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En el caso Pinochet no se debe utilizar la vía extrajudicial
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 23 de Enero, 2000. Esp - El gobierno no debe utilizar la vía
extrajudicial en el caso Pinochet.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
EL GOBIERNO ESPAÑOL DEBE DEJAR QUE SEA LA JUSTICIA LA QUE RESUELVA SI DEBE RECURRIR LA DECISIÓN
DE MR. STRAW CON RELACIÓN A LA EXTRADICIÓN DEL SENADOR VITALICIO.
La APDHE (Asociación pro Derechos Humanos de España) lamenta y rechaza la postura hecha pública
por el Ministro de Exteriores español en Túnez expresando la voluntad del Ejecutivo de no
presentar recurso alguno contra la decisión que tome el responsable del Home Office británico
sobre la situación procesal del senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte.
Esta posición del Gobierno viene a reflejar su falta de voluntad política para hacer frente a las
cuestiones de derechos humanos que afectan al Estado español. Consideramos que debe ser la
justicia la que resuelva esta situación, entre otras cosas, porque el Estado no es parte en el
procedimiento Pinochet y su único papel debe ser respetar las decisiones judiciales.
Los argumentos de que "no tiene solución la situación" son una opinión extrajudicial de un
Ministro que nos tiene acostumbrados a suposiciones erróneas en la propia política exterior. De
la misma forma, el pensar que recurrir la decisión de Mr. Straw "agravaría las relaciones con
Chile" es una amenaza sin sentido y un desprecio a las víctimas españolas causadas directamente
por el Senador Vitalicio.
El Señor Matutes y el Gobierno que representa no han colaborado nunca con el procedimiento
abierto en la Audiencia Nacional en contra de sus obligaciones como Gobierno. Es más, en toda
oportunidad en que han podido expresar su opinión ésta ha sido contraria al procedimiento, con lo
que ello comporta de desprecio hacia todas las víctimas representadas en el procedimiento, pero
especialmente hacia aquéllas de nacionalidad española cuyos derechos humanos el Gobierno tiene el
mandato imperativo y constitucional de defender, en todo tiempo y lugar.
El Señor Matutes, en sus declaraciones, ha hecho una referencia explícita a la Corte Penal
Internacional diciendo que ".. la política exterior de un país determinado no tiene que
pagar el precio por aplicar la justicia internacional". Apreciamos su apoyo a la Corte Penal
Internacional y esperamos que el Gobierno adopte las medidas legislativas necesarias para que el
Estado español ratifique el Estatuto de Roma, cosa que, hasta el momento, no ha hecho.
Por otro lado, debemos recordarle al señor Ministro que los crímenes contra la humanidad
cometidos por el senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte no podrían ser juzgados jamás por este
tribunal, toda vez que en su Estatuto se prevé la imposibilidad de juzgar crímenes cometidos
antes de la entrada en vigor del mismo. Pero el Estatuto establece el denominado "principio de
complementariedad", que permite que un Estado juzgue este tipo de crímenes y evitar así la
impunidad en que quedarían sus autores ante la falta de juzgamiento.
Debemos recordarle al Señor Matutes que las obligaciones para con el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos no provienen de la Corte Penal Internacional, sino de la aplicación del artículo
10 de la Constitución Española, de la que su departamento no está exceptuado.
Por todo ello, esperamos que el Señor Presidente del Gobierno, D. José María Aznar López, dé
instrucciones para que se respete escrupulosamente el mandato judicial que pueda emitir el
Juzgado Central de Instrucción número cinco y tramite con la urgencia necesaria el recurso o
alegaciones para que pueda llegar en tiempo y forma a su destino.
Madrid, 21 de enero de 2000
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