrentamiento entre patotas en el Barrio Patono. Esa noche, durante la
festividad del "Gauchito Gil", se generó un tiroteo con la intervención de la
Policía que terminó con tres heridos -entre ellos un cabo- y cuarenta
detenidos. Los amigos del joven Sánchez desmienten categóricamente la
participación de "Chicharra" en ese enfrentamiento y hablan directamente de una
venganza personal del policía Carballo, por razones de índole sentimental. El 10
de enero "Chicharra"salió de su casa en plena siesta para ir a la playa con su
primo y dos amigas. Fue fue llevado detenido junto con su moto por un policía
de nombre Carballo a la comisaría 12 y después, trasladado a la sede de la ex
Brigada de Investigaciones, ahora rebautizada División de Delitos y Leyes
Especiales.
Desde entonces no se supo más de él ni de su vehículo. Inicialmente se le dijo a
su padre, quien denunció su desaparición el 20 de enero, que a las dos horas de
su detención, salió de sede policial. Sin embargo hay testigos vecinos de la
División que
habrían visto como varios policías sacaban el cuerpo a las 4 de la tarde en una
camioneta policial. Y el mismo Jefe de Policía confirma que fue un asesinato en
sede policial. Desde el 23 de enero dos oficiales, Osvaldo Quiñones y Santiago
Vargas Barrios, y seis suboficiales, Nicanor Cáceres, Alfredo Blanco, Antonio
Dejesús Delgado, Alfredo Marcelino Molina, Ramón Pablo Rodriguez y Ramón Fabián
Carballo fueron puestos a disposición de la justicia. La Policía, además, abrió
un sumario interno.
Entre otras cosas, se descubrió que a Sánchez no lo hicieron cumplir con ninguno
de los trámites rutinarios: no lo revisaron en Medicina Legal, no pasó por
Averiguación de Antecedentes y no firmó el libro de salida. El policía
entregador de la comisaría 12 y los siete policías de guardia en la ex-brigada
están detenidos alojados en la Comisaría 7ma.
Desde la denuncia por parte de su familia, se hicieron marchas, movilizaciones y
reclamos por parte de sus amigos y familiares a los medios y a las autoridades
del ministerio de gobierno, en demanda del esclarecimiento de su desaparición y
presunción de muerte, sumado a la exigencia de que se rompa el pacto de
silencio que impera en la policía. La causa, hasta hoy, 28 de marzo, caratulada
como desaparición de persona, deberá cambiar con la identificación del cadáver
de "Chicharra" Sánchez. Si efectivamente el ADN es de Sánchez, el homicidio en
sede policial estaría confirmado, dejando abierta la posibilidad del
encubrimiento de los jefes policiales. Desde el Jefe de la Policía de
Corrientes, Comisario Julio Ángel Fernández, que asumió sus funciones el 7 de
enero del 2000 (los sucesos ocurrieron el 10/1), el Comisario Principal
Domínguez, jefe de la División Delitos y Leyes Especiales (Ex-Brigada), hasta
el Comisario Mayor, Fidel Simón Bustinduy, jefe de la Unidad Especial de la
Policía Rural y de Islas (en el campo de su concuñado Francisco Mayol se
encontraron los restos), toda la cúpula policial provincial estuvo ligada de
alguna manera al asesinato de este joven, uno más en el oscuro historial de la
policía correntina.
Buenos Aires, 29 mar 00
CORREPI
http://www.derechos.org/correpi/
"REITERO QUE NO SIRVO PARA LA POLÍTICA. SOY HOMBRE DE ARMAS" EXPRESÓ BUSSI.
..."No sirvo para la política"
Interrogado sobre sus actividades, cuando en el futuro reviste en situación de
retiro y si ellas podrían incluir a la política como vocación, manifestó:
"Reitero que no sirvo para la política: "Reitero que no sirvo para la política.
Soy hombre de armas. Nací para esto y en ese marco me gustaría morir. A lo que
sí aspiro, como todo buen argentino, es que la Nación encuentre el verdadero
camino de la concordia, la paz y la felicidad."... (en el diario La Prensa, 03
de febrero de 1980).
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de la
Nación invitó a los organismos de Derechos Humanos a concurrir mañana martes
ante dicha Comisión a fin de exponer lo que estimamos corresponda en relación al
"Diputado electo" Antonio Domingo Bussi.
Por el Serpaj se presentará la Dra. María Elba Martínez. Independientemente de
los argumentos políticos, jurídicos y éticos que la Dra. Martínez expondrá, el
Serpaj quería recordar estas declaraciones, reafirmando que el represor Bussi
debería estar en la cárcel.
Buenos Aires, 27 de marzo de 2000
Servicio de Paz y Justicia de Buenos Aires (Serpaj)
NO A LA LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA
Los organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, gremiales y
culturales abajo firmantes repudiamos y rechazamos la proyectada ley de
emergencia económica por entender que, de sancionarse, postergaría nuevamente
los anhelos de Justicia de nuestro pueblo.
No aceptamos que los pobres y marginados del sistema sean la variable de este
nuevo ajuste económico y rechazamos la profundización de políticas perversas que
subliman el mercado en desmedro del ser humano.
Esta ley beneficia a las empresas privatizadas y transnacionales, que quedan
fuera de la emergencia y mantienen intactos sus derechos. En cambio, reducirá al
mínimo las garantías constitucionales de los jubilados, de los trabajadores, y
de toda otra persona que sea víctima de violaciones en sus derechos humanos.
Los jubilados, luego de litigar por años un haber digno, son castigados con
nuevos bonos a 10 años mas, como si ellos pudieran esperar.
Consideramos que el no pago de la deuda externa y sus intereses es una solución
para evitar que la "emergencia" se instale para siempre.
Exigimos al Poder Legislativo que se abstenga de votar leyes dirigidas a limitar
los derechos y garantías constitucionales incompatibles con la vigencia del
Estado de Derecho.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2000
Adhieren al presente comunicado:
Abuelas de Plaza de Mayo; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones
Políticas; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Madres de Plaza de Mayo
-Línea Fundadora; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); Servicio
Paz y Justicia (SERPAJ); Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Encuentro por
la Memoria; Católicas por el Derecho a Decidir;
CISALP; Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Españoles en
Argentina; Asociación Americana de Juristas (Rama Argentina); Pibes Unidos;
FACES.
24 AÑOS DESPUÉS SEGUIMOS EXIGIENDO VERDAD Y JUSTICIA
Porque todavía debemos exigir que los que ocultan la verdad, los responsables de
la detención y desaparición de nuestros hijos, nietos, padres, esposos,
hermanos, nos la proporcionen. A pesar de los Juicios por la Verdad que se están
desarrollando en distintos lugares del país, la Verdad la seguimos aportando las
víctimas: los familiares, y los que estuvieron desaparecidos y recobraron la
libertad, mientras los represores sufren de amnesia colectiva.
* Porque todavía debemos exigir que el Estado tome las decisiones a que lo
obliga la convención sobre los Derechos del Niño, que establece su compromiso a
preservar su identidad -nacionalidad, nombre y relaciones familiares- y prestar
asistencia y protección apropiadas para restablecerla. La mayoría de los
apropiadores -los genocidas, sus cómplices y colaboradores- siguen con nuestros
nietos, que hoy ya no son niños, sino jóvenes, y no se los investiga para que
esos jóvenes recuperen su identidad y sepan que no fueron abandonados por sus
madres, y que siempre fueron queridos y buscados por sus abuelas.
Porque después que la impunidad sentó sus reales en la Argentina a partir de las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida del gobierno radical de Alfonsín y de
los decretos de indulto del gobierno justicialista de Menem, todavía debemos
exigir que todos y cada uno de los responsables y ejecutores del terrorismo de
Estado sean juzgados y castigados.
Por primera vez en 70 años han transcurrido 16 sin golpes militares. Y, salvo
excepciones, en materia de derechos humanos lo que nos han ofrecido las
instituciones termina ahí.
En poco más de 100 días de un nuevo gobierno constitucional, vemos con
preocupación que su política de derechos humanos va a contramano de nuestras
exigencias. Se intentó preservar a las FF.AA. y de Seguridad permitiendo las
declaraciones con identidad reservada.
Se premió con ascensos a militares cuestionados por su participación en la
represión, con la presión del Ministro de Defensa, la aprobación del Presidente
de la Nación, el respaldo corporativo del Ejército, y el voto de la Comisión de
Acuerdos, que después de haber escuchado nuestras objeciones
y realizado declaraciones auspiciosas, ascendió a casi todos los propuestos.
Se ordenó una pretendida búsqueda de información en el Ejército de documentación
sobre la represión que terminó en escándalo por la denuncia de la destrucción de
información hallada. El jefe del Ejército, Gral. Brinzoni, negó esta información
y declaró que no hubo un plan sistemático
para el robo de niños.
Estos hechos revelan un aumento del protagonismo de las FF.AA., con el
beneplácito y/o la indiferencia de las autoridades constitucionales.
Se intenta, por otra parte, presentar como una solución al problema de la
seguridad el endurecimiento de las penas y la "mano dura" con los delincuentes.
La "mano dura" de los años ´70 se convirtió en represión con los resultados que
todos conocemos: detenciones, desapariciones, torturas, asesinatos, robo de
niños.
El problema de la seguridad es un problema de corrupción: de funcionarios, de
la Policía y del Poder Judicial. El tráfico de armas y de drogas -bases para la
proliferación de robos y asesinatos- son responsabilidad directa de esa
corrupción. Y no se resuelve con "mano dura" ni con penas más severas ni
construyendo más cárceles sino con educación y mejores condiciones sociales.
Se siguen ignorando las recomendaciones internacionales: la remoción de los
miembros de las FF.AA acusados de violaciones a los derechos humanos (Comité de
DDHH de la ONU), y las recomendaciones de la CIDH de la OEA con respecto a la
reparación de los presos de La Tablada.
Y se sigue cargando el ajuste y la crisis sobre las espaldas de los que menos
tienen.
PERO ESTE PUEBLO NO ESTÁ DERROTADO
Porque hemos recuperado 66 niños desaparecidos como fruto de la lucha de Abuelas
y de la solidaridad y colaboración de quienes a diario aportan datos que nos
ayudan a seguir buscando.
Porque la movilización popular creó las condiciones para que, después de la
maravillosa marcha del 24 de marzo de 1996, en España la Unión Progresista de
Fiscales abriera un juicio que hoy es una punta de lanza que apunta al corazón
de la impunidad a nivel internacional. Y que en nuestro país ha permitido que 33
violadores de DDHH estén imputados por secuestro de niños y desaparición de
personas, que 12 de ellos hayan perdido su libertad, y que Videla y Massera
permanezcan presos desde hace 21 meses.
Porque hemos logrado que Bussi haya recibido el bofetón de no poder asumir como
diputado.
Porque estamos construyendo un Parque de la Memoria donde estarán los nombres de
nuestros desaparecidos y asesinados para que esta generación y las generaciones
futuras no olviden que entregaron sus vidas en pos de sus ideales de justicia,
libertad y de una sociedad justa.
Porque conseguimos la aprobación de una Convención sobre Desaparición
Forzada y la incorporación de los Tratados Internacionales sobre Derechos
Humanos a nuestra Constitución.
Porque hemos logrado la libertad de algunos presos políticos.
Porque ante los nuevos casos de impunidad, a lo largo y a lo ancho del país han
surgido las respuestas de nuevos familiares que, apoyados por amigos,
vecinos y el pueblo todo dan diariamente su pelea por la justicia.
Porque nuestro pueblo sigue exigiendo justicia para sus legítimas
reivindicaciones.
Y porque después de 24 años de lucha inclaudicable, estamos aquí, en esta
Plaza, acompañados por todos ustedes, que lo han hecho posible.
Dentro de un año se cumplirá un cuarto de siglo de la instauración de la
dictadura militar.
La bandera que hoy llevamos con las caras de nuestros desaparecidos, será
durante todo este año nuestra bandera de lucha. Un año que debería ser el de la
Verdad y la Justicia y el de la realización de nuestras reivindicaciones.
DE NO SER ASÍ
No cejaremos en nuestra exigencia de Verdad sobre lo que pasó con cada uno de
nuestros desaparecidos.
No cejaremos en nuestra exigencia de Juicio y Castigo para todos y cada uno de
los culpables de delitos de lesa humanidad.
No cejaremos en nuestra exigencia de restitución de la identidad de cada uno de
nuestros nietos.
No cejaremos en nuestra exigencia de anulación de las leyes de impunidad:
Punto Final, Obediencia Debida y decretos de indulto.
No cejaremos en nuestra exigencia de respeto a los convenios internacionales de
apoyo a los juicios en Italia, España, Alemania y Francia.
No cejaremos en nuestra exigencia de que los represores no ocupen cargos
públicos y no puedan ser candidatos a cargos electivos.
No cejaremos en nuestra exigencia de cese de la represión del gatillo fácil.
No cejaremos en nuestra exigencia de respeto irrestricto al derecho al trabajo,
al sueldo justo, a la educación, la salud, la vivienda y a una jubilación digna.
Buenos Aires, 24 mar 00
Adhieren al presente comunicado:
Abuelas de Plaza de Mayo; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro
de Estudios Legales y Sociales; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
Razones Políticas; H.I.J.O.S.; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora;
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Servicio Paz y Justicia.
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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