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Consejo de Diálogo Social y Movimiento Sindical
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 20 de Abril, 2000. CHILE: Consejo de Diálogo Social y Movimiento Sindical. Por Sergio Ramírez.
Ante la proximidad del Primero de Mayo, los trabajadores chilenos tienen el
imperioso desafío de analizar el significado y trascendencia de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) y del movimiento sindical en general en la
vida político-económica y fundamentalmente, por su carácter inmediato, en
la real situación de la fuerza laboral, con millones de trabajadores que
viven de un salario, mayoritariamente insuficiente, para atender sus
necesidades básicas.
En tal análisis debe estar presente que la existencia de una organización
sindical se debe evaluar adecuadamente, más allá de su actual debilitada
representatividad, por las condiciones que ha tenido que enfrentar en las
últimas décadas. En efecto, las acciones contra el movimiento sindical en
tiempos de dictadura son incontables: persecusiones, ilegalidad,
asesinatos y exilio de dirigentes, confiscación de sus bienes, terror
empresarial, legislación laboral represiva, etc. Mientras que en la década
de gobierno de la Concertación ha sido objeto de permanentes intentos de
división y cooptación pra insertarlo en una supuesta modernidad, definida
por las transnacionales, o someterlo a políticas que consolidan y
profundizan la herencia dictatorial. Lamentablemente, los esfuerzos
desplegados para enfrentar y superar tales acciones y sus propios propios
errores y falencias ideológicas no logran impedir constatar, al hacer un
balance desde el período dictatorial al presente (973-2000), que se han
producido serios retrocesos que afectan al conjunto del movimiento sindical
y que inciden en la situación y destino de millones de trabajadores y sus
familias, que dependen de la venta de su fuerza de trabajo.
La afiliación sindical ha disminuido significativamente. En 1992 el total
de los militantes sindicales era de 724. 065, mientras que 6 años después
(1998) alcanzaban a 611535. Es decir, una disminución de un 15,5% (112. 530
afiliados). Cifras que representan una evolución negativa desde un 22,4% de
afiliación sindical de toda la fuerza laboral en 1991, a sólo un 16,3% en
1998. Además, incluyendo a las organizaciones de funcionarios públicos
(creadas en 1994), se mantiene la tendencia regresiva. En efecto, en 1995
los sindicalizados eran un 21% de la totalidad de los trabajadores y 3 años
después (1998) representaban sólo un 19,9% de la masa total. Tal
disminución contrasta con los niveles de sindicalización logrados durante
el gobierno de Salvador Allende, y es inversamente proporcional con el
número de organizaciones sindicales: en 1992 existían 10. 756 sindicatos y
en 1998 habían aumentado a 14. 276. Es decir, mientras disminuye el número
de afiliados, aumenta la cantidad de entidades gremiales.
Hecho singular
que provoca que el número promedio de afiliados por sindicato disminuya de
67,3 a 42,8 en el período indicado, debilitando también su capacidad de
negociación. Hechos que se reflejan en la disminución del número de
trabajadores que participan en procesos de negociación colectiva
contemplados en el Código de Trabajo: en 1989 alcanzaba a 343. 809
trabajadores y que en 1997 llega a un poco más del 50% (186. 411). Tal
tendencia regresiva se refleja también en los reajustes de salarios reales.
Así, en 1989 los reajustes fueron de un 4,06% como promedio nacional, para
llegar a 1998 a sólo 1,40%, de acuerdo a informes oficiales. Además, cada
uno de los antecedentes anteriores se expresan en la disminución de sus
ingresos en relación con la productividad media de la economía del país. En
efecto, en 1989 la productividad media fue de un 4,7% y los reajustes
reales de remuneraciones fueron, alcanzaron a un 4,06%; y en 1996 la
relación fue de un 5,9% de aumento de la productividad y un 1,37% en las
remuneraciones. Es decir, los aumentos salariales han sido cada vez más
inferiores al aumento de la productividad de los mismos trabajadores. Esto
explica el constante crecimiento del porcentaje de trabajadores que
perciben remuneraciones inferiores al ingreso mínimo legal. Así lo
certifican antecedentes del Ministerio de Planificación. Ellos señalan que
en 1990, un 5,6% del total de asalariados tenían remuneraciones por debajo
de tal mínimo, y que en 1996 dicho porcentaje creció a un 8,0%, siendo en
la actualidad más elevado.
SIN GRANDES DIFERENCIAS CON RESPECTO A LA DICTADURA
A pesar de haber transcurrido más de 10 años de gobierno de la
Concertación, los trabajadores no visualizan modificaciones sustanciales en
sus condiciones de vida y trabajo con respecto a la dictadura. Los cambios
son insignificantes: no tienen libertad de expresión, de organización y
viven en condiciones paupérrimas, con ingresos miserables en comparación
con los que perciben sus empleadores. Más de 3 millones de asalariados
carecen de organización sindical y están impedidos de plantear sus
reivindicaciones en procesos de negociación colectiva. Tal situación no
presenta perspectivas de cambiar. En efecto, con un total desencuentro
entre trabajadores y empresarios en materia de seguro de desempleo,
concluyó la jornada del "Consejo de Diálogo Social" dedicada al tema.
Los
empresarios rechazan contribuir con el 2,9% al financiamiento del seguro.
Tal contribución se desglosa en un 1,9% que sería un anticipo de la
indemnización por años de servicio, a lo cual se añade un 1% adicional.
Para los trabajadores es inaceptable que se pretenda cubrir este aporte con
cargo a las indemnizaciones por años de servicio, derecho adquirido tras
duras luchas. Como ha señalado la CUT, se vulnera una conquista que ya se
redujo drásticamente en los años de dictadura, estableciendo además un
límite de 11 años para ser beneficiados con el pago de la indemnización.
Además, la propuesta del gobierno incrementa el nivel de ahorro forzoso de
los trabajadores en un 0,6% adicional de su remuneración bruta.
Actualmente, sus ingresos brutos destinados a ahorro forzoso o impuestos
indirectos disminuyen sensiblemente su capacidad adquisitiva. De cada
$100. 000 sólo pueden destinar a consumo $65. 600, debido al ahorro forzoso y
la casi totalidad de ese miserable ingreso es gravada por el IVA. Mientras
que los niveles de ingreso que establece el seguro de desempleo contemplan
un piso de 50 mil pesos no cubre las necesidades de una persona y, por
cierto, menos las de un hogar. Tal monto irá decreciendo en 5% cada 30 días
en los 5 meses que dura su vigencia, de modo que al quinto mes alcanzará a
sólo $40. 000 ($1. 333 diarios). A su vez, el techo se ubicará en $140. 000,
cubriendo en muchos casos un porcentaje muy bajo de la remuneración
obtenida antes de quedar desocupado.
La diferente interpretación del papel que debe jugar el seguro de cesantía
es para empresarios y trabajadores un importante punto de contradicción.
Los primeros lo necesitan para la flexibilización del "mercado del
trabajo", factor fundamental en la sustentación del modelo que busca
"preservar la competitividad de las empresas", reduciendo los costos
salariales. En tanto, para los trabajadores es cuestión de dignidad. Estos
requieren de un subsidio que brinde un auxilio suficiente a quienes pierdan
su fuente de trabajo. Este es un punto que, más allá de las cifras,
confronta intereses de clases. La determinación del presidente Lagos a
enviar al Parlamento un proyecto de ley sin el acuerdo de los
"dialogantes", devela el real sentido de la instancia que creara, toda vez
que enfatiza su derecho a proponer leyes aun cuando las discrepancias
dentro del Consejo no hayan sido superadas. El aporte estatal para
financiar el Fondo será de 10 a 12 millones de dólares anuales, obtenidos
en base a la política de "restricción presupuestaria" definida por el
Ejecutivo. Es decir. no se contempla variación alguna en la estructura
tributaria, que pudiera generar nuevos recursos para cubrir sus
requerimientos. Sin embargo, se asignan cientos de millones de dólares para
otorgar subsidio al fondo de estabilización del petróleo, que beneficia
principalmente a quienes lo consumen en mayor cantidad. Además, se cubre
con cargo al presupuesto fiscal el déficit previsional de las FF. AA y
Carabineros, que alcanza a los US$1. 100 millones anuales, es decir 110
veces más la suma establecida en el proyecto de seguro. Estas sumas
equivalen a un tercio del gasto militar total, que correspondería a
US$3. 000 millones. Por lo cual, la pretensión del gobierno al impulsar
mecanismos de diálogo es dar un nuevo rostro al sistema imperante. Pero, su
funcionamiento debería apuntar a los objetivos reales para los que han sido
concebidos. No basta el enunciado con que pueda encubrir los verdaderos
propósitos de poderosos empresariados. El gobierno no irá en contra de lo
que esto se aspiren, cuando ya existen acuerdos preliminares con él. Por lo
cual, los trabajadores deberán estar concientes de que no tendrán
expectativas de éxito si no se encuentran organizados y dispuestos a
movilizarse tras sus demandas.
SE DEBEN APLICAR LOS CONVENIOS INTERNACIONALES
El gobierno enviará uno o varios proyectos de ley de reformas laborales en
septiembre y no antes del 21 de mayo como se comprometió el Presidente
Lagos, ya que privilegiará la "política de los consensos", según expresó el
13 de marzo: "Mi propósito es que se pueda enviar un proyecto de ley sobre
las reformas laborales antes del 21 de mayo (...) lo más consensuado
posible. En aquellos lugares donde no haya consenso, el Presidente decide".
En tal perspectiva, concordó recientemente con los representantes de los
empresarios y de la CUT una agenda de trabajo con seis puntos básicos para
debatir las reformas laborales. El debate continuará con el propósito de
convenir acuerdos que se puedan traducir en uno o varios proyectos de ley
que el Ejecutivo enviaría al Congreso Los temas son derechos laborales; las
relaciones colectivas de trabajo donde hay elementos como libertad
sindical, negociación colectiva. Tal determinación nace días antes de la
elección presidencial (12 de diciembre 1999) Frei repuso el proyecto de
Reforma Laboral, que había permanecido archivado por más de 5 años y que en
su momento había sido rechazado incluso por la CUT dado que sus
indicaciones no fueron consideradas. Tal proyecto que tiene su origen en el
llamado Acuerdo Social suscrito entre el gobierno de Aylwin y la CUT,
presidida por Manuel Bustos (DC), se convirtió en elemento propagandístico
de la candidatura de Lagos. Posteriormente fue rechazado por la derecha en
el Senador. Ahora será un tema principal durante el primer período de
gobierno de Lagos, y definirá las relaciones que se establecerán entre el
Ejecutivo y los trabajadores.
En la reunión de Lagos con la directiva de la CUT, quedó en evidencia que
existen diferencias en como perfeccionar la normativa legal que regula las
relaciones laborales. El presidente formuló la necesidad de impulsar un
"nuevo proyecto de Reformas laborales". No estaba de acuerdo con la
propuesta de Frei. Concordaba más con las expresiones de Steve Terni,
Presidente de la Cámara Chileno-Norteamericana y de la compañía minera
Disputada de las Condes, que sostenía que"... desde su inicio tuve objeciones
con el proyecto anterior, principalmente algunos aspectos como la
negociación colectiva por ramas, no contratar reemplazantes durante la
huelga, el involucramiento del gobierno en la mesa de negociación, la
obligación de compartir información privilegiada, que eran muy
inconvenientes en el proyecto del gobierno... ". Ambos planteamientos no
consideran el pensamiento de los trabajadores de que más que una Reforma
Laboral, se tienen que aplicar los convenios 87 y 98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que se refieren a la libertad sindical y
la negociación colectiva, derechos conculcados por la dictadura militar y
que durante 10 años los gobiernos de la Concertación no han intentado
realmente reponerlos. En efecto. la dictadura impuso el Código Laboral
actual en 1980, que terminó con el marco jurídico laboral que los
trabajadores habían conquistado tras décadas de lucha. Mientras que en los
últimos 10 años, cualquier trámite legislativo laboral ha durado 5 años.
Por eso, para los trabajadores, la falta de libertad sindical y de
negociación colectiva no pasa por un nuevo proyecto de reformas laborales,
sino por aplicar los convenios internacionales 87 y 98, ratificados por el
gobierno de Frei en febrero de 1999.
Los convenios son tratados tripartitos, aprobados por los gobiernos,
trabajadores y empresarios que conforman la Asamblea General de la OIT. El
Convenio 87 se refiere al tema de la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicalización. En él se sostiene que "los trabajadores y los
empleadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho de construir las
organizaciones que estimen convenientes, y de afiliarse a organizaciones de
su propia elección, con el objeto de promover y defender sus respectivos
intereses". Además, señala que tales organizaciones tienen el derecho de
redactar sus propios reglamentos, elegir sus representantes, organizar su
administración y formulas sus programas de acción, y que las autoridades
públicas deben abstenerse de toda intervención que pueda limitar ese
derecho o entorpecer su ejercicio legal. Agrega que ellas no pueden
disolverse por vía administrativa y que las organizaciones compuestas
(federaciones, confederaciones, etc) gozan de las mismas garantías que las
organizaciones primarias (sindicatos bases). Mientras que el Convenio 98 se
refiere al derecho de sindicalización y negociación colectiva. Establece
que los trabajadores deben gozar de protección contra toda discriminación
de la libertad sindical y que deben estar protegidos contra la posibilidad
de que se rechace su contratación por su afiliación o participación en
actividades sindicales. Tal protección debe alcanzar a los trabajadores
contra el despido y a los actos destinados a favorecer la dominación, la
financiación y el control de organizaciones gremiales por los empleadores;
y se deben crear organismos para garantizar el derecho a la
sindicalización. Porlo cual, una democrática política laboral se expresa en
cómo y cuándo poner en vigencia estos convenios y cómo resolver sus
contradicciones con el actual Código Laboral. En efecto, ambos convenios
fueron legalmente ratificados. Es decir, deberían ser parte de la normativa
legal chilena, debido a que se trata de normas supralegales, que estarían
sobre la ley común (Código del Trabajo). Ante esta situación, los convenios
87 y 98 están en vigencia desde el 1o de Febrero de este año, ya que "un
estado no puede invocar frente a otro estado su propia constitución para
sustraerse de las obligaciones que impone el Derecho Internacional a los
tratados vigentes", según señala la Convención de Ginebra. Este principio
obliga al gobierno de Chile a poner en vigencia los citados convenios, sin
que haga necesario trámite legislativo alguno ni su publicación en el
Diario Oficial. En consecuencia, lo que corresponde es que todo el
articulado del Código Laboral chileno que entra en contradicción con los
convenios 87 y 98 sea derogado automáticamente y por trámite simple del
ejecutivo. Formar Consejos de Diálogo Social es tratar de eludir el
cumplimiento de las normas internacionales citadas mediantes un contubernio
contra los trabajadores.
A MANERA DE CONCLUSIONES
De la situación descrita se desprenden varias conclusiones. En relación a
las organizaciones laborales y a los resultados de sus reivindicaciones, se
puede sostener que no se puede seguir con las orientaciones que han
determinado el quehacer sindical hasta el presente. Los resultados
reseñados demuestran el fracaso de una visión conciliadora con las
políticas laborales y económicas neoliberales, producto de inconsecuencias
ideológicas o de subordinación a concepciones políticas, que buscan
instrumentalizar su acción a posiciones coyunturales marcadas por el
oportunismo y la traición a los intereses de clases. Por lo cual, una
política de búsqueda de acuerdos que no inciden en las causas fundamentales
de la regresiva situación actual, o que se autolímite a mantener espacios
de subsistencia para controlar pequeñas cuotas de poder sindical, no
revertirá las tendencias al deterioro creciente de las condiciones de
existencia de los trabajadores. Aceptar nuevamente una política de diálogos
con empresarios y gobierno, ambos partidarios del neoliberalismo, sin que
se eliminen los obstáculos institucionales que limitan el pleno ejercicio
de las libertades de sindicalización y negociación colectiva aparece como
un retroceso en el desarrollo de una política independiente del
sindicalismo chileno. Es cierto que los tiempos han cambiado y mucho, pero
la esencia del proceso productivo en la economía todavía descansa en el
trabajo de multitudes. Una verdad sencilla, pero omitida en las
negociaciones.
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.Ramón@numerica.it
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