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Posición pinochetista frente a los procesos judiciales
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 5 de Abril, 2000. Chl - Artículo del Mercurio que explica la
posición pinochetista frente a los procesos
judiciales.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
ASÍ MUEREN LOS ESTADOS DE DERECHO
Todo está preparado para consumar, usando los tribunales y todos los resortes
del Estado, una venganza política inconstitucional e ilegal contra el senador y
ex Presidente Pinochet. La estrategia consiste en aprobar su desafuero, para
declararlo después insano y presentarlo moralmente destruido ante el mundo y la
posteridad. Es la venganza contra él de quienes trajeron la violencia armada a
Chile y fraguaron un golpe totalitario, por haberlo impedido y convertido al
país arruinado, violento y dividido que aquellos legaron, en una democracia
estable, pacífica y próspera.
Esta venganza política se consuma atropellando flagrantemente la ley, la
Constitución y principios básicos del derecho. La ley señala que todo juicio
criminal debe fundarse en un "hecho punible". En los juicios contra el senador
Pinochet tal hecho - secuestro de personas- simplemente no existe. Los jueces
saben que no existe. Aunque hubiera existido, tampoco hay prueba de que Pinochet
hubiera tenido parte en él. Y aunque hubiera tenido parte, estaría hoy exento de
responsabilidad en virtud de la prescripción y la ley de amnistía. No hay una
sola prueba de dicho secuestro, posterior a la amnistía. Al contrario, las hay
numerosas - entre ellas, certificados de defunción- que prueban que tal
secuestro no pudo físicamente existir.
La ley ordena a los jueces "investigar, con igual celo, no sólo los hechos y
circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los inculpados,
sino también los que les eximan de ella o la extingan o atenúen". Pero el
juzgador de Pinochet no ha hecho nada de eso. Aun sabiendo que el "hecho
punible" no existe, obra contra la norma citada y contra hechos públicos y
notorios, y demanda el desafuero del senador, lo que sólo procedería si
existieran fundadas sospechas de que mantiene secuestradas a 19 personas.
Todo esto también viola la Constitución, que garantiza a todo chileno "un
racional y justo procedimiento" ante los tribunales. Asimismo, la viola al no
aplicar al afectado una ley posterior al supuesto delito que, si lo hubiera
cometido, lo favorecería (principio pro reo).
A esto ha venido a sumarse la más insólita acción norteamericana, consistente en
citar a declarar a personas - algunas fallecidas y otras sabidamente ajenas al
caso Letelier- para agitar el clima anti Pinochet, y filtrando documentos ya
analizados en ese proceso. Los norteamericanos saben que él no tuvo conocimiento
de ese delito.
Juan Pablo Letelier, diputado e hijo de la víctima, ha declarado: "Lo que he
dicho una y otra vez, porque me enseñaron a hablar con la verdad, es que no hay
ninguna evidencia que fluya del proceso de miles de fojas que permita sostener
que hay participación del Ejército ni de su Comandante en Jefe en el asesinato
de OrlandoLetelier".
La política está matando al derecho y a la Constitución. No es la primera vez
que la izquierda, con apoyo externo, lo hace en Chile. La diferencia es que la
Carta de 1925 no tenía garantes y la de 1980 los tiene. Confío en que éstos
sabrán cumplir su misión.
[Fuente: Diario El Mercurio, 5 abr 00]
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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