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Comienza juicio contra militares argis en Italia
y rechazan extradición del Juez Garzón
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 31 de Marzo, 2000. Arg/Ita/Esp - Comienza juicio contra militares argis en Italia y
rechazan el pedido de extradición del Juez
Garzón.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
LA JUSTICIA ITALIANA COMIENZA EL PROCESO CONTRA MILITARES ARGENTINOS POR
ITALIANOS DESAPARECIDOS
Tras 16 años de investigaciones, el proceso en Italia contra militares
argentinos se hizo ayer irreversible: el Primer Tribunal Penal de Roma dijo que
el juicio "es legítimo" y que llegará hasta el final.
Siete militares -entre ellos los ex generales Guillermo Suárez Mason y Santiago
Omar Riveros- están acusados de ser responsables de la desaparición y muerte de
ocho personas de origen italiano durante la última dictadura militar.
Rechazados los pedidos de nulidad que presentaron los defensores de los
acusados, el tribunal inició el debate sustancial del proceso. Esto fue
calificado como "una jornada histórica" por varios letrados que defienden a los
familiares de las víctimas.
Los abogados Giovanni Melandri y Giovanni Aricó sostuvieron, en varias
audiencias, que Suárez Mason, Riveros, el prefecto de la Prefectura Nacional
Marítima Juan Carlos Gerardi y los ex suboficiales de la misma institución
militar Julio Rossin, Alejandro Puertas, José Luis Porchetto y Omar Héctor
Maldonado no podían ser procesados aquí porque sus casos eran ya "cosa juzgada"
en la Argentina. Ese argumento no se impuso. En el aula "bunker" de máxima
seguridad de Rebibbia, en un suburbio de Roma, el presidente del tribunal penal,
Renato DAndria, leyó ayer el veredicto. "No está demostrado que en la Argentina
haya habido pronunciamientos sobre los acusados de carácter jurisdiccional",
dijo.
El juez destacó "la falta de colaboración de la Argentina" durante las
investigaciones y consideró innegable el interés italiano ante crímenes
políticos cometidos contra sus propios ciudadanos. El Código Penal italiano
sostiene el principio de nacionalidad, por el cual un magistrado puede perseguir
delitos graves cometidos en el exterior contra ciudadanos italianos.
Conocida la decisión del tribunal, los abogados Melandri y Aricó anunciaron que
renunciaban a su mandato. El presidente del tribunal nombró entonces a tres
abogados de oficio para los acusados.
El fiscal y los abogados de los familiares presentaron varias listas de
testigos. Figuran, entre otros, el escritor Ernesto Sabato, y el Premio Nobel de
la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Los defensores sostuvieron que sólo pueden declarar los testigos de los delitos
imputados y no los que referirán sobre la situación general que se vivía en la
Argentina, y que el fiscal Francesco Pappalardo calificó como "el infierno del
horror".
[Fuente: Julio Algañaraz, Roma Corresponsal del Diario Clarín de Buenos Aires
31mar00]
Nota del Equipo Nizkor:
Respecto de Suárez Mason, principal imputado por la muerte de otros 6
desaparecidos, su posición será examinada a partir del próximo 7 de junio. El
calendario de audiencias comenzará el 7 de junio con la posible reunión de ambos
procedimientos y continuará los días 12, 13, 14, 19 y 20 de ese mes. Suárez
Mason se encuentra detenido en Buenos Aires, acusado de el robo de bebés.
UN JUEZ RECHAZA LAS ORDENES DE EXTRADICIÓN SOLICITADAS POR EL JUEZ GARZÓN.
El juez Literas comunicó a su par español que "no corresponde" detener a 48
militares argentinos para extraditarlos a Madrid. Garzón se habría demorado en
enviar documentación pedida por la Justicia Argentina.
El juez federal Gustavo Literas le comunicó esta semana a su colega español
Baltasar Garzón que, debido a su demora en formalizar los pedidos de extradición
de los ex represores Jorge Ra fael Videla, Emilio Massera, Leopoldo Fortunato
Galtieri y otros 45 militares argentinos procesados en España, "ya no
corresponde" dar la orden para detenerlos. En la lista también figuran Carlos
Suárez Mason, Antonio Domingo Bussi y numerosos jefes y oficiales que actuaron
en la ESMA, como Alfredo Ignacio Astiz.
Literas consideró que Garzón tuvo tiempo suficiente desde el 2 de noviembre del
año pasado -cuando procesó en Madrid a 98 personas por crímenes de la última
dictadura militar en la Argentina- para girar los pedidos formales de
extradición de los militares argentinos. Y que, en virtud de que no lo hizo, el
pedido ya no se encuadra en "los extremos de urgencia" exigidos por el Tratado
de Extradición entre los dos países, según consta en un documento al que tuvo
acceso Clarín.
El pasado 30 de diciembre, el magistrado español emitió una orden internacional
de búsqueda y captura "con propósito de extradición" contra 48 de los militares
argentinos imputados.
Pero apenas recibió la orden desde España, Literas pidió una ampliación de datos
porque, según adujo, Interpol no le había transmitido la totalidad de los datos
de identidad aportados por Garzón.
Ayer, la Cancillería, que actúa como conexión entre ambos jueces, le envió una
nota al embajador español en Buenos Aires, Carlos Carderera Soler.
En la comunicación oficial, los juristas del ministerio que comanda Adalberto
Rodríguez Giavarini apoyaron las consideraciones de Literas. "El señor juez
federal (por Literas) pide informes acerca
del estado actual del trámite de la solicitud de arresto (de los militares),
considerando el tiempo transcurrido desde que se cursara la pertinente
comunicación", arranca la nota. argumenta que, "precisamente, el tiempo pasado
descartaría la urgencia de aquella medida precautoria según lo exige el artículo
24 del Tratado de Extradición".
Hace diez días, Garzón reiteró un envío complementario de información a Literas.
Con todo, hasta ayer, el escrito no había llegado al escritorio del juez
argentino.
En Madrid, los hombres de Garzón no se dan por vencidos. Consultados por este
diario, confiaron que en ese juzgado se sigue reuniendo más documentación sobre
otros cincuenta procesados, para remitirla luego al juez Literas. Naturalmente,
éstos apoyan el pedido de captura que efectuará Garzón cuando concluyan los
trámites.
El juicio en Madrid comenzó en marzo de 1996 ante la Audiencia Nacional. Desde
entonces han desfilado centenares de testigos y se acumuló una extraordinaria
cantidad de testimonios y pruebas.
El juzgado de Garzón sufrió el primer cachetazo internacional este mes, luego de
que el gobierno británico autorizó la liberación del ex general chileno Augusto
Pinochet, también procesado en
España por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno de facto.
Lo cierto es que, más allá del entusiasmo de los colaboradores del magistrado en
Madrid, Literas echó mano al silencio de Garzón para apurarlo a una definición
en la causa que recayó en su juzgado.
En este tema en particular, la Cancillería tiene una postura idéntica a la que
sostuvo su predecesora menemista: considera que Garzón se entromete en asuntos
que son soberanos de cada país.
Por eso adoptó -con perfil más bajo- la misma postura que tuvo el gobierno de
Carlos Menem, al propiciar el regreso de Pinochet a Chile para que sea juzgado
en territorio trasandino.
Así, por escrito, Garzón recibió el ultimatum oficial argentino. Resta por ver
si el juez español cree también que se le agotó hasta el tiempo de descuento.
[Fuente: Diario Clarín de Buenos Aires, 31 mar 00]
EL CONSEJO SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS SE DECLARA COMPETENTE PARA JUZGAR
LAS CAUSAS POR ROBOS DE NIÑOS
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se declaró competente en las causas
seguidas por robo de bebés en la dictadura militar y le pidió las actuaciones al
juez federal Adolfo Bagnasco. Pero, por una apelación del fiscal militar, la
cuestión de competencia deberá ser zanjada ahora por la Cámara de Casación.
La decisión del Consejo Supremo, presidido por el general retirado Enrique
Bianchi, se adoptó en el marco de la causa contra el ex comandante de Institutos
Militares, general Santiago Omar Riveros, quien ayer se negó a declarar ante
Bagnasco: alegó que la competencia corresponde a aquel organismo de la justicia
militar.
Pero también ayer apeló el fiscal, brigadier Osvaldo Massoni, y la cuestión
deberá ser resuelta por la Casación.
El Consejo Supremo fue el tribunal que tomó las causas de violación a los
derechos humanos en 1984, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín decidió
enjuiciar a las juntas militares. Llegó a procesar a algunos ex jefes
castrenses, pero tras una demora las causas pasaron a la Cámara Federal, que
terminó condenándolos.
[Fuente: Diario Clarín de Buenos Aires, 31 mar 00]
TUVIERON UNA OCASIÓN Y NO CUMPLIERON
Cuando los argentinos todavía pensaban que, casi mágicamente, con la democracia
se curaba, se comía y se educaba, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tomó
a su cargo las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos durante
la última dictadura. La tarea no pudo ser más funcional a los intereses de la
casta castrense. La demora fue casi tan grosera como el ocultamiento y
destrucción de pruebas de la aplicación sistemática del terrorismo de Estado
entre 1976 y 1983.
Fue la Justicia civil la que tuvo que tomar a su cargo los sumarios, y las
condenas del juicio a los ex comandantes fueron la expresión máxima de la plena
vigencia de las instituciones en la renovada democracia.
De allí hasta hace muy poco, las leyes de punto final y obediencia debida de
Raúl Alfonsín, y los indultos de Carlos Menem, sepultaron por años la cuestión
del terrorismo de Estado, que hoy ha ganado nuevamente espacio en la gente.
En los '80, la Justicia militar tuvo una oportunidad y la desechó. Ahora, el
poder castrense parece amagar con regresar para apropiarse de la única vertiente
de las investigaciones actuales que puede efectivamente perseguir penalmente y
condenar a los responsables: la del robo de los bebés sustraídos a las madres
desaparecidas.
El pedido del Consejo Supremo parece más ligado a épocas en las que la presión
militar sobre las instituciones era mucho más fuerte que la actual. Hoy sólo
suenan apagados rezongos de los ancianos jerarcas que están presos en sus
domicilios por el robo de los chicos.
[Fuente: Adrián Bassola de la Voz del Interior, Córdoba, Argentina 31mar00]
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