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Aclaran postura sobre extradiciones, remueven al CSM y caso Bahía Blanca
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 1 de Abril, 2000. Arg - Aclaran la postura judicial con relación a las
48 extradiciones y deciden remover el Consejo Supremo Militar. Info
Bahía Blanca.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
EL MINISTRO GIL LAVEDRA ACLARA LA POSTURA CON RELACIÓN A LA EXTRADICIÓN DE
LOS 48 ARGENTINOS.
El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, aclaró ayer que el juez federal
Gustavo Literas no rechazó el pedido de extradición de militares argentinos
presentado por el juez español Baltasar Garzón, sino que rechazó la solicitud
para que sean detenidos en el país preventivamente.
"A fines de diciembre, el juez Garzón envió un pedido de arresto preventivo, con
vistas a una solicitud de extradición. Literas respondió que el escrito de
Garzón estaba incompleto y pidió que se le envíe uno nuevo", explicó Gil Lavedra
a Clarín.
"Como Garzón nunca mandó el pedido de extradición, el juez y el Gobierno
comunican ahora a España que evidentemente no se dan las condiciones de urgencia
que justifican un arresto preventivo", dijo.
[Fuente: Diario Clarín, Buenos Aires, Argentina 1 abr 00]
EL GOBIERNO DECIDIÓ REMOVER AL CONSEJO SUPREMO DE LAS FF AA
El tribunal militar había reclamado al juez Bagnasco la causa por robo de bebés
durante la dictadura. Esa jugada causó malestar en el Gobierno. Y la semana
próxima De la Rúa reemplazará a sus integrantes.
El Gobierno nacional relevará la próxima semana a los miembros del Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas, según adelantaron fuentes oficiales. La medida
refleja el malestar que provocó la decisión del Consejo de reclamar a la
Justicia Federal la causa sobre el robo de hijos de desaparecidos durante la
dictadura.
La rápida medida será efectivizada a través de una resolución que prevé firmar
el presidente Fernando de la Rúa el lunes o martes. De acuerdo con las fuentes
consultadas por Clarín la decisión
alcanzará a los nueve miembros del Consejo, encabezado actualmente por el
general retirado Enrique Bianchi.
Según las mismas fuentes, el reemplazante de Bianchi será el general, también
retirado, Alfredo Pablo Rolando, un hombre cercano al ex jefe del Ejército
Martín Balza que dirigió durante su comandancia los Institutos Militares.
La sorpresiva decisión del Consejo fue rechazada ayer desde distintos sectores.
Cada uno por su lado, la administración De la Rúa, el juez a cargo de la causa
por el robo de bebés, Adolfo Bagnasco, y varios organismos de derechos humanos
manifestaron su convicción de que la maniobra puesta en marcha por el tribunal
militar no prosperará. El Consejo Supremo no es una instancia judicial, sino un
órgano administrativo que depende del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Defensa.
El tribunal militar hizo lugar el jueves a un pedido del general Santiago Omar
Riveros, en el sentido de declararse competente en la causa que ya provocó el
arresto de Jorge Videla, Emilio Massera y Jorge "Tigre" Acosta, entre otros.
La resolución tomada por el Consejo fue apelada por el fiscal militar y ahora el
tema pasará a consideración de la Cámara de Casación.
"Se trata de una decisión antinatural para el momento que estamos viviendo.
Desde el punto de vista judicial no tiene ninguna chance de prosperar", dijo una
fuente de la primera línea del Gobierno, al rechazar la maniobra del Consejo
Supremo.
Por su lado, el juez Bagnasco afirmó que se había "sorprendido" al conocer la
noticia. "La competencia de la justicia militar en la investigación del robo de
bebés ya había sido planteada por
distintos imputados en la causa. Yo la rechacé, en una decisión que fue
confirmada por la Cámara Federal", explicó a Clarín.
"Habrá que ver si esto obedece a un pensamiento exclusivo del Consejo Supremo, o
fue consensuado con la actual conducción de las fuerzas armadas o con el
Ministerio de Defensa", agregó Bagnasco.
Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiaron "la intención del Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas de apropiarse, como antes lo hicieron de nuestros nietos, de las
causas judiciales donde se
investiga el plan criminal".
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), su vicepresidente,
Simón Lázara, definió la medida del Consejo como "un alzamiento liso y llano
contra la Justicia y el sistema democrático". El abogado de Massera anunció que
se sumará al pedido de Riveros.
[Fuente: Diario Clarín de Buenos Aires 1abr00]
EN BAHÍA BLANCA RECONOCEN A UN MILITAR EN ACTIVO COMO TORTURADOR.
En el proceso que se sigue en Bahía Blanca para el establecimiento de la verdad
de lo ocurrido durante la represión un testigo reconoció al CORONEL JULIÁN
CORRES como el responsable de haberlo torturado en un Centro de Detención Ilegal
conocido por el nombre de "La Escuelita", donde era conocido bajo el apodo del
"Laucha". Se da la circunstancia que el mencionado Coronel fue hasta diciembre
de 1999 jefe de la unidad de inteligencia militar de Río Gallegos. Oscar
Bermúdez, que era no docente de la UNS en aquel entonces, es el testigo que
reconoció a al Cnel Corres y explicó en su declaración la situación creada por el
nombramiento del rector Remus Tetus en la citada Universidad y su colaboración
con la bandas armadas y dirigidas por el entonces diputado nacional Rodolfo
Ponce.
Remus Tetus era un refugiado nazi relacionado con el gobierno colaboracionista
en Rumanía que practicó una política de exterminio de estudiantes, profesores y
no docentes en la zona Sur de Argentina.
Este plan de actuación fue estructurado por la Marina de Guerra Argentina a
través del Ministerio de Educación y puesto en práctica en la Universidad de la
Plata en primer lugar, en la Universidad de Buenos Aires en segundo lugar y
posteriormente se intentó en la Universidad Nacional del Sur. Debido a la
resistencia interna al nombramiento de Remus Tetus este fue nombrado rector
Interventor de la Universidad de Comahue, hasta que consiguieron nombralo en la
UNS.
A partir de la llegada de Remus Tetus el plan se puso en marcha y contó con el
apoyo del diario pro nazi "La Nueva Provincia", cuyo equipo dirigente eran parte
del staff de preparación del golpe militar posterior y que hacían gala de una
clara ideología nazi de la que nunca renunciaron.
La persecución llegó a tal punto que personas que habían abandonado la ciudad y
se habían trasladado a Viedma fueron perseguidas en forma directa por el aparato
de inteligencia del V Cpo con Sede en Bahía Blanca y con la colaboración de la
policía federal.
En su declaración Oscar Bermudez reconoció a varios personas secuestradas
ilegalmente en el Centro de detención ilegal "La Escuelita" que luego
aparecieron muertos en falsos enfrentamiento armados en la ciudad. Tal es el
caso de Dario Rossi que apareció asesinado en un falso enfrentamiento en los
primeros meses de 1977 en la calle Salta de Bahía Blanca.
Este método fue usado en varios casos en dicha ciudad y fue la manera de
extender el terror y convencer a la población civil de que los enfrentamientos
armados entre bandas rivales de subversivos o de estos con la policía eran el
motivo de las desapariciones. Esta política fue defendida públicamente por el
Diario La Nueva Provincia hasta después del fin del proceso militar.
Oscar Bermudez fue secuestrado por la policía federal en Viedma y permaneció en
el campo de detenidos desde el 7 ene 77 hasta el 17 ene 77
[Fuente: Equipo Nizkor, UE 1 abr 00]
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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