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Fascista español y abogado de Endesa España, dirige la defensa de Pinochet
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 1 de Mayo, 2000. Chl - El fundador de "Patria y Libertad" y abogado de Endesa
España, dirige la defensa de Pinochet.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
LOS SECRETOS DE LA DEFENSA DE PINOCHET: UN MES ANTES DE LA DECISIÓN DE STRAW YA
SABÍAN QUE PINOCHET VOLVÍA A CHILE Y EL FUNDADOR DE PATRIA Y LIBERTAD Y ABOGADO
DE ENDESA ESPAÑA, PABLO RODRÍGUEZ GREZ, ORGANIZA Y DIRIGE EL EQUIPO JURÍDICO.
Un mes antes del regreso del general (R), un equipo de 10 juristas comenzó a
planificar las líneas para enfrentar los juicios en Chile. La incorporación de
Ricardo Rivadeneira buscó introducir una "cara noble" como vocero.
La tarde del 28 de enero pasado, y con motivo de los funerales del presidente de
la Corte Suprema, Roberto Dávila, se produjo un encuentro que marcaría el
destino judicial de Augusto Pinochet. Si
bien ese día el senador vitalicio se encontraba a miles de kilómetros y
arrestado en Londres, en el
responso se reunieron tres hombres que empezaron a sentar las bases de lo que
sería la defensa jurídica del general (R) en Chile.
Miguel Alex Schweitzer y Pablo Rodríguez ya habían analizado el escenario que se
produciría una vez que Pinochet fuera liberado por las autoridades británicas.
En aquel momento, esa posibilidad se acercaba vertiginosamente, y se sabía que
en Santiago el senador vitalicio sería aguardado por una artillería judicial que
buscaría su desafuero por alguna de las querellas que investigaba el juez
Juan Guzmán. Era el minuto de darle forma a su defensa, y armar una estrategia
jurídicamente inteligente que librara a Pinochet de ser juzgado.
Con ese fin, mientras se despedían los restos de Dávila, los abogados se
acercaron a Ricardo Rivadeneira, penalista y miembro de Renovación Nacional,
para solicitarle su colaboración. Aceptó.
ARMAR EL EQUIPO
Un día después de ese casual encuentro, aterrizó en la capital inglesa el
tanquero Aguila que traería de regreso al ex comandante en Jefe. Y aunque aún
faltaba cerca de un mes para que eso sucediera, ya nadie de su entorno cercano
lo dudaba. No había tiempo que perder, y lo primero que se estableció fue que
era indispensable contar con un equipo de profesionales de alto nivel,
especialistas en varias áreas del derecho, y con llegada a todos los sectores
que estuvieran involucrados en el caso.
Buena parte del trabajo estaba adelantada. Durante la detención del general (R),
los abogados Hernán Felipe Errázuriz y Miguel Alex Schweitzer se rodearon de un
staff de juristas que los ayudó a preparar la defensa en Europa. Fue el caso del
senador Marco Cariola y del abogado José María Eyzaguirre, ambos con contactos
en Londres y en Madrid, respectivamente. La participación de estos
profesionales en la estrategia que se estaba elaborando en Santiago fue casi
natural.
De esta forma, en febrero, mientras Rodríguez -un estrecho colaborador del
régimen militar y muy cercano a la familia Pinochet Hiriart- formaba el equipo,
Rivadeneira, en su fundo cercano a Melipilla, estudiaba los tratados
internacionales y los artículos de la Constitución que le ayudarían a enfrentar
el caso.
El 3 de marzo, el senador vitalicio pisó la losa del aeropuerto de Pudahuel.
Venía escoltado por los abogados Schweitzer y Errázuriz, quienes traían desde
Londres la resolución del gobierno británico, impulsada por su par chileno, de
aceptar la liberación de Pinochet ya que no estaba en condiciones de tener un
"juicio justo en ningún país" del mundo.
ENLACE CON EL EJERCITO
Sólo un par de días después, Guzmán solicitó a la Corte de Apelaciones el
desafuero del senador y el Consejo de Defensa del Estado decidió hacerse parte
en el caso Caravana de la Muerte. La defensa de Pinochet debía salir a la luz.
El miércoles 8 de marzo, Pablo Rodríguez Grez visitó a la familia
Pinochet-Hiriart en su casa en La Dehesa, formalizó así su labor como cabeza de
la defensa y decidió que era el minuto de incorporar
a Ricardo Rivadeneira. En pocos días, el abogado de RN recibió en su oficina de
calle Huérfanos el expediente completo del caso, y todo el material que
Schweitzer y Errázuriz habían juntado en Gran Bretaña.
Mientras la dupla Rodríguez-Rivadeneira se convertía en el cerebro de la
defensa, el resto hacía de asesores y contactos con la Fundación Pinochet y el
mundo político. En cuanto al vínculo con los
tribunales, éste quedó en manos del coronel (R) Gustavo Collao. Ex secretario
personal de Pinochet y ahora abogado, era el único que tenía entonces en sus
manos un poder del senador vitalicio para
representarlo ante la justicia.
A medida que se armaba la estrategia, otros abogados comenzaron a acercarse.
Mientras la ex senadora Olga Feliú y su marido Waldo Ortúzar preparaban un
informe en derecho sobre el debido proceso, los abogados de RN, Miguel Otero y
Miguel Luis Amunátegui, afinaban los argumentos para solicitar un procurador
común a los querellantes e impedir la televisación de los alegatos, dos puntos
clave para impedir lo que la defensa consideraba el escenario más crítico: que
el desafuero a Pinochet se transformara en un "juicio público y moral".
Faltaba aún designar quién de todos alegaría ante el Pleno. El nombre de
Rivadeneira comenzó a sonar con fuerza: un hombre de derecha pero alejado del
pinochetismo duro, respetado por todos los
sectores, involucrado en iniciativas políticas para solucionar el tema de los
derechos humanos y experto penalista. La defensa quería introducir una "cara
moral en la sala, que pudiera defender a
personas con cualquier ideología política",y a eso se sumaba la confianza que en
los primeros años del régimen tenía Pinochet en él: solía llamarlo para
consultarle su opinión en los temas más difíciles.
La decisión, finalmente, quedó sellada tras un hecho fortuito: Pablo Rodríguez,
el otro candidato, fue mordido por el perro de Miguel Alex Schweitzer, y debe
aún guardar reposo para reponerse de las heridas que el Rottweiler le produjo en
la cabeza.
Desde el Ejército, el enlace con los abogados fue y sigue siendo el general Juan
Carlos Salgado, quien era el encargado de llamar a la defensa para informar al
Comandante en Jefe de la estrategia que se estaba delineando. Los contactos con
los uniformados no quedaron sólo en eso. Varias veces, los abogados debieron
consultarles sobre hechos que constan en el expediente y que no resultaban
familiares para la defensa.
[Fuente: Macarena Lescornez para el Diario La Tercera, Santiago, 30abr00]
DAN POR SUPUESTO QUE PINOCHET NO SERÁ JUZGADO.
EL TRASFONDO DEL DESAFUERO A PINOCHET.
No existen mayores dudas respecto del desenlace final del caso: Pinochet se irá
para su casa, sea o no desaforado, una vez que se pidan los exámenes médicos. La
senda de la retirada para Pinochet ya fue pavimentada; sólo resta saber cuándo y
cómo se materializará.
La mayor paradoja presenciada en estos días, en medio de un infinito caudal de
declaraciones de todos los sectores políticos ante el inicio del proceso de
desafuero del senador Pinochet, son dos frases que dan cuenta de un sesgo
impropio para un país que se dice y considera democrático. La
reiterada aseveración "respetaremos el fallo de la justicia", dicha por
autoridades, políticos y miembros de las Fuerzas Armadas, ha sido condimentada
por un Ejecutivo que no se ha cansado de declarar a los cuatro vientos que
dejará "actuar a los tribunales". Con este tipo de afirmaciones no sólo se
reconoce tácitamente que anteriores administraciones no lo hicieron, sino que
constituyen una obviedad impresentable para cualquier sociedad realmente
democrática.
Pese a estas declaraciones, es un hecho indiscutible que la justicia, sobre todo
en sus altas esferas, no está ajena a las presiones del poder político y de toda
la sociedad. Tres aristas revelan, de hecho, que la determinación que se tome
respecto del desafuero de Pinochet resultan claves para el futuro del Poder
Judicial.
La primera de ellas dice relación con la falta de credibilidad que la Justicia
ha padecido ante el país, pues resulta evidente que la acción -o la inacción- de
los tribunales se fue acomodando constantemente a los diversos escenarios
políticos por los que atravesó Chile en los últimos 20 años. Aplicando
constantemente la Ley de Amnistía durante el gobierno militar, aceptando la
"tesis Aylwin" de investigar sin sancionar, y, ahora, recogiendo la premisa del
secuestro calificado, figura legal implantada por el ministro Guzmán Tapia.
A esto se agrega que la Corte de Apelaciones es, precisamente, una de las
instancias menos autónoma del Poder Judicial. Ella es la antesala en la carrera
judicial para llegar a la Corte Suprema, nombramientos que en definitiva
requieren de un quórum de dos tercios en el Senado para ser ratificados. Los
rechazos a los ascensos de los ministros Milton Juica, por su arremetida contra
el general Rodolfo Stange por el caso degollados, y Raquel Camposano, a raíz de
su intento por procesar a Marcelo Schilling en la causa del asesinato del
senador Jaime Guzmán, revelan que el ajuste de cuentas de la clase política hacia
ciertos magistrados ha existido.
No obstante, la judicatura hoy realiza serios esfuerzos por limpiar esa imagen
ante el país y demostrar una mayor fiscalización interna. El proceso interno que
se sigue a la ministra Gloria Olivares es un primer paso importante. El fallo
que emita el pleno de la Corte de Apelaciones sobre el desafuero marcará otra
señal clave en ese sentido, pues podría ser considerado como un intento real de
independencia y ecuanimidad.
Probablemente el Poder Judicial responderá de una u otra forma a estos tres
aspectos a través de ese fallo tan esperado. Y esto no es tan difícil, dado que
en el juicio a Pinochet, las cartas están marcadas. No existen mayores dudas
respecto del desenlace final del caso: Pinochet se irá para su casa, sea o no
desaforado, una vez que se pidan los exámenes médicos. La senda de la retirada
para
Pinochet ya fue pavimentada; sólo resta saber cuándo y cómo se materializará.
El desafuero del general (R) puede resultar doloroso y humillante para la
derecha política y económica, así como para las Fuerzas Armadas. Un fallo de esa
naturaleza no sólo agraviaría la figura del ex mandatario, sino que,
especialmente para las instituciones de la defensa nacional, se configuraría un
cuestionamiento global a la labor que desarrollaron en el poder. No obstante, el
desafuero sería el precio a pagar para que se cumpla la tesis del "retiro digno"
y en paz de Pinochet, un hombre que supera los 80 años y que ya perdió el poder
que ostentó en el país durante más de 25 años.
Distinta suerte corre para el Gobierno y la Concertación. Concedido el desafuero
de Pinochet -y sumado al juicio de valor que la comunidad internacional ya le
hizo a su gestión de 17 años-, se conjugarían todos los símbolos deseados por el
oficialismo: el retiro de Pinochet y el cierre de la transición sin que mediara
la necesidad de un acuerdo político con la oposición.
Si así están dadas las cartas de este juego, lo que el país requiere es que se
repartan rápido para que este acto, a todas luces necesario, termine luego. No
por miedo a los posibles efectos sobre la estabilidad democrática del país. Si
algo demostró la detención en Londres es que ya no existe el mito de que la
democracia chilena no puede soportar un proceso a Pinochet. Por el contrario,
existe una estabilidad institucional probada y comprobada en el país. Más aún,
nada de lo que revelen los querellantes en el caso Caravana de la Muerte
modificará la percepción de la sociedad. Existe innumerable material y
literatura al respecto, y ya los diferentes sectores han sacado sus
conclusiones.
La deseable rapidez del proceso, entonces, obedece a otras razones. La agenda
gubernamental de un país que tiene sus prioridades puestas en otros temas, se
encuentra paralizada. La elección pasada demostró fehacientemente que lo que la
sociedad quiere es mirar hacia adelante.
Por esto, si ahora presenciamos uno de los últimos actos de la era Pinochet, y
su más probable desenlace ya se conoce, la prontitud es positiva. Terminado el
proceso de desafuero, nada impedirá que el país enfrente la agenda pendiente:
mesa de diálogo, reformas constitucionales y los procesos a los miembros de las
Fuerzas Armadas. Sólo entonces se podrá decir que Chile entró en una nueva
era.
[Fuente: Editorial del Diario La Tercera, Santiago, 30abr00]
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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