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Sera "mas de lo mismo" en derechos humanos
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 15 de Febrero, 2000. Sera "mas de lo mismo" en derechos humanos, por Sergio Ramírez.
Ha transcurrido casi una década de gobiernos de la Concertación, que
contemplaban en sus programas democratizar los aparatos del Estado y
establecer verdad y justicia en las violaciones a los DD.HH. Ante el inicio
de un tercer gobierno de la Concertación, tales promesas siguen pendientes
y nada asegura que se puedan cumplir. Sus personeros se han convertido en
verdaderos cancerberos de la impunidad, de la institucionalidad
dictatorial, defensores de los violadores de los DD.HH. y represores de
los presos políticos.
La detención de Pinochet en Londres enfatizó la subordinación del gobierno
de Frei a los mandos castrenses. En lugar de adoptar una actitud
consecuente con los Tratados Internacionales sobre la Tortura, cuya
vigencia fuera ratificada incluso antes de que asumiera el gobierno de
Aylwin, que permitiera la acción de la justicia, se involucró en una
frenética defensa del ex dictador para consolidar la impunidad vigente. En
tal propósito, recurrió a todo: le concedió status de diplomático, defendió
sus fraudulentos títulos de senador vitalicio y ex gobernante de la
República y contribuyó a inventar la imagen de anciano con deficiencias
mentales, digno de acogerse a consideraciones humanitarias para que no sea
extraditado y juzgado en España.
Para tal expureo objetivo, no ha
escatimado recursos económicos, ni ha cejado en buscar apoyos en
reaccionarios y corruptos políticos (Margaret Tatcher, Felipe González,
Fujimori, etc.) y en destacados defensores de asesinos uniformados (Carlos
Menem). Además, ante la imposibilidad de postular la inocencia de Pinochet,
han dictaminado los principales voceros de la Concertación que "todos somos
culpables" del golpe de Estado y de sus consecuencias. Tal falacia
histórica marca la unión definitiva de los tres poderes del Estado
(Ejecutivo, Legistativo y Judicial) en torno a la política de impunidad
impuesta por la dictadura, consagrada en la Constitución dictatorial de
1980, en la Ley de Amnistía y en la complicidad de jueces y ministros de la
Corte de que al rechazar miles de denuncias y recursos de amparo,
condenaron a muerte a las victimas de la represión dictatorial. Complicidad
que se ha perpetuado en el traspaso a la justicia castrense de procesos por
violaciones a los DD.HH y en la aplicación sistemática de la ley de
amnistía a todos los juicios por desapariciones, torturas y asesinatos de
personas. Los gobiernos concertacionistas, han intentado consolidar la
impunidad en dos oportunidades por la vía de la aprobación en el Parlamento
de leyes de "Punto Final"
Fracasado tales intentos para consumar la Impunidad, el gobierno de Frei no
optó por las iniciativas de sus antecesores (Ley de Punto Final y Ley
Otero-Figueroa). Prefirió impulsar una cínica alternativa: la "Mesa de
Diálogo". En efecto, en un contexto de impunidad, el gobierno de Frei ha
impuesto tal engendro, en la que participan abogados militantes de partidos
de la Concertación junto a representantes de las FF.AA. Sin embargo, las
agrupaciones de familiares de las víctimas, la mayoría de los organismos de
DD.HH, partidos y movimientos de izquierda la rechazan por ser una
maniobra que buscaba facilitar el retorno de Pinochet y avalar los crímenes
de la dictadura, otorgando una impunidad total a los asesinos a cambio de
información sobre lugares donde se encuentran las osamentas de un pequeño
número de detenidos desaparecidos.
EL NUEVO GOBIERNO CONSOLIDARA LA IMPUNIDAD
En el presente, ninguno de estos organismos tiene esperanzas que la llegada
de Lagos a La Moneda modifique tal impunidad. Carmen Hertz, que renunciara
a seguir trabajando con el nuevo presidente cuando era ministro de Obras,
sostiene que el discurso de Lagos en esta materia "está encaminado a dar
garantías a las FF.AA. y a la derecha, no a las víctimas ni a la sociedad
chilena". Lagos defiende el retorno de Pinochet por "razones humanitarias"
y rechaza que los asesinos sean juzgados, utilizada la fraudulenta
afirmación de que "no podemos terminar divididos por hechos del pasado. Hoy
Chile debe mirar al futuro". En efecto, con tal finalidad, Lagos respalda
la gestión de Pérez Yoma. "He conversado mucho con él sobre eso. Ojalá
tenga éxito", comentó. Así, el nuevo presidente de la Concertación, Ricardo
Lagos, diseña un futuro de continuidad de la impunidad.
La impunidad para los criminales del período dictatorial" se consolidará
durante el "tercer gobierno de la Concertación". En Chile se han iniciado
unas 5.000 acciones judiciales relacionadas con violaciones de los DD.HH.
Sin embargo, sólo en 12 casos se ha dictado leves sentencia condenatorias.
La impunidad impuesta por la dictadura ha sido celosamente aplicada durante
los 10 años de gobiernos civiles. Sin embargo, el comandante en jefe del
ejército, Ricardo Izurieta, al expresar su solidaridad con los militares
procesados ha dicho que cree inaceptable que sean juzgados "por hechos
acaecidos en un contexto en que imperaba la lógica de la guerra y el odio
impuesto por los enemigos de Chile". En una reacción típica de mentecatos,
el oficialismo, con la aprobación pública de Lagos, al aceptar los dictados
castrenses se ha convertido en cancerbero de la impunidad Por eso, en el
nuevo gobierno será "más de lo mismo". Tratará de culminar una operación
reduccionista de la verdad: las violaciones de los DD.HH en Chile, se
limitarían a los casos de detenidos desaparecidos y su solución tendría
carácter "arqueológico", al limitarse a la ubicación de osamentas de un
número reducido de los miles de asesinados. Además, se insistirá en
reescribir la historia reciente, proyectando la imagen de unas FFAA
llamadas a intervenir militarmente para cumplir su rol de garantes de la
"constitucionaliad y la democracia"
PRESOS POLÍTICOS: TEMA TABÚ EN EL GOBIERNO
El gobierno de la Concertación muestra su verdadero rostro. Ha pactado con
la derecha y el mando militar para mantener la impunidad de los violadores
de los DD.HH a cambio del disfrute de prebendas que brinda el ejercicio del
poder formal y del olvido de que el tema de los presos políticos, de los
detenidos desaparecidos y los ejecutados es una herida abierta en esa falsa
democracia. En efecto, detrás de Gendarmería y de sus jefes, ex integrantes
de la Dirección de Seguridad Pública (la "Oficina" o "DINA de la
Concertación"), está el gobierno por intermedio del ministerio de Justicia.
Estos justifican las torturas recientes a los presos políticos y las
cárceles especiales en las que se les está aniquilando. Nada dicen de María
Cristina San Juan, condenada de por vida, afectada por una grave anemia
producto del lupus sistémico diseminado que padece, sin poder tratarse
adecuadamente en un hospital, ni de Magdalena Gallardo, desde hace 8 años
en "prisión preventiva" y enferma de anorexia. Tal silencio contrasta con
la campaña falaz que realizan contra los presos políticos que mantienen en
las "cárceles de la democracia".
Los difamados presos políticos son luchadores sociales que, por expresar su
opinión o disentir y luchar por una democracia real, son perseguidos, y las
ideas que sustenta son causa de detención, represión, torturas o de
vejámenes por parte de agentes del Estado. En Chile hay alrededor de 57
presos políticos. Se les acusa de diferentes hechos, algunos, se afirma,
con resultado de muerte. Es decir, tratan sus represores de asociar presos
políticos con hechos de sangre. Se oculta que, en la ilegalidad de los
dobles juicios contra ellos, no hay una sentencia en derecho que demuestre
culpabilidad o participación en los actos que se les imputan. Con el
agravamiento que las declaraciones auto inculpatorias fueron obtenidas bajo
tortura (física como sicológica), aplicadas por torturadores integrantes de
los tribunales militares, con el consentimiento de los mandos castrenses y
conocimiento de personeros de gobierno y la justicia civil. En efecto, se
puede asegurar que en la "democracia de los consensos" se han cometido
actos de torturas. Organismos internacionales han denunciado tales
prácticas en contra de actuales presos políticos, que en condiciones
infrahumanas viven en cárceles, concebida como recintos que no sólo atentan
contra la dignidad humana, sino que son formas de exterminio.
Para entender la justa lucha de los presos políticos es necesario tener
presente que Pinochet instauró un régimen represivo, que torturó, asesinó e
hizo desaparecer a miles de chilenos. Ante esta situación el pueblo no
podía quedarse indefenso y aceptar pasivamente el exterminio. Tomar las
armas, rebelarse contra la dictadura no sólo es éticamente aceptable sino
que hasta el derecho internacional y la doctrina de la Iglesia lo
proclaman. Por eso, son subversivos, luchadores por la democracia y el
cambio social y que ante la realidad de crimen y terror impuesta desde el
Estado dictatorial, deciden subvertir el falso orden establecido. Asumir
una actitud subversiva ante tales prácticas asesinas es una actitud digna.
En cambio, el silencio cómplice o la colaboración con los violadores de los
DD.HH.son actos criminales que ameritan sanción, como la actitud de los
tribunales y de actuales destacadas figuras políticas de la Concertación.
Diferencias sustantivas que determinan que los presos políticos no son
terroristas, como "renovados" y reaccionarios los califican. El terrorista
es aquel que atenta contra el pueblo indefenso, torturando, asesinando,
haciendo desaparecer. Pinochet cumple estos requisitos. Por lo tanto, debe
ser juzgado y condenado como asesino que ejerció el terrorismo de Estado,
junto a sus cómplices.
REPRESIÓN Y HERENCIA DICTATORIAL
Pero eso no es todo. A un año de las torturas a los Presos Políticos de la
Cárcel de Alta Seguridad de Santiago (CAS), nuevamente se les reprime
brutalmente, esta vez en la Cárcel El Manzano, en Concepción. La historia
represiva se repite. Los 9 presos políticos de Concepción habían finalizado
una huelga de hambre, que se extendió entre el 25 de enero y el 5 de
febrero recientes. Con esta acción reivindicaban: reconocimiento de su
calidad de presos políticos; cese de la censura de libros; respuesta a las
solicitudes de beneficios carcelarios de acuerdo a las normas vigentes;
agilización de los procesos que en algunos casos están detenidos desde hace
5 años. Al día siguiente Gendarmería desató la represión en represalia por
tal acción. Un contingente de 40 gendarmes de Fuerzas Especiales,
fuertemente armados tomó por asalto las celdas y, poniéndoles un fusil en
la cabeza, los conminaron a salir uno por uno, los golpearon brutalmente y
lo condujeron a celdas de castigo, sin luz, sin recibir alimentos.
Posteriormente se ha afirmado que estaban aislados "por razones de
seguridad" y que no habían sido devueltos a sus celdas por "órdenes
superiores" y razones de "mal tiempo".
En un balance de violaciones a los DD.HH., existen casos que constituyen
legados de la dictadura Luis Rodrigo Morales Salas enfrenta procesos
judiciales en las Fiscalías Militares por hechos ocurridos en dictadura.
Está detenido en la Penitenciaría de Santiago desde hace más de 3 meses,
junto a narcotraficantes, estafadores y ex agentes de la CNI, luego de ser
vuelto a capturar el 30 de octubre del año pasado. Detenido con su hijo,
fueron trasladados a la 43ª Comisaría. El niño fue interrogado sobre las
supuestas actividades "subversivas" de su padre, permaneció más de 4 horas
detenido y sufrió un schok psíquico. Aún no se recupera.
Rodrigo Morales permanecía en la clandestinidad desde el 19 marzo de 1994,
fecha en la cual se fugó de la cárcel de Santo Domingo, lugar al que habían
sido trasladados los presos políticos de la dictadura para ser indultados o
conmutadas sus penas por sanciones de "extrañamiento". Se negó a pedir el
indulto en esas condiciones humillantes. Consideraba injusto pedir perdón
por luchar en contra de la dictadura y, además, rechazaba ser condenado a
"extrañamiento", perdiendo contacto con su familia y su hijo Prefirió
fugarse de la cárcel para ocultarse en la clandestinidad. Permaneció 5 años
libres.
Se le acusaba de pertenecer al FPMR y de haber participado en el secuestro
del coronel de Ejército Carlos Carreño (Operación Príncipe) en 1987. El
proceso fue instruido por la Segunda Fiscalía Militar, pero además se
extendió a supuestas infracciones a la Ley Antiterrorista y la Ley de
Control de Armas. En primera instancia el fiscal militar pedía una condena
de más de 26 año. La sentencia de segunda instancia redujo la pena a 15
años, siendo absuelto del cargo de asociación ilícita. La misma Segunda
Fiscalía inició un proceso por infracción a la Ley Antiterrorista y Ley de
Control de Armas. A petición de la defensa, el "nuevo proceso" fue
trasladado a la Corte de Apelaciones de Santiago, pero la Corte Suprema
designó al juez Sergio Valenzuela Patiño (padre de un ex agente de la CNI),
quien le condenó a 4 penas de 541 días cada una por porte ilegal de armas,
tenencia ilegal de armas y explosivos y transporte de explosivos. Sin
embargo, terminó absolviéndolo de asociación ilícita, por segunda vez, lo
que demuestra el doble procesamiento por un mismo cargo a que son sometidos
los presos políticos por las Fiscalías Militares en tiempos de "democracia
de los consensos". Con justa razón Luis Rodrigo Morales denuncia y demanda
libertad: "Fueron acciones en contra de la dictadura......No puedo ser yo quien
cumpla con cárcel por hechos que fueron justos y que ayudaron a que la
dictadura dejara el poder que ejercía reprimiendo, torturando, asesinando y
desapareciendo a la población".
Defender a un genocida y mantener presos políticos es el rol de la
Concertación. En cambio el pueblo exige que Pinochet debe responder por las
más de 3 mil personas ejecutadas, asesinadas o desaparecidas entre el 11 de
septiembre de 1973 y marzo de 1978 -período cubierto por la ley de
autoamnistía- y las 462 asesinadas o desaparecidas entre marzo de 1978 y
diciembre de 1990. También, debe responder por los que sufrieron torturas
atroces, por los degollados, los quemados vivos, los dinamitados, por los
miles de presos políticos que pasaron largos años en la cárcel después de
haber sufrido torturas, por los que debieron permanecer en el exilio al
tener hasta el día de hoy procesos pendientes en la justicia militar; por
los exonerados; por los miles de chilenos que se exiliaron para salvar sus
vidas. Debe responder por las miles de personas sometidas a allanamientos
vejatorios, por los que sometidos por el hambre debieron aceptar empleos
indignos, por el miedo generalizado durante 17 años, por la quema y censura
de libros, etc.
Por mucho que el nuevo presidente Lagos y la Concertación quieran ocultar
la historia siniestra de la herencia de Pinochet, que impidan se abra paso
la verdad y la justicia y persistan en una política de Estado que promueve
y garantiza la impunidad de los asesinos uniformados y la represión
sistemática contra los presos políticos de la dictadura y de la democracia,
deben saber que, más temprano que tarde, Pinochet responderá por sus
crímenes y que la lucha continuará hasta lograr la libertad de quienes, por
luchar por la democracia, permanecen en las cárceles de la Concertación.
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
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