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Mapuches denuncian actuación ilegal de REPSOL-YPF en explotación petrolífera
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 22 de Junio, 2000. Arg - Comunidades mapuches denuncian actuación ilegal
de REPSOL-YPF en explotación petrolífera.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
COMUNIDADES MAPUCHES ACUSAN A REPSOL-YPF DE CONTAMINACIÓN Y DE VIOLAR LA LEY QUE
PROTEGE LOS DERECHOS INDÍGENAS.
Al Gobierno de la Provincia del Neuquén; A la Honorable Legislatura del Neuquén.
y Al Tribunal Superior de Justicia del Neuquén.
Las Comunidades (Lof) Mapuche Paynemil y Kaxipayiñ de Loma de La Lata se dirigen
a los tres poderes de la Provincia, al tomar conocimiento -por los medios de
comunicación- del mensaje del Sr. Gobernador el 1º de mayo ppdo. ante la H.
Legislatura y de negociaciones posteriores en Buenos Aires con la firma
Repsol-YPF, relativas a la renovación de la concesión hidrocarburífera del
yacimiento, gran parte del cual ha invadido y rodeado los espacios territoriales
donde residen tradicionalmente nuestras Comunidades, para manifestar lo
siguiente:
· La contaminación generalizada, los riesgos para la salud de nuestros peñi
pobladores y los daños personales, materiales, culturales y morales, sufridos
por décadas a raíz de dicha explotación, tuvieron una evidencia tremenda cuando,
en octubre de 1995, la perforación para una bomba de agua en el puesto de un
poblador de Paynemil revela la contaminación por condensados de gasolina de la
napa freática en gran volumen y en una extensa superficie. Las primeras
inspecciones y análisis realizados dan lugar en 1996 a una denuncia formal de la
contaminación y riesgos ante 6 organismos oficiales, nacionales y provinciales,
supuestamente de aplicación y/o contralor, formulada por la dirección del
Proyecto UNC-ApDH sobre "Defensa y Reivindicación de Tierras Indígenas".
· Posteriormente y ante evidencias de polución con metales pesados y otras
sustancias tóxicas de las aguas fluviales y subterráneas, y de intoxicación en
los organismos de niños y adultos por sobre los índices tolerables, que surgen
de análisis químicos y biológicos, nuestras Comunidades deciden efectuarse
exámenes y controles en centros especializados de Buenos Aires; el área Salud
Pública del Gobierno resuelve, a su vez, implementar una investigación
toxicológica. Invitadas a una o dos reuniones preparatorias, nuestras
Comunidades se han visto excluidas en adelante de este proceso y hasta la fecha
ignoran toda información, evaluación y resultado de dicha investigación, cuando
se trata netamente de un asunto tan grave como la salud de sus integrantes.
· Paralelamente, otra denuncia de nuestro apoderado origina un expediente en la
órbita del Ombudsman de Nación. Tampoco en este caso hubo información sobre su
tramitación y consecuencias, hasta que un buen día del '99 se le notifica una
decisión de archivo del expediente alegándose que el problema estaba
solucionado, según las autoridades y la empresa. Esto no fue consentido y sí
contestado por nuestro representante.
· La Defensoría de Menores, a su turno y en representación de los niños de
nuestras Comunidades, inicia una causa civil exigiendo al Gobierno provincial
("socio" de las empresas petroleras) la provisión de agua potable, primero de
emergencia y luego también definitiva y suficiente para nuestras familias. El
fallo favorable es vergonzosamente apelado por el Gobierno en varias instancias,
siendo confirmado en todas ellas. El incumplimiento por parte del Gobierno de la
sentencia judicial firme sobre la provisión definitiva de agua origina una queja
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Washington-DC, 1998),
aún pendiente por cuanto el Gobierno todavía no ha puesto en funcionamiento
efectivo la planta potabilizadora, construida con deficiencias y, por supuesto,
sin consulta ni participación de nuestras Comunidades.
· El Gobierno provincial solicita a un Equipo del PNUD la evaluación del impacto
y daño ambiental producido en la Provincia por las empresas petroleras, otra vez
más sin consulta ni participación de nuestras Comunidades. El Informe (1998) de
los expertos, que calcula aquellos en el orden de unos 925 millones de pesos,
sólo sirve como carta de negociación, no para remediar y compensar los
perjuicios causados o para promover el desarrollo de las poblaciones afectadas,
sino para presionar un impuesto de sellos y dudosos proyectos forestales. Los
territorios de nuestras Comunidades son tratados en dicho Informe y, pese a
nuestra posesión y propiedad comunitarias sobre los mismos, El Gobierno se
arroga, en el caso y en la negociación, atribuciones que no tiene y una
"representación" que nunca le hemos conferido.
Nuestras Comunidades expresan que este comunicado no pretende ninguna toma de
posición o injerencia alguna en las pujas intra o inter-partidarias, como
tampoco en la eventual pugna competitiva entre empresas hidrocarburíferas.
Consideramos que tanto dichas empresas operadoras como los funcionarios -que
deberían velar por el bien común- están obligados a prevenir y evitar los daños
a las personas y al medio ambiente, y a repararlos y compensarlos en su caso.
Ambos deben asumir sus responsabilidades respectivas.
Las Comunidades invocan las normas de la Constitución Nacional en la materia
(arts. 41 a 43, 1ra. Parte, Cap. 2, Nuevos derechos y garantías) y se permiten
transcribir en lo pertinente las del art. 75, inc. 17 (pueblos y comunidades
indígenas): "(...) Garantizar (...) la posesión y propiedad comunitarias de las
tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo (...) Asegurar su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten" (la
negrita es nuestra).
En consecuencia, ambas Comunidades, en tanto legítimas poseedoras de territorios
que no han sido saneados; directamente interesadas y afectadas por la
explotación hidrocarburífera; no indemnizadas y no consultadas ni participantes
en todo este procedimiento, se reservan todos los derechos y acciones para
impugnar un proceso que se lleva adelante a sus espaldas, tendiente a la
renovación o prolongación de una concesión petrogasífera en Loma de La Lata.
Marici weu!
En Neuquén, a 31 días de mayo de 2000.-
Firman
Por la Comunidad Mapuche Paynemil: Lonko Gabriel Juan Cherqui y Werken Rufina
Ortega.
Por la Comunidad Mapuche Kaxipayiñ: Lonko Sofía Paynemil y Werken Elba
Paynemil.
Nota documental:
Letrados apoderados: Carlos Falaschi O.; Mariano V. Mansilla y Miguel A.
Quiruga. Se envio copia de este escrito al Fiscal de Estado, Tribunal de Cuentas
y direcciones provinciales involucradas; Ombudsman y organismos nacionales de
Energía y Medio Ambiente; medios de comunicación.
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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