I. Actualización sobre los extraditables por genocidio

Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 10 de Enero, 2000. Arg - 1/2 Actualización sobre la cuestión de los 48 extraditables por genocidio y torturas. Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa. Información.

CUANDO ME VENGAN LOS DATOS DE GARZÓN, HARÉ LAS DETENCIONES

BUENOS AIRES.- "Yo procedo a la detención de los 48 imputados cuando me vengan los datos que le he solicitado al juez Baltasar Garzón", afirmó ayer el juez Gustavo Literas en una entrevista exclusiva con EL MUNDO.

Conoció a Garzón en 1996 y el encuentro tuvo lugar durante un seminario en la madrileña Casa de América, luego lo visitó en su despacho de la Audiencia Nacional. "Me merece mucho respeto", comenta, "y en el caso Pinochet actuó conforme al Derecho".

Pregunta.- ¿Cómo se enteró de que le caía esta patata caliente en las manos? Respuesta.- Estaba descansando en una hamaca paraguaya mientras brindaba por el Año Nuevo, cuando me llamaron por teléfono porque estaba de guardia en el juzgado. Me enteré de qué tema se trataba y le dije a mi familia: "Creo que no vamos a tener un comienzo de año tranquilo".

P.- ¿Exactamente qué documentación le llegó a usted? R.- A mí sólo me entregaron un fax breve de la Interpol pidiendo el arresto preventivo de 48 argentinos con un mínimo relato de los hechos.

P.- ¿Y usted qué piensa hacer? R.- A efectos de dar cumplimiento al arresto preventivo, acabo de solicitar al juez Garzón vía diplomática que alcance los datos exigidos por el tratado de asistencia y cooperación en materia penal que tenemos con España.

P.- ¿Cuáles son esos datos que usted pide? R.- Básicamente, los hechos que se le imputan a cada uno de los procesados. Los artículos penales del Código español y su equivalente en el Código argentino. Lugar de los hechos, testimonios, datos filiatorios como domicilio, fotografías, huellas dactilares... En fin, todo lo que se puede imaginar; son varios los requisitos que pide el tratado.

P.- O sea que la petición de Garzón resultó insuficiente... R.- Por ejemplo, el juez Garzón me pide la detención de un tal Jorge Fernández en Brasil y otro hombre cuyo nombre no recuerdo en la provincia de Catamarca, o sea, lugares en los que yo no tengo competencias.

P.- ¿Por qué le pide esos datos a España si los debe tener la Justicia Argentina? R.- Sí, pero yo estoy obligado a requerírselos al juez que lleva el procesamiento. De todos modos, una vez que se haya cumplido con los requisitos, voy a proceder a ejecutar el tratado de asistencia recíproca. Y que quede claro: hago esto para evitar nulidades e impugnaciones en el tratamiento del proceso.

P.- Usted habló de detenciones, pero ¿qué pasaría con aquellos que están amnistiados en Argentina? R.- Todo eso es algo que se va a plantear después en un eventual juicio de extradición que también debería instruirlo yo. Pero, efectivamente, hay muchas cuestiones que se pueden llegar a plantear: personas querelladas acá que no pueden ser querelladas en España, extraterritorialidad, etcétera.

P.- ¿Y qué hay de la convención contra el genocidio en la que Garzón basa su procesamiento? R.- Argentina se adhiere a esa convención desde 1987, según creo que dijo el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra.

P.- O sea que no sería aplicable porque los hechos ocurrieron antes... R.- Y... si usted considera que no hay ley que sea retroactiva... pero déjeme decirle que yo actúo para no cometer los mismos errores del Gobierno de facto, por no decir la dictadura militar, y voy a cumplir el tratado con España. [Fuente: Reportaje de Juan Ignacio Irigaray en el Diario El Mundo de Madrid el 5 ene 99)

OPINIONES DEL VICEPRESIDENTE ARGENTINO SOBRE LA CUESTIÓN DE LOS 48 EXTRADICTABLES.

Pregunta- ¿Está de acuerdo con la manera de actuar de Baltasar Garzón? Respuesta- Es un proceso indetenible. Después se podrá discutir si las decisiones de Garzón complican situaciones en el interior de las democracias latinoamericanas. Pero él sabe que está cabalgando una línea inexorable: la constitución de tribunales internacionales que juzguen delitos de lesa humanidad. Eso es muy importante, es un disuasivo extraordinario para las democracias latinoamericanas. Ahora están muy sostenidas por esta nueva etapa que está direccionada por Estados Unidos, un reaseguro externo, pero si llegan a cambiar las condiciones externas, las democracias de Latinoamérica nunca se pueden considerar absolutamente consolidadas. Este tema de los juicios es un enorme reaseguro para las democracias latinoamericanas, es un proceso indetenible el que no sean impunes los delitos de lesa humanidad. Nosotros, en el gobierno, actuamos en una línea diferenciadora de Menem.

P - ¿Está de acuerdo con que el Gobierno influya sobre la Justicia?
R - No va influir. El Gobierno no influye sobre esta Justicia heredada.

P - Hubo declaraciones de Ricardo Gil Lavedra bastante claras.
R - La tendencia predominante es no aceptar el principio de extraterritorialidad. Acá se juzgó y hubo leyes. Es el criterio dominante.

P - ¿Usted comparte este criterio?
R - (Duda.) Yo creo que hay una suerte de conflicto... A cualquiera le gustaría decir: "¿Por qué no juzgan al gobierno de (Francisco) Franco? Ese tema es insoslayable. También el caso de Chile: cómo estas decisiones pueden complicar la gobernabilidad de las democracias frágiles. No hay que obviarlo. También es cierto que a Pinochet, que nunca fue juzgado, se lo juzga desde otro lugar. Pero lo importante es la decisión que tomó el Gobierno, que salda estas dos perspectivas.

P- En la Argentina hay represores que no fueron juzgados y juicios que no concluyeron. ¿Hay que conceder la extradición en estos casos?
R- Hay una superposición de sistemas judiciales: el argentino y el español, además de los tratados de extradición. La Justicia tiene que decidir y el poder político tiene que acatar esa decisión.
[Fuente: Extractado del reportaje a Chacho Álvarez en el Diario Página12 realizado por Sergio Moreno y José Natanson y publicado el 9 ene 99].

PARA EL MINISTRO DE JUSTICIA LAS CHANCES DE UNA EXTRADICIÓN SON NULAS.

El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, vaticinó ayer que "son nulas" las chances de una eventual extradición de los 48 argentinos procesados en España por genocidio y terrorismo y cuyas capturas reclamó el juez español Baltasar Garzón.

"No hay una, sino que debe haber siete u ocho razones diferentes por las cuales la petición (del juez Garzón) no es sostenible", dijo el titular de la cartera de Justicia, quien basó esa aseveración en distintos aspectos del tratado de asistencia y cooperación penal entre Argentina y España.

La alusión de Gil Lavedra se basaría, entre otros puntos, en que varios de esos imputados fueron ya juzgados en el histórico proceso a las juntas militares, otros están detenidos por robos de bebés en plena investigación judicial en la Argentina y otros beneficiados por las leyes de punto final y obediencia debida y el indulto que firmó el presidente Carlos Menem.

La semana pasada, el magistrado español giró a Interpol la orden de detención de 47 militares y policías, y un civil, todos argentinos, acusados por los delitos de genocidio, terrorismo de estado y torturas, en el proceso que se sustancia en Madrid desde hace tres años contra la dictadura Argentina. La orden de captura internacional llegó el lunes al país, y de inmediato el Gobierno nacional la giró al juez federal Gustavo Literas, quien luego de analizar el documento, lo devolvió a Garzón para que subsane algunas falencias e incorrecciones. De todos modos, el Poder Ejecutivo que encabeza Fernando de la Rúa se ha mostrado francamente contrario a la posibilidad de que represores argentinos sean juzgados en España.

Gil Lavedra -uno de los jueces de la Cámara Federal de la Capital Federal que condujo el histórico juicio a los ex comandantes del Proceso- consideró ayer que para el juez Literas el escrito de Garzón "fue insuficiente". Cuando le preguntaron si creía posible ver presos y enviados a España a los imputados contestó: "Yo sinceramente creo que las chances son nulas".

"PUEDE INSISTIR, SI QUIERE"

Con todo, el funcionario dijo que el juez español, "si quiere, podrá insistir" con su solicitud, aunque previno que "va a tener que explicar cuáles son las necesidades de la detención y por qué es necesaria la detención", al tiempo que estimó que "lo que se le ha solicitado no es tan difícil, va a poder cumplimentarse en 30 ó 40 días".

El abogado Eduardo Barcesat, copresidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, cuestionó duramente las declaraciones del ministro, al sostener que su postura es "pésima" ya que significa "inaplicar la Constitución Nacional". "Sostener la inviabilidad de la petición (de Garzón) o la territorialidad del juzgamiento, francamente es desafiar el texto de la Constitución", manifestó el letrado. Barcesat explicó la viabilidad del pedido de Garzón en base a la "Convención Internacional de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio ratificado por la Nación Argentina en 1956", cuya aplicación fue solicitada en el juicio a las juntas militares.

Ahora, el juez de la Audiencia Nacional española, que pidió a Gran Bretaña la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, debe contestar a Literas con los nuevos datos que se le reclaman sobre la lista de procesados, entre quienes figuran Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri, Emilio Eduardo Massera, Antonio Domingo Bussi, Guillermo Suárez Mason,

Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Luciano Benjamín Menéndez, éste último ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército, con sede en Córdoba, durante los años más crudos de la guerra sucia.

En tanto, el ex presidente Raúl Alfonsín, durante cuyo gobierno fueron juzgados y condenados los ex comandantes de las juntas militares de la dictadura pero también beneficiados con las leyes de punto final y obediencia debida centenares de acusados por violaciones a los derechos humanos, consideró un "dislate" la intención de Garzón de "buscar el procesamiento en España de gente que estaba procesada en la Argentina".
[Fuente: La Voz del Interior, Córdoba (Arg), 6 ene 00]

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