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ODEP: ¡Que se Haga Justicia!
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 28 de Febrero, 2000. CHILE: ODEP: Que se Haga Justicia!.
Asunto: PINOCHET: QUE SE HAGA JUSTICIA
Señor
José María Aznar
Presidente del Gobierno español
Madrid, España
Señor Presidente:
En vista del reciente fallo de la Audiencia Nacional que establece
explícita e inequívocamente la competencia única y exclusiva del Juzgado de
Instrucción N° 5 para representar al Reino de España en todas las
diligencias de naturaleza judicial a que haya lugar en el Reino Unido
respecto de la extradición de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, encausado
por los crímenes de genocidio, terrorismo y torturas, nos permitimos
solicitarle muy respetuosamente a Ud. que instruya debidamente a su
ministro de Relaciones Exteriores para que cumpla en forma fiel y cabal su
obligación de no interferir o bloquear las acciones de tal juzgado, como
había venido haciendo hasta antes del mencionado fallo en virtud de una
equivocada interpretación de sus atribuciones.
Aprovechamos la oportunidad para solicitarle que reconsidere la postura
política de su gobierno respecto del caso Pinochet y que no acoja los
pedidos del ejecutivo chileno ni se haga eco de promesas de someterlo a
juicio en Chile, lo que no será efectivo dados los compromisos de larga
data que existen entre el poder militar y el gobierno chileno, sobre la
impunidad para los violadores de los derechos humanos.
Hoy la única postura verdaderamente democrática que cabe es no entorpecer
la acción de la justicia internacional en el caso de Augusto Pinochet
Ugarte, actualmente procesado en España. Durante muchos años, las familias
de las víctimas han apelado a todas las instancias políticas y judiciales
en Chile y, a diez años de transición a la democracia en este país, sus
aspiraciones de verdad, justicia y castigo no han tenido respuesta. Esta
situación deriva de la vigencia de la Constitución de 1980 -aprobada bajo
la dictadura pinohetista-, de la existencia de una ley de autoamnistía de
1979 -que amnistía a los responsables de violaciones a los derechos
humanos- y a la existencia de una Justicia Militar, cuyas amplias
atribuciones le permite ensañarse con los presos políticos y exime de
delitos políticos y comunes a los militares. Y, lo que no es menos, a la
falta de voluntad política del gobierno chileno para exigirle a las Fuerzas
Armadas que entreguen los nombres y lugares en que fueron sepultadas
ilegalmente los detenidos desaparecidos y de quienes fueron responsables de
estos luctuosos crímenes.
Saluda muy respetuosamente a Ud.,
ORGANIZACIÓN DE DEFENSA POPULAR
Desde: ODEP odep@reúna.cl
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.Ramón@numerica.it
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