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Gobierno español utiliza su poder para evitar la extradición de Pinochet
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 5 de Febrero, 2000. Esp/Gbr - El gobierno español utiliza su poder
político para evitar la
extradición de Pinochet.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
LA DECISIÓN EXTRAJUDICIAL DEL MINISTRO STRAW PERMITE AL GOBIERNO ESPAÑOL HACER USO DE SU PODER
POLÍTICO EN CONTRA DE LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS.
La Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE), deplora profundamente la actual situación
que va a permitir que el dictador General Pinochet, sea puesto en libertad y que los crímenes
cometidos por él queden impunes.
El anuncio hecho por el Ministro británico, Sr. Straw, de basar su decisión de dejar en libertad
al indicado General en un informe médico secreto, constituye una burla a las víctimas, dejándolas
en total indefensión.
Ese ejercicio de discrecionalidad política y cuasi judicial es paralelo al realizado por el
Gobierno español que ha adoptado la decisión diplomática, a través de un embajador
plenipotenciario, de no recurrir la decisión del Sr. Straw.
Ese acto extrajudicial atenta directamente contra el derecho de las víctimas a la tutela judicial
efectiva prevista por la Constitución Española, toda vez que ni el Reino Unido, ni el Estado
español son partes en el procedimiento.
Esta situación se inscribe en el marco de la falta de colaboración judicial con los
procedimientos que adoptó el Gobierno español desde el inicio de los mismos y que ha consistido
en: a) declaraciones públicas en contra del procedimiento, tanto por parte del Presidente del
Gobierno como del Ministro de Asuntos Exteriores, efectuadas en la prensa chilena; b) la falta de
aportación de documentos diplomáticos del archivo nacional español o de testimonios de
diplomáticos españoles de la época, lo que ha llevado a la impunidad de la actuación de los
servicios de inteligencia de Franco en el apoyo al golpe de estado en Chile; c) la posición
contraria al procedimiento del Fiscal General del Estado; d) la posición en contra del
procedimiento del Fiscal de la Audiencia Nacional; e) la actividad diplomática a través de
empresarios españoles para cerrar el caso, reconocida por el propio Ministro de Asuntos
Exteriores ante una pregunta parlamentaria, y, por último, la utilización de la decisión política
del Estado en cuanto se dio, por primera vez, la posibilidad de utilizar las funciones
discrecionales del Home Office.
Recordamos, además, que el Gobierno español debiera exigir al Gobierno de Chile el cumplimiento
irrestricto de las recomendaciones del Informe No. 133/99 de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre el Caso 11. 725 relativo al diplomático español Carmelo Soria Espinoza,
provisto el 19 de noviembre de 1999, en cumplimiento de la legalidad internacional y como prueba
del respeto por parte de ambos Estados a la jurisdicción del Sistema de Naciones Unidas.
En definitiva, el Gobierno español, mediante esta omisión, ha decidido en forma unilateral y
discrecional que determinados ciudadanos españoles no merecen la defensa de sus derechos por
parte del Estado español.
Para la APDHE lo grave es la falta de concordancia de la política del Gobierno con los
instrumentos europeos e internacionales de derechos humanos, a pesar del discurso del Gobierno en
el sentido de que la política exterior está orientada por este tipo de preocupación.
Declaraciones que evidentemente no se condicen con la realidad.
Madrid, 1 de febrero de 2000.
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